Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 26 de Diciembre de 2019

PonenteMaría Eugenia López Arias
Fecha de Resolución26 de Diciembre de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: María Eugenia López Arias

Fecha: 26 de diciembre de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 1102-19-

VISTOS:

Conoce el Pleno de esta Corporación de Justicia del recurso de apelación interpuesto dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la Licenciada J.d.S.G.S., F.P. Superior de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá, contra el acto de audiencia de nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), celebrado por el Juzgado Segundo Penal de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro de la Carpeta No. 201881170397.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA:

El Primer Tribunal Superior de N. y Adolescencia de Panamá mediante Resolución de dos (2) de octubre de dos mil diecinueve (2019) (fs. 95-114), al decidir la acción de amparo en cuestión, dijo en lo medular lo siguiente:

"...cabe señalar que las decisiones atacadas, vía amparo, se ciñen a dos actuaciones del tribunal de primera instancia. Así tenemos que la primera decisión tomada por el juez primario se basó en negar la práctica de una nueva evaluación psiquiátrica al adolescente A.R.A. y la segunda en negar la lectura de la evaluación psiquiátrica realizada al mismo adolescente en el acto de audiencia de juicio oral, siendo éstas las decisiones en contra de las cuales se incoa las presentes Acciones de A. de Garantías Constitucionales, puesto que en atención a lo dispuesto en el artículo 117 de nuestro Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, las mismas resultan inapelables, por lo que no cabía recurso alguno y resultaba viable la interposición de las presentes acciones extraordinarias, por cuanto que se invoca que se afectó el debido proceso y el aseguramiento de los derechos individuales y sociales.

Dicho lo anterior, es imperativo dejar sentado que en atención a que se tratan de dos Acciones de A. de Garantías Constitucionales, mismas que fueron previamente acumuladas, debido a que tratan sobre un medio de prueba a practicarse en fase de juicio oral, específicamente una evaluación psiquiátrica, esta Judicatura procederá a resolver las mismas de conformidad al orden en que fueron interpuestas, en lo que nos avocaremos a continuación.

Siendo así, observa esta Colegiatura que la amparista solicita en la primera Acción de A. de Garantías Constitucionales que se revoque la orden de no hacer contenida en la decisión adoptada por el J. demandado en acto de audiencia de juicio oral celebrada el día nueve (9) de septiembre de 2019, debido a que el juez ordenó que no se realizara una nueva evaluación psiquiátrica al adolescente, puesto que el acusado no consentía ser objeto de un nuevo estudio psiquiátrico.

Bajo este compás y luego de escuchar el audio de la Audiencia de Juicio Oral, así como de realizar un examen cuidadoso a los planteamientos esbozados por la F.ía Primera de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá en la presente Acción de A., como por el J. demandado en la presente Acción Constitucional, corresponde verificar si la decisión tomada por el funcionario demandado, consiste en no ordenar la nueva práctica de un estudio psiquiátrico al adolescente A.R.A. debido a que éste no daba su consentimiento para la práctica del mismo, produce alguna vulneración de los principios constitucionales recogidos en los artículos 17 y 32 de nuestra Carta Magna.

De ahí que a este Tribunal Superior de N. y Adolescencia, constituido en Tribunal de A., le atañe determinar si la decisión que motivó la presente Acción Constitucional fue resuelta ajustándose a los preceptos legales correspondientes, que la misma no fue arbitraria y que no vulnera ninguna garantía constitucional.

Partiendo de tal situación, tenemos que las disposiciones contenidas en la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, que rigen lo referente al Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, se encuentran guiadas por una serie de garantías y principios, entre los cuales se encuentran el Principio de la responsabilidad penal y la capacidad de culpabilidad y el Derecho a ser informado, según lo establece la precitada ley especial.

Dicho lo anterior, se tienen que estas garantías confieren al adolescente que es vinculado en la comisión de un hecho punible, máxime si se trata de la presunta comisión de un delito de homicidio, a que el juez penal de adolescente al momento de decidir sobre la responsabilidad penal del mismo tome en cuenta todas las circunstancias que afectan esa responsabilidad, en particular, la capacidad de comprender la ilicitud del hecho cometido, así como la capacidad de determinarse conforme a esa comprensión.

Asimismo el adolescente imputado tiene derecho a recibir información clara y precisa de acuerdo con el grado de desarrollo de su entendimiento de parte de la autoridad judicial especial competente, acerca de cada una de las acusaciones procesales que desarrollen en su presencia, así como del significado y las razones de las decisiones de manera que se cumpla con la finalidad educativa del proceso penal de adolescentes (artículo 4 de la Ley 40 de 1999).

Ahora bien, en el caso en concreto, tenemos que la amparista arguye que habida cuenta de que el J. Segundo Penal de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá, ante su solicitud de realizar una nueva evaluación psiquiátrica al joven A.R.A., manifestó que autorizaba la misma, siempre que el adolescente y de paso se vulneró lo concerniente a la protección de los ciudadanos panameños dentro del territorio nacional, con respecto a la protección de la vida, honra y bienes, en este caso, a los familiares de la víctima del delito.

Siendo así, esta Superioridad estima pertinente acotar varias circunstancias al respecto. En primer lugar, es importante destacar que del audio de la audiencia celebrada el día nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se aprecia que al adolescente acusado A.R.A., había sido evaluado por el doctor J.A.F., médico psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, empero, el doctor F. dejó de laborar en dicha institución. Cabe anotar que el médico psiquiatra fue citado para que compareciera al acto de audiencia de juicio oral para que la evaluación efectuada por éste fuera introducida en dicho acto a través de su presentación oral, con la finalidad de ser examinado y repreguntado por las partes. No obstante, el psiquiatra forense en varias ocasiones presentó certificados de incapacidad debido a su grave estado de salud, siendo que el mismo no podrá comparecer al juicio ya que no puede recibir fuertes impresiones.

De ahí que ante tal situación la F.ía Primera Superior de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá, solicitó al juez de la causa de manera excepcional que se le efectuara una nueva evaluación psiquiátrica forense al acusado A.R.A. en vista de que el perito forense F. no podría comparecer al juicio para la introducción oral de la experticia realizada por éste.

En ese sentido, es imperativo dejar sentado que, en este caso, la F.ía Superior de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá, cumplió con lo establecido en el artículo 103 del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, en cuanto a su deber de ordenar la realización del estudio médico psiquiátrico, pues los delitos que se le imputan al joven A.R.A., son los de homicidio doloso y robo.

En cuantro (sic) a este aspecto, es importante destacar que aún cuando el proceso penal de adolescentes se ha estado llevando a cabo bajo los parámetros del nuevo modelo procesal penal (Ley 63 de 2008), ello no es óbice para desatender lo establecido en nuestra ley especial, misma que prima sobre la ley ordinaria.

En este caso, vale apuntar que el estudio médico psiquiátrico tendrá un valor equivalente a un dictamen pericial, el cual deberá ser valorado conforme a las reglas de la sana crítica, siendo que la ausencia del perito que lo haya realizado debe ser apreciada por el juez en la sentencia.

Ahora bien, como es sabido nuestra más Alta Corporación de Justicia en sendos fallos emitidos en pleno sobre este tema, ha indicado que toda vez que el proceso penal de adolescentes tiene tres finalidades primordiales, la educación del individuo en los principios de la justicia, la defensa de la sociedad y la seguridad ciudadana, y la resocialización de los infractores, los mismos requieren que el adolescente al cual se le imputa la supuesta comisión de un hecho punible se mantenga presente a lo largo del proceso penal, precisamente, para poder cumplir con ese proceso pedagógico en los principios de la justicia y de llegar a ser sancionado poder ser resocializado. Siendo así, es indispensable contar con la voluntad del adolescente procesado, pues el Estado no puede ejercer ningún tipo de coerción sobre la voluntad del mismo, pues debe ser manifestado libremente (Fallo del 9 de octubre de 2017, bajo la ponencia del Magistrado J.M..

Por otro lado, vale la pena resaltar que si bien los adolescentes que son sujetos a un proceso penal gozan de los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes de la jurisdicción ordinaria, así como lo establecido en la Ley 40 de 1999, no menos cierto es que las víctimas del delito con igualmente dignas de protección en cuanto a sus derechos fundamentales. Sin embargo, es preciso dejar sentado que, en este caso, el debate se centra en la nueva realización de un estudio médico psiquiátrico que, dicho sea de paso, ya constaba dentro del proceso y constituye un derecho que tiene el adolescente de que se compruebe su capacidad de culpabilidad y que ello sea tomado en consideración por el juez de la causa al momento de decidir sobre la responsabilidad penal del mismo.

Por tanto, es menester tomar en consideración que nuestro Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, se define como especial por los sujetos a quienes se les aplica y sus especiales condiciones de desarrollo físico, intelectual y afectivo. De ahí que la Ley especial prima sobre la Ley ordinaria, aún cuando se pueda aplicar ésta última en atención a la supletoriedad, pues la aplicabilidad de las normas ordinarias solo tienen lugar en el proceso penal de adolescentes ante aquellas materias afines que no se encuentren expresamente reguladas por éste régimen, siendo que no siempre se tendrá la posibilidad de utilizar figuras e instituciones del proceso penal de adultos, tal como lo ha venido expresando nuestra más Alta Corporación de Justicia en sendos fallos sobre este tema.

Sobre este aspecto, es importante reiterar que nos encontramos ante una jurisdicción especial, misma que contiene sus propios principios, derechos, garantías y reglas, siendo que nuestra normativa especial minoril contempla lo referente a la capacidad de culpabilidad, la cual si bien en la jurisdicción ordinaria se presume, en el proceso penal minoril debe comprobarse. Siendo así queda claro, en el presente caso, que el Ministerio Público cumplió con su deber de solicitar la realización del estudio psiquiátrico, sin embargo, por una situación extraordinaria como lo es la no comparecencia en juicio oral del especialista que realizó el examen psiquiátrico al joven A.R.A., pidió al juez de la causa se hiciera una excepción y ordenara una nueva práctica del estudio con otro médico psiquiatra forense, dejándose clara su preocupación por dicha situación, consistente en el derecho del adolescente que se le compruebe su capacidad de culpabilidad.

Antes tales supuestos, considera este Tribunal Superior, constituido en Tribunal de A. que toda vez que el juez de la causa en acto de audiencia de juicio oral estimó como viable la nueva realización del estudio médico psiquiátrico del joven A.R.A., ello en aras de salvaguardar sus derechos y garantías constitucionales y legales, debido a que la causa ya se encontraba en fase de fondo y correspondía a éste tomar una decisión respecto a la situación a él planteada, por lo que si consideró ordenar lo propio, esto es, la práctica del estudio psiquiátrico, lo procedente era que, en efecto, se mantuviera con la decisión.

Ello por cuanto que el juez acusado en Informe enviado a este Tribunal de A., indicó que su decisión procuró un balance entre las circunstancias que lo llevaron a considerar la práctica de una nueva evaluación psiquiátrica forense, pues, a su criterio, por un lado se encontraba la carga procesal y probatoria que tiene el ente acusador y ponderar que las ha asumido y procurado cumplir con oportunidad y debida diligencia, pero, por el otro lado, que con ello no se afecte innecesaria o desproporcionadamente los derechos y garantías de las persona acusada. Lo cierto es que como ya advertimos el hecho de procurar que conste en el proceso un estudio médico psiquiátrico para nada vulnera derechos o garantías del procesado adolescente A.R.A., pues, de hecho, lo que se busca con ello es que se tenga certeza de su capacidad de culpabilidad al momento de que el juez de la causa decida sobre su responsabilidad penal, por lo que esta Superioridad estima que la actuación del juez demandado resultó ser a todas luces contradictoria.

Esto es así, debido a que por un lado consideró viable la realización del estudio psiquiátrico y, por el otro, dejó en manos del adolescente tal destino, pues ante la negativa de éste, finalmente decidió no autorizar lo propio. Es importante tener presente que la solicitud del Ministerio Público se basó en que el juez de la causa emitiera una orden para la realización del estudio, en caso de considerarlo viable, pues recordemos que en esencia el legislador al momento de establecer lo concerniente al estudio psicosocial en nuestro Régimen Especial de Responsabilidad para la Adolescencia, específicamente, el artículo 103, estableció que la práctica de estos exámenes psiquiátricos, psicológicos y sociales, debían ser ordenadas por el Ministerio Público.

Por tanto, el deber de ordenar las mismas, en este caso, era del juez debido a la etapa en la que se encontraba el proceso, siendo que éste aceptó como viable la realización de las mismas, lo que fue debidamente motivado por éste (como ya hemos venido advertiendo [sic]), siendo que ello denotaba, ante tal situación, que lo procedente era que se mantuviera la orden de la realización de las mismas, pues con ello no se vulneraban ni derechos ni garantías fundamentales. Ahora bien, es importante aclarar que dicho deber de ordenar la realización de las evaluaciones forenses, es sin perjuicio de que el adolescente, en efecto, se realice el examen con el especialista.

Lo anterior, aunado al hecho de que el adolescente acusado A.R.A., en todo momento ha sido asistido por su defensa técnica, pues existe una delgada línea entre el derecho que tiene el procesado a ser informado por el juez de la causa de todo lo que se suscite dentro del proceso penal de adolescentes y dejar en manos del adolescente encartado la posible decisión del juez de ordenar o no una actuación, pues no se puede dejar tal destino a su arbitrio, máxime que como ya hemos mencionado la ley le da facultad al juzgador para ordenar la práctica de cualquier prueba tendiente a beneficiarlo (artículo 110 de la Ley 40 de 1999).

Siendo así, este Tribunal Superior de N. y Adolescencia enfatiza que no es lo mismo que el adolescente tenga derecho al momento de que se le vaya a realizar el estudio médico psiquiátrico de negarse hacérselo a que éste previamente manifieste su negativa y que ello incida en lo dispositivo de la decisión del juez, pues solo bastaría con que el adolescente se niegue a dichas prácticas psiquiátricas y psicosociales antes de que se ordenen por el ente competente y facultado para ello, para que no consten las mismas y, en su defecto, tengan consecuencias procesales que podrían dar al traste con el proceso que se les siga, pues se debe tener presente que los principios que salvaguardan las garantías penales y procesales especiales de los adolescentes, deben ser valorados en su justa medida, pues al realizar interpretaciones sumamente extensivas de dichas garantías, se puede facilitar la impunidad, la cual a todas luces resulta injustificada, so pretexto de la violación de un derecho consagrado por ley, sin que en primer lugar se hubiera comprobado de manera fehaciente que, en efecto, dicha vulneración existiese.

Ahora bien, por otro lado esta Superioridad considera oportuno instar al Ministerio Público a que en lo sucesivo, esto es, que de presentarse una situación parecida a la ya expuesta en la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales, proceda en la etapa correspondiente, es decir, en la de investigación a buscar mecanismos para que el adolescente sea evaluado y no postergar dicha posibilidad hasta la etapa de juicio, por economía procesal.

Por todo lo expuesto, concluye esta Judicatura, constituída (sic) en Tribunal de A., que la decisión emitida por el J. demandado vulneró garantías fundamentales referentes al debido proceso legal y el aseguramiento de los derechos individuales y sociales, pues con su decisión desconoció derechos que tienen los particulares (víctimas del delito) de que se les proteja en su vida, honra y bienes, pues el delito fue supuestamente causado en su perjuicio, por lo que la decisión emitida por éste debe ser revocada, ya que con la decisión adoptada se desconoció una formalidad fundamental, previamente establecida en la legislación procesal como lo es el Principio de Legalidad contenido en el artículo 2 de nuestro Código de Procedimiento Penal y en los artículos 17 y 32 nuestra Constitución Nacional".

LA APELACIÓN DEL TERCERO INTERESADO:

La Licenciada D.G.J., defensora pública designada al adolescente A.R.A., anunció y sustentó el recurso de apelación contra la Resolución de dos (2) de octubre de dos mil diecinueve (2019) emitida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia de Panamá, por medio de la cual se concedió el amparo de garantías constitucionales promovido por la F.P. Superior de Adolescentes de Panamá y se ordenó la práctica de una nueva evaluación psiquiátrica forense al adolescente acusado.

Señala la apelante que la prueba que se ordenó practicar reviste de suma importancia en el régimen especial de responsabilidad penal de adolescentes previsto en la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, dado que en el proceso penal de adolescentes la imputabilidad se tiene que probar a través de la capacidad de comprensión del implicado.

Explica que el numeral 11 del artículo 16 de la Ley 40 de 1999, establece que el J. al momento de sentenciar tiene que tomar en cuenta la capacidad de comprensión del adolescente al momento de los hechos. Según explica, ésta norma en concordancia con el artículo 103 de mismo texto legal, exige que en los delitos de homicidio y robo sea necesario el estudio médico psiquiátrico y psicosocial del adolescente, como también lo dispone el artículo 126, donde se establece como uno de los supuestos y criterios para la determinación de la sanción aplicable, la capacidad de comprender la ilicitud de los hechos cometidos.

La defensora arguye que el día quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019) se realizó en el Juzgado Segundo Penal de Adolescencia de Panamá la audiencia intermedia, en la que se dictó el Auto de Apertura No. 001-2019 que admitió como prueba al perito J.F., quien fue el que realizó la evaluación psiquiátrica al adolescente A.R.A.

Refiere que el doctor J.F. dejó de laborar en el Instituto de Medicina Legal el día quince (15) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), luego de renunciar al cargo que ocupaba, por lo que el Ministerio Público debió prever realizar al adolescente una nueva evaluación psiquiátrica a través de los especialistas correspondientes, durante el término de prórroga de la investigación, que vencía el día dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019).

Indica que en el proceso constan las notas recibidas en el juzgado de la causa desde el día dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019), expedidas por el médico J.F., mediante las cuales certificaba que a su edad de 77 años estaba cursando problemas de hipertensión arterial sistemática, enfermedad diverticular del colon y artrosis en ambas rodillas, y que por estas razones se le recomendó el retiro de sus actividades profesionales para evitar agravar las lesiones que padece.

Considera la recurrente que antes de que se venciera el término de prórroga de la investigación y antes de que se presentara el escrito de acusación, que se dio el día veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), ya se tenía conocimiento de la renuncia del doctor J.F. y de su estado de salud, por lo que era en la etapa intermedia que el Ministerio Público le correspondía dilucidar la nueva evaluación del adolescente en lugar de plantearse al culminar la evacuación de las pruebas.

Advierte que el día diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019) inició el juicio oral dentro de la causa seguida al adolescente A.R.A y luego de la evacuación de todas las pruebas el día nueve (9) de septiembre, la fiscal presentó ante el juez de la causa una serie de argumentaciones buscando se admitiera lo que no se procuró en tiempo oportuno, pues consta que luego de diversas citaciones el médico psiquiatra J.F., presentó certificados de incapacidad demostrativos de su estado de salud.

Sostiene la defensora recurrente que ésta se opuso a la petición de la fiscalía y luego entonces el juez puso en conocimiento del adolescente el artículo 25 de la Constitución y le preguntó "si se practicaría una nueva evaluación", a lo que éste respondió que no se la realizaría, razón por la cual la fiscal promovió un primer amparo.

Estima la apelante que al momento que la fiscalía propuso la nueva evaluación psiquiátrica del adolescente, el tiempo para realizar este tipo de diligencias había vencido. Por tanto, recuerda que con base en el artículo 141 del Código Procesal Penal se tiene claramente establecido que en el juicio sólo pueden ser introducidas las pruebas admitidas en el auto de apertura, el cual no se puede vulnerar introduciendo pruebas al finalizar el juicio oral.

Plantea que el día trece (13) de septiembre en la continuación del juicio oral, la fiscalía solicitó al juez de la causa se considerara presentada la prueba a través de la lectura de la evaluación psiquiátrica. Sin embargo, dicha petición fue negada por el juez sobre la base de que dicha prueba en su momento fue admitida en el auto de apertura como una prueba pericial. Esta decisión también fue impugnada por la fiscalía vía amparo, acción que fue acumulada al primer amparo.

Alega que conforme al artículo 103 de la Ley 40 de 1999, el F. de Adolescentes deberá ordenar la realización de un estudio médico psiquiátrico y psicosocial del adolescente a quien se le imputa la comisión de un hecho punible. Igualmente, el artículo 104 hace referencia a que los especialistas que suscriban el estudio tienen la obligación de presentarse el día de la audiencia para que las partes puedan repreguntar junto al juez sobre el estudio y sobre las respuestas que ofrezcan los especialistas en dicho acto.

También menciona la recurrente que de acuerdo con el artículo 413 del Código Procesal Penal, los peritos deben presentar sus conclusiones oralmente en el juicio, de manera que en este caso es el doctor J.F. quien ha debido introducir en juicio la prueba, permitiéndose así el contradictorio y la inmediación con la misma.

Observa que el Tribunal Superior de N. y Adolescencia en su decisión aludió a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 40 de 1999 relacionado por la posibilidad de dictar autos de mejor proveer. No obstante, refuta la apelante que en ninguna de las audiencias el juez de la causa hizo referencia a dicha norma. En este caso, el juez ordenó la práctica de una nueva prueba el día nueve (9) de septiembre, cuando el juicio oral inició el diecinueve (19) de junio. Es decir, que se procedió de manera contraria a lo establecido en la Ley, en cuanto señala que el juez de la causa está facultado para ordenar la práctica de pruebas antes de la audiencia.

Por lo demás, señala la defensora pública que el Tribunal Superior al utilizar el artículo 110 de la Ley 40 de 1999 en lugar de las normas del Código Procesal Penal, está procediendo en contra del principio de favorabilidad del adolescente. Y plantea que al encontrarnos en un sistema penal acusatorio, el juez no tiene la facultad de ordenar pruebas de oficio, dado el principio de separación de funciones previsto en el artículo 5 del Código Procesal Penal.

LA OPOSICIÓN A LA APELACIÓN:

Por su parte, la F.P. Superior de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá, encargada, a través de libelo visible a foja 124 a 129 manifestó que dada la situación excepcional por la incapacidad del médico J.A.F., quien renunció al Instituto de Medicina Legal, es que solicitó al J. Segundo Penal de Adolescentes, la práctica de una nueva evaluación psiquiátrica al adolescente A.R.A. con el fin de establecer si el mismo tiene o no capacidad de comprensión; solicitud que se hizo cuando el proceso se encontraba ya avanzado porque fue a último momento que se conoció que el doctor J.F. no podía participar del acto de audiencia.

Considera la fiscal que con dicha evaluación no se vulneran derechos ni garantías del adolescente ni se violenta el principio de no autodiscriminación.

Señala que la no comparecencia del doctor F. a la audiencia es una situación excepcional y como tal no hay regulación al respecto, por lo que viéndose en necesidad de resguardar los derechos del adolescente, pero también de la víctimas, que en este caso, lo son de un delito grave como es el de homicidio doloso agravado y contra el patrimonio económico (robo) en perjuicio de L.J.P.T. y el local comercial Mini Market City

Considera la fiscal que la actuación del J. Penal de Adolescente, al admitir la práctica de una nueva evaluación psiquiátrica, primeramente, y luego dejar a la opinión del adolescente si aceptaba o no practicarse la evaluación, es violatoria al artículo 17 de la Constitución, ya que con esta decisión no se están garantizando los derechos de las víctimas.

De igual manera sostiene que siendo la evaluación psicosocial obligatoria en el proceso de adolescentes, es contrario a la garantía del debido proceso que no se practique.

CONSIDERACIONES DEL PLENO:

En virtud de la promoción del recurso de apelación, corresponde a este Pleno pronunciarse con respecto a la decisión vertida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia de Panamá, por medio de la cual se concede el amparo de garantías constitucionales propuesto contra la decisión del J. Segundo Penal de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá y se ordena su revocación.

En este sentido, vemos que la defensora pública del adolescente A.R.A. cuestiona el fallo del Tribunal Superior, bajo la consideración de que desconoce que en el sistema penal acusatorio no es dable la práctica de pruebas a través de medidas de mejor proveer, que en este caso, además, afectarían el principio de favorabilidad que beneficia al adolescente sometido a proceso.

Sostiene la recurrente que en el Auto de Apertura No. 001-2019 se admitió la prueba concerniente a la evaluación psiquiátrica del adolescente realizada por el médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, J.F., a quien le correspondía introducir la prueba en juicio y no a otro perito, pues el artículo 141 del Código Procesal Penal es claro cuando señala que en el juicio solamente pueden ser introducidas las pruebas admitidas en el auto de apertura.

Alega que ante la situación personal del doctor J.F., al Ministerio Público debió prever la realización de una nueva evaluación psiquiátrica del adolescente, pero dentro del término de prórroga de investigación que se le concedió y no en la etapa avanzada en la que solicitó.

Por su parte, la F. Superior de N. se opone a la apelación, señalando que cuando solicitó en juicio la nueva evaluación psiquiátrica del adolescente se debió a una situación excepcional, dado el hecho que por la situación de salud del médico que evaluó al adolescente, éste no puede presentarse a juicio, situación de la que se conoció en esa etapa procesal y no antes.

Plantea la fiscal que la no aceptación de nueva evaluación hace desconocer los derechos de las víctimas y vulnera los artículos 17 y 32 de la Constitución.

Ante lo expuesto, el Pleno es del criterio que la decisión del Tribunal Superior de N. y Adolescencia es ponderada y ajustada a los parámetros constitucionales.

Esta Corporación no observa impedimento legal alguno para que se realice una nueva evaluación psiquiátrica al adolescente procesado, ya que como bien dijo el Tribunal a quo, el artículo 110 de la Ley 40 de 1999, faculta al juez para ordenar la práctica de cualquier prueba que pueda esclarecer los hechos o beneficiar al adolescente; facultad que, además, tiene su reflejo en el Código Procesal Penal, en el artículo 386, según el cual:

"Si con ocasión de la rendición de una prueba en el juicio surge una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hubieran sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiera sido posible prever su necesidad".

En el asunto en examen, vemos que la evaluación psiquiátrica realizada al adolescente A.R.A. se llevó a cabo por un médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien por condiciones de salud dejó de trabajar en dicho Instituto y no pudo comparecer al acto de audiencia oral.

Se observa también que el juez de la causa rechazó la posibilidad de introducir en juicio el contenido de la evaluación a través de su lectura y que la misma no se aportó en su momento como prueba documental.

Lo anterior pone en evidencia que estamos ante una situación sobrevenida en el proceso en donde se hace necesario una nueva evaluación, siendo que no se tiene posibilidad de que el perito que originalmente evaluó al adolescente pueda acudir al acto de audiencia, situación que hace que no se pueda reconocer la veracidad del estado de comprensión del adolescente hasta tanto se practique dicha evaluación.

Para el Pleno no puede considerarse que con la nueva práctica de la evaluación psiquiátrica se esté procurando la producción de un elemento probatorio desfavorable para el adolescente procesado, pues, de lo establecido en el artículo 103 de la Ley 40 de 1999 y de las características que está legislación resguarda se desprende con claridad que se trata de una evaluación orientada a establecer las posibilidades o no de responsabilidad penal y sus circunstancias (atenuadas o agravadas).

En tal sentido, se manifestó esta Corte en fallo de nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017):

"El estudio que regula el artículo 103 de la Ley 40 de 1999 es un estudio importante, que coadyuva a la determinación de la capacidad de comprensión que tenía el menor al momento de cometer el delito que, como se ha visto, se presume. Pero no es la única forma de lograr esa determinación (Las circunstancias que rodean un hecho, unido a la prueba de la conducta anterior, coetánea y posterior pueden servir a tales efectos). De ahí que el mayor interesado en que se realice esa diligencia, en caso de que se quiera alegar que el menor actuó sin esa capacidad o con merma de ésta, es el menor y/o su defensa.

Por tanto, los adolescentes pueden negarse a que se les realicen ese estudio, pues el Estado de Derecho no puede obligarlos a que se lo practiquen, pero tampoco puede el adolescente tener el poder de hacer irrealizables las finalidades que justifican el establecimiento del procedimiento penal de adolescentes, algunas de las cuales operan en favor del mismo adolescente y de la sociedad a la que pertenece".

En adición a lo señalado, cabe mencionar que tampoco se aprecia que con la práctica de dicha reevaluación, el adolescente pueda quedar en indefensión, ya que con respecto a ésta podrá ejercer el contradictorio y el derecho a defensa por conducto de su representación pública.

Por lo antes expuesto, debe confirmarse la resolución impugnada, a lo que se procede.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito de las consideraciones antes expuestas, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de dos (2) de octubre del dos mil diecinueve (2019), emitida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia de Panamá, que CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por la Licenciada J.d.S.G.S., F.P. Superior de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá, y en consecuencia REVOCA la decisión proferida por el Juzgado Segundo Penal de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el Acto de Audiencia de nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), dentro de la Carpeta No. 201881170397.

N. y devuélvase,

MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- H.A.D.L.B.-.H.A.D.G..

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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