Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 17 de Enero de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución17 de Enero de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 17 de enero de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 786-17

VISTOS:

En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el Lcdo. R.V., en representación de JUAN DE LA C.S. ESCOBAR contra la decisión emitida en audiencia celebrada el 26 de junio de 2017, por el Tribunal de Juicio de la Provincia de H., dentro de los hechos investigados en la Noticia Criminal N°201600011990.

  1. ACTO IMPUGNADO EN SEDE DE AMPARO

    La decisión emitida en audiencia de 26 de junio de 2017, por el Tribunal de Juicio de la Provincia de H., donde no se permitió a la defensa utilizar el formulario de Cadena de Custodia, a fin de confrontar al testigo con sus propios dichos, o refrescar memoria.

  2. EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

    Argumenta el actor constitucional en su escrito que, como defensa del señor JUAN DE LA C.S., durante el acto de audiencia realizado el 26 de junio de 2017, mientras interrogaba al testigo E. De León, intentó infructuosamente confrontarlo con sus propias actuaciones contenidas en la investigación del Ministerio Público, sin embargo, considera que se le coartó el derecho de defensa, cuando se le impidió confrontar al testigo con sus propias actuaciones (formato de Cadena de Custodia), bajo el argumento que dicho documento debió ser requerido en la Audiencia de Acusación.

    Arguye el amparista que, con lo anterior se denota parcialidad de la Presidenta del Tribunal hacia el Ministerio Público, ya que ante los reclamos de que se le estaba vulnerando el derecho de defensa, se le amenazó con sanciones, porque supuestamente estaba faltando al respeto, sin embargo, su intención era tener una defensa pasiva en el juicio. Asimismo, estima que, con dicha actuación se le vulneró a su cliente el derecho de ser juzgado por un J. imparcial y el principio de igualdad de las partes.

    Finalmente advierte que, con el acto atacado se violaron los artículos 17 y 32 de la Constitución Política. En cuanto al artículo 17, porque al impedírsele utilizar elementos contenidos en la investigación para confrontar al testigo con sus propios dichos, pues el J. tiene la obligación de asegurar la efectividad de los derechos y deberes que están reconocidos en la Constitución Política, como son: igualdad, presunción de inocencia, imparcialidad, debido proceso, inviolabilidad de domicilio y de la correspondencia.

    En cuanto al artículo 32 de la Constitución Política, que consagra el principio del debido proceso, lo considera violado porque se le coartó el derecho de utilizar elementos contenidos en la investigación, para confrontar al testigo con sus propios dichos, porque el argumento de que eso debió pedirse en la Audiencia de Acusación, según él no es admisible porque él no fue el Abogado defensor que participó en dicho acto, ignorándose de esta manera el artículo 19 del Código Procesal Penal.

  3. LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

    Mediante Sentencia de 10 de julio de 2017, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, como Tribunal Constitucional de primera instancia, DENEGÓ la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el Lcdo. R.V., en representación de JUAN DE LA C.S. ESCOBAR contra la decisión emitida por el J. de Garantías de la Provincia de H., en acto de audiencia oral celebrado el 26 de junio de 2017, dentro del proceso que se le sigue por delito Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Venta y Distribución de Drogas y Conspiración, dentro de la Carpetilla identificada con el número 201600011990.

    Señaló el A quo que durante la audiencia hubo una discrepancia entre el testigo y el Abogado defensor, por lo que, la J. como conductora del acto debió llamar la atención, conforme al artículo 385 del Código Penal y 403 del Código Procesal Penal y a pesar que el Abogado defensor advirtió al Tribunal del comportamiento del testigo, en ningún momento solicitó que se le declarara testigo reticente; por lo cual la aseveración de que la J. estaba parcializada, no guarda relación con la Acción de A..

    En cuanto al señalamiento que hace el Abogado de que él no era el defensor anterior, y por este motivo se le privó de presentar sus pruebas, indicó el Tribunal que lo que pretende el amparista es utilizar la Acción de A. como un recurso dentro del proceso penal, aunado a que, las normas aludidas hacen referencia a la parte (acusado) como sujeto procesal y no a una facultad que se le concede al Defensor que por no haber estado en la audiencia intermedia, pueda llevar nuevas pruebas; lo cual no es correcto, toda vez que durante todo el procedimiento el procesado JUAN DE LA C.S. ESCOBAR estuvo representado por un Abogado y es evidente que no se puede retrotraer el proceso, pues se cumplió con el procedimiento penal, notificándose debidamente a todas las partes.

    Por lo anterior, estima el A quo que las decisiones del Tribunal de Juicio de ninguna manera violentan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 17 y 32 de la Constitución Política, ni en los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  4. ARGUMENTOS DEL APELANTE

    El Licenciado R.V. en representación de JUAN DE LA C.S.E., en su escrito de apelación señaló que, en su decisión el Tribunal A quo hace un juicio de legalidad y no de constitucionalidad, ya que perdió de vista que la Resolución de 26 de junio de 2017, dictada en audiencia impide a su representado utilizar elementos contenidos en la investigación de la F.ía, a fin de confrontar al testigo con sus propios dichos; lo cual, a su consideración, viola de manera directa los artículos 17 y 32 de la Constitución Política, que consagran la obligación de las Autoridades de asegurar la efectividad de los derechos y deberes, individuales y sociales, así como cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, entre ellos, que los Jueces están obligados a asegurar los principios de igualdad, presunción de inocencia, imparcialidad, debido proceso, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

    Señala que, por el contrario, en el caso que nos ocupa dicha disposición fue violada al impedírsele como defensa de JUAN DE LA C.S.E., utilizar elementos contenidos en la investigación para confrontar al testigo E. De León con sus propios dichos, coartando su derecho de defensa.

    Aunado a que tampoco se tomó en cuenta que el acto atacado en A., impidió a la defensa de J.S.E., utilizar elementos contenidos en la investigación de la F.ía para confrontar al testigo E. De León con sus propios dichos, lo que viola de manera directa y por comisión el artículo 32 de la Constitución Política, porque no se garantizó el derecho de defensa de su representado.

    Corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia en esta etapa, determinar si la decisión emitida por el Tribunal de A. en primera instancia, con relación a la Acción de A. de Garantías Constitucionales incoada por el Licenciado R.V., en su condición de defensor particular del señor JUAN DE LA C.S.E., se ajusta a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico vigente, así como a los hechos y constancias que reposan en el expediente constitucional y los soportes de audio y vídeo que lo acompañan.

    Como vemos, la Sentencia de A. venida ante esta Superioridad en grado de apelación, resuelve NO CONCEDER la acción de tutela constitucional propuesta, al considerar que el Tribunal de Juicio actuó conforme a derecho, al resolver la no utilización del documento denominado formato de Cadena de Custodia, que no había sido aducido en la etapa intermedia como material para utilizar en el juicio oral.

    Pues bien, adentrándonos a resolver el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la presente iniciativa constitucional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera indispensable resaltar la naturaleza y objetivo de la Acción de A. de Garantías Constitucionales, como el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado democrático y social de derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la tutela de su derecho infringido por una acción o acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, a fin de que sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

    Dicha garantía se encuentra consagrada no sólo en el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Panamá, sino también en Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos reconocidos por la República de Panamá, y a nivel legal, en los artículos 2615 y siguientes del Código Judicial, en el cual se establece además, que dicha Acción de tutela de derechos fundamentales puede ser impetrada cuando por la gravedad e inminencia del daño que representa el acto, se requiere de su revocación inmediata.

    Son dos las normas constitucionales invocadas por el apelante como sustento de su pretensión constitucional: artículos 17 y 32 de la Constitución Política.

    En ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política constituye un ámbito universal de protección, al enunciar los fines estatales esenciales, que deben estar presentes en todo el ordenamiento jurídico, al prescribir que las Autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir, así como hacer cumplir la Constitución y la Ley. Además, la norma amplía el radio de protección de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, como derecho universal.

    En cuanto a la vulneración del derecho fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política panameña, que establece que nadie será juzgado, sino por Autoridad competente, conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria, se ha reconocido que, como parte del debido proceso las partes gozan de una serie de garantías procesales como lo son: la oportunidad de acceder válidamente a los Tribunales de justicia y obtener una decisión o resolución judicial en base a lo pedido; ser juzgados en un proceso previamente determinado por la Ley y por motivos o hechos definidos con anterioridad; ser escuchado en el proceso, la posibilidad de aportar pruebas lícitas y contradecir las de la contraparte; derecho a obtener resoluciones debidamente motivadas y hacer uso de los medios de impugnación que otorga la ley, de tal manera que puedan hacer valer sus derechos o ejercer los mecanismos de defensa legalmente establecidos.

    Sobre la vigencia e importancia de estos elementos o garantías procesales que componen el derecho constitucional al debido proceso, el autor A.H., nos ha expuesto:

    "...si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho de aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medios de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de estas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguir un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo desconozca la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional." (HOYOS, A.. El Debido Proceso. Colombia. 1996. Pág.89-90. El resaltado es nuestro)

    Respecto al planteamiento esbozado por el apelante, en cuanto a que el Tribunal A quo hace un juicio de legalidad y no de constitucionalidad, al perder de vista que la Resolución de 26 de junio de 2017, dictada en audiencia impide a su representado utilizar elementos contenidos en la investigación de la F.ía, a fin de confrontar al testigo con sus propios dichos, lo que termina por violar los artículos 17 y 32 de la Constitución Política, debemos hacer las siguientes aclaraciones.

    En primer lugar, es necesario recordar al letrado, que litiga en la esfera penal bajo las reglas del modelo acusatorio, que el hecho de que existan en la carpeta de investigación que adelanta el Ministerio Público, un conjunto de elementos de convicción o de conocimiento, no conlleva automáticamente que todas esas piezas puedan llegar a juicio, pues ello va a depender de lo que logre superar la fase intermedia de depuración probatoria. Ello es oportuno aclararlo, en razón de que el apelante sostiene que al no haber representado al acusado en etapas previas no tuvo oportunidad de aducir pruebas.

    No resulta siquiera un argumento excusable y de retorno, referir que el Abogado no tuvo participación en el acto de debate sobre admisión de pruebas, pues lo que la norma y los estándares internacionales en materia de derechos humanos y garantías procesales tutelan y reconocen es el acceso de las partes a presentar pruebas y a confrontarlas, y ese derecho lo tuvo el acusado a través del Defensor que en el momento procesal oportuno actuó en su representación, confrontando las piezas de convicción de su contraparte y presentado las propias. En dicho acto, entendemos que el J. aseguró los principios de igualdad, imparcialidad y debido proceso o, por lo menos, no existe mayor discrepancia en torno a ello.

    Conforme a lo anterior, es preciso señalar que son las partes, Ministerio Público, Defensor y querellante, quienes en la fase intermedia a través del debate, delimitarán el camino que va llevar el juicio, según las pruebas que sean capaces de presentar al J. de Garantías de fase intermedia, para someterlas a control previo y en consecuencia su admisibilidad e inclusión en el Auto de Apertura a Juicio Oral.

    Es, en ese momento procesal, en el que las partes deberán asegurar, según los intereses de su teoría del caso, que las pruebas que requieran para probar sus afirmaciones sean incorporadas para su debate en juicio oral, pues esa no es la tarea ni del J. de la fase intermedia, ni mucho menos del Tribunal de Juicio, quienes se encuentran limitados a lo que las partes presenten en debida forma y en el momento procesal oportuno.

    En segundo lugar, es preciso indicar que, en este caso, la discusión en la audiencia celebrada el día 26 de junio de 2017, que es el acto atacado, se centró en la intención del Defensor era utilizar un documento contenido en la carpeta, para refrescar memoria al testigo que estaba interrogando y que le expresó haber firmado un documento de Cadena de Custodia.

    Si bien no son todos los elementos contenidos en la investigación los que pueden ser utilizados en el juicio oral como pruebas, sino aquellos que superaron la fase intermedia, luego de ser sometidos al contradictorio y depuración por voluntad de las partes, en este caso la Cadena de Custodia, es pieza fundamental en el desarrollo investigativo y probatorio para el control de todas las etapas desde el hallazgo, la recolección o la incorporación de los indicios y/o evidencias hasta su disposición final, por lo tanto era necesario que dicho documento estuviera listado en el Auto de Apertura a Juicio, sin embargo, según los argumentos escuchados en la audiencia celebrada el día 26 de junio de 2017, no fue solicitada por la defensa para ser utilizada en el juicio oral.

    Por otro lado el artículo 401 del Código Procesal Penal, en cuanto a la lectura para apoyo de memoria en la Audiencia de Juicio Oral, señala que sólo se permite utilizar parte o partes de las declaraciones anteriores del declarante, prestadas ante el F. o J. de Garantías, sin embargo no era el caso, pues el amparista señaló que pretendía confrontar al testigo con sus propias actuaciones en la investigación; de allí que la J. Presidenta de manera motivada, ajustándose a las facultades que le concede la Ley, decidió sobre la pretensión del Abogado defensor, en ese momento y en ese sentido si el amparista no estaba de acuerdo con la decisión, contaba con sendos recursos que permitían plantear el debate frente a un superior de la Autoridad demandada, para que resolviera como en derecho corresponde.

    Somos de la opinión que la intención del amparista pareciera ir encaminada a lograr que, por esta vía extraordinaria, se decrete la nulidad del juicio o del proceso penal, lo que sin duda pudo haber ensayado a través de los medios de impugnación ordinarios, permitiendo a la justicia penal resolver el problema con los instrumentos que la propia norma procesal prevé para ello; pero, no puede encontrar cabida dentro de la presente acción; pues, establecer que se está ante una violación al debido proceso o al derecho de defensa, como pretende el apelante, cuando él mismo no agotó los medios o recursos ordinarios a fin de lograr la tutela de sus derechos y la respuesta a sus pretensiones (Recursos de Anulación y/o Casación Penal), se convertiría en una censura injusta a un sistema y a unas instituciones a las que no se les dio la oportunidad de actuar dentro de los límites y plazos legales de los que gozó el impugnante.

    Siendo así, y teniendo presente que la violación al debido proceso la centra la amparista en estos aspectos puntuales, consideramos que el procedimiento llevado a cabo por el Tribunal de Juicio de la Provincia de H., lejos de violentar del debido proceso, procuró asegurar a las partes sus derechos, sin que se encuentren vicios de arbitrariedad o ilegalidad en alguna de sus actuaciones.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de 10 de julio de 2017, del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, la cual NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por el Lcdo. R.V., en representación de JUAN DE LA C.S. ESCOBAR contra la decisión emitida en audiencia celebrada el 26 de junio de 2017, por el Tribunal de Juicio de la Provincia de H., dentro de los hechos investigados en la Noticia Criminal N°201600011990, de conformidad con la parte motiva de la presente resolución.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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