Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 12 de Marzo de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución12 de Marzo de 2019
EmisorPleno

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia del A. de Garantías Constitucionales en grado de apelación, interpuesta por el Licenciado J.I.P. en nombre y representación de la sociedad COMPAÑÍA INVERSIONISTA DEL BARÚ, S.A. contra el acto verbal proferido por la Secretaria Judicial del Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Oral de Impugnación de Actos promovido por COMPAÑÍA INVERSIONISTA DEL BARÚ, S.A. contra R.R.P.M. y TAMBOR, S.A.

  1. ACTO IMPUGNADO EN SEDE DE AMPARO:

    En el Proceso Oral de Impugnación de Actos promovido por COMPAÑÍA INVERSIONISTA DEL BARÚ, S.A. contra R.R.P.M. y TAMBOR, S.A., radicado en el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, la Secretaria Judicial de dicho Juzgado, en presencia del Notario Primero de Circuito de Panamá, se negó a recibir los escritos de Incidente de Nulidad por ilegitimad de la personería, escrito de notificación, interposición y sustentación de Recurso de Apelación, y solicitud de copia autenticada, tal como consta en el Acta Notarial No.42 de 6 de agosto de 2018; e indica en el hecho sexto del libelo de A., que dicha funcionaria judicial se rehusó a recibir el escrito de desistimiento.

  2. LA ACCIÓN DE DERECHO FUNDAMENTALES:

    Argumenta el actor constitucional que en el Proceso Oral de Impugnación de Actas interpuesto por la sociedad COMPAÑÍA INVERSIONIESTA DEL BARÚ S.A. contra R.R.P.M.Y.T.S., se le otorga poder general al Licenciado J.I.P., con la facultad para desistir de la pretensión y retirar la demanda; a fecha 27 de julio de 2018 presenta escrito de retiro de demanda, sin embargo el Juzgado Decimoséptimo emitió el Auto No.1284 de 30 de julio de ese mismo año, en el cual admite la demanda oral y se emite una medida cautelar de suspensión de actos societarios.

    Indica el amparista que el 6 de agosto de 2018, se presenta junto con el Notario Primero del Primer Circuito de Panamá al Despacho Judicial, levantando así el Acta Notarial No.42 en la cual se da fe del intento de entrega de los escritos identificados como Incidente de Nulidad por ilegitimidad de la personería, escrito de notificación, interposición y sustentación de Recurso de Apelación, y solicitud de copia autenticada; escritos que no fueron recibidos por parte de la Secretaria Judicial, del Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil; indicando la funcionaria “que no se van a recibir los escritos porque no se han notificado y es demandado”, solicitando así el Licenciado J.I.P., que le fueran recibidos por insistencia pero dicha funcionaria manifestó “que ni por insistencia podría recibir los escritos.”

    Por lo anterior considera la amparista que el acto atacado emitido por la Secretaria Judicial del Juzgado, vulnera el artículo 32 de la Constitución Política de la República, que establece, los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva, que son derechos fundamentales infringidos por la Secretaria Judicial del Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, al no permitirle el ejercicio de su derecho de presentar recursos e incidentes dentro de los procesos judiciales.

  3. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

    El fallo recurrido es la Resolución del 20 de agosto de 2018, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual “NO ADMITE la Acción A. de Garantías Constitucionales propuesta por el señor R.R.P.M., en nombre de COMPAÑÍA INVERSIONISTA DEL BARÚ S.A. dentro de la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida contra el JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, por razón de la orden de no hacer emitida por la Secretaria Judicial del referido Juzgado, Licenciada D.G. consistente en no recibir los escritos que se pretendía presentar al mencionado Despacho Judicial.”

    El Tribunal A-quo consideró que la acción presentada enfrenta un obstáculo de naturaleza formal que impide su admisibilidad. En primer lugar, indica que al tratarse de actos verbales, éstos solo podrán adquirir materialidad y certeza en cuanto a su existencia a través de la presentación de dos testimonios de personas hábiles, tal como lo establece el artículo 48 de la Ley No.135 de 1943, norma aplicable por analogía al caso. Por tanto, indica la Autoridad recurrida, que el Acto Notarial No.42 de 6 de agosto de 2018 incumple el requisito de formalidad para comprobar la existencia de los actos verbales.

    Por otro lado, indica el Tribunal Constitucional A-quo, que el presente A. fue dirigido contra la Secretaria Judicial del Juzgado, sin embargo al tenor del artículo 2617 del Código Judicial, es en contra del J. que representa al meritado Despacho Judicial que debe interponerse el A.; toda vez que dicha funcionaria no goza de mando y jurisdicción, careciendo así de legitimación pasiva en atención a lo previsto en el artículo 2616 del citado cuerpo legal.

  4. POSICIÓN DEL RECURRENTE:

    Manifiesta el recurrente que la violación al debido proceso se produce a su juicio porque sin motivación ni fundamento alguno, la secretaria judicial del Tribunal de manera verbal se negó a recibir tres (3) escritos que iban a ser presentados, impidiéndole de esta manera como parte demandante en el proceso oral, ejercer efectivamente su derecho a la tutela judicial efectiva, en el sentido de presentar recursos e incidentes dentro del proceso.

    Agrega el amparista recurrente, que el requisito de los testimonios hábiles contenido en el artículo 48 de la Ley No.135 de 1943, no es aplicable al caso, puesto que del acto proferido de manera verbal, existe como constancia el Acta Notarial No.42 de 6 de agosto de 2018 de la Notaria Primera del Circuito de Panamá.

    Explica el amparista al Pleno, que dicha acta notarial es un documento público revestida de autenticidad y además es suscrita por un funcionario público, que tiene entre sus funciones dar fe respecto de los actos contenidos en dicho instrumento público.

    Indica la activadora constitucional que “en lo que respecta al argumento de que el A. está supuestamente mal dirigido, este argumento carece de toda validez y fundamento legal, pues el Artículo 2615 del Código Judicial claramente establece que el A. puede ser presentado en contra de “cualquier servidor público que ha emitido una orden de hacer o no hacer.” De allí que, siendo la Secretaria Judicial, servidora pública, la misma se encuentra legitimada.

    Finalmente argumenta que no admitir la Acción de A. interpuesta es una clara violación al principio de in dubio pro actione, según el cual los principios procesales deben aplicarse en el sentido que favorezca su mayor efectividad protectora respecto de los derechos fundamentales.

  5. CONSIDERACIONES DEL PLENO:

    Una vez expuesto lo anterior, nos corresponde evaluar los argumentos que sustentan el presente recurso; así como los fundamentos legales en que se sustenta la decisión esgrimida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, a fin de dictar la decisión de confirmar la no admisión del A. de Garantías in examine.

    En primer lugar, advierte el Pleno que el A. de Garantías Constitucionales sobre el cual se pronunció el Primer Tribunal Superior de Justicia, en la resolución fechada 20 de agosto de 2018, que ha sido apelada por el amparista, resolvió no admitir la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta por el señor R.R.P.M., en nombre de COMPAÑÍA INVERSIONISTA DEL BARÚ S.A. dentro de la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida en contra el JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, por razón del acto emitido por la Secretaria Judicial del referido Juzgado, Licenciada D.G. consistente en no recibir los escritos que se pretendía presentar al mencionado Despacho Judicial.

    El fundamento del Primer Tribunal Superior de Panamá para no admitir la Acción de A. interpuesta, se da por dos razones; la primera, que al tratarse de actos verbales, el mismo no se probó a través de dos testigos, de conformidad al artículo 48 de la Ley No.135 de 1943. La segunda razón, por falta de legitimación pasiva de la Secretaria Judicial del Juzgado, toda vez que los artículos 2616 y 2617 del Código Judicial, establecen que es en contra del J. que represente el meritado Despacho Judicial, contra quien debe interponerse el A..

    En cuanto al tema de los actos verbales, es cierto que en jurisprudencia del Pleno se ha indicado que es necesario presentar prueba documental preconstituida, consistente en la deposición de dos testigos hábiles, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley No.135 de 1943, aplicada por analogía.

    No obstante, mediante acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de 12 de junio de 2008, se adoptaron varios criterios para la admisión de la Acción de A. de Garantías Constitucionales; entre ellos, “si la orden de hacer o no hacer es verbal no se requerirá como la jurisprudencia lo ha venido estableciendo, la declaración de los dos testigos; bastará con la manifestación expresa de no haber podido obtener dicha orden”, con la posterior comprobación de lo afirmado con el Informe de Conducta de la Autoridad demandada.

    Así fue planteado en la Resolución de Pleno de 7 de abril de 2010, indicándose que:

    En efecto, en causas como la que ahora se examina, jurisprudencia reiterada del Pleno se ha pronunciado en el sentido que, cuando la orden de hacer o de no hacer es de naturaleza implícita o de carácter verbal, a los efectos de su acreditación es necesario presentar prueba documental preconstituida, consistente en la deposición de dos testigos hábiles, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la ley 135 de 1943, aplicada por analogía. No obstante, mediante acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de 12 de junio de 2008, en vías de preservar las nuevas tendencias garantistas de esta Corporación de Justicia, y actualizar las decisiones del Pleno, se adoptaron varios criterios para la admisión de la Acción de A. de Garantías Constitucionales; entre ellos, si la orden de hacer o no hacer es verbal no se requerirá, como la jurisprudencia lo ha venido estableciendo, la declaración de los dos testigos; bastará con la manifestación expresa del amparista de la existencia de dicha orden, con la posterior comprobación de lo afirmado con el informe de conducta de la autoridad demandada.

    (AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA FORENSE JAÉN & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE M.C.E., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER VERBAL, EMITIDA POR LA JUEZ SEXTA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, RAMO PENAL)

    En este sentido, el criterio planteado por el Tribunal Constitucional A-quo en cuanto a los actos verbales y su forma de materialización no es acertado; por tanto, no es razón para que sea considerado como único obstáculo de naturaleza formal que impide su admisibilidad.

    Ahora bien, en cuanto al tema de la falta de legitimación pasiva de la Secretaria Judicial para ser acusada en materia de A. en virtud del acto verbal, consistente en no recibir los escritos ni siquiera por insistencia presentados por el Licenciado J.I.P. dentro del Proceso Oral de Impugnación de Actos promovido por COMPAÑÍA INVERSIONISTA DEL BARÚ S.A. contra R.R.P.M. y TAMBOR S.A., este Pleno comparte el criterio esbozada por el Tribunal Constitucional A-quo.

    En Panamá, el A. de Garantías Constitucionales se interpone contra funcionarios o autoridades con mando y jurisdicción, tal como lo establece el artículo 2616 del Código Judicial, que a la letra dice:

    Artículo 2616: “Son competentes para conocer de la demanda de amparo a que se refiere el artículo 54 de la Constitución Política:

    1- El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República de Panamá o en dos o más provincias.

    2- Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando se trate de actos que procedan de servidores públicos con mando y jurisdicción en una provincia; y

    3- Los Jueces de Circuito, cuando se tratare de servidores públicos con mando y jurisdicción en un distrito o parte de él.

    El conocimiento de estos negocios será de la competencia de los Tribunales que conozcan de los asuntos civiles.

    (lo resaltado es del Pleno)

    Tal como se puede observar, la servidora pública acusada en la presente Acción de A., es la Secretaria Judicial del Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y tal como indica el Tribunal Constitucional A-quo, es una funcionaria pública, que no cuenta con mando y jurisdicción; pero la misma es una funcionaria judicial que se encuentra sujeta a un superior jerárquico que en el caso en particular es el J.d.D.J., quien sí tiene mando y jurisdicción en parte del Primer Distrito Judicial; siendo en todo caso contra éste último, que se debe interponer la Acción de A. de Garantías Constitucionales, por ser el representante legal del Juzgado donde ocurrió el acto verbal, independientemente si tiene conocimiento o no del acto ocurrido.

    Es por ello que, la falta de legitimación pasiva de la Secretaria Judicial del Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, si constituye un obstáculo de naturaleza formal que impide la admisibilidad de la presente Acción de A., por lo que el Pleno procede a confirmar la resolución apelada.

    En otro orden de ideas, y es importante manifestárselo al amparista, que el desistimiento que presentó su apoderado legal, Licenciado J.I.P., debe contar con el cumplimiento de los artículos 634 y 1102 del Código Judicial, que establecen:

    Artículo 634: “Los poderes generales para pleitos otorgan al apoderado las facultades necesarias para entablar y seguir el proceso hasta su conclusión, como si fuere el poderdante, pudiendo reconvenir y ejercer todos los derechos otorgados a éste, en su calidad de litigante.

    Pero para recibir, comprometer, allanarse a la pretensión del actor, desistir del proceso y terminarlo por transacción o celebrar convenios que impliquen disposiciones de derechos en litigio, se requiere que el apoderado principal o sustituto designado por la parte esté autorizado para ello mediante facultad expresa.

    Artículo 1102: “No pueden desistir:

    1. Los incapaces por sí o por sus representantes legales, salvo que el J. los autorice con conocimiento de causa, la cual podrá ser obtenida en trámite incidental dentro del mismo proceso.

    2. Los curadores ad litem y los defensores de ausentes;

    3. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello; y

    4. Los agentes del Ministerio Público ni los representantes del Estado.” (Lo destacado es del Pleno)

    Se le indica al Licenciado J.I. PINO que todo apoderado judicial que comparece al proceso, en representación de su poderdante a través de poder debidamente constituido con arreglo a las formalidades y requisitos legales, es colaborador de la administración de justicia como lo señala el artículo 619 del Código Judicial.

    Pero el mismo Código Judicial indica que los poderes para pleitos otorgan al apoderado las facultades necesarias para entablar y seguir el proceso hasta su conclusión. No obstante para desistir, entre otras actuaciones, se requiere que el apoderado designado por la parte esté autorizado para ello mediante facultad expresa, tal como lo exige el artículo 634 lex cit.

    El apoderado judicial es colaborador del Órgano Judicial, y en ejercicio de sus funciones debe guardársele respeto y consideración, y su finalidad es para lograr así, una armonía de colaboración entre el J. y las partes; por ello las actuaciones del apoderado judicial deben ser cónsonas a las normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico.

    El Pleno observa que el desistimiento del Recurso de Apelación, no cumple con uno de los requisitos de admisión que la ley exige para tales efectos, pues de las constancias en autos se evidencia que el Licenciado J.I.P., no se encuentra facultado para desistir; así se puede observar, cuando entre las facultades del Poder Especial otorgado por el señor R.R.P.M., Apoderado General de COMPAÑÍA INVERSIONISTA DEL BARÚ S.A. (foja 2) no se encuentra facultado para desistir.

    Así las cosas, resulta improcedente que el Pleno formule pronunciamiento alguno en torno a la solicitud de desistimiento del Recurso de Apelación por no cumplir con lo requerido en el artículo 1102 del Código Judicial. En consecuencia, esta Corte Suprema de Justicia procederá a inadmitir el escrito presentado por el Licenciado J.I.P..

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 20 de agosto de 2018, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que NO ADMITE la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por Compañía Inversionista del Barú S.A. mediante apoderado judicial contra el acto emitido por la Secretaria Judicial del Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá; y NO ADMITE el escrito de DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN, presentado por el Licenciado J.I.P..

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- GISELA AGURTO AYALA -- WILFREDO SÁENZ FERNÁNDEZ -- LUIS R. FÁBREGA S. -- JERÓNIMO MEJÍA E.

    YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)