Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 21 de Febrero de 2019

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución21 de Febrero de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: P.

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 21 de febrero de 2019

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 1230-18

VISTOS:

La Corte Suprema de Justicia, P., conoce de la acción de amparo de garantías constitucionales, en grado de apelación, presentada por la firma forense Cubillas & Asociados Corp. apoderada judicial de A.R.R. y N.L.O.A. contra la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en resolución de 15 de octubre de 2018, a través de la cual no concedió la acción de garantía incoada contra la decisión adoptada por el Juez de Garantías de Chiriquí, Licenciado E.J.P. en la audiencia de control de derechos fundamentales en favor de Canal Bank, S.A. dentro de la carpetilla N°201700025249 contentiva de la causa penal promovida por A.R.R. por la presunta comisión de delito contra la fe pública.

RESOLUCIÓN APELADA

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en resolución de 15 de octubre de 2018, decidió no conceder la acción constitucional de conformidad con lo que citamos en lo medular:

"...esta Sala considera que no es procedente la concesión de la acción que nos ocupa, pues dicha decisión fue adoptada por el Juez de Garantías, toda vez que con anterioridad se había aplicado Medidas de Protección, con base a lo establecido en el artículo 333 numeral 9 del Código Procesal Penal, violentando derechos a terceros como lo es Canal Bank, ya que dicha entidad bancaria era la beneficiaria de un fideicomiso de tres fincas a saber: finca 1152, inscrita al tomo 119, folio 158, con código de ubicación 4501, finca 455, inscrita al rollo 25620, documento 9, con código de ubicación 4501 y finca 369, inscrita al rollo 25620, documento 9, con código de ubicación 4501 de la sección de la propiedad del Registro Público de Chiriquí pertenecientes a Bienes Raíces Superiores, y puede existir riesgo de crédito por esas medidas.

El juez de garantías demandado basó su decisión además, en el hecho de que el Juez de Garantías que aplicó Medidas de Protección, lo hizo basado en los artículos 331, 332 y 333 del Código Procesal Penal, y es que este fundamento legal por el cual se motivó dicha audiencia, está dado exclusivamente para delitos de "violencia doméstica, libertad sexual y los que se ven afectadas (sic) las seguridad (sic) de las personas y las víctimas"; es decir, que el delito de Falsedad, no encaja en ninguno de los presupuestos señalado (sic) en la norma y este tipo penal por el cual se presentó una denuncia, no querella, no afecta ni la libertad ni la integridad, categoría de delitos donde se requiera la protección y seguridad, lo cual no erije (sic) en los delitos de falsedad.

En otro orden, el amparista indica que la decisión del funcionario demandado violenta las garantías del debido proceso recogidas en el artículo 32 constitucional; toda vez que no existe documento que demostrara la constitución como Tercero Afectado, tampoco presentó en que (sic) consistía la afectación que sufría Canal Bank, S.A., por lo que considera que en base a ello se debió negar la petición de supuesta afectación de derechos fundamentales.

Sin embargo, el artículo 603 del Código Judicial, permite que quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial que pueda verse afectado desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como tercero interesado, como coadyuvante de ella.

Igualmente el artículo 106 del Código de Procedimiento Penal establece lo siguiente:

'Artículo 106. Tercero afectado. Se entiende por tercero afectado la persona natural o jurídica que según las leyes no se encuentra obligada a responder penal ni civilmente por razón del hecho punible, pero mantiene una afectación patrimonial en el proceso.'

Además, debemos recordar que en el nuevo sistema procesal penal prevalece la oralidad, dejando de lado la formalidad, por lo que consideramos que la decisión dictada por el funcionario demandado notificada en acto de audiencia no vulnera las garantías y derechos fundamentales de las partes.

Con relación a lo señalado por el amparista que es deber del Juez de Garantías velar para que se cumplan estas garantías; el mismo resolvió dicha solicitud basado en lo establecido en el Artículo 44 del Código Procesal Penal..."

POSICIÓN DEL RECURRENTE

El accionante sostuvo en el recurso de apelación que disiente de la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial según las siguientes consideraciones:

En primer lugar adujo, que sí se vulneró el derecho al debido proceso toda vez que se había concedido una medida de protección a la víctima previamente por parte de un juez de garantías, sin embargo, el juez acusado decidió levantarla para otorgársela a un tercero afectado (Canal Bank. S.A.), pero no debidamente constituido en el proceso penal al no demostrar la afectación al patrimonio a la que aludió, dejando así a la víctima en estado de indefensión según el artículo 20 del Código Procesal Penal (CPP).

Por otro lado señaló, que el juez de garantía demandado no motivó la decisión, puesto que no explicó las razones por la cuales se consideró la afectación de los derechos y garantías del tercero, Canal Bank, S.A., omisión ésta que deviene en injustificada y vulnera el derecho al debido proceso, además, era su deber permitirle a la víctima y al tercero conocer porqué se ordenó al Registro Público a través del Ministerio Público, levantara la medida de protección establecida sobre las tres fincas.

En este contexto agregó, que la decisión demandada resulta arbitraria y contraria a lo que dispone el artículo 63, numeral 4 del C.P.P.

Atendiendo a lo esbozado, el accionante solicitó a esta Superioridad que revoque la decisión de primera instancia adoptada en la resolución de 15 de octubre de 2018.

INTERVENCIÓN DE TERCERO INTERESADO

Canal Bank, S.A. a través de su apoderada judicial la forma forense W. & Associates presentó escrito de intervención de tercero interesado en la que solicitó que se confirme la resolución de 15 de octubre de 2018 del tribunal a-quo.

Para sustentar su requerimiento manifestó, que el 2 de mayo de 2017 el Licenciado A.R.R. en su propio nombre presentó denuncia por la presunta comisión de delito contra la fe pública y sustracción de documentos, puesto que el 20 de marzo de 2017 se presentó en la Notaría Primera del Circuito de Chiriquí un supuesto poder firmado por él, para retirar del Registro Público la escritura pública N° 2205 de 10 de mayo 2016, mediante la cual Bienes Raíces Superiores, S.A. constituyó hipoteca sobre las fincas N°455, 369 y 1152 todas con código de ubicación N°4501 de la sección de la propiedad de la provincia de Chiriquí; denuncia que fue ampliada el 13 de noviembre de 2017 y se admitió querella el 21 de septiembre de 2018.

Indicó asimismo, que dichas fincas desde el año 2010 estaban hipotecadas a Banco Universal, S.A. (actualmente Canal Bank, S.A.) garantizando un préstamo, luego fueron dadas en fideicomiso a favor de Canal Bank, S.A. en calidad de fideicomisario o beneficiario; lo que se encuentra acreditado en la carpetilla contentiva de la investigación penal, con copia de la escritura pública N°10584 de 30 de diciembre de 2016 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá por medio de la cual Canal Bank, S.A. cancela préstamo como garantía fiduciaria a J.H.C.L. por la suma de B/.2,365,000.00 sobre las referidas fincas.

Además señaló, que a solicitud del señor A.R.R., como denunciante, en el mes de mayo de 2018 el Juez de Garantías de Chiriquí decretó medida de protección consistente en inscribir una marginal sobre la fincas enunciadas en el Registro Público de la Sección de la Propiedad provincia de Chiriquí, sin que a esa fecha se hubiera formulado imputación a alguna persona por parte del Ministerio Público.

Al respecto precisó el tercero interesado, que dicha medida de protección fue contraria al artículo 333, ordinal 9 del CPP, puesto que afecta únicamente a Canal Bank, S.A. como beneficiaria del fideicomiso, motivo por el cual tiene legitimidad para intervenir como tercero según el artículo 106 lex cit., toda vez que es acreedor de un crédito bancario y beneficiario del fideicomiso constituido sobre las fincas mencionadas.

Agregó a lo anterior, que esta medida de protección fue levantada por el Juez de Garantías de Chiriquí acusado en esta acción constitucional, porque es del criterio que el artículo 333, numeral 9 del CPP no aplica para los delitos de falsedad y sustracción de documentos, lo que incumple con los presupuestos establecidos en dicha norma procesal penal.

Igualmente acotó, que un denunciante no está legitimado para solicitar secuestro, al no estar legitimado y no garantizar con fianza los posibles daños y perjuicios.

Puntualizó también, que los bienes de un fideicomiso constituyen un patrimonio separado de los bienes personales del fiduciario (deudor del banco), por lo que no podían ser secuestrados ni embargados.

Así las cosas, esgrimió que la decisión del Juez de Garantías acusado de levantar la medida de protección no lesionó el derecho al debido proceso, puesto que se dictó en audiencia con la participación de todas las partes, debidamente motivada, razones por las cuales solicitó a este P. que se confirme la decisión de primera instancia adoptada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

DECISIÓN DEL PLENO

Procede esta Superioridad a emitir su pronunciamiento luego de haber examinado el acto acusado, la decisión de primera instancia, los argumentos que sustentaron el recurso de alzada, así como lo expuesto por el tercero interesado.

En primer lugar anotamos, que el acto acusado en esta acción constitucional es la decisión adoptada por el Juez de Garantías de Chiriquí en audiencia celebrada el 21 de septiembre de 2018, mediante la cual ordenó al Ministerio Público que solicitara al Registro Público levantara la medida de protección decretada el 10 de mayo de 2018, consistente en la marginal anotada en las fincas N°455, 369 y 1152 todas con código de ubicación N°4501 de la sección de la propiedad de la provincia de Chiriquí.

Esta decisión fue sustentada en la afectación de los derechos fundamentales de Canal Bank, S.A., como tercero interesado, siendo esta entidad bancaria la beneficiaria de fideicomiso constituido sobre las fincas enunciadas.

El juez acusado además esgrimió, que el fundamento de derecho utilizado por parte del juez de garantías que decretó la medida de protección no era aplicable a la situación jurídica examinada, al tratarse de delito de falsedad, el que no encaja en los presupuestos establecidos en el artículo 333 del CPP, que dispone que estas medidas solamente proceden en los delitos de violencia doméstica, delitos contra la libertad sexual, maltrato a personas menores de edad, lesiones personales y trata de personas, así como en los delitos donde se pueda ver afectada la seguridad personal de la víctima.

Por otra parte vemos, que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial no concedió esta acción de garantía, porque es del criterio que de conformidad con lo que señalan los artículos 331, 332 y 333 del CPP las medidas de protección solo son aplicables a los delitos de violencia doméstica, libertad sexual y en los que se vea afectada la seguridad de las personas y las víctimas, por tanto, el delito de falsedad por el cual se presentó la denuncia y no querella, no encaja en ninguno de estos presupuestos, asimismo manifestó, que el delito denunciado no afecta la libertad ni la integridad, siendo ésta la categoría de hechos punibles en los que se requiere la protección y la seguridad, lo que no erige en los delitos de falsedad.

En lo concerniente a la intervención del tercero interesado arguyó el tribunal de primera instancia, que el artículo 603 del Código Judicial permite que quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial que pueda verse afectado de forma desfavorable, si dicha parte es vencida podrá intervenir en el proceso como tercero interesado como coadyuvante. Asimismo, citó lo que establece el artículo 106 del CPP.

Expresó por último, que en el nuevo sistema procesal penal prevalece la oralidad, así, el juez de garantía dictó su decisión, la que fue notificada en el acto de audiencia lo que no vulnera las garantías y derechos fundamentales de las partes.

Puntualizado lo anterior, observamos como antecedentes luego de examinadas las constancias incorporadas en el cuadernillo y de haber escuchado el audio contentivo de la audiencia celebrada el 21 de septiembre de 2018, que el 10 de mayo de 2018 el Juez de Garantías de Chiriquí aplicó medida de protección consistente en anotación de marginal en el Registro Público en las fincas N°455, 369 y 1152 todas con código de ubicación N°4501 de la sección de la propiedad de la provincia de Chiriquí, con fundamento en el artículo 333, numeral 9 del CPP, en virtud de solicitud presentada en la causa penal por el delito contra la fe pública denunciado por los señores A.R.R. y N.L.O.A..

Cabe indicar que los denunciantes, A.R.R. y N.L.O.A., se constituyeron en querellantes el 21 de septiembre de 2018, el mismo día en que se dictó el acto que es objeto de esta acción constitucional. También se expuso en la audiencia, que a esa fecha no se había realizado imputación a alguna persona en dicha causa penal.

Ahora bien, debemos citar lo que establece el artículo 333, numeral 9 del Código Procesal Penal:

Artículo 333. Medidas especiales de protección a la víctima de violencia doméstica y otros delitos.

En los delitos de violencia doméstica, delitos contra la libertad sexual, maltrato a personas menores de edad, lesiones personales y trata de personas, así como en los delitos donde se pueda ver afectada la seguridad personal de la víctima, el F., el Juez de Garantías, el Juez Municipal o el Tribunal de Juicio podrá aplicar cualesquiera de las siguientes medidas protectoras:

...

9. Comunicar al Registro Público, a la Oficina de Reforma Agraria o a la autoridad correspondiente, según sea el caso, para que impida la disposición, por cualquier título, del bien inmueble que constituya el domicilio familiar.

De la interpretación de este precepto legal se entiende de forma diáfana que estas medidas especiales de protección se aplicarán a aquellas personas (víctimas) en los hechos punibles de violencia doméstica, contra la libertad sexual, maltrato a personas menores de edad, lesiones personales, trata de personas e igualmente, en los delitos que atenten contra la seguridad personal de la víctima.

Observamos que el listado de los delitos a los cuales se aplican estas medidas especiales de protección, es taxativo, si bien es cierto, en el enunciado se establece "medidas especiales de protección a la víctima de violencia doméstica y otros delitos", ello no implica que puedan aplicarse a víctimas de cualquier de delito, sino que la interpretación es integral de conformidad con el contenido y desarrollo de la norma, que es puntual al determinar el ámbito al que se circunscriben.

De allí constatamos, que la medida de protección especial decretada por el juez de garantías de Chiriquí en audiencia celebrada el 10 de mayo de 2018, a requerimiento de los denunciantes, A.R.R. y N.L.O.A., resultaba improcedente toda vez que el hecho punible denunciado es contra la fe pública (falsificación de documentos en general), por consiguiente, la situación jurídica no se enmarcaba en ninguno de los delitos enlistados en el artículo 333 lex cit.

En tal sentido, estimamos que la decisión adoptada por el Juez de Garantías de Chiriquí acusado, que ordenó al Ministerio Público en audiencia del 21 de septiembre de 2018, solicitara al Registro Público el levantamiento de la marginal anotada sobre las fincas mencionadas, fue conforme a lo que dispone la ley, puesto que su decisión se sustentó en la desatención de lo dispuesto en el artículo 333 referido, al haberse aplicado la medida de protección especial a la víctima de un delito distinto a los enunciados taxativamente.

Con relación a la intervención del tercero interesado, Canal Bank, S.A., persona jurídica que solicitó la audiencia celebrada el 21 de septiembre de 2018 por estimar que se le afectaron sus derechos fundamentales, en la cual se originó que el acto que se demanda, se constata que el juez de garantías acusado, sí sustentó en el artículo 106 del CPP su intervención en la causa penal al estimar que con la anotación de marginal en las fincas referidas se afectó su patrimonio económico, al ser beneficiaria de un fideicomiso constituido sobre esas fincas.

Contrario a lo expuesto por el activador constitucional luego de haber escuchado el audio contentivo de la audiencia de 21 de septiembre de 2018, consideramos que el juez de garantías de Chiriquí sí expuso las razones o motivos por los cuales no procedía la aplicación de la medida de protección especial en la causa penal, análisis que lo condujo a tomar la decisión de ordenar al agente de instrucción que solicitara al Registro Público se levantara; e igualmente, esgrimió porqué Canal Bank, S.A. estaba legitimado para intervenir como tercero interesado y cómo dicha medida afectaba su patrimonio.

Sumado a lo anterior, el juez acusado refirió que la víctima puede hacer valer sus derechos a través de otros remedios procesales.

Por consiguiente, se ha constatado que le juzgador demandado cumplió con su deber de motivar sus actuaciones, tal como lo prevé el artículo 63, numeral 4 del Código Procesal Penal.

Así las cosas, coincidimos con la motivación del tribunal de primera instancia en la cual sostuvo la decisión de no conceder la presente acción de garantía, al considerar que el juez de garantías acusado no vulneró los derechos o garantías fundamentales del accionante puesto que adoptó una decisión conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Cabe dejar sentado que la normativa procesal penal dispone de acciones, medios o remedios procesales para que la víctima de un hecho punible pueda ejercer de forma efectiva los derechos que le asisten.

Observa este P., que el tribunal de primera instancia no se pronunció respecto a la intervención del tercero interesado Canal Bank, S.A. en esta acción constitucional, razón por la cual debemos manifestar que se encuentra debidamente legitimado, atendiendo a que fue la persona jurídica a favor de quien se levantó la medida de protección especial, siendo éste el acto que originó la presentación de esta acción de amparo de garantías constitucionales, por lo tanto, procede admitirlo como tal y así será declarado.

De conformidad con los motivos debidamente explicados, corresponde confirmar la decisión de 15 de octubre de 2018 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que no concedió la acción de garantía propuesta contra la decisión del Juez de Garantías de Chiriquí adoptada en audiencia celebrada el 21 de septiembre de 2018.

PARTE RESOLUTIVA

En virtud de lo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

ADMITE como tercero interesado a Canal Bank, S.A. dentro de la presente acción de amparo de garantías constitucionales.

CONFIRMA la decisión de 15 de octubre de 2018 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que no concedió la acción de amparo de garantías constitucionales incoada contra la decisión del Juez de Garantías de Chiriquí adoptada en audiencia celebrada el 21 de septiembre de 2018, dentro de la carpetilla N°201700025249 contentiva de la causa penal promovida por A.R.R. por la presunta comisión de delito contra la fe pública.

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

YANIXSA Y. YUEN C.

(Secretaria General)

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