Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 7 de Abril de 2020

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución 7 de Abril de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 07 de abril de 2020

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 46-2020

VISTOS:

La Corte Suprema de Justicia, conoce de la acción de amparo de garantías constitucionales, promovida por el licenciado V.E.S.P., apoderado judicial de J.L.M.L., contra la Resolución N°910-04-79-CDA de fecha 07 de noviembre de 2019, emitida por la Comisión de Apelaciones Aduaneras de la Autoridad Nacional de Aduanas, que señala lo siguiente:

"RESUELVEN:

CONFIRMAR en todas sus partes el Auto No. 061-2019-AS-ARZOC de 5 de septiembre de 2019, proferido por la Administración Regional de Aduanas, Zona Occidental.

DEVOLVER el cuadernillo a la Administración Regional de Aduanas de procedencia, una vez anotada su salida en los registros correspondientes, para que se prosigan los trámites procesales respectivos.

FUNDAMENTO DE DERECHO

.." (Crf. F.. 27-43 del cuadernillo).

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

El amparista sostiene que el acto demandado vulnera la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Carta Magna, por lo que argumenta que su representado fue investigado y juzgado por entes que ya no forman parte de la estructura administrativa de la Autoridad Nacional de Aduanas, refiriéndose a la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, y a la Comisión de Apelaciones Aduaneras.

En el desarrollo de la demanda, el accionante manifiesta que al sustentar el recurso de apelación contra el Auto No. 061-2019-AS-ARZOC y que fue confirmado por el acto demandado vía amparo, se fundamentó en que el Acta No. 108-2019-017-C.A. de fecha 10 de junio de 2019 emitida por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Economía y Finanzas, señala que el Decreto Ejecutivo No. 155 de 7 de agosto de 1995, que crea el Departamento de Fiscalización Aduanera, está derogado y actualmente el mismo no ha sido reemplazado por otro decreto ejecutivo. El accionante aportó junto con la demanda copia debidamente autenticada del mencionado documento.

Sigue señalando el letrado, que al derogarse el citado decreto ejecutivo la Autoridad Nacional de Aduanas queda sin un ente legalmente autorizado para la persecución de los delitos de contrabando y defraudación aduanera, pues desaparece la Dirección de Prevención y Fiscalización, y todo lo actuado por dicho ente debe ser declarado nulo.

Para el accionante resulta imperativo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia realice un pronunciamiento tendiente a aclarar si las normas aludidas en su demanda mantienen vigencia, esto a efectos de conocer si la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera y la Comisión de Apelaciones Aduaneras tienen vida jurídica o si por el contrario se encuentran derogadas como lo indicó la Comisión Arancelaria del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Acta No. 108-2019-017-C.A.

Finalmente solicitó que se concediera la demanda de amparo y en consecuencia, se revocara y declarara nula la orden de hacer contenida en la Resolución N°910-04-79-CDA de fecha 07 de noviembre de 2019.

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

En esta etapa, corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia pronunciarse respecto a la admisibilidad de la demanda propuesta, de acuerdo con los presupuestos establecidos en los artículos 665, 2615, 2618 y 2619 del Código Judicial, adicionando la jurisprudencia proferida por este máximo tribunal constitucional referente al tema.

Previo al análisis sobre la admisibilidad de la acción, debemos señalar que el amparo de garantías constitucionales está instituida como un mecanismo dispensado por el constituyente, a fin de que todo acto u omisión, patrocinado por servidor público, que pueda afectar, restringir, vulnerar o menoscabar un derecho fundamental, sea objeto de examen de validez en sede judicial.

En cuanto al trámite de sustanciación de este recurso autónomo y extraordinario, es importante que el propulsor de la acción de amparo cumpla con ciertos requerimientos que le den acceso a esta jurisdicción constitucional y pueda en esa medida producirse un pronunciamiento de mérito sobre los cargos de infracción que le atribuye al acto demandado.

En ese sentido, observamos que el amparista indicó el acto impugnado, constituyéndolo la Resolución N°910-04-79-CDA fechada 7 de noviembre de 2019; se describe la autoridad que impartió la orden, siendo la Comisión de Apelaciones Aduaneras; los hechos en que fundamenta su pretensión, medularmente el accionante indicó que a su representado le fue instruido un sumario penal aduanero por entes que no existen jurídicamente, aludiendo a la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, y la Comisión de Apelaciones Aduaneras.

En las constancias procesales se aprecia además, que el acto objeto de amparo confirma la decisión tomada en la resolución denominada Auto No. 061-2019-AS-ARZOC de fecha 5 de septiembre de 2019 y que fue emitido por la Administración Regional de Aduanas de la Zona Occidental, la cual resolvió negar la solicitud de nulidad de todo lo actuado presentada por el apoderado judicial del señor J.L.M.L..

El amparista sustenta que su representado fue notificado de las decisiones descritas en el párrafo anterior, por lo que al ser la Comisión de Apelaciones Aduaneras el ente de segunda instancia en los procesos penales aduaneros, se ha cumplido con el requisito de agotar la vía gubernativa y es viable la acción de amparo de garantías, toda vez que según éste se han vulnerado derechos fundamentales al señor J.L.M.L..

Lo hasta aquí desarrollado, nos permite apreciar que el promotor de la presente acción constitucional en primer lugar, dirige su demanda de amparo contra un acto incorrecto, pues como ha quedado evidenciado la Resolución N°910-04-79-CDA de fecha 7 de noviembre de 2019 no representa un acto original, así como tampoco revoca, reforma o modifica una disposición, sino más bien constituye un acto confirmatorio que avala una decisión tomada previamente por la Administración Regional de Aduanas de la Zona Occidental, siendo este el Auto No. 061-2019-AS-ARZOC calendado 5 de septiembre de 2019.

Lo anterior incide directamente en la admisión de la acción, pues en caso de superarse esta fase y conceder la demanda, el resultado sería ineficaz e improcedente, ya que la concesión no tendría ningún efecto al no enmendar o subsanar la garantía fundamental que estima el amparista le ha sido violada, puesto que la resolución que le negó la solicitud de nulidad avocada se mantendría vigente.

Sobre este tema, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado de forma reiterada que procede la admisibilidad de esta acción de tutela cuando lo que se demanda es un acto originario, toda vez que no es posible impugnar por esta vía, un acto que revalida la decisión adoptada por otro servidor público, en vista de que en caso de darse su revocatoria, subsistiría el acto originario presuntamente lesivo a los derechos fundamentales, no siendo posible reparar el derecho vulnerado.

Tenemos entonces, que en el presente caso deviene una deficiencia que impide la admisión de la acción, ya que la resolución impugnada no encaja en ninguna de las excepciones que se han establecido para permitir que en casos de actos confirmatorios se pueda recurrir en amparo de garantías constitucionales.

Por otro lado, de las argumentaciones del actor se desprende que éste utilizó todos los recursos que tenía a su alcance y agotó de esta manera la vía gubernativa, en ese aspecto conviene advertir al amparista que el hecho de utilizar los medios impugnativos previstos en la Ley no constituye elemento suficiente para reclamar vía amparo, pues más que el agotamiento de los recursos legales, lo que corresponde es que el amparista ilustre de manera clara al tribunal constitucional de qué forma el acto que se ataca vulnera las garantías fundamentales del accionante.

Siguiendo esa línea, el promotor de esta acción no logró transmitir a este Pleno que en la causa bajo estudio se hayan conculcado garantías fundamentales al accionante, pues sus alegaciones no denotan a prima facie que la autoridad demandada tomó decisiones contrarias a la Ley, máxime cuando se aprecia de las constancias procesales aportadas por el mismo demandante que la resolución atacada fue debidamente motivada y fundamentada.

Como último punto, observamos que el amparista por medio de esta acción pretende que el Pleno de la Corte en sede de amparo entre a analizar la vigencia de las normas que crean los entes encargados del proceso penal aduanero seguido a su representado, concretamente se refiere a la Dirección de Prevención y Fiscalización, y la Comisión de Apelaciones Aduaneras de la Autoridad Nacional de Aduanas, no siendo esta la vía correcta para obtener este tipo de pronunciamientos, pues en caso de acceder a estas solicitudes estaría el Pleno desvirtuando la finalidad de la acción de amparo, que consiste en lograr la anulación de un acto que afecta al accionante por ser violatorio de las garantías constitucionales.

Los planteamientos antes descritos, nos permiten constatar que la presente acción de amparo de derechos constitucionales incumple con los requisitos exigidos en la Ley para su admisibilidad.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado V.E.S.P., apoderado judicial de J.L.M.L., contra la Resolución N°910-04-79-CDA de fecha 07 de noviembre de 2019, emitida por la Comisión de Apelaciones Aduaneras de la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá.

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES---OLMEDO ARROCHA OSORIO ---JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS CECILIO CEDALISE RIQUELME---MARIBEL CORNEJO BATISTA---HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA--LUIS R. FÁBREGA S.--- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)