Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 11 de Marzo de 2019

PonenteEfrén Cecilio Tello Cubilla
Fecha de Resolución11 de Marzo de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: P.

Ponente: Efrén Cecilio Tello Cubilla

Fecha: 11 de marzo de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 996-15

VISTOS:

El Licenciado J.A.Q.R., actuando en nombre y representación de MARIO E.M.B., ha interpuesto ante esta Corporación de Justicia, Acción de A. de Garantías Constitucionales contra la Resolución fechada 11 de septiembre de 2015, emitida por la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual Solicita al Tribunal Electoral el levantamiento del Fuero Penal Electoral que goza M.E.M.B. y se suspende la instrucción del sumario que se le sigue por presunto delito contra la administración pública en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional, hasta tanto el Tribunal Electoral autorice a la Fiscalía para continuar con la referida investigación.

El amparista sostiene en los hechos de la demanda que al señor M.M.B. y otros se les sigue una instrucción penal por la presunta comisión de delito contra la administración pública en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional, en ese sentido, la Fiscalía instructora advirtió que su poderdante gozaba de fuero penal electoral, por haber laborado como miembro principal en la Junta Nacional de Escrutinio, en representación del partido Cambio Democrático, durante las elecciones generales de 2014, por lo que procedió a solicitar al Tribunal Electora el levantamiento del fuero penal electoral, quien mediante Acuerdo de Sala 8-1 de 9 de febrero de 2015, levantó el fuero penal electoral al señor MARIO E.M.B., además, mediante Resolución fechada 3 de marzo de 2015, la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación dispuso continuar la instrucción sumarial contra el señor M.B..

Agrega el actor, que mediante Resolución fechada 11 de septiembre de 2015, la Fiscalía Primera Anticorrupción nuevamente dispuso solicitar al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral al señor MARIO E.M.B. y suspender nuevamente la instrucción del sumario hasta tanto se decidiera la petición de desafuero, aduciendo que su representado goza de un nuevo fuero penal electoral, por haber sido postulado como candidato al cargo de Convencional (principal) por el Corregimiento de J.D., distrito de Panamá, provincia de Panamá, para las elecciones internas que se celebrarán el 25 de octubre de 2015 en el partido Cambio Democrático.

Continúa relatando el amparista que al suspender por segunda vez la instrucción del sumario, bajo la premisa de que MARIO M.B. goza de un nuevo fuero penal, cuando ya el Tribunal previamente, con relación a la misma causa penal, ha levantado el fuero penal electoral a su patrocinado, la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación vulnera la garantía constitucional del debido proceso y violenta en forma flagrante el derecho a la defensa, en tanto, durante el lapso de la suspensión hace imposible para el señor M.B. la presentación de pruebas de descargos o cualquier otro acto propio del ejercicio de sus derechos en el contexto del proceso penal.

Con respecto a las disposiciones constitucionales que considera el amparista han sido infringidas por el acto censurado, estima que se lesionó el artículo 32 de la Constitución Política, en concepto de violación directa por omisión. Básicamente el activador constitucional sostiene que la infracción se produce al no poder ejercitar su representado el ejercicio del derecho a la defensa, incluyendo el de presentar pruebas de descargo para enervar la imputación, durante el tiempo en que se suspende la tramitación del sumario mientras surte la nueva solicitud de desafuero.

Conocidos los aspectos medulares en los que se fundamenta la presente acción de amparo de derechos fundamentales, procede el P. de esta Corporación de Justicia inmediatamente a hacer un estudio sobre la admisibilidad de dicha acción, atendiendo las normas constitucionales y legales que regulan este proceso, así como los criterios jurisprudenciales que ha emitido la Corte Suprema de Justicia al respecto.

Como se ha podido apreciar, básicamente el amparista censura el hecho que la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación haya suspendido por segunda vez la instrucción del sumario seguido al señor M.E.M.B. y otros, hasta tanto se decida la petición de desafuero, aduciendo que el mismo goza de un nuevo fuero penal electoral, por haber sido postulado como candidato al cargo de Convencional (principal) por el Corregimiento de J.D., distrito de Panamá, provincia de Panamá, para las elecciones internas que se celebrarán el 25 de octubre de 2015 en el partido Cambio Democrático.

Ahora bien, antes de siquiera emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión constitucional planteada, conviene realizar algunos comentarios que llaman poderosamente la atención del P. de la Corte.

Y es que el accionante ataca una resolución de la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, por medio de la cual se dispuso solicitar al Tribunal Electoral el levantamiento del Fuero Penal Electoral que gozan MARIO E.M.B. y otros, además de suspender la instrucción del sumario hasta tanto el Tribunal Electoral autorice al referido despacho de instrucción para continuar la investigación. En ese sentido, esta Superioridad se percata que como el amparista cuestiona una actuación del Ministerio Público, directamente de la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, tenía a su haber la utilización del incidente de controversia y no consta en el cuadernillo de amparo que el activador constitucional haya hecho uso de ese medio de impugnación para, luego entonces, poder acudir a la jurisdicción constitucional de amparo.

En ese orden de ideas, el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial establece que la acción de amparo sólo procederá cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate. Se refiere a la vigencia dentro de las acciones de amparo de derechos fundamentales del principio de definitividad de los actos y, sobre este particular aspecto, el P. de esta Corporación de Justicia ha manifestado en reiteradas ocasiones que:

"A juicio del P., la acción de amparo promovida no es viable, al no cumplir con el principio de definitividad de los actos impugnados por la vía de amparo. Este principio, consagrado en el numeral 2 del artículo 2606 (2615) del Código Judicial, establece que la acción de amparo de garantías constitucionales sólo procede contra resoluciones judiciales, cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para impugnarlas" (Registro Judicial, Enero de 2000, pág.4).

Aunado a ello, en Sentencia de 24 de junio de 2011, esta Máxima Corporación de Justicia manifestó lo siguiente:

"En ese sentido debe resaltar esta Colegiatura, que la exigencia del agotamiento de los medios de impugnación, no se traduce en un empeño de este Tribunal de Justicia, sino en la existencia y vigencia de un artículo de ley, específicamente el 2615 numeral 2 del Código Judicial. Dicho numeral se encuentra precedido de una clara acotación sobre la procedencia de la acción de A. de Garantías Constitucionales, donde se señala que ésta "podrá interponerse contra resoluciones judiciales, con sujeción a las siguientes reglas...".

De estas aclaraciones, no cabe cuestionar el sustento jurídico utilizado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, quien además realizó una interpretación que no es contraria a lo que al respecto ha desarrollado esta Corporación de Justicia. Prueba de ellos son los siguientes pronunciamientos judiciales:

"Efectivamente, el artículo 2615 en su numeral 2 establece, para las acciones de amparo, el requisito de que "sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate".

Esto implica que siendo la acción de amparo una instancia extraordinaria y excepcional, reservada para violaciones de derechos constitucionales, y no una tercera instancia, a la misma se debe acudir cuando el agravio que se alega no ha podido ser remediado, en la vía judicial, por los recursos u otros medios ordinarios de defensa que la ley proporciona o contempla para procurar una defensa adecuada de los derechos e intereses de la persona que se siente agraviada.

Dichos recursos o medios de impugnación deben ser surtidos conforme a los trámites legales y decididos en el mérito, para considerar que han sido efectivamente utilizados para acudir a la presentación de este recurso extraordinario. La falta de actividad oportuna del afectado en el ejercicio de su defensa y utilización de los recursos ordinarios, implica que no se ha dado cumplimiento al agotamiento de los medios de impugnación exigido". (A. de Garantías Constitucionales. 14 de septiembre de 2010).

"Las deficiencias señaladas permiten concluir además, que sobre el caso en cuestión no existe hasta el momento un análisis y decisión de fondo, que resulta en esencia lo que le da el carácter de "agotamiento", al trámite o medio de impugnación instaurado. En este aspecto, el criterio sostenido y hasta el momento invariable, es que no se cumple con este requisito, con el solo anuncio o promoción de los recursos o medios de impugnación; muy por el contrario, se requiere de la existencia de un pronunciamiento de mérito sobre lo impugnado, habida cuenta de ser la fórmula en que se concretiza el examen jurídico sobre los vicios señalados y consecuentemente se le da la vida a aquel carácter de extraordinario a la acción de A. de Garantías Constitucionales". (A. de Garantías Constitucionales. 9 de octubre de 2009).

En ese sentido, y como se comentó en párrafos precedentes, el amparista no demostró con la presentación de esta acción de amparo, haber utilizado previamente el incidente de controversia, contenido en el artículo 1993 del Código Judicial, el cual dispone que las actuaciones de los agentes del Ministerio Público podrán ser objetadas por las partes mediante incidente de controversia, el que será resuelto por el Tribunal competente para conocer del proceso. Tales incidentes se tramitarán como los de previo y especial pronunciamiento, sin interrumpir el curso del sumario ni la ejecución de la diligencia objetada, además, la apelación de la resolución que resuelva el incidente se concederá en el efecto diferido y se remitirán los autos al superior, quien decidirá sin más actuación.

A criterio de esta Corporación de Justicia la deficiencia anteriormente anotada, hace imposible seguir con la tramitación de esta acción de amparo de derechos fundamentales, toda vez que no se agotaron los medios ordinarios de impugnación en preferencia de la jurisdicción constitucional.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el Licenciado J.A.Q.R., actuando en nombre y representación de MARIO E.M.B., contra la Resolución fechada 11 de septiembre de 2015, emitida por la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación.

N.,

EFRÉN C. TELLO C.

JERÓNIMO MEJÍA E. (Salvamento De Voto)--- ABEL AUGUSTO ZAMORANO (Voto Explicativo)---O.O.D.R.D.C.E.A.P.C.C.R.A. DE LEÓN BATISTA---H.A.D. (Abstención De Voto)

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)