Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 27 de Agosto de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución27 de Agosto de 2019
EmisorPleno

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la apelación interpuesta por la Licenciada NADIUSKA ESPINALES CONTRERAS actuando en nombre y representación de C.A.M.M. contra la Sentencia de 20 de febrero de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales contra el Auto No.68-SJ/DRTCH-18 de 13 de septiembre de 2018, proferido por la Dirección Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí.

  1. ACTOS IMPUGNADOS EN SEDE DE AMPARO

    En el Proceso Laboral interpuesto por C.I.C. en contra de GANADERA DON C.S.A., GANADERA CHORCHITA S.A. y C.A.M.M., la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, provincia de Chiriquí, emitió el Auto No.68-SJ/DRTCH-18, la cual resuelve emplazar por edicto a GANADERA DON CARLOS S.A., GANADERA CHORCHITA S.A. y a C.A.M.M. para que en el término de cinco días hábiles contados a partir de la última publicación del edicto, comparecieran al despacho para hacer valer sus derechos dentro del proceso interpuesto por C.I.C..

  2. LA ACCIÓN DE DERECHO FUNDAMENTALES

    El amparista fundamenta su acción, en que la Resolución objeto de A. vulnera los artículos 17 y 32 de la Constitución Política de Panamá; normas que contemplan el derecho fundamental del debido proceso y establece el ámbito de actuación de las Autoridades públicas, en correlación con los artículos 562, 581 y 877 del Código de Trabajo.

    Manifiesta que el proceso que dio origen a la Resolución amparada, fue admitido por la Providencia No.33 de 9 de febrero de 2018, se le corrió traslado a los demandados y fijó como fecha de audiencia el 19 de abril de 2018, sin cumplir con la exigencia del artículo 581 del Código de Trabajo, en donde el despacho debe solicitar a la Dirección de Registro Público, la certificación sobre la existencia de las personas jurídicas demandadas, antes de dar traslado a la demandada.

    Posteriormente, mediante Providencia No.144 de fecha 7 de mayo de 2018, se procedió a admitir la demanda, correr traslado a los demandados y fijar audiencia para el 16 de agosto de 2018. Según el amparista, en dicha ocasión tampoco se cumplió con lo requerido en el artículo 581 del Código de Trabajo, no pronunciándose respecto a la existencia y representación de las personas jurídicas demandadas.

    Indica el accionante que para dictar la Resolución objeto de A., la Autoridad acusada se fundamentó en unos Informes de supuestas visitas del notificador a la dirección indicada en la demanda; pero no consta ninguna visita a la finca donde declara el trabajador haber laborado, cuando claramente en la demanda se establece que el demandante prestó servicios en la finca ubicada en Chorcha, Mata Rica, Distrito de Gualaca, Provincia de Chiriquí que es el lugar en que el amparista realiza sus labores diarias y nunca fueron a ese lugar.

    La Autoridad acusada, mediante Providencia No.291 de 6 de noviembre de 2018, procedió admitir la demanda, correr traslado a los demandados y fijar la audiencia para el 23 de noviembre de 2018, sin cumplir con la exigencia del artículo 581 del Código de Trabajo.

    Desde el mes de marzo de 2017 hasta el 31 de julio de 2018, el amparista y el demandante coincidieron en múltiples diligencias judiciales, puesto que G.C.S. y C.A.M.M. promovieron querella contra C.I.C. por el delito de H.P., ya que hurtó 30 reses de la finca de propiedad de G.C.S.; ordenándose la detención de C.I.C. y el proceso concluyó con un reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado, y en virtud de ese reconocimiento se realizó un Acuerdo de Mediación Penal en el que el imputado se comprometió a pagar la suma de B/.30,000.00 en concepto de indemnización por los daños y perjuicios. La audiencia de extinción penal se celebró el 31 de julio de 2018, y en la cual estuvo presente el amparista, al igual que el señor C.I.C..

    Además de la querella en cuestión, G.C.S. promovió 2 querellas contra C.I.C. por el delito de daños y a pesar de que esas investigaciones penales no tuvieron ningún resultado, en las mismas se realizó audiencias en las que estuvieron presentes el amparista y el señor C.. Indica que no es cierto que el señor C.I.C. desconocía el paradero del hoy activador constitucional, desarrollándose el proceso laboral bajo una trama desleal para poder lograr su infame objetivo, que no era otro que vengarse, causar perjuicios y obtener un beneficio económico, ya que Ganadera Chochita, S.A. no le adeuda dinero alguno en ningún concepto.

    Que el señor C.I.C. presentó su renuncia a G.C., S.A. el día 27 de diciembre de 2016, siendo cancelado ese mismo día sus derechos laborales. Siendo así falso lo argumentado por el señor C., ya que la relación laboral terminó el 15 de febrero de 2017, y la demanda fue presentada el 18 de enero de 2018, por lo que estaba prescrito el tiempo para reclamar el pago de los supuestos salarios caídos.

    Los demandados cuentan con la carta de renuncia, la constancia de pago de las prestaciones y derechos adquiridos, así como todos los documentos que acreditan que la demandante siempre le pagó su salario conforme a los lineamientos dados por el Ministerio de Trabajo.

    Las demandadas y el señor C.A.M.M., fueron condenados por la Directora Regional de Trabajo de la provincia de Chiriquí en la suma de B/.23,800.87; tomándose solo en cuenta la impresión de la página Web de la Dirección de Registro Público, una ficha de seguro social, la cual no tiene el nombre del patrono, sino que tiene el número patronal, y la declaración de un testigo. Condenándose a tres diferentes personas como si fueran a la vez empleadores del demandado.

    Indicando el amparista que el Auto No.68-SJ/DRTCH-18 de 13 de septiembre de 2018, emitido por la Autoridad acusada, infringe el artículo 32 de la Constitución Política en correlación con los artículos 562, 581 y 877 del Código de Trabajo.

    Alega que el señor C.M.M. no es el empleador de C.I.C.. Que al momento de realizarse las notificaciones lo hacían en horarios matutinos, y no fueron en horas de la tarde para realizar la notificación, estando por tanto la casa cerrada en horas de la mañana.

    Arguye que al emitirse la Resolución objeto de A., se viola directamente el artículo 562 del Código de Trabajo, porque la Dirección Regional de Trabajo no realizó las gestiones de notificación personal adecuadas. Coartando al amparista a ser oído dentro del proceso, violentándose el principio del debido proceso y en consecuencia el artículo 32 de la Constitución Política.

    Se violentó el artículo 581 del Código de Trabajo en el sentido que la Dirección Regional de Trabajo no solicitó a la Dirección de Registro Público la certificación acerca de la existencia y representación legal de las demandadas; norma de imperativo cumplimiento por parte del funcionario acusado, y al no hacerlo, ocasionó que el proceso se desarrollara sin el cumplimiento de un trámite legal fundamental para garantizar los derechos constitucionales y legales de la parte demandada en un proceso.

    Con respecto a la violación del artículo 877 del Código de Trabajo, el emplazamiento es la última medida para realizar la notificación y para llegar a ese punto es necesario que el funcionario haya agotado de forma eficaz todos los medios para hacer la notificación de forma personal. Que basarse en informes que indiquen que “la casa estaba cerrada” cuando la ley faculta a realizar notificaciones en hora inhábiles para así asegurar que se garantice los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera existen constancias en el expediente que hayan dejado en la residencia un Informe de Visita, eso contando que efectivamente se presentaron a la residencia del amparista.

    En cuanto a la violación del artículo 17 de la Constitución Política de Panamá, indica que la Directora de Trabajo de la Provincia de Chiriquí al no cumplir con su obligación de emitir sus decisiones en la forma estipulada en la L., infringió entonces su deber como Autoridad de asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales del amparista, y hacer cumplir la Constitución y la L..

  3. DECISIÓN DEL A-QUO o PRIMERA INSTANCIA

    El acto recurrido es la Resolución de 20 de febrero de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, en la cual NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la Licenciada Nadiuska Espinales Contreras en representación de C.A.M.M. y ordena el archivo de la misma. Igualmente indica la resolución objeto de A. que, se tiene a la Licenciada D.T.O., como apoderada de C.I.C., en su condición de Tercero Interesado en la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales.

    El Tribunal A-quo indica que la Autoridad acusada cumplió con el contenido de los artículos 877 y 888 del Código de Trabajo, realizándose la notificación por medio de edicto, toda vez que se evidencia que la Autoridad demandada intentó la notificación personal siendo infructuosos sus resultados. En atención al artículo 562 de la misma normativa laboral, se procede a dictar el Auto No.68SJ/DRTCH-18 de 13 de septiembre de 2018, en el que se resuelve emplazar por edicto a GANADERA DON CARLOS S.A., GANADERA CHORCHITA S.A. y C.A.M.M., se fijó el edicto en los estrados del Tribunal y simultáneamente se envió copia de la resolución por correo recomendado, dando cumplimiento a lo normado en el artículo 888 del Código de Trabajo. Consecuentemente se efectuaron las publicaciones correspondientes en el diario la Estrella, vencido el término establecido en el Edicto, se dictó el Auto No.77-S/J-DRTCH-17 de 09 de octubre de 2018, en el cual se designó Defensor de Ausente, al Licenciado E.C.J. del hoy amparista, en el proceso laboral. El Defensor de Ausente toma posesión de su cargo, se le notificó de la nueva fecha de audiencia programada para el día 23 de noviembre de 2018, en el despacho de la Secretaría de la Dirección Regional de Trabajo de Chiriquí.

    Indica igualmente que no se está frente a una infracción de derechos constitucionales que contenga actos que puedan ser ventilados ante la jurisdicción constitucional de A.. Se hace evidente que la resolución objeto de A. carece de actualidad, gravedad, inminencia o falta del elemento de urgencia que requiere de una revocación inmediata, como lo señala el artículo 2615 del Código Judicial.

    Por último, indica el A-quo que tampoco se ha infringido el artículo 17 de la Constitución, puesto que se evidencia que la Autoridad acusada no ha faltado a los deberes que señala para todo funcionario público. Procediendo así a no conceder el A. de Garantías Constitucionales.

  4. POSICIÓN DEL APELANTE

    El accionante, interpone y sustenta Recurso de Apelación contra la Resolución 20 de febrero de 2019, emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá que NO CONCEDE el A. de Derechos Constitucionales propuesto C.A.M.M. contra el Auto No.68-SJ/DRTCH-18 de 13 de septiembre de 2018, dictada por la Dirección Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, que contiene la orden de emplazar por edicto a GANADERA DON CARLOS S.A., GANADERA CHORCHITA S.A. y al amparista C.A.M.M..

    Manifiesta su disconformidad en virtud que el tercer párrafo del artículo 2615 del Código Judicial señala que la Acción de A. de Garantías Constitucionales “puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución, que revistan la forma de una orden de hacer o de no hacer.”

    Que aun cuando el A-quo considere que es una resolución de mero trámite procesal, es un trámite que viola los derechos y garantías fundamentales de los demandados, y en consecuencia se subsume en el contenido de la norma ya descrita.

    La resolución objeto de A. violenta la garantía del debido proceso ya que el amparista no tuvo la oportunidad procesal de defenderse de las pretensiones del demandante, y eso ocurrió a causa de una mala gestión en cuanto a la notificación personal de los demandados, ya que las diligencias de notificación no fueron efectuadas de forma coherentes y eficaz; indica que existen las constancias que durante el desarrollo del proceso laboral las partes tuvieron contacto directo, puesto que ambas tuvieron presentes en todas la diligencias y audiencias que se realizaron en las querellas promovidas por C.A.M.M. y otros en contra de C.I.C. por la comisión de Delito Contra el Patrimonio.

    Aduce que no se hizo ninguna gestión de notificación en la finca donde C.I.C. alega haber trabajado, por tanto el trámite dentro del proceso laboral de la Dirección Regional de Trabajo de Chiriquí ha violentado el derecho de defensa del amparista y en consecuencia el artículo 32 de la Constitución Política de Panamá.

    Que en cuanto al tema que la resolución impugnada carece de actualidad, gravedad, inminencia o falta de elemento de urgencia que requiere una revocación inmediata; es errada, toda vez que se tuvo conocimiento de la existencia del proceso laboral cuando el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección procedió a embargar las cuentas bancarias de las demandadas y el trabajador también pidió el embargo de los semovientes que se encuentren en la finca ubicada en Los Ángeles de Gualaca, que es la misma finca en la que trabajó y en la que nunca designó como lugar para notificar al amparista; siendo dicha situación una total injusticia que se le embarguen bienes en un proceso en el que no se le dio la oportunidad de defenderse.

    Concluye en que ambas partes deben estar siempre en igualdad de condiciones, situación que no ocurrió en el proceso laboral que dio origen a la resolución objeto de A. de Garantías Constitucionales.

  5. EXAMEN DEL TRIBUNAL AD-QUEM O DEL PLENO

    Corresponde en esta etapa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinar si la decisión emitida por el Tribunal de A. en primera instancia, con relación a la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por la Licenciada NADIUSKA ESPINALES CONTRERAS actuando en nombre y representación de C.A.M.M. contra el Auto No.68-SJ/DRTCH-18 de 13 de septiembre de 2018, dictada por la Dirección Regional de Trabajo de la provincia de Chiriquí.

    La Sentencia de A. venida ante esta Superioridad en grado de apelación, resuelve no conceder la acción de tutela constitucional propuesta, al considerar que las actuaciones de la Directora Regional de Trabajo de la provincia de Chiriquí en ningún momento viola el principio del debido proceso que contiene el artículo 32 de la Constitución Política, toda vez que cumplió con el procedimiento de notificación al amparista dentro del proceso laboral que dio origen a la resolución objeto de A.. En cuanto al artículo 17 de la Constitución Política, la Autoridad acusada no ha faltado a los deberes que señala para todo funcionario la referida norma constitucional.

    Así las cosas es necesario indicar, que el derecho al debido proceso se compone de tres elementos:

    1. Ser juzgado por Autoridad competente, es decir por el J. Natural que no es más que el J. a quien la propia L. le confiere determinadas atribuciones;

    2. Ser juzgado conforme al trámite legal, que debe ser el vigente según la L.; y

    3. No más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva y disciplinaria, principio conocido como "nom bis in idem".

    Además, la jurisprudencia de este Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que "si se viola alguno (de los elementos del debido proceso) de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho a aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medio de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de estas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo, desconozca la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional." (HOYOS, A.. El Debido Proceso. Editorial Temis, S. A. Santa Fe de Bogotá, 1995. P.. 89-90)

    Se hace énfasis en lo anterior, toda vez que se deduce, que la disconformidad del amparista radica principalmente en que no tuvo la oportunidad procesal de defenderse de las pretensiones del señor C.I.C. ante la Autoridad acusada, en virtud que las diligencias de notificación no fueron efectuadas de forma eficaz, coartando su derecho de ser oído y presentar pruebas; incumpliendo con el principio de igualdad procesal; y que existen constancias que demuestran que durante el desarrollo del proceso laboral las partes tuvieron contacto directo dentro de diligencias y audiencias realizadas en la jurisdicción penal por motivo de querellas penales promovidas por C.A.M.M. y otros en contra de C.I.C. por la comisión de Delito Contra el Patrimonio.

    Acerca de las notificaciones, estas son actos procesales de comunicación, que tienen por objeto poner en conocimiento de las partes, y demás interesados en el proceso, de las distintas resoluciones judiciales o administrativas.

    Así, entonces, la finalidad de las notificaciones es marcar el comienzo de la relación jurídico procesal, fijando el término inicial para el cómputo de los plazos procesales dentro de los cuales deben cumplirse las resoluciones, la contestación de las pretensiones y traslados, la interposición de recursos, presentación de pruebas, la celebración de audiencia, etc.

    Es indispensable vincular al proceso a la parte contra quien se formula el derecho que el demandante reclama, a fin de que se apersone dentro del proceso y pueda ejercer el derecho de defensa. Esto se cumple mediante la notificación personal de la primera Providencia al demandado, requisito que le da la calidad de parte y lo habilita para actuar en el proceso.

    En cuanto al tema de las notificaciones de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, el artículo 8 y 23 de la L. No.53 de 28 de agosto de 1975, en la cual se le atribuye competencia al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, y el artículo 561 del Código de Trabajo, a la letra dicen:

    Artículo 8 de la L. 53 de 1975: En la resolución que admite la demanda se ordenará el traslado de la misma a la parte demandada por el término de tres (3 días y se señalará la fecha para la audiencia

    Artículo 23 de la L. 53 de 1975: Para las citaciones que por cualquier causa haga el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social en los casos previstos en esta L. y para conciliaciones, negociaciones colectivas, conflictos individuales o colectivos o cualquier otro asunto que competa al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social se observarán los siguientes requisitos:

    1-Se expedirá nota o boleta de citación indicando la fecha y hora de la diligencia, la cual deberá entregarse a más tardar el día antes de la diligencia.

    2…

    3…

    4…

    5…”

    Artículo 562 del Código de Trabajo: Cuando se ignore el paradero de quien deba ser notificado personalmente, y pre-vio juramento de la parte interesada, que se considerará prestado por la prestación de la solicitud, el J., luego de cerciorarse de su competencia, emplazará al demandado por medio de un edicto que permanecerá fijado en lugar visible de la Secretaría del Tribunal por el ´termino de cinco días. Este edicto será firmado por el S..

    Desde que se fije el edicto, se publicará copia de él en un periódico de la localidad, si lo hubiere, o de otro lugar siempre que circule regularmente en la sede del Tribunal, durante dos días distintos, si el demandante suministrare al Tribunal la dirección postal del demandado, o el S. del Tribunal advierta que su nombre aparece en el directorio telefónico o por cualquier otro medio conociere su dirección, se le remitirá a éste copia de la demanda y de los documentos presentados, por correo recomendado. Si a pesar de este llamamiento, no compareciere el demandado trascurridos cinco días desde la última publicación en el periódico, se le nombrará por el J. defensor escogido de listas de abogados remitidas previamente por las respectivas organizaciones sociales con quien se seguirá el proceso. Cuando el demandado es el empleador, el defensor debe ser escogido de las listas enviadas por asociaciones de empleadores y cuando el demandado lo es el trabajador, el defensor deberá ser escogido de las listas enviadas por las asociaciones de trabajadores. En caso de que dichas organizaciones sociales no remitieren las listas, el J. hará la selección. El procedimiento establecido en este párrafo es aplicable solamente en los casos en que deba citarse a alguna persona que no ha comparecido en el proceso para hacerle una notificación personal.”

    Tal como se observa, en los antecedentes que dieron origen a la resolución objeto de A., encontramos la corrección de la Providencia 33 de 9 de febrero de 2018, en la cual se admite la demanda instaurada por C.I.C. contra C.A.M.M. y otros; corriéndose en traslado la demanda laboral para que en el término de tres días, contados a partir de su notificación se contestara la misma; fijándose como fecha de audiencia el día 19 de abril de 2018. A foja 12 reposa Informe de Notificaciones el cual se señala que el día 15 de marzo de 2018 el notificador se apersonó al domicilio del señor C.A.M.M. y se indicó que no lo conocían en el área. Reposa igualmente otro Informe de Notificación de fecha 22 de marzo de 2018, en el cual se indica que la residencia del señor C.A.M.M. se encontraba cerrada (foja 13); se encuentra igualmente Informe de Notificación de 26 de marzo de 2018, en el cual se indica que en la residencia no se encontraba nadie (foja 14). Un cuarto Informe de Notificación de fecha 10 de abril de 2018, indica que en la dirección proporcionada no se encontraba nadie (foja 15).

    La Autoridad acusada emite nueva Providencia, número No.144 de 7 de mayo de 2018, en la cual se admite la demanda por Diferencia de Salario Mínimo instaurada por C.I.C. contra C.A.M.M. y otros. Se corre en traslado la demanda por el término de tres días, y se fija por segunda vez fecha de audiencia el día 16 de agosto de 2018. A foja 17 reposa el Informe de Notificación de 28 de marzo de 2018, en el cual se indica que se llamó varias veces en la residencia al señor C.A.M.M. pero nadie salió. Bajo estas mismas condiciones encontramos los Informes de Notificación de fecha 30 de mayo de 2018 (foja 18), de fecha 1 de junio de 2018 (foja 19); y de 15 de agosto de 2018. (foja 20)

    Luego de varios intentos de notificación de las diferentes fechas de audiencias, procede el señor C.I.C. mediante apoderado judicial, a presentar memorial donde jura desconocer otro domicilio de los demandados; adicional a ello, aporta memorial notariado, donde bajo la gravedad de juramento manifiesta que desconoce cualquier otro domicilio que puedan tener los demandados. (foja 23 de los antecedentes)

    Reposa igualmente en los antecedentes, informe secretarial de los intentos de ubicar algún número de teléfono o dirección de los demandados del proceso, entre ellos el hoy amparista (foja 24). Reposa correo recomendado del 17 de septiembre de 2018 de la Dirección General de Correos y Telégrafos (foja 29-30); Edicto Emplazatorio No.146-18 fijado el 18 de septiembre de 2018 al 25 de septiembre de 2018 (foja 31); publicaciones del periódico La Estrella, de los días 21 y 22 de septiembre de 2018 y transcurrido el término establecido por ley, al no comparecer el hoy amparista, ni los otros demandados, se nombra mediante Auto No.77-S/J-DRTCH-17 al Defensor de Ausente, quien toma posesión del cargo y contesta la demanda en representación de los demandados, entre ellos el señor C.A.M.M.. (foja 40-41)

    Con toda la descripción de las diferentes etapas procesales llevadas a cabo dentro del proceso laboral por Diferencia de Salario Mínimo Legal instaurado por C.I.C., y que dio origen a la resolución objeto de A., se puede claramente establecer que la Autoridad acusada, Dirección Regional de Trabajo, cumplió con el contenido de los artículos 8 y 23 de la L. No.53 de 28 de agosto de 1975 y el artículo 562 del Código de Trabajo, referentes a la forma de notificación de la resolución que admite el proceso, las actuaciones del S. Judicial de buscar por cuenta propia el domicilio del demandado C.A.M.M.; el emplazamiento por edicto al jurar desconocer otro domicilio del amparista hasta llegar al nombramiento del defensor de ausente y la respectiva contestación de la demanda. Así queda claramente demostrado que la Autoridad acusada actuó de conformidad al procedimiento establecido en nuestro ordenamiento jurídico laboral.

    En cuanto al argumento planteado por el amparista sobre la existencia de pruebas que demuestran que durante el desarrollo del proceso laboral, las partes tuvieron contacto directo dentro de diligencias y audiencias realizadas en la jurisdicción penal por motivo de querellas penales promovidas por C.A.M.M. y otros en contra de C.I.C. por la comisión de Delito Contra el Patrimonio; encontramos que en los antecedentes se verifica que el proceso de Diferencia de Salario Mínimo instaurado por C.I.C. contra C.A.M.M. y otros, inicia el 18 de enero de 2018, tal como consta en la caratula del expediente que contiene los antecedentes de la resolución objeto de A., mientras que las pruebas proporcionados por el amparista junto con el libelo de demanda de amparo, indican que a fecha 20 de junio de 2017 se realizó la audiencia contra el Patrimonio Económico, por hurto pecuario y estafa en el cual se valida el Acuerdo de Mediación de fecha 16 de junio de 2017, en el cual se sustituye la medida cautelar de detención provisional por las contempladas en el artículo 224 el Código Procesal Penal, numeral 1 de reportarse periódicamente los días 30 y de cada mes ante la Unidad de Seguimiento de Causas (foja 16-19 del expediente.); punto importante a destacar, que en este último instrumento probatorio aportado por el mismo activador constitucional se indica que su domicilio es Barrio Santa Cruz, avenida Anayansi final, casa de color crema, corregimiento de D.D. de D., provincia de Chiriquí, siendo el mismo domicilio denunciado por el señor C.I.C. en su demanda ante la jurisdicción laboral.

    En virtud de todo lo expuesto, este Pleno encuentra que las actuaciones de la Directora Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí dentro del Proceso de Diferencia de Salario Mínimo interpuesto por C.I.C. contra C.A.M.M. y otros, no infringe el derecho fundamental del debido proceso establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá; y que las mismas se encuentran dentro del ámbito de actuación de las Autoridades públicas, deber establecido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Por tanto, esta Corporación estima que lo procedente en el presente caso, es confirmar la Resolución de 20 de febrero de 2019, mediante el cual el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, NO CONCEDE la presente Acción de A..

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la L., CONFIRMA la Resolución de 20 de febrero de 2019, mediante la cual el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la Licenciada NADIUSKA ESPINALES CONTRERAS, actuando en nombre y representación de C.A.M.M. contra el Auto No.68-SJ/DRTCH-18 de 13 de septiembre de 2018, dictado por la Dirección Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí.

    N..

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN C.

    (Secretaria General)

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