Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 8 de Enero de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución: 8 de Enero de 2019
Emisor:Pleno
 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 08 de enero de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 972-17

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Acción de A. presentada por la firma forense MDL MUÑOZ & DE LEÓN, ABOGADOS, en nombre y representación de K.M.M.B. contra la Sentencia No.155-PJCD-3-2016 de 5 de diciembre de 2016, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión No.3 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

La acción constitucional fue admitida por el Magistrado sustanciador, mediante Providencia de 26 de septiembre de 2017, solicitándole a la Autoridad demandada el envío de la actuación, si la hubiere, o en su defecto un Informe que contenga los hechos, materia de esta acción.

  1. ACTO RECURRIDO EN AMPARO

    Mediante el acto objeto de la acción de tutela constitucional que nos ocupa, es decir, la Sentencia No.155-PJCD-3-2016 de 5 de diciembre de 2016, la Junta de Conciliación y Decisión Número Tres (3), del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral como Tribunal colegiado resolvió lo siguiente:

    En mérito de lo expuesto, quien suscribe, la Junta de Conciliación y Decisión No. Tres (3), administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

    PARTE RESOLUTIVA

    PRIMERO: Declarar NO PROBADO EL DESPIDO VERBAL, hecho por la empresa LABORATORIOS BIOPAS, S. A. en contra de la trabajadora K.M.M.B. con pasaporte guatemalteco No.262992086.

    SEGUNDO: ABSOLVER a la empresa LABORATORIOS BIOPAS, S.A. de los cargos incoados en su contra por la trabajadora K.M.M.B. con pasaporte guatemalteco No.262992086.

    Sin C.,

    FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 17, 734, 735 y demás concordantes del Código de Trabajo. Ley No.7 de 25 de febrero de 1975.

  2. ARGUMENTOS DE LA AMPARISTA Y DERECHO QUE SE ESTIMA VULNERADO

    La amparista aduce la violación directa por omisión de los artículos 17, 19, 20, 67, 74, 79 de la Constitución Política de la República y a su vez señalo infringido el artículo 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

    En el sustento de infracción de las normas constitucionales la amparista fundamentó los hechos de su demanda, señalados a renglón seguido:

    "PRIMERO: La resolución impugnada viola el principio de igualdad ante la Ley de los panameños y los extranjeros en la República de Panamá, toda vez que le negó los derechos reclamados a la trabajadora K.M.M.B., por el supuesto de que no contaba con un permiso de trabajo y según la sentencia esta trabajadora debía saber que laboraba sin permiso y que debía obtener antes de aceptar el segundo contrato de trabajo un permiso de trabajo, sin percatarse que quien tenía que solicitar el permiso de trabajo era el empleador y que el artículo 17 de la Constitución Nacional establece que las autoridades de la Republica están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, norma constitucional que ha sido infringida por la sentencia impugnada mediante el presente amparo.

SEGUNDO

La Sentencia recurrida mediante el presente A. de Garantías Constitucionales, ha infringido el principio constitucional establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, toda vez que se ha cometido una discriminación en contra de la trabajadora K.M.M.B. por ser extranjera de nacimiento, al negarle los derechos laborares (sic) reclamados por el supuesto de que no tenía permiso de trabajo, que según la sentencia impugnada mediante el presente A. debía tramitarlo la propia trabajadora, cuando es obligación del patrono hacer esa solicitud y tramitación.

TERCERO

La resolución objeto del presente A. de Garantías constitucionales es contraria al principio establecido en el artículo 20 de la Constitución Nacional, puesto que se le ha negado sus derechos laborales debidamente reclamados a la trabajadora por ser extranjera, pasando por encima de lo que dice esta norma constitucional, que dice que los panameños y extranjeros son iguales ante la Ley, todo ello a pesar de que la trabajadora K.M.M.B., laboró con la empresa demandada con permiso otorgado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y que la empresa no quiso solicitar renovación del permiso de trabajo para que estuviera legalmente laborando, maniobra que hizo para negarle los derechos laborales que le asisten.

CUARTO

La sentencia impugnada mediante el presente A. de Garantías Constitucionales es contraria al principio establecido en el artículo 67 de la Constitución Nacional, que establece que al trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, cualesquiera sean las personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas, en virtud de que a pesar de que la trabajadora K.M.M.B., laboró para la empresa, se le desconocen sus derechos laborales por ser de nacionalidad extranjera.

QUINTO

Igualmente la resolución impugnada mediante el presente amparo viola el principio establecido en el artículo 74 de la Constitución Nacional, que establece que ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que establece la Ley, toda vez que la resolución objeto de amparo le ha negado sus derechos en base a que K.M.M.B., es extranjera y solo por esa causa, siendo una trabajadora que ha debido ser protegida igual que cualquier otro trabajador en la República de Panamá.

SEXTO

A su vez la resolución objeto de A., viola el principio establecido en el artículo 79 de la Constitución Nacional, que establece que los derechos y garantías establecidos en el Capítulo III relacionado al trabajo en la Constitución Nacional deben ser considerados como mínimos a favor de los trabajadores, todo ello en virtud de que K.M.M.B., es una trabajadora que tiene todos sus derechos laborales, que por ser extranjera no los pierde, ya que el Capítulo III se los protege, así como otras normas constitucionales, como el artículo 17, 19, y 20 de la Constitución Nacional".

  1. POSICIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

    Mediante Oficio No.06/9-PJCD-3-2017 de 27 de septiembre de 2017, la Licenciada E.I.M., P. de la Junta de Conciliación y Decisión Número Tres, remitió el expediente contentivo del proceso laboral. (f.51).

  2. CONSIDERACIONES DEL PLENO

    Una vez surtidos los trámites correspondientes, procede el Pleno a examinar los méritos del presente A..

    De acuerdo con la firma forense, apoderada judicial de la amparista, el acto impugnado, es decir la Sentencia No.155-PJCD-3-2016 de 5 de diciembre de 2016, emitida por la Junta de Conciliación y Decisión No.3, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, violó de manera directa y por omisión, los derechos laborales debidamente reclamados de su representada, al desconocer las garantías fundamentales contenidas en los artículos 17, 19, 20, 67, 74, 79, así como el artículo 24 de la Convención Interamericana, a su juicio, por ser de nacionalidad extranjera.

    Así es menester indicar que la Sentencia No.155-PJCD-3-2016 de 5 de diciembre de 2016, se sustenta en el criterio vertido a continuación:

    "Y es que si bien surge una relación laboral en caso de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, esta relación así surgida en todo caso solo dará derecho a reclamar los derechos adquiridos (vacaciones, décimos etc.) pero nunca optar por una indemnización y salarios caídos en razón de un despido injustificado.

    Luego de análisis (sic) de las pruebas documentales y testimoniales y aplicando la sana critica este Tribunal Tripartito no le queda otra alternativa que absolver a la empresa demandada de las reclamaciones incoadas en su contra por la trabajadora demandante K.M.M.B., toda vez la actora no probó ante este Tribunal que contaba con el respectivo permiso de trabajo, y que la propia trabajadora debía saber que laboraba sin permiso de trabajo, que en su calidad de trabajadora extranjera debió obtener antes de aceptar el segundo contrato de trabajo, toda vez que una contratación al margen de la Ley jamás puede dar derecho a indemnización y salarios caídos en razón de no contar con Permiso de Trabajo."

    Dentro de este contexto, corresponde al Pleno de esta máxima Corporación de Justicia, partir señalando que la Constitución Política consagra igualdad de derechos para los panameños y extranjeros, pero se reserva la facultad de delimitar algunos derechos a los extranjeros por razones específicas señaladas en la Ley. La protección del trabajador nacional es uno de los derechos que está regulado y limitado a los extranjeros, estableciendo la Ley los principios bajo los cuales se puede autorizar la contratación de un extranjero.

    En esa dirección, el Código de Trabajo establece la protección del trabajador nacional, señalando de manera clara, una serie de restricciones para la contratación del trabajador extranjero en cuanto a porcentaje y obligando al extranjero a obtener autorización previa del Estado "conocido como permiso de trabajo", el cual será autorizado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, previa comprobación de que la empresa para la cual va a brindar su servicio lo permite y sea necesario sobre todo en nuestro país que por su posición geográfica es una zona de tránsito y en el sistema internacional ha llevado a los empleadores a ocupar mano de obra extranjera.

    Con ese propósito el legislador patrio instituyó en el Código de Trabajo, Libro I (Relaciones Individuales), Título I (Normas Generales de Protección del Trabajo), Capítulo I (Protección del Trabajo de los Nacionales) en su artículo 17, que a la letra dice:

    "Artículo 17. Todo empleador mantendrá trabajadores panameños, o extranjeros de cónyuge panameño o con diez años de residencia en el país, en proporción no inferior al noventa por ciento del personal de trabajadores ordinarios, y podrá mantener personal extranjero especializado o técnico que no exceda del quince por ciento del total de los trabajadores.

    En ningún caso los porcentajes de salarios o asignaciones en conjunto y por categoría, podrán ser menores que los fijados en el párrafo anterior.

    No obstante lo anterior, se podrá permitir una proporción mayor de especialistas o técnicos extranjeros por tiempo definido, previa recomendación del Ministerio respectivo y aprobación del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

    Los empleadores que necesiten ocupar trabajadores extranjeros obtendrán una autorización que expedirá el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, previa comprobación de que no se alteran los porcentajes de nacionales exigidos en este artículo, que el personal calificado reúne la respectiva calidad y que desempeñará las funciones inherentes a su especialidad.

    Esta autorización se expedirá hasta por el término de un año, prorrogable por un máximo de cinco años.

    También se exceptúan del porcentaje anterior los trabajadores de confianza de empresas que en la República se dediquen exclusivamente a mantener oficinas con el fin de dirigir transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, previa autorización de las autoridades de trabajo".

    Por lo tanto, es el permiso de trabajo para un trabajador extranjero un requisito sine qua non, establecido por Ley y de orden público. No obstante es importante señalar que la falta de dicho permiso o su vencimiento, produce para el trabajador efectos ex nunc; es decir, hacía el futuro, o sea que, en caso de estar viciado ese contrato y tener consecuentemente que declararse la nulidad del mismo, dicha declaratoria de nulidad no debe afectar las prestaciones que ha ganado el trabajador hasta el momento en que efectivamente se produzca la nulidad de ese contrato.

    En ese sentido, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, en Sentencia de 20 de julio de 2007 bajo la ponencia del Magistrado A.Z. señaló que:

    "Además, si el trabajador extranjero no posee permiso de trabajo hay un incumplimiento del empleador y no puede éste avocarse a invocar la nulidad justificando su propia culpa para no pagar al trabajador las prestaciones correspondientes, violándose así, el principio de buena fe que establece el artículo 70 del Código de Trabajo, el cual debe caracterizar las relaciones laborales.

    De manera que, la falta de los requisitos para el trabajo de un extranjero en nuestro país, no puede ser óbice para éste pueda disfrutar del pago de las prestaciones a las cuales tenga derecho, pues existe en la falta de permiso una condición de contrato ilegal que produce efectos hacia el futuro y que no puede invocarse en perjuicio del trabajador."

    Como puede advertirse, de la jurisprudencia antes reseñada, se desprende que, no puede un empleador quedar exento del pago de las prestaciones de Ley (vacaciones, décimo tercer mes) a quien le ha brindado sus servicios laborales, alegando carencia de permiso de trabajo; sobre todo si se toma en cuenta que el trámite del permiso y exigirlo al empleado, -es precisamente- responsabilidad del empleador que frente a la ausencia del mismo podría apoyarse en ello para excusar el no pago de las prestaciones que en condiciones regulares le correspondería pagar.

    Esta posición jurisprudencial que ha venido favoreciendo el reconocimiento del pago de las prestaciones laborales en favor de los trabajadores extranjeros encuentra respaldo en el artículo 79, Capítulo 3 del Título III, de la Constitución Política que establece que los derechos y garantías que indica este Capítulo "...serán considerados como mínimos a favor de los trabajadores".

    Sin embargo el mismo constituyente, si bien no establece un tratamiento diferenciado entre los trabajadores nacionales y los extranjeros, sí admite la posibilidad que de él sea determinado por el legislador, pues el reconocimiento de los derechos a los extranjeros no implica que en nuestro ordenamiento esté proscrita la posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado en relación con los nacionales. Y es que la sola existencia de un tratamiento legal diferenciado entre los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros, no tiene por qué reputarse como violatorio de los derechos humanos, pues la Carta Política, recogiendo el contenido que hoy se le imprime a la igualdad como valor superior, como principio y como derecho, ha contemplado la posibilidad de que se configure ese tratamiento diferenciado, cuando el mismo sea legítimo y de orden público.

    En ese orden de ideas si bien uno de los fines esenciales del Estado es facilitar la participación de todos en la vida económica de la Nación, la Constitución Política en su artículo 17 establece que "las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentres y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, también lo es asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución" y la Ley", no es menos cierto que ese reconocimiento de derechos también genera al mismo tiempo una responsabilidad a los extranjeros de cumplir las normativas consagradas para todos los residentes del territorio panameño.

    Es decir, que es un deber de las instituciones relacionadas con la migración y desarrollo laboral salvaguardar el derecho de emplear la mano de obra nacional racionalizando aquella inmigración en atención a los índices de desempleo que afecten al país. De allí que el ingreso de extranjeros al mercado laboral panameño se encuentra prohibido cuando puedan rebajar las condiciones de trabajo o las normas de vida del trabajador panameño y obedezca a la necesidad de personal altamente calificado asegurando siempre los derechos de los panameños y de acuerdo a ese interés nacional tal cual lo contempla el artículo 73 de la Carta Magna que señala que: "Se prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros que puedan rebajar las condiciones de trabajo o las normas de vida del trabajador nacional. La Ley regulará la contratación de Gerentes, Directores Administrativos y Ejecutivos, técnicos y profesionales extranjeros para servicios públicos y privados, asegurando siempre los derechos de los panameños y de acuerdo con el interés nacional."

    Ahora bien, los extranjeros que estén bajo la jurisdicción panameña, gozan en el territorio panameño de los mismos derechos y garantías de los nacionales pero se encuentran sometidos a los mismos deberes civiles y están obligados al respeto de la Constitución Política y de la Ley. Si ello es así, deben respetar y cumplir también con lo estipulado en el artículo 17 del Código de Trabajo en cuanto a la temporalidad de esa autorización expedida por el Ministerio de Trabajo.

    En ese sentido, el jurista panameño A.H. en su obra Derecho Panameño del Trabajo, ha manifestado:

    "El propósito de esta norma es que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social pueda ejercer cierto control sobre el número de extranjeros que prestan sus servicios a los empleadores sujetos a la legislación de Trabajo en Panamá. Los permisos de trabajo son, por naturaleza, temporales. Ellos son expedidos hasta por el término de cinco (5) años, a discreción del Ministerio de Trabajo y bienestar Social. El propósito de esta limitación es que gradualmente el empleador vaya entrenando a trabajadores panameños de forma que en un plazo máximo de cinco (5) años estos puedan reemplazar a los trabajadores extranjeros en las funciones que venían desarrollando el en País". (HOYOS, A.. Derecho Panameño del Trabajo. Volumen I. Edición 1982. P.. 372)

    Ello es así, ya que esta temporalidad establecida en las normas laborales, para efectos de la vinculación de trabajadores extranjeros constituye el lineamiento que la legislación interna ha adoptado con el fin de garantizar el trabajo de los nacionales- orientado a proteger al trabajador nacional de acuerdo al interés nacional, de allí que no constituye un atentado ni mucho menos una violación contra el derecho al trabajo y a la igualdad de los extranjeros pues dicha normativa establece los parámetros para la vinculación de ellos a empresas o entidades privadas, e impone límites a los extranjeros para que los trabajadores nacionales no sean desplazados por mano de obra foránea.

    Ante esta circunstancia, al revisar en el proceso laboral, la documentación aportada, se observa que K.M.M.B., fue contratada por la empresa LABORATORIOS BIOPAS, S.A., por tiempo definido tal cual lo dispone el artículo 17 del Código de Trabajo, por el término de un año para realizar la labor de Gerente de Unidad de Negocios y Especiales de América Latina, tanto en Panamá como en Centro América.(fs.100-102), por lo que el Ministerio de Trabajo mediante Resolución No.8-9291-2014 de 19 de septiembre de 2014, autorizó el permiso de trabajo de la prenombrada MEJÍA BONIFAZI por el término de un año (f.145), quedando determinado de esa manera que el Contrato de Trabajo venció en la misma fecha, aunado a que fue un hecho aceptado por la parte demandante en su demanda de despido injustificado, que su permiso estaba vencido desde el 19 de septiembre de 2015 (f.4), y que a la fecha en que alega fue despedida verbalmente, es decir 29 de abril de 2016, no contaba con permiso de trabajo vigente.

    Ahora bien, el Juez laboral, al dictar su Fallo, señaló que "...considera este Tribunal Tripartito que el despido verbal que adujo la actora en el libelo de la demanda, no es admisible al no contar la demandante con el respectivo permiso de trabajo, otorgado por el Departamento de Migración Laboral de la Direccion de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, como lo indica nuestro ordenamiento jurídico produce la nulidad de dicha relación en lo que al pago de indemnización y salarios caídos se refiere, tal y como lo han indicado diversas jurisprudencia a lo largo de los años en nuestro país". Agregando que "Y es que si bien surge una relación laboral en caso de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, esta relación así surgida en todo caso solo dará derecho a reclamar los derechos adquiridos (vacaciones, décimos etc.) Pero nunca optar por una indemnización y salarios caídos en razón de un despido injustificado", y que posteriormente, al conocer del Recurso de Apelación, el Tribunal Superior de Trabajo en su resolución de 27 de junio de 2017, confirmó, cuando le señaló que la contratación de personal extranjero en nuestro país, es por mandato legal de carácter definido, por lo que no le es aplicable a su caso el contenido del artículo 211 del Código de Trabajo.

    Así pues, la Corte Suprema de Justicia considera que siendo el Contrato de Trabajo de un trabajador extranjero, por tiempo definido, mal podría esta Superioridad, conceder el A. en el sentido de ordenar el pago de indemnización, de una persona que no ha cumplido con nuestras normas administrativas sobre permiso de trabajo, ni tampoco condenar a la empresa al pago de salarios caídos durante el lapsus que el trabajador no podía laborar por estar incapacitado jurídicamente, puesto que dicha relación laboral luego de vencido su permiso es ilegítima a la luz de la legislación laboral vigente, por tanto lo procedente es denegar el acto atacado por esta vía constitucional al no producirse las infracciones constitucionales acusadas, a lo que se procede.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DENIEGA la Acción de A. de Garantías Constitucionales, presentada por la firma forense MDL MUÑOZ & DE LEÓN, ABOGADOS, en nombre y representación de K.M.M.B. contra la Sentencia No.155-PJCD-3-2016 de 5 de diciembre de 2016, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión No.3 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

    N. y cúmplase,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- H.A.D.L.B.-.H.A.D.G.-.L.R.F.S.-.J.M.E.-.O.O.D.-.A.R. DE CEDEÑO -- (CON SALVAMENTO DE VOTO)

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)