Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 27 de Agosto de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución27 de Agosto de 2019
EmisorPleno

VISTOS:

En grado de apelación, interpuesta por la Licenciada R.G.D., en representación de M.A.D.S., como Tercero Interesado, llega la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por el Licenciado R.M.M.G., en su calidad de F.A. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas del Segundo Circuito Judicial de Panamá contra la decisión emitida en acto de audiencia oral celebrada el 8 de marzo de 2017, por la J. de Garantías del Segundo Circuito Judicial de Panamá.

  1. ACTO IMPUGNADO EN SEDE DE AMPARO

    La decisión emitida por la J. de Garantías del Segundo Circuito Judicial de Panamá, en la audiencia oral celebrada el 8 de marzo de 2017, consistió en no acoger la imputación formulada por la Agencia de Instrucción contra M.A.D.S., por supuesto delito Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Posesión Ilícita de Arma de Fuego.

  2. LA ACCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

    El actor constitucional señaló en su escrito que durante la audiencia de imputación celebrada el día 8 de marzo de 2017, la J. de Garantías incurrió en violación al debido proceso, al no admitir la imputación presentada contra M.A.D.S., a pesar que habían sido satisfechos los requerimientos exigidos por la norma legal, alegando que no existían elementos de convicción que establecieran una vinculación probable del indiciado con el acto ilícito objeto de investigación, pues a su consideración, el hecho suscitado bajo los mismos elementos de convicción expuestos, solo debían ser endilgados al co-indiciado V.M.R..

    A consideración del amparista, se violó el artículo 32 de la Constitución Política, pues se desatendió el trámite legal al haber ejercido la J. por su cuenta la dirección de la acción penal, cuyo acto es exclusivo del Ministerio Público, tal como lo señala el artículo 5 del Código Procesal Penal, pues dirigió la investigación hacia uno de los co-indiciados, previo a darse por iniciada la fase de investigación, sin tomar en cuenta que su actuación debe ser totalmente imparcial, pues a su consideración la imputación es un acto de comunicación que no vulnera garantías constitucionales que requieran ser controladas jurisdiccionalmente, sin embargo, a través del desenvolvimiento del acto de audiencia impugnado, no se elevó excepción alguna frente a tal vulneración.

    Estima que con la decisión de la J. de Garantías de San Miguelito, al inadmitir la imputación para un indiciado y admitirla para el otro, por el hecho de conducir el vehículo, confirió una valoración subjetiva de reprochabilidad, ajeno a la comunicación inherente a la audiencia de formulación de imputación, desatendiendo el trámite legal correspondiente al artículo 280 del Código Procesal Penal. Aunado a que el principio de estricta legalidad procesal presupone que los sujetos procesales intervinientes ajusten sus actuaciones conforme al marco referido en la norma de carácter adjetiva, por lo que, el J. de Garantías no puede exigir al Ministerio Público que compruebe situaciones ajenas a las requeridas en el artículo 280 lex cit.

  3. OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO

    Por su parte, la Licenciada L.L.W.U., en representación de M.A.D.S., al oponerse al A. de Garantías Constitucionales como Tercero Interesado, señaló que la decisión de la J. de Garantías no vulnera el debido proceso, pues su decisión fue imparcial, garantizando los derechos de las partes, teniendo la facultad de detener cualquier abuso o deficiencia en la audiencia de formulación de imputación, controlando también la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público; por lo tanto, no puede tener una actitud pasiva si se percata que se están violentando garantías y derechos.

    Señala la letrada que, si bien la imputación es la comunicación oral que realiza el F., dando a conocer que cuenta con los elementos materiales probatorios, este acto implica la activación por parte del imputado de derechos y garantías, pues existe una vinculación formal al proceso; tampoco puede pasarse por alto que en dicha audiencia puede darse la aceptación de cargos, lo que relevaría al acusador de su obligación de demostrar la responsabilidad penal.

    Para la defensora pública, el acto de imputación no es un acto de mera comunicación, y por el contrario, la J. basó su decisión en apego a la ley y principios rectores en materia penal, ya que la imputación no puede limitarse a una narración irrelevante jurídicamente de acciones, sino que debe abarcar necesariamente criterios normativos, conteniendo una adecuación jurídica de los mismos, resultando necesario que la persona a quien se le atribuye la intervención en unos hechos que presentan características de delito, conozca los elementos que presuntamente lo incriminan, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la denominación jurídica del hecho por el que se le está investigando y su grado de participación.

    Considera que no puede darse a la formulación de la imputación la connotación de simple acto de impulsión procesal, porque es claro que en el momento en que se le comunica a una persona que se le está vinculando con la comisión de una conducta delictiva y con una investigación penal, empieza a verse cuestionada de alguna manera la presunción de inocencia y además, pueden tomarse decisiones con efectos reales sobre sus derechos fundamentales, en tanto a partir de ese momento, se faculta al Estado para tomar en su contra medidas restrictivas de la libertad o de otros derechos, así como de medidas cautelares con efectos personales o patrimoniales.

  4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

    Mediante Sentencia de 14 de julio de 2017, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, como Tribunal Constitucional de primera instancia, decide CONCEDER la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el Licenciado Marco M.G., en su calidad de F.A. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas contra la decisión emitida por la J. de Garantías del Segundo Circuito Judicial de Panamá, en acto de audiencia oral celebrado el 8 de marzo de 2017, en base a que al J. de Garantías le incumbe decidir respecto del acto de comunicación de la imputación que el F. somete a su consideración, que solo podrá ser rechazado por improcedencia o por inconducencia.

    Por lo cual, considera que el J. de Garantías no puede rebasar las facultades que por ley le han sido conferidas, so pretexto de garantizar derechos fundamentales, con lo cual se desconocerían los principios de legalidad procesal y debido proceso, consignados en los artículos 2 y 3 del Código Procesal Penal respectivamente. Señala que la función del J. de Garantías en el Sistema Penal Acusatorio es garantizar que la comunicación con el Agente Instructor sea clara y entendible, para que el imputado pueda ejercer eficazmente el derecho de defensa, por lo tanto, su actuación debe limitarse a determinar si el representante de la agencia de instrucción cumplió con los presupuestos establecidos (comunicar el delito que se le imputa, los hechos que fundamentan la imputación, individualizar al imputado y enunciar los elementos de conocimiento que la sustentan), y en caso de que la imputación no reúna dichos requerimientos, puede tenerla por no presentada, con el fin de salvaguardar el derecho de defensa del encartado.

    Aclara el A quo, que la formulación de la imputación no conlleva necesariamente la aplicación de una medida cautelar, no obstante, en caso que el Agente Instructor solicite autorización por parte del J. de Garantías para que se ordene la misma, el J. como garante de los derechos fundamentales del imputado, debe determinar si la concede o no, en atención a la existencia de medios probatorios demostrativos del hecho y la vinculación del imputado.

    Sin embargo, esto no debe llevar a la confusión de que para determinar la procedencia o no de la imputación, el J. deba hacer una valoración de los elementos probatorios enunciados por el Ministerio Público, lo que sí puede hacer, de estimar que no existen elementos de conocimiento suficientes, es negar la aplicación de la medida cautelar solicitada por el F., partiendo de la premisa que es su deber garantizar la libertad personal del imputado.

    Señala el Tribunal que la imputación es un acto de mera comunicación, que recae en el Ministerio Público, y que el argumento de la defensa del señor M.A.D.S., de que: no es posible formular imputación contra su representado por delito de Posesión de Armas de Fuego, porque se trata de un delito unipersonal, habiendo sido imputado también a V.M.R.; ello puede plantearse luego que se le corre traslado de la acusación, conforme los artículos 342 y 345 del Código Procesal Penal, acto en el cual se permite a la defensa objetar la acusación por defectos formales, debiendo el J. de Garantías pronunciarse inmediatamente sobre dichas objeciones en forma oral y motivada.

    En ese sentido, considera el A quo que no es posible en la audiencia de formulación de imputación, debatir cuestiones relacionadas a la fase intermedia; por lo que, no se puede condicionar el actuar del Ministerio Público con apreciaciones personales respecto del grado de participación criminal que pueda tener el investigado, pues le está vedado realizar actos que impliquen o restrinjan el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.

    En virtud de lo anterior, considera que el J. de Garantías conculcó la garantía constitucional del debido proceso, al seguir un procedimiento no establecido en las normas que regulan el proceso penal bajo el sistema penal acusatorio, y adentrarse a la valoración de los elementos probatorios y elaborar su teoría del caso en la etapa de investigación.

  5. POSICIÓN DEL RECURRENTE

    Dentro del término de ejecutoria de la Sentencia de 14 de julio de 2017, mediante la cual el Tribunal Constitucional en primera instancia, concedió la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta, si bien la defensa como Tercero Interesado, anunció Recurso de Apelación, no presentó libelo sustentando dicho recurso, por lo que, se desconocen las razones específicas de su disconformidad; no obstante, procederemos a resolver la apelación en concordancia con lo establecido en los artículos 2625 y 2626 del Código Judicial, según las cuales el apelante podrá sustentar la apelación al interponerla y el Tribunal de segunda instancia, resolverá sin más trámite.

  6. CONSIDERACIONES DEL PLENO

    Corresponde en esta etapa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinar si la decisión emitida por el Tribunal de A. en primera instancia, con relación a la Acción de A. de Garantías Constitucionales incoada por el Licenciado R.M.M.G., en su calidad de F.A. Especializado en Delitos Relacionados con Droga, del Segundo Circuito Judicial de Panamá, se ajusta a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico vigente y a los hechos y constancias que reposan en el expediente constitucional y en los soportes de audio que lo acompañan.

    La Sentencia de A. venida ante esta Superioridad en grado de apelación, resolvió conceder la acción de tutela constitucional propuesta, al considerar que el J. de Garantías incurrió en violación de los principios de legalidad y debido proceso al seguir un procedimiento no establecido en las normas del Sistema Penal Acusatorio, rebasando las facultades que le han sido conferidas por la ley, decidiendo no tener por formulada la imputación presentada por el F. contra M.A.D.S.. Señala además el A quo que la imputación es un acto de mera comunicación, donde al J. le está vedado realizar actos que impliquen o restrinjan el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.

    Adentrándonos a resolver el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la presente iniciativa constitucional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera indispensable resaltar la naturaleza y objetivo de la Acción de A. de Garantías Constitucionales, como el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado democrático y social de derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la tutela de su derecho infringido por una acción o acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, a fin de que sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

    Dicha garantía se encuentra consagrada no sólo en el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Panamá, sino también en Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos reconocidos por la República de Panamá, y a nivel legal, en los artículos 2615 y siguientes del Código Judicial, en el cual se establece además, que dicha acción de tutela de derechos fundamentales puede ser impetrada cuando por la gravedad e inminencia del daño que representa el acto, se requiere de su revocación inmediata.

    En el caso que nos ocupa, el Pleno advierte que lo reclamado por el recurrente, quien interviene como Tercero Interesado en esta acción constitucional, responde a su inconformidad con la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia, de CONCEDER la Acción de A. de Garantías Constitucionales, que trae como consecuencia que se revoque la orden proferida por la J. de Garantías del Segundo Circuito Judicial de Panamá, de no tener por formulada la imputación que presentó el representante del Ministerio Público contra M.A.D.S., en audiencia celebrada el 8 de marzo de 2017.

    En primer lugar, es preciso señalar que para el Tribunal A quo, la norma fundamental que ha sido vulnerada, es el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, que consagra el debido proceso y el principio de legalidad, el cual señala:

    Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

    En ese sentido, el D.A.H. ha puntualizado que el debido proceso es "una institución instrumental en virtud de la cual se debe asegurar a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos." (HOYOS, A.. El Debido Proceso, E.. Temis, S.A., Bogotá, 1996, pág.54)

    Como quiera que, a criterio del Primer Tribunal Superior, la violación al debido proceso ocurre en la audiencia oral realizada el 8 de marzo de 2017, en la que se decidió no tener por formulada la imputación contra M.A.D.S., es necesario citar el contenido del artículo 280 del Código Procesal Penal, que señala:

    Formulación de la imputación. Cuando el Ministerio Público considere que tiene suficientes evidencias para formular la imputación contra uno o más individuos, solicitará audiencia ante el J. de Garantías para tales efectos. En esta audiencia el F. comunicará oralmente a los investigados que se desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados.

    La imputación individualizará al imputado, indicará los hechos relevantes que fundamentan la imputación y enunciará los elementos de conocimiento que la sustentan.

    A partir de la formulación de imputación hay vinculación formal al proceso.

    (el resaltado es nuestro)

    Ahora bien, cuando revisamos los antecedentes que nos fueron presentados, es fácil percatarse que durante la audiencia celebrada el 8 de marzo de 2017, la J. de Garantías del Segundo Circuito Judicial de Panamá, luego de escuchar los elementos que según el Ministerio Público, sirven de base para tener por formulada la imputación contra M.A.D.S., consideró que dichos elementos en relación a M.A.D.S., no eran suficientes para vincularlo al delito contenido en el artículo 333 del Código Penal, al menos indiciariamente, tal como lo señaló en su escrito de contestación del amparo (fs. 19):

    “…El F. de la causa en el acto de audiencia solicitó que se admitiera la imputación por el delito de posesión ilícita de arma de fuego, en razón al revólver, calibre 0.38 SPL, marca PUCARA, con número de serie 172846, con capacidad para seis (6) municiones, que fue ubicado por los agentes policiales en el vehículo taxi, donde los señores V.M.R. y M.A.D.S., viajaban y fueron aprehendidos. En el acto de audiencia, el F. aseguró que el señor V.M.R. debía ser imputado por el delito de posesión ilícita de arma de fuego, porque era el conductor y encargado del vehículo taxi (“palanca”), además tenía disponibilidad sobre el arma en razón al lugar donde fue ubicada, argumentos que la J. de Garantías consideró adecuados en razón a los elementos de convicción que fueron presentados y admitió la imputación; sin embargo, el F. también pretendió imputar por el mismo delito al señor M.A.D.S., quien viajaba de co-piloto, sobre la base que era el hijo del dueño del taxi y también tenía disponibilidad sobre el arma, argumentos que no fueron admitidos por la J. de Garantías, dado que el delito de posesión ilícita de armas es un tipo penal unipersonal, que establece la posesión material y física del arma (art. 333 del Código Penal) y, según lo descrito en la norma, esa disposición debe ser exclusiva y excluyente; No obstante, en el caso sometido a control jurisdiccional, solo fue ubicada un arma de fuego, y en razón a ello, la F.ía ya había imputado al señor V.M.R., en consecuencia, era totalmente improcedente y contrario al debido proceso, imputar al señor DIJÓN SALAS por el hallazgo de la misma arma de fuego, máxime que los hechos sustentados por el agente de instrucción en el acto de audiencia, ni siquiera de manera indiciaria, emergían elementos de conocimiento que sustentaran la imputación por el delito de posesión ilícita de arma en contra del señor DIJON SALAS, requisito fundamental que exige el artículo 280 del Código de Procedimiento Penal…”

    Con lo anterior, podemos manifestar que de ninguna manera se violentó el debido proceso del amparista (Ministerio Público), como lo manifestó el Primer Tribunal Superior, en cuanto al principio de legalidad, pues luego de la formulación de la imputación por el F. de la Causa, el J. de Garantías debe ejercer un rol importante, y consiste en analizar cuidadosamente los elementos presentados, con el fin de auscultar si la inferencia razonable efectuada por el F. en realidad da cabida al fenómeno de autoría o participación necesarios para formalizar la imputación contra una persona determinada (individualización al imputado, hechos relevantes que la fundamentan y elementos de conocimiento que la sustentan), sabiendo que no se trata de un acto cualquiera, sino de un acto tan relevante que abre la posibilidad a un futuro juicio penal; si el J. considera que la adecuación típica realizada por el F. a los hechos que se le ponen de presente no violenta el principio de legalidad, tendrá por formulada la imputación al ciudadano, es decir, su situación de investigado por su posible participación en un delito y, por consiguiente, su calidad de imputado.

    No está de más advertir que naturalmente, durante el plazo de investigación, por su carácter evolutivo, el Ministerio Público podría encontrarse ante el hallazgo de nuevos elementos que den lugar a variaciones en la calificación inicial de los hechos o la incorporación de otros imputados, con base en nuevas valoraciones de la información obrante en la actuación, sin embargo, no es posible que al A. de la postura que concibe la imputación como un mero acto de comunicación, en la que el J. de Garantías no puede intervenir, se mantenga a una persona atada a una investigación penal, en ausencia de elementos de convicción que lo vinculen al hecho punible investigado. Ello produciría una afectación injustificada del derecho de defensa y del debido proceso legal.

    Este Tribunal entiende que el acto de imputación responde al plan metodológico y a la estrategia del F., el cual será la base para probar su teoría del caso durante las distintas etapas del proceso. Sin embargo, el papel del J. de Garantías en este acto de audiencia es tener por formalizada las actuaciones del F. previo debate de control y, en ese sentido, prevenir que en el ejercicio de esa función investigativa se vulneren los derechos fundamentales y las garantías constitucionales del investigado.

    Importa resaltar que, la imputación no es un mero acto de comunicación, por el contrario el J. de Garantías, no puede permanecer como un simple espectador, pues como su título lo indica, es un J. que controla el respeto a las garantías fundamentales del individuo, lo cual empieza por asegurar el respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, igualdad y debido proceso, a los que se encuentran vinculados todos los jueces pero, esencialmente, este nuevo J., quien dotado de absoluta imparcialidad, debe otorgar la protección requerida ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales frente a actos que los vulneren y a cualesquiera de los principios que se encuentran desarrollados en el Código Procesal Penal.

    Este Tribunal debe enfatizar además que si bien el F. tiene la facultad de hacer la calificación provisional (entiéndase imputación) del hecho sometido a investigación, tal facultad no es discrecional, o arbitraria; por el contrario, requiere estar vinculada al ordenamiento jurídico penal vigente; y si el J. de Garantías, advierte una lesión manifiesta al principio de legalidad y, dentro de ello, al principio de certeza que el tipo penal representa, debe ejercer tal control destinado a restablecer la eficacia material de los derechos y garantías de las personas, en ejercicio de las facultades constitucionales, convencionales y legales que como operador jurídico le han sido conferidas. No actuar en consecuencia, supondría consolidar un atentado intolerable contra uno de los pilares básicos en los que se sostiene el Estado de Derecho, vulnerando, a su vez, el derecho a la seguridad jurídica, al que es acreedora toda persona.

    Siendo así, y sin advertir que se derive de la actuación del J. de Garantías alguna contravención a las normas legales sobre los procedimientos en la audiencia de formulación de imputación, que afecten el debido proceso legal recogido en el artículo 32 de la Constitución Política, el Pleno debe concluir en forma distinta que lo hiciera el A-quo; es decir, que la Acción de A. presentada no puede ser concedida y a ello procede de inmediato.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia de 14 de julio de 2017, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y en consecuencia NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales, interpuesta por el Licenciado R.M.M.G., en su calidad de F.A. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas del Segundo Circuito Judicial de Panamá contra la decisión emitida en acto de audiencia oral celebrada el 8 de marzo de 2017, por la J. de Garantías del Segundo Circuito Judicial de Panamá.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN C.

    (Secretaria General)

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