Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 17 de Septiembre de 2019

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución17 de Septiembre de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 17 de septiembre de 2019

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 465-19

Vistos:

En grado de apelación ha ingresado al conocimiento del Pleno de esta Corporación de Justicia, la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado R.P.P., en representación del señor J.A.A.C. contra el Auto AE-09 proferido por la J. Novena de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del Acta de Audiencia Preliminar No.16 celebrada el 15 de febrero de 2018.

La resolución contra la cual se presenta el recurso de apelación que ocupa al Pleno, es la decisión proferida el 5 de abril de 2019 por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual no concedió la acción constitucional propuesta por el recurrente J.A.A.C..

Procede el Pleno a la decisión del recurso formulado, previo a lo cual se dejan expuestos los antecedentes del mismo.

Antecedentes

Consta en autos que el Licenciado R.P.P., apoderado judicial del señor J.A.A.C., propuso acción constitucional de amparo de garantías fundamentales contra el Auto AE-09 proferido por la J. Novena de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del Acta de Audiencia Preliminar No.16, celebrada el 15 de febrero de 2018, por estimar que el mismo viola, en perjuicio de su mandante, las garantías fundamentales consagradas en el artículo 32 de la Constitución Política, en relación con el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, el apoderado judicial del amparista alega que la norma constitucional fue violentada de manera directa por comisión, toda vez que la J. demandada abrió causa criminal contra su representado por el delito contra el patrimonio económico, sin que haya sido el resultado de la investigación criminal y no se le haya formulado cargos por dicho delito en el acto de audiencia preliminar por el F. de la causa. Que al actuar así, se ha conculcado el derecho al debido proceso de su mandante, toda vez que se ha incumplido las formalidades procesales correspondientes o el juzgamiento conforme a los trámites legales, desconociendo sus derechos constitucionales.

Por su parte, la licenciada J.E.U.R., J. Novena de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, remitió el informe requerido respecto de los hechos materia de la acción, en el cual señala que en efecto el Ministerio Público ordenó la detención provisional del señor J.A.A.C., sin embargo, en dicha Providencia no se dejó sin efecto formulación de cargo alguna. Que si bien, mediante V.F. No.138 de 31 de enero de 2017, el Ministerio Público recomendó al ente jurisdiccional que emitiera llamamiento a juicio en contra del señor A., por ser presunto infractor del delito contra la Libertad e Integridad Sexual, en la modalidad de violación carnal, agregó la J. acusada que es la autoridad jurisdiccional quien tiene que atender a la formulación de cargos, toda vez que la Vista F., es una recomendación que efectúa el F. al ente jurisdiccional, siendo este último quien está facultado para calificar el mérito legal del sumario.

La acción constitucional en comento fue resuelta por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 5 de abril de 2019, por la cual no concedió la acción presentada al considerar que la calificación del sumario es un acto eminentemente jurisdiccional y que fue llevada a cabo por la J. demandada, luego de la valoración tanto de los elementos fácticos, como de las actuaciones adelantadas por el Ministerio Público; y se encuentra fundamentada en las normas sobre calificación del sumario recogidas en el Código Judicial, las cuales son aplicables a la controversia.

Adicionalmente, expuso el Tribunal A quo que el artículo 2197 del Código Judicial dispone la celebración de una audiencia preliminar para que el Tribunal de la causa decida el mérito legal del sumario. Que a igual conclusión se llega, si se analiza lo controvertido a la luz de las disposiciones del Código Procesal Penal, por cuanto esta normativa, en su artículo 5 expresamente dispone que las funciones de investigación están separadas de la función jurisdiccional, mientras que a través de su artículo 6 garantiza la independencia interna y externa de los jueces; teniendo así, que el Ministerio Público investiga y ejerce la acción penal, mientras que es al J. a quien le corresponde la tarea de juzgar, siendo independiente en su ejercicio.

Fundamento de la Apelación

El escrito de apelación reposa de foja 56 a 59 del cuaderno de amparo, en el cual, el apoderado judicial del accionante insiste en que al ser llamado su poderdante a juicio por un delito, no siendo el resultado de la investigación sumarial dirigida por el F. de la causa, como titular de la acción penal, se infringe el debido proceso.

En ese sentido, aduce que no le asiste razón al Tribunal a quo, en virtud que al fallar así desconoció que el día 19 de enero del año 2017, la F.ía Primera de Descarga del Circuito de Panamá, dictó la Providencia de Detención No.005-17 por la cual ordenó la detención preventiva de J.A.C., únicamente por el delito contra la libertad sexual y desiste de imputarle cargos por el delito contra el patrimonio y la consecuencia procesal de esa decisión por el F. de la causa, como titular de la acción penal, es revocar o dejar sin efecto la orden de indagatoria antes citada.

Asimismo, señala que el funcionario F. envía sendos oficios dirigidos a los Directores de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial para que procedan con la detención preventiva de J.A. CORRALES, por la presunta comisión de delito contra la Libertad Sexual en perjuicio de la señora C.B.H. y les adjunta copia de la Providencia de 19 de enero de 2017, visible a folios 139 y 140 del dossier.

Agrega, que el Tribunal A quo no observó que el F. Primero de Descarga, una vez concluidas las investigaciones, emite la Vista F. No.138 de 31 de enero de 2017, mediante la cual solicita la apertura de causa criminal en contra de J.A. CORRALES por el supuesto delito contra la Libertad Sexual, en su modalidad de violación, en perjuicio de C.B.H..

Continua señalando el recurrente que realizado el Acto de Audiencia preliminar y darle la palabra a la representante del Ministerio Público, con el fin de sustentar su vista F., pide sea llamamiento a juicio únicamente por el delito Contra la Libertad Sexual, sin embargo, la J. demandada, contrariamente, no acepta lo solicitado por la F. de la causa y dicta el Auto No.AE-09 de 15 de febrero de 2018; y al calificar el mérito del sumario, abrió causa criminal en contra de J.A. CORRALES por los supuestos delitos contra la Libertad Sexual y contra el Patrimonio Económico, éste último no pedido por el Ministerio Público.

En definitiva, el apoderado judicial del recurrente considera que al ser llamado a juicio J.A., por un delito, no siendo el resultado de la investigación sumarial dirigida por el F. de la causa como titular de la acción penal, se infringe el debido proceso, al cual tiene derecho su poderdante.

  1. Consideraciones y Decisión del Pleno

En virtud de la promoción del recurso de apelación, corresponde pronunciarnos respecto a la decisión vertida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y, por tanto, determinar si la misma se adecua a lo dispuesto en las normas legales sobre la materia.

Se observa que las violaciones constitucionales que alega el recurrente en su libelo de amparo, van dirigidas a la infracción del artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá y del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo análisis se hará de manera conjunta, toda vez que el amparista, en su escrito, alude a que la vulneración del segundo, está vinculado con la infracción del debido proceso.

En primer lugar, es necesario señalar que las garantías objetivas del debido proceso han sido claramente delimitadas por jurisprudencia reiterada de esta Superioridad. En este sentido, de acuerdo con el principio de estricta legalidad procesal, la administración de justicia debe ejercitarse conforme a los trámites establecidos en la Ley. Esto implica, el acatamiento de las formalidades básicas o esenciales que rigen la actividad jurisdiccional, por lo que, deben asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso, de contradecir las aportadas por la contraparte, y de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

En este sentido, la Corte Suprema ha definido que el contenido esencial del debido proceso, se integra con los derechos de ser juzgado por tribunal competente independiente e imparcial preestablecido en la Ley, permitir la bilateralidad y contradicción, aportar pruebas en su descargo, obtener una sentencia de fondo que satisfaga las pretensiones u oposiciones, la utilización de los medios de impugnación legalmente establecidos, y que se ejecute la decisión jurisdiccional proferida cuando ésta se encuentre ejecutoriada. Forma también parte del núcleo de la garantía que ocupa al Pleno el derecho a que el tribunal, para proferir su decisión, satisfaga los trámites procedimentales que sean esenciales, es decir, en adición a aquellos que ya han sido destacados, los que, en general, de restringirse de manera arbitraria o de negarse, producen en el afectado una situación de indefensión, por lesionar los principios de contradicción y bilateralidad procesales.

En el caso en estudio, el acto impugnado constituye la decisión adoptada por la J. Novena de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el acto de audiencia preliminar No.16, celebrado el quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), dentro del proceso penal seguido a J.A.A.C. sindicado por el delito genérico contra la Libertad e Integridad Sexual (violación) y por el delito contra el Patrimonio Económico (robo) en detrimento de C.B.H..

Esta Superioridad advierte que la inconformidad del recurrente se fundamenta en que, a su juicio, la decisión adoptada por la J. demandada, vulnera el debido proceso, al haber llamado a juicio a JAHMEL ARAÚZ por un delito que no fue el resultado de la investigación sumarial dirigida por el F. de la causa, como titular de la acción penal. Además, señala que el Tribunal A quo no observó que el F. Primero de Descarga, una vez concluidas las investigaciones, emitió la Vista F. No.138 de 31 de enero de 2017, mediante la cual solicitó la apertura de causa criminal en contra de J.A. CORRALES por el supuesto delito contra la Libertad Sexual, en su modalidad de violación, en perjuicio de C.B.H.; y desiste de imputarle cargos por delito contra el Patrimonio, siendo la consecuencia procesal de esa decisión por parte del F. como titular de la acción penal, revocar o dejar sin efecto la orden de indagatoria antes dictada.

No obstante, este Tribunal de alzada coincide con el criterio esgrimido por el Tribunal A quo en el sentido que en ningún momento la F.ía Primera de Descarga dejó de lado o desistió, en la providencia de detención, del supuesto delito de robo en contra de la señora C.B.H..

En primer lugar, se hace necesario dejar constancia que es la F.ía Auxiliar de la República, quien dio inicio a la investigación de los hechos denunciados por la señora C.B.. Sin embargo, como quiera que los mismos guardaban relación con la supuesta comisión de un delito contra la Libertad e Integridad Sexual, se dispuso remitir las actuaciones a la F.ía Cuarta de Descarga del Primer Circuito Judicial de Panamá, especializada en delitos contra la Libertad Sexual, quien asumió el conocimiento de las sumarias en averiguación (crf. fs.43 y 47 de los antecedentes)

Posteriormente, en virtud de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio y el cierre de la F.ía Cuarta de Descarga, se remitió la actuación a la agencia de instrucción, en turno, para que continuase con las investigaciones, quedando radicadas en la F.ía Primera de Circuito de Descarga del Primer Circuito Judicial, quien continuó con las investigaciones a fin de acreditar la existencia del hecho punible y determinar la autoría del mismo.

Seguidamente, se observa de foja 134 a 138 de los antecedentes que guardan relación con la acción constitucional que nos ocupa, la PROVIDENCIA DE DETENCIÓN No.005-17 de 19 de enero de 2017, por la cual la F.ía Primera de Circuito de Descarga del Primer Circuito Judicial de Panamá, en la parte motiva, dejó expuesto lo siguiente:

Mediante Providencia Indagatoria No.81 dictada por la F.ía Cuarta de Descarga del Primer Circuito Judicial de Panamá, fechada cinco (05) de agosto de dos mil dieciséis (2016), se dispuso formularle cargo a J.A.A.C., con cédula de identidad panameña N° 8-907-1347, por la presunta comisión del delito CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRUDAD SEXUAL Y CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO, genéricamente definido en el Capítulo I, Título III del Libro Segundo del Código Penal, Artículo 174 y el Capítulo II, T.V. del mismo Código, en perjuicio de C.B.H.. (subraya el Pleno)

Tal y como expuso el Tribunal A quo, esta parte introductoria permite colegir claramente que al amparista se le formularon cargos por la supuesta comisión de los delitos contra la libertad sexual y contra el patrimonio económico, de los cuales se dispuso recibirle declaración indagatoria.

A continuación, esta agencia de instrucción hace referencia, en esta misma Resolución de Detención, que "al estudiar las piezas que conforman el sumario, podemos observar que la conducta bajo estudio se encuentra tipificada en nuestro ordenamiento jurídico como delito CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL, específicamente VIOLACIÓN regulado en el Libro Segundo, Título III, Capítulo I artículo 174 del Código Penal y el Capítulo II, T.V. del mismo Código," en éstos últimos apartados del Código Penal, se puede verificar que hacen referencia al delito de robo, el cual, según la F.ía, se encuentra debidamente acreditado con los siguientes elementos de prueba:

"Con la declaración de la señora C.B., quien mediante su testimonio prueba la propiedad y preexistencia de los artículos que le fueron robados el día 14 de mayo del presente año, donde fue abusada por tres sujetos (fs.09)" (resalta el Pleno - Cfr. f.134)

Igualmente, las consideraciones de la resolución en comento, dan cuenta que la vinculación del amparista con el hecho punible, surge "Del señalamiento directo que hace en su contra la señora C.B. quien manifestó que el día 14 de mayo del presente año fue retenida por tres sujetos los cuales le robaron y abusaron sexualmente de ella, logrando reconocer a uno de los sujetos era el joven llamado J.A.,..." (f.137).

Lo antes expuesto, le permite al Pleno concluir que, contrario a lo que alega el recurrente, la F.ía Primera de Descarga, en ningún momento desistió de imputarle cargos a J.A. por el delito contra el Patrimonio. Por el contrario, se observa que por medio de la Providencia de Indagatoria #81 de 5 de agosto de 2016, la F.ía Cuarta de Descarga del Primer Circuito Judicial de Panamá, siendo consecuente con los elementos de prueba que acreditaban el hecho punible y la probable vinculación del señor J.A.A.C., dispuso lo siguiente:

PRIMERO

Recibirle declaración indagatoria a J.A.A.C., con cédula de identidad No.8-907-1347, por la presunta comisión del delito CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL y CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO, contenidas en el Título III, Capítulo I, Libro II, Artículo 174 del Código Penal y el Capítulo II, T.V. del mismo Código, en perjuicio de la señora C.B.H..

Visto lo anterior, se demuestra que al sindicado A.C., ciertamente se le ordenó recibirle indagatoria por la presunta comisión de ambos delitos; ordenándose, a la vez, su conducción a la agencia de instrucción para dar cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva de la providencia en comento.

Sin embargo, las constancias procesales revelan que, como quiera que el ahora amparista no compareció a rendir declaración indagatoria, a pesar de los ingentes esfuerzos por parte de la F.ía para su conducción, se ordenó la detención preventiva de J.A.A.C., a través de la Providencia de Detención No.005-17 de 19 de enero de 2017, ya comentada anteriormente.

Inclusive, observa esta Superioridad que previo a la orden de detención, el amparista J.A. CORRALES otorgó poder al licenciado I.C.R.C., para que en su nombre y representación actuara dentro del proceso penal seguido en su contra por los supuestos "DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL (Libro II, Título III, Capítulo I) y CONTRA EL PATRIMONO ECONÓMICO (Libro II, Título I Capítulo II) en perjuicio de C.B.H." (Cfr. f. 123) Es decir, desde aquel momento (26 de agosto de 2016) el amparista tuvo conocimiento de la formulación de cargos por ambos delitos.

Del mismo modo, se advierte que en momentos que el señor A.C. fue capturado por unidades de la policía (6 de abril de 2017), ya la F.ía Primera de Descarga del Primer Circuito Judicial de Panamá, había concluido y dispuesto la remisión de las sumarias (Expediente No.1462-16), a la autoridad jurisdiccional correspondiente, por medio del Oficio No.2607/ Exp.1462-16/DB de 7 de abril de 2017. Por ello, no fue posible realizar la diligencia indagatoria al señor A.C..

Siendo ello así, esta Corporación de Justicia Constitucional, estima que no le asiste razón al apoderado judicial del amparista, cuando afirma que el acto impugnado en sede constitucional subjetiva, viola el debido proceso, cuando se decide abrir causa criminal por el delito contra el patrimonio económico, por parte de la juez demandada, toda vez que, quedó claramente establecido, por medio de la Providencia Indagatoria #81 de 5 de agosto de 2016, que la F.ía Cuarta de Descarga del Primero Circuito Judicial, dispuso recibirle declaración indagatoria al señor J.A.A.C., por la presunta comisión de los delitos contra la Libertad e Integridad Sexual (violación) y contra el Patrimonio Económico (robo).

Visto desde la perspectiva antes descrita y teniendo presente que la violación al debido proceso la centra el amparista contra lo dispuesto por la J. demandada en el Auto No. AE-09 de 15 de febrero de 2018, podemos concluir que no se logra acreditar la contravención al principio del debido proceso legal establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, pues, tal como se desprende del caso en estudio, en el acto de audiencia donde se profiere la decisión acusada, la autoridad al momento de otorgarle la palabra a la representante del Ministerio Público para que vertiera sus alegatos y si, en efecto, variaría su Vista F., o si se mantenía con la formulación de cargos, esta última manifestó lo siguiente: "Señora J., nos vamos a mantener con la formulación de cargos emitida por parte de la F.ía Cuarta de Descarga de Circuito"; que no es más que aquella contenida en la Providencia de Indagatoria #81 de 5 de agosto de 2016, en la cual se le formulan cargos por la supuesta comisión de los delitos de violación y robo. (Cfr. fs. 103-107)

Por otro lado, alega el recurrente que el Tribunal A quo no observó que el F. Primero de Descarga, una vez que concluyó con las investigaciones, emitió la vista F. No.38 de 31 de enero de 2017, solicitando la apertura de causa criminal en contra de J.A.C., sólo por el supuesto delito contra la Libertad Sexual, en su modalidad de violación.

No obstante, se advierte que, contrario a ello, el Tribunal Superior realizó un exhaustivo análisis con relación a la facultad legal que le corresponde a la autoridad jurisdiccional para calificar o resolver el sumario. Así, a foja 51 del expediente se observa que el Tribunal A quo, hizo referencia a que "El artículo 2197 del Código Judicial, dispone la celebración de una audiencia preliminar para que el Tribunal de la causa decida el mérito legal del sumario" Asimismo, hizo alusión a que la calificación del sumario es una facultad exclusiva del J., la cual, si bien debe tomar en consideración los elementos contenidos en la instrucción sumarial, no está restringida o limitada a la recomendación que se emita en la vista fiscal. Añadió, que siendo un acto eminentemente jurisdiccional, aunado a que la calificación llevada a cabo por la J. demandada fue producto de la valoración tanto de elementos fácticos, así como de las actuaciones adelantadas por el Ministerio Público y encontrándose fundamentada en las normas sobre calificación del sumario, recogidas en el Código Judicial, correspondía la denegación de la acción constitucional que nos ocupa.

Por consiguiente, observa el Pleno que el Tribunal A quo, no ignoró o desconoció la circunstancia advertida por el amparista, sino que realizó una distinción entre la facultad jurisdiccional del J. de la causa, frente a las actuaciones llevadas a cabo por el agente de instrucción, verificando que, en todo momento, a lo largo del desarrollo de la investigación se garantizó el respeto de las garantías fundamentales que le asisten a las partes.

En definitiva, no se evidencia, de acuerdo con todo lo planteado, una violación al debido proceso argüido por el apoderado judicial del amparista J.A.A.C., ya que, en primer lugar, se verifica que desde el inicio de la investigación se le formularon cargos como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I Título III del Libro II del Código Penal, es decir, por el delito contra la Libertad e Integridad Sexual, en la modalidad de Violación; y por las disposiciones legales contenidas en el Capítulo II, T.V., del Libro II del Código Penal, es decir, por el delito contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Robo; y, por otro lado, que según los artículos 2197 y 2201 del Código Judicial, la calificación del sumario le corresponde al J. de la causa, en este caso, la J. Novena de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Por consiguiente, debe esta Superioridad concluir que no le asiste razón al apelante, pues las constancias procesales revelan que la J. Novena de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, en la sesión de 15 de febrero de 2018, sustanció la solicitud u objeción formulada por el apoderado judicial del ahora amparista, con relación al llamamiento a juicio de su representado únicamente por el delito contra la Liberta e Integridad Sexual, y no por el delito contra el Patrimonio Económico, acorde a lo que dispuso el F. en su Vista No.138; disponiendo la J., que se encontraba acreditado el hecho punible y la probable vinculación del imputado en ambos delitos y que se reúnen los presupuesto mínimos establecidos en la Ley, para abrir causa criminal en contra de J.A., por considerarlo infractor de las disposiciones legales referentes a los citados delitos de violación y robo.

Siendo esta la situación, considera la Corte que en la presente causa no se ha vulnerado garantía fundamental alguna, en la medida que de conformidad con las constancias que obran en el expediente, se observa que el mismo se ventiló conforme a los trámites legales sin violentar, pretermitir o desvincularse del sistema de fuentes y principios establecidos por el ordenamiento jurídico aplicable al caso, como sostiene el amparista.

En este orden, no se aprecia falta de apego a los trámites legales por parte de la autoridad demandada; en contrario, el estudio de las constancias procesales que acompañan la acción constitucional propuesta, permite determinar que en este caso no existe evidencia de que se hayan desconocido trámites procedimentales esenciales, que provoquen la conculcación de los derechos que alega la amparista, correspondiendo confirmar la resolución recurrida.

En consecuencia, el Pleno concluye que el amparista no ha probado los cargos de violación contra los artículos 32 de la Constitución Política de la República y 8 de la Convención Americana de los Derecho Humanos planteados; y, por tanto, lo que procede es confirmar la Sentencia venida en grado de apelación.

En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 5 de abril de 2019, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual denegó la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licenciado R.P.P. en representación de J.A.A.C. contra el Auto AE-09 proferido por la J. Novena de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del Acta de Audiencia Preliminar No.16 celebrada el 15 de febrero de 2018.

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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