Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 14 de Agosto de 2019

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución14 de Agosto de 2019
EmisorPleno

Vistos:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado E.A.M.V., actuando en calidad de apoderado especial de ELVIS E.F.S. contra la Resolución de 7 de junio de 2018, emitida por el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial dentro de la causa penal identificada bajo la numeración 2017-0000-4874.

  1. Orden Impugnada

    A través de la resolución objeto de la acción de amparo de garantías constitucionales, el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial, dispuso lo siguiente:

    "Por lo antes expuesto, el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial, RECHAZA EL RECURSO DE ANULACIÓN promovido por el L.. R. De Arco, F. de Circuito de la Provincia de Chiriquí, de la Sección de Juicio del Ministerio Público y por el querellante L.. E.A.M.V.; por tanto se CONFIRMA LA SENTENCIA N° 101 de 6 de abril de 2018, dictada por el Tribunal de Juicio de la Provincia de Chiriquí, donde se declara no culpable a la ciudadana C.I.R. de SITTÓN, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula 4-85-148, acusada por la ejecución del delito previsto en el Libro II, Título VII, Capítulo IX, artículo 284, numeral 1 del Código Penal, es decir, por el cometido con cheques y tarjetas de crédito, presuntamente en detrimento del ciudadano ELVIS E.F.S..

  2. Sustentación de la acción Constitucional

    El proponente de la presente acción constitucional indica que dentro de la carpetilla judicial identificada con el número 201700004874, mediante sentencia No.101 de 6 de abril de 2018, suscrita por el Tribunal de Juicio de la provincia de Chiriquí, se resolvió declarar no culpable a la ciudadana C.I.R. de Sitton, por la supuesta comisión del delito contra el orden económico (cheque sin suficiente provisión de fondos) previsto en el Libro II, Título VII, Capítulo IX, artículo 284, numeral 1 del Código Penal. Que inconforme con esta decisión, en calidad de querellante, anunció recurso de anulación, el cual fuera sustentado oportunamente, alegando las causales establecidas en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 172 del Código Procesal Penal.

    Señala el apoderado judicial del accionante que una vez evacuada el acto de audiencia para su argumentación oral, mediante resolución de 7 de junio de 2018, el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial, por decisión dividida, dispuso rechazar el recurso de anulación promovido por el F. y por su representado, en calidad de querellante, sin conocer el fondo de este último, por tanto, se confirmó la sentencia No.101 de 6 de abril de 2018.

    En virtud de lo anterior, expone el accionante que la resolución que hoy se ataca, viola del debido proceso, ya que desconoce el trámite esencial del recurso de anulación, conllevando a una indefensión como víctima y contrariando lo dispuesto por los artículos 172 y 179 del Código Procesal Penal.

    Al respecto, señala que el Tribunal acusado infringe el artículo 32 de la Constitución Política, pues se desprende que toda persona tiene derecho a que los trámites se surtan bajo las normas sobre las cuales recae su proceso. Por lo que considera que el rechazo del recurso de anulación, cuando el mismo se encuentra debidamente acreditado, en el sentido que las causales son viables, ya que erradamente se aplicó el derecho en el fallo de primera instancia, aunado a que no existe motivación alguna para arribar a una conclusión de que un fallo de la Corte Suprema, a través de la Sala Penal, sea aplicable al caso que hoy ocupa, tomando en cuenta que la analogía no existe en aquel fallo citado para con este proceso. Agrega, por otro lado, que la inexistencia material de una prueba no puede ser pilar para sostener la resolución de primera instancia y la cual se pretendía anular con el recurso rechazado; y, por último, la mala valoración existente vulnera el trámite legal, la efectiva administración de justicia y, por ende, no existe una estricta decisión, ya que no se está conociendo el mismo, negando de esta manera el derecho de la doble instancia al señalar que el hecho de haber invocado tres causales, éstas entre sí son excluyentes, a pesar de que consta en el escrito de sustentación causales por separado y las resoluciones pretendidas no tienen nada que ver una con la otra.

    Adicionalmente, a criterio del amparista la resolución acusada infringió el trámite legal correspondiente, toda vez que el artículo 172 del Código Procesal Penal, por ningún lado señala que al enunciar más de una causal, éstas son excluyentes entre sí o que el accionante deberá escoger una causal entre ellas. Por tanto, la manera como lo ha hecho el Tribunal de Apelaciones, va en contra del trámite legal, puesto que se limitaron a no conocer el fondo del recurso alegando que las mismas son excluyentes y que dicho tribunal no puede determinar o seleccionar cuál de éstas debe regir, conllevando esto a una violación flagrante del debido proceso, puesto que la concurrencia de causales es viable y, por ende, el tribunal debió conocer y analizar causal por separado, puesto que así fue sustentado en el recurso de anulación.

    Por lo expuesto, solicita que se acceda y conceda el presente amparo de garantías constitucionales.

  3. Informe de la Autoridad demandada

    Visible a foja 49 del expediente, reposa el informe de conducta rendido por el Licenciado J.F. de la Torre Franco, Magistrado del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial, respecto de los hechos materia del amparo que nos ocupa, en el cual expone una síntesis de las razones que motivaron la Resolución de 7 de junio de 2018, adjuntando, para una mejor comprensión, copia de las actuaciones que dieron lugar a la emisión de la misma.

  4. Consideraciones y Decisión del Pleno

    Luego de conocidos los detalles en que se fundamentó el acto atacado, así como los argumentos en que se sustenta la acción de amparo presentada, procede esta Corporación de Justicia a resolver lo que en derecho corresponda.

    De acuerdo con el apoderado judicial del amparista, el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial, al proferir la resolución de 7 de junio de 2018, viola el artículo 32 de la Constitución Política, toda vez que al rechazar el recurso de anulación, cuando el mismo se encuentra debidamente acreditado, vulnera su derecho a la doble instancia.

    Así, sostiene el apoderado judicial del amparista que las causales invocadas en el recurso de anulación propuesto contra el Tribunal de primera instancia, son viables, puesto que erradamente se aplicó el derecho y no existe motivación para arribar a una conclusión de que un fallo de la Sala Penal, fuera aplicable al caso que nos ocupa. Asimismo, señala que la inexistencia material de una prueba no puede ser pilar para sostener la resolución de primera instancia y la cual se pretendía anular con el recurso rechazado. Por último, argumenta que la mala valoración existente vulnera el trámite legal, la efectiva administración de justicia, por lo que no existe una estricta decisión.

    Dentro de este contexto, corresponde al Pleno de esta máxima Corporación de Justicia, verificar si la actuación realizada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial, es acorde a los procedimientos legalmente establecidos para este tipo de procesos o, en su defecto, se produjo la vulneración de la garantía fundamental que alega el amparista.

    Conviene señalar que la vulneración a los principios y garantías del debido proceso, tiene lugar sólo cuando se desconocen o desatienden trámites establecidos dentro de un proceso penal, civil, laboral, administrativo, o de cualquier otra índole, que conlleve a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes.

    Así, la garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32, tiene una consolidada existencia en nuestro Estado de Derecho, como institución fundamental garantizadora de los derechos fundamentales, en todas nuestras Cartas Constitucionales, y ha sido objeto de copiosísima jurisprudencia por parte de este Pleno. Consiste, como ha puntualizado el M.A.H., en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por el contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos" (HOYOS, ARTURO. "El Debido Proceso," Editorial Temis, S. A. Santa Fé de Bogotá-Colombia, 1996, pág.54).

    Ahora bien, a juicio de esta Superioridad, el amparista no logra probar la alegada violación del artículo 32 de la Constitución Política, por cuanto observamos que la resolución impugnada se sometió a las reglas de competencia fijadas por las disposiciones legales pertinentes. Veamos porqué:

    Las constancias procesales que acompañan a la presente acción constitucional permiten inferir que la Resolución de siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), proferida por el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial y objeto de la acción constitucional que nos ocupa, tiene su génesis en el Proceso Penal seguido a C.I.R. de Sittón, acusada por la presunta ejecución del delito previsto en el Libro II, Título VII, Capítulo IX, artículo 284, numeral 1 del Código Penal, es decir, delito cometido con cheques y tarjetas de crédito, presuntamente en detrimento de E.F.S.. En dicho proceso, el Tribunal de Juicio de la provincia de Chiriquí, mediante Sentencia Penal No.101 de 6 de abril de 2018, resolvió declarar no culpable a la acusada por considerar que las pruebas aportadas por el Ministerio Público y practicadas en el acto de audiencia oral, no tenían la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a la acusada.

    Lo dispuesto por el Tribunal de Juicio motivó la interposición del recurso de anulación por parte del F. de Circuito de la provincia de Chiriquí, así como por el apoderado judicial del querellante.

    Al resolver el recurso de alzada, el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial, luego de realizada la audiencia de argumentación prevista en los artículos 177 y 178 del Código Procesal Penal, en la cual estuvieron presentes todas las partes intervinientes, emite la Resolución de 7 de junio de 2018, con la cual rechazó el recurso de anulación promovido por los recurrentes. Por lo tanto, confirmó la sentencia No.101 de 6 de abril de 2018, dictada por el Tribunal de Juicio de la provincia de Chiriquí.

    Ahora, en el referido proceso penal se advierte que el Ministerio Público invocó como única causal aquella prevista en el numeral 3 del artículo 172 del Código Procesal Penal (errónea aplicación del derecho), fundamentada en doce motivos, los cuales fueron rechazados por el Tribunal de Alzada, luego del respectivo análisis.

    Por su parte, en el recurso de anulación promovido por el apoderado judicial del ahora amparista, éste invocó las causales contenidas en los numerales 3, 4 y 5 de la excerta legal en comento, las cuales fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Apelaciones bajo el criterio que “cada causal es independiente y autónoma la una de la otra, y más allá aun, las causales 4 y 5 se excluyen entre sí (máxime cuando su alcance recae sobre las mismas pruebas), y a su vez, estas dos excluyen la del numeral 3 (porque mediante esta se acepta como correcta la valoración probatoria)”

    En relación a lo anterior, se observa de la lectura del acto impugnado que, con éste, no se pretenden desconocer los derechos, ni se ha dejado en oscuridad e indefensión alguna al amparista. Y ello es así, toda vez que en la resolución acusada se ha dejado claramente expuesto que el rechazo del recurso de anulación propuesto por el querellante, obedece a que el mismo, en su estructuración, incumple con requisitos esenciales para su correspondiente análisis.

    Al respecto, es de anotar que el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial dejó expuesto que la casual contenida en el numeral 3 del artículo 172 del Código Procesal Penal (interpretación errónea de la L.) produce como consecuencia que, en caso de acogerse, se dictará una sentencia de reemplazo, ya que hubo una valoración probatoria correcta, sin embargo, para decidir, se incurre en una errónea aplicación de la norma.

    Por su parte, en cuanto a las causales contenidas en los numerales 4 y 5 del artículo 172 del Código Procesal Penal, la autoridad acusada explicó que, como quiera que el Tribunal de Apelaciones no tiene inmediatez en el juicio dentro del cual se emite una decisión, es que se ordena la celebración de un nuevo juicio oral, ante un distinto Tribunal de Juicio, para garantizar la independencia e imparcialidad en el proceso.

    La propia L. establece que el recurso de anulación (art.171 CPP) tiene por objeto anular el juicio o la sentencia cuando en el proceso o en el pronunciamiento de la sentencia, concurran algunas de las causales descritas en el artículo 172 del Código Procesal Penal.

    Del mismo modo, el segundo párrafo del artículo 175 del Código Procesal Penal, dispone que en el recurso de anulación se expresará concreta y separadamente la causal aducida, los fundamentos del recurso, las normas infringidas y la solución pretendida.

    De la norma citada se infiere que el recurrente debe indicar cuál es la solución que sugiere o que según, su concepto, debe prosperar de conformidad con la causal invocada y los cargos de infracción señalados; es decir, si se ordena la realización de un nuevo juicio o dicta el Tribunal Superior de Apelaciones la sentencia de reemplazo de conformidad con lo previsto en el artículo 179 del Código Procesal Penal.

    Así, al estudiarse los artículos aludidos se comprueba que al presentarse un recurso de anulación y advertirse la comisión de algunas de las causales contenidas en el artículo 172 del Código Procesal Penal, en el apartado referente a la solución pretendida, la L. establece que esta última es alternativa y no conjunta al referir, el primer supuesto contenido en el numeral 2 del artículo 179 del Código Procesal Penal, que de acogerse el recurso el Tribunal Superior, al decidir, “ordenará la realización de un nuevo juicio, salvo cuando se acoja el recurso por la causal 3 del artículo 172, donde se dictará la sentencia de reemplazo.”

    Al respecto, entiéndase, que la causal contenida en el numeral 3, en relación con las demás causales del artículo 172 del Código Procesal Penal panameño, son causales excluyentes entre sí, puesto que no pueden coexistir sobre una misma sentencia. En ese contexto, no puede el recurrente pretender soluciones distintas dentro de un mismo medio de impugnación.

    En conclusión al no sustentar claramente la solución pretendida por medio del recurso de anulación promovido por el apoderado judicial del señor E.E.F., impedía su análisis por parte del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, pues el error en que incurrió el recurrente hizo que la iniciativa procesal ensayada careciese de sustento lógico jurídico y en consecuencia, procedía su rechazo.

    En otro orden de ideas, esta Corporación de Justicia constata que quien representa los intereses de la parte actora ha pretendido utilizar esta acción de garantía constitucional, como una instancia adicional del proceso penal, con la finalidad de cuestionar el criterio jurídico de la autoridad judicial acusada para arribar a la decisión impugnada o, en otras palabras, que se revise la validez o no de las consideraciones legales en que se sustenta determinada decisión judicial. Al respecto, es preciso tener en cuenta, como se ha indicado en repetidas ocasiones, que este tipo de acciones constitucionales no constituyen un mecanismo que pueda ser utilizado para ponderar criterios de valoración e interpretación jurídica respecto a las decisiones proferidas por las autoridades jurisdiccionales. Ello sólo es viable de manera excepcional cuando se aprecie de manera ostensible, que la resolución censurada o atacada se encuentra desprovista de sustento legal, y constituye una posible violación de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política u otros instrumentos de Derechos Humanos.

    Siendo esta la situación, el estudio de las constancias procesales que acompañan la acción constitucional propuesta, permite determinar que, en este caso, no existe evidencia de que se hayan desconocido trámites procedimentales esenciales, que provoquen la conculcación de las garantías del debido proceso contenidas en el artículo 32 de la Constitución Política.

    En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es negar la acción de amparo de derechos fundamentales promovida, a lo que se procede de inmediato.

    En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la L., NO CONCEDE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado E.A.M.V., actuando en calidad de apoderado especial de ELVIS E.F.S. contra la Resolución de 7 de junio de 2018, emitida por el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial dentro de la causa penal identificada bajo la numeración 2017-0000-4874.

    N.,

    HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

    HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OLMEDO ARROCHA OSORIO -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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