Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 29 de Agosto de 2019

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:29 de Agosto de 2019
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

Vistos:

El licenciado J.S.M., actuando en nombre y representación de C.R.R.P., representante legal de VARELA Y RODRÍGUEZ CIA. LTDA, ha presentado acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la resolución de 4 de febrero de 2019, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

La acción que nos ocupa, se ha interpuesto contra aquella decisión donde dicho Tribunal dispuso inhibirse de conocer el recurso de apelación que V. y R., Cia Ltda promovió contra el auto N°1472-17 de 28 de agosto de 2017, dictado por la Juez Undécima de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial y, en consecuencia, ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

A criterio de la amparista, este fallo es contrario a lo dispuesto en los artículos 32, 206, 210 y 215 de la Constitución Política, así como de los artículos 2 y 13 del Código Civil. Afirmación que sustenta en los siguientes criterios:

Tanto el artículo 32 de la Constitución Nacional como los artículos 206, el artículo 210 y el 215 de la Constitución Nacional más los artículos 2 y 13 del Código Civil han sido violados todos en forma directa, violación que se constituye cuando el Juzgador deja de aplicar un texto claro que constituye la ‘violación directa por omisión tal como desde el 21 de junio de 1966 bajo la ponencia del Dr. G.L. fue definido dicho concepto de violación’

.

Luego de las generalidades que anteceden, se procede a resolver lo referente a la admisión de la causa que nos ocupa, para lo cual, se detallan las consideraciones inherentes a esta etapa formal.

La cita que precede permite identificar sin esfuerzo alguno, que en este caso se comete un grave error en cuanto al presupuesto de procedencia más importante de esta acción, a saber, el concepto de infracción.

Iniciemos señalando que este apartado es en el que deben desarrollarse los planteamientos, criterios y cargos que expliquen de qué forma el acto, resolución, omisión o actuación, contraviene cada una de las normas constitucionales que se identifiquen como infringidas. Por tanto, la relación que surge en torno a este apartado, es entre lo impugnado y normas de naturaleza constitucional.

En atención a esto, la recurrente no cumple con ninguno de esto aspectos, por el contrario, se ha limitado en señalar qué es o cómo se configura la violación directa por omisión. Explicación ésta que no es idónea para desarrollar los aspectos que se requieren en este apartado.

Concluye este Tribunal, que lo citado y desarrollado por la actora como concepto de infracción, no lo es. No cumple ninguno de los aspectos para los que se ha instituído el mismo, y no le señala al Tribunal en qué consiste el cargo de injuridicidad; dejándolo desprovisto de los elementos mínimos para iniciar un debido y correcto análisis constitucional, en el que no se incurran por ejemplo, en deficiencias de minus petita, extra petita o ultra petita.

Además de lo planteado, es importante advertir que pese a algunas flexibilizaciones dadas respecto a la acción que nos ocupa, ello, en forma alguna puede conllevar a que los Tribunales suplan o soslayen las deficiencias en las que incurren los actores, tal y como puede constatarse. Por tanto, y bajo dichas corrientes menos estrictas, tampoco se puede acceder a la indebida utilización de principios como el Iura Novit Curia y otras normas que permite al juez actuar cuando concurran defectos (artículos 474 y 476 del Código Judicial), para rectificar ciertos errores y, con ello, ser el Tribunal el que establezca cuál es la verdadera pretensión. Ésta última debe ser clara, utilizándose para ello, entre otros aspectos, una correcta explicación y estructura del concepto de infracción.

Adicional se observa, que nos encontramos frente a un solo “concepto de infracción” para todas y cada una de las normas constitucionales invocadas, soslayándose con este actuar, que debe establecerse un concepto de infracción individual para cada norma constitucional señalada, ya que cada una de ellas establece o reconoce derechos, reglas, principios y garantías únicas y particulares, por lo que no todas las disposiciones se pueden violentar de la misma forma.

Se advierte también, que en dicho “concepto de infracción” se incluyen, a la par de las normas constitucionales, disposiciones del Código Civil, que no correspondían ser insertadas para un análisis similar al de aquellas supra legales.

En síntesis, nos encontramos ante una acción que por las deficiencias identificadas, carece de un verdadero concepto de infracción, tal y como lo exige el artículo 2619 numeral 4 del Código Judicial.

Adicional a lo indicado, debemos señalar que la ausencia de un verdadero concepto de infracción o claridad en el mismo, impide que se establezca o determine si efectivamente la controversia que se plantea es de naturaleza constitucional, o si apunta en otro sentido que no sea objeto de estudio de esta acción.

Como consta del análisis que nos ocupa, la ausencia o deficiencia en torno a este presupuesto del concepto de infracción, pone de relieve su importancia dentro de este proceso constitucional, pero además, advierte sobre la necesidad de no tomar con ligereza los errores que se cometen en esta fase de admisión, así como el cuidado que se debe tener al momento de flexibilizar algunos criterios relativos a esta etapa de admisión.

Dicho esto, y evidenciado que los yerros cometidos en torno al concepto de infracción son diversos y de gran envergadura, lo que en derecho corresponde es no admitir la causa que nos ocupa, y así salvaguardar la esencia y objeto de esta acción.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado J.S.M., actuando en nombre y representación de C.R.R.P., representante legal de VARELA Y RODRÍGUEZ CIA. LTDA, contra la resolución de 4 de febrero de 2019, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

N..

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. – OLMEDO ARROCHA OSORIO-- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME.

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)