Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 23 de Enero de 2020

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución23 de Enero de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: P.

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 23 de enero de 2020

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 1122-19

V I S T O S:

La Corte Suprema de Justicia, P., conoce de la acción de amparo de garantías constitucionales, promovida por la licenciada M.d.C.A., apoderada judicial de la sociedad anónima GOLDEN MUTUAL INVESTMENT CORP., contra la Sentencia No. 017/PJCD-13-18 fechada 2 de abril de 2018, emitida por la Junta de Conciliación y Decisión No. 13, que señala lo siguiente:

"RESUELVE

PRIMERO

SE ACOGE LA EXCEPCION DE LA DOBLE SANCIÓN, (ATICULO 13 DE CODIGO DE TRABAJO) (sic), alegado por la parte actora.

SEGUNDO

Se DECLARA INJUSTIFICADO EL DESPIDO realizado por la empresa GOLDEN MUTUAL INVESTMENT CORPORATION, Nombre comercial: HOTEL CROWNE PLAZA, en contra del trabajador N.A.G., con cédula de identidad personal No. 4-779-2149.

TERCERO

Se CONDENA a la empresa GOLDEN MUTUAL INVESTMENT CORPORATION, Nombre comercial: HOTEL CROWNE PLAZA, a pagar la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE BALBOAS CON 12/100 (B/.4,677.12), en concepto de prestaciones laborales..." (Cfr. F.. 38 a 43 del cuadernillo).

  1. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

    La demanda de amparo ensayada por la licenciada M.d.C.A. señala como normas vulneradas los artículos 17, 18, 19, 32, 47, 49, y 50 de la Constitución Política, sus argumentaciones se basan en lo siguiente:

    Al referirse al concepto de infracción del artículo 17 de la norma constitucional, el amparista indica que la orden de no hacer impugnada viola los artículos 2, 213 numeral 13, 127 numeral 4, 128 numerales 7 y 8 del Código de Trabajo, toda vez que la autoridad demandada al negar el despido justificado del trabajador niega al empleador (amparista) la aplicación de una norma de orden público que permite a la empresa guardar un orden en sus relaciones de trabajo y desarrollo de su actividad.

    Asimismo, sostiene que el funcionario demandado desconoce el contenido del artículo 126 numeral 4 del Código de Trabajo que versa sobre la obligatoriedad de los trabajadores de presentarse a su puesto de trabajo en aceptables condiciones mentales y físicas. Como también desconoce el contenido del artículo 128 numeral 7 y 8 sobre la obligación del amparista de adoptar medidas de seguridad en el lugar de trabajo.

    Continua señalando que al negarse el despido justificado del trabajador que acude de forma reincidente a su trabajo bajo los efectos del alcohol, acarrea consecuencias económicas para el accionante por el hecho de tener que pagarle una suma de dinero al trabajador, aun cuando éste incurrió en una de las causales de despido.

    En cuanto a la vulneración del artículo 18 del texto constitucional, el accionante considera que el juzgador se extralimitó en sus funciones al no tomar en cuenta para la sentencia las normas contenidas en los artículos 730 y 735 del Código de Trabajo, indicando que existían pruebas en el proceso que demostraban la reincidencia del trabajador en presentarse en estado de embriaguez a su puesto de trabajo. Sigue manifestando que al no tomar en cuenta una prueba de conducta previa, el funcionario demandado se excede en la interpretación del artículo 213 numeral 13 del Código de Trabajo.

    La infracción alegada en el artículo 19, se sustenta en que la autoridad demandada con la emisión del acto atacado, crea privilegios para la clase trabajadora, pues se restringe el derecho del amparista de mantener el orden y seguridad como empleador, esto al no poder aplicar los artículos 127 numeral 4 y 213 numeral 13 de la norma laboral.

    También estima el amparista que ha sido vulnerada la garantía constitucional del debido proceso, en razón que la decisión atacada limita al accionante el derecho de presentar pruebas idóneas que acrediten la reincidencia del trabajador de laborar bajo los efectos del alcohol.

    Por otro lado, el accionante arguye que se viola el artículo 47 de la Constitución, en cuanto que la orden de no hacer impugnada afecta la propiedad privada de los medios de producción del amparista, pues se desconoce su derecho de despedir de manera justificada a un trabajador que con su falta pone en riesgo los bienes del empleador y las plazas de trabajo del resto de los trabajadores.

    Al desarrollar el concepto de infracción para las normas constitucionales contenidas en los artículos 49 y 50, el accionante sostiene que se vulnera el derecho de su representada de recibir por parte de la justicia un servicio de calidad y que no le está permitido al juzgador interpretar normas en beneficio del trabajador cuando existen causales en la norma laboral que son claras para el despido justificado.

    La letrada termina sus argumentaciones manifestando que la autoridad demandada no tenía sustento jurídico válido para emitir la orden que es objeto de amparo, lo cual coloca al accionante en indefensión por falta de aplicación de las normas constitucionales en concordancia con las normas laborales que describió, en consecuencia solicitó al P. revocar la Sentencia No. 017/PJCD-13-18 fechada 2 de abril de 2018 y que fue emitida por la Junta de Conciliación y Decisión No. 13.

  2. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

    Corresponde al P. de la Corte Suprema de Justicia pronunciarse respecto a la admisibilidad de la demanda propuesta, de acuerdo con los presupuestos establecidos en los artículos 101, 665, 2615, 2618 y 2619 del Código Judicial, adicionando la jurisprudencia proferida por este máximo tribunal constitucional referente al tema.

    Previo al análisis de admisibilidad, conviene recordar que la acción de amparo de garantías constitucionales está instituida como un mecanismo dispensado por el constituyente, a fin de que todo acto u omisión, patrocinado por servidor público, que pueda afectar, restringir, vulnerar o menoscabar un derecho fundamental, sea objeto de examen de validez en sede judicial.

    En lo pertinente al trámite de sustanciación de este recurso autónomo y extraordinario, es importante que el propulsor de la acción de amparo cumpla con ciertos requerimientos que le den acceso a esta jurisdicción constitucional y pueda en esa medida producirse un pronunciamiento de mérito sobre los cargos de infracción que le atribuye al acto demandado.

    Siendo así, observamos en primera instancia que la demanda es dirigida a los Magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, cuando debió dirigirse al M.P. de esta corporación como lo establece el artículo 101 del Código Judicial.

    Siguiendo con el análisis de admisibilidad, en la demanda se indica el acto impugnado, constituyéndolo la Sentencia No. 017/PJCD-13-18 fechada 2 de abril de 2018; inmediatamente se señala la autoridad demandada, Junta de Conciliación y Decisión No. 13; así como los hechos que fundamentan la pretensión, refiriéndose a que el proceso tuvo inicio con la demanda laboral interpuesta por el señor N.A.G. contra la empresa Golden Mutual Investment Corporation, a fin de que se condenará a la misma al pago de indemnización y salarios caídos. La Junta de Conciliación y Decisión No. 13, entre otras cosas, declaró injustificado el despido del trabajador acogiendo la excepción de doble sanción alegada por el demandante y condenó a la empresa al pago de cuatro mil seiscientos setenta y siete balboas con 12/100 (B/.4,677.12), decisión ésta que fue objeto de recurso de apelación y el Tribunal Superior de Trabajo mediante fallo de fecha 20 de septiembre de 2019 confirmó la decisión del a-quo.

    Lo hasta aquí dicho nos permite indicar que si bien es cierto la amparista dirigió su demanda de forma equívoca, esto no es óbice para su inadmisión, por lo que se debe continuar con el análisis del resto de los elementos, teniendo que compete a este P. el conocimiento de la demanda de amparo en razón de la autoridad demandada.

    Ahora bien, la amparista describe como normas infringidas las contenidas en los artículos 17, 18, 19, 32, 47, 49, y 50 de la Constitución Política, desarrollando para cada una de ellas el concepto de infracción.

    Medularmente, las argumentaciones se basan en que la autoridad demandada con la orden impartida violó las garantías fundamentales que se indican, pues declaró injustificado el despido del trabajador N.A.G., extralimitándose en sus funciones al no interpretar y aplicar las normas que establece el Código de Trabajo; crea privilegios para una de las partes aun cuando existe una causal expresa que faculta al empleador a despedir de manera justificada al trabajador por ser reincidente en presentarse a trabajar bajo los efectos del alcohol; no toma en cuenta las pruebas idóneas que fueron aportadas para demostrar que se estaba frente a una causal de despido justificado.

    De lo planteado en el párrafo que precede, se evidencia que las alegaciones de la amparista no logran trascender el ámbito legal, esto es así porque a pesar que la misma realiza un esfuerzo por colocar sus planteamientos dentro de una violación a normas constitucionales, el recuento de sus hechos como las propias alegaciones efectuadas en el libelo de la demanda dejan ver que nos encontramos frente a una discusión que versa sobre aspectos de legalidad.

    Las acotaciones que hace la accionante nos demuestran que estamos frente a una disconformidad de ésta con las razones que motivaron a la autoridad demandada a decidir sobre el caso, donde se niega que existía un despido justificado en razón de una excepción de doble sanción alegada por el trabajador. No solo muestra su disconformidad con la decisión de primera instancia, sino que a su vez se refiere a que la decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo, resaltando un salvamento de voto de uno de los integrantes que componían la sala.

    Frente a esta situación, debemos indicar que nos encontramos impedidos como tribunal en sede constitucional para realizar valoraciones que impliquen analizar aspectos legales sobre las decisiones proferidas por las autoridades ordinarias, pues esto desvirtuaría la finalidad de la acción de amparo, la cual busca restablecer derechos y garantías fundamentales que hayan sido desconocidas.

    Por lo tanto, de conformidad con las consideraciones anteriores se colige que la presente Acción de A. no reúne las condiciones necesarias para su admisión.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la licenciada M.d.C.A., apoderada judicial de la sociedad anónima GOLDEN MUTUAL INVESTMENT CORP., contra la Sentencia No. 017/PJCD-13-18 fechada 2 de abril de 2018, emitida por la Junta de Conciliación y Decisión No. 13.

    N.,

    ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES---OLMEDO ARROCHA OSORIO ---JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS CECILIO CEDALISE RIQUELME---MARIBEL CORNEJO BATISTA---SECUNDINO MENDIETA---LUIS R. FÁBREGA S.--- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

    YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)