Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 23 de Enero de 2020

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución23 de Enero de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 23 de enero de 2020

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 1141-19

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conoce de la Acción de Amparo de Derechos Fundamentales, en Grado de Apelación, formulada por el licenciado N.E.U.B., en su condición de Defensor Público de Veraguas, en representación de C.I.H.C.V., contra la resolución de fecha 26 de junio de 2019, emitida por el Tribunal de Juicio de la Provincia de Veraguas, dentro de las carpetillas N° 201600017583 y N° 201700023690.

RESOLUCIÓN APELADA

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, emitió la resolución de fecha 17 de octubre de 2019, en la cual NO CONCEDE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado N.E.U.B., actuando en nombre y representación del señor C.I.H.C.V., contra la orden de hacer contenido en la Sentencia N° 24/2019, fechada 26 de junio de 2019, emitida dentro de las causas penales N° 201600017583 y N° 201700023690, acumuladas, seguidas a su representado por los delitos de Violencia Doméstica en perjuicio de C.M..

Al respecto, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, expuso lo siguiente:

"Ahora bien, como hemos podido analizar la acción constitucional interpuesta por el amparista, la situación planteada, si bien alude temas de materia constitucional, observamos que el debate es meramente de legalidad, es una discusión que como podemos apreciar tanto el Tribunal de Juicio, como el Tribunal Superior de Apelaciones realizaron un examen minucioso de lo planteado por el letrado, llegando ambos Tribunales a la misma conclusión, con lo que se respetó a la parte el derecho a la debida fundamentación.

Este Tribunal en Funciones Constitucionales, en diversos pronunciamientos ha señalado que la figura del Amparo de Garantías solo debe ser utilizada en aquellas ocasiones en donde se vulnere o transgredan derechos consagrados en Nuestra Carta Magna, no como una instancia más que vuelva a valorar esa función y quien es el profesional idóneo para resolver la situación a él presentada, tal como es el caso en comento en donde claramente observamos que el hecho aducido en la presente demanda de amparo es de mera legalidad y que fueron debidamente valorados por los Tribunales ordinarios de esa jurisdicción, por tanto se pretende utilizar el amparo, a fin de se entre a analizar materia toralmente alejada al tema constitucional.

No podemos dejar un lado la experiencia, la sana crítica y el análisis que realiza el J. en cada caso en particular que se le presenta en donde tiene que evaluar una de las situaciones planteadas y allí entonces tomar la decisión que considera más adecuada.

No hemos observado en este caso, vulneración alguna al debido proceso, tanto el Tribunal de Juicio, así como el Tribunal Superior de Apelaciones cumplieron a cabalidad con lo que la norma establece además de realzar una profunda y correcta valoración de lo planteado por el hoy amparista dentro del proceso penal.

LA acción de Amparo de Garantías, es un proceso constitucional, el cual está dirigido, como hemos mencionado, a salvaguardar o proteger de cualquier vulneración de nuestra Carta Magna emanada por autoridad pública, sin embargo, no se puede atacar toda decisión judicial por esta vía, máxime cuando los hechos que se atacan giran en torno a aspectos legales valorados por el juzgado a-guo en su momento y que distan de constituirse en una flagrante violación de los derechos y garantías constitucionales, tal como es el caso en comento, en donde este Tribunal Constitucional no observa vulneración alguna en cuanto a las violaciones aludidas por el actor".

RECURSO DE APELACIÓN.

En lo medular, el activador Constitucional esbozó que disiente de las acotaciones afirmadas por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial al considerar lo siguiente:

· Que el acto atacado sí vulneró derechos o garantías fundamentales consagradas en la Constitucional Nacional, como lo son el derecho a la aplicación de la exactitud de la ley penal, respecto a los hechos que fueron acusados. Se vulneró el derecho a la prohibición de la doble ponderación delictual, cuando por disposición de la ley penal se trate de un solo hecho jurídico penal.

· Sostiene que si bien al señor C.I.H.C.V. se le acumularon dos carpetillas que tratan de dos hechos, dentro de los procesos que se le seguía por los delitos de violencia doméstica en perjuicio de la señora CELMA MONTEZUMA; lo cierto es que se trata de dos hechos realizados con el mismo propósito criminal, por lo que deben verse como delitos continuados y no como hechos aislados y autónomos.

· Indicó que al aplicarse la penalidad a su representado el Tribunal de Juicio al realizar la operación aritmética debió utilizar el artículo 85 del Código Penal, fijar la pena en 63 meses de prisión para la acusación dentro de la carpetilla N° 201600017583, después aumentar la pena, para la segunda carpetilla N° 201700023690, en un tercio de los 63 meses de prisión, aplicando lo referente para la penalidad por ser delito continuado quedando una pena de 84 meses de prisión. Además no le debió aplicar circunstancias agravantes, sino solamente las circunstancias atenuantes establecida en el numeral 5 del artículo 90 del Código Penal, para que así le quedara una pena de prisión a cumplir de 56 meses.

· Concluye que señalando, que debido a la existencia de un delito continuado, la pena de prisión que debe cumplir C.I.H.C.V., debe ser de 56 meses de prisión, y no de 84 meses de prisión, tal como fue señalado en la sentencia demandada.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL AD-QUEM

Este Pleno luego de examinar el fallo de Primera Instancia, lo argumentado en el Recurso de Apelación y las constancias incorporadas al cuadernillo, procede a emitir su pronunciamiento.

Esta Superioridad observa que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), motivó su decisión de no conceder el presente amparo de garantías fundamentales sin entrar en consideraciones de fondo, por ello este Tribunal Constitucional de alzada ha establecido en reiterados fallos que luego de haberse admitido el Amparo de Garantías Constitucionales, lo procedente es entrar a analizar el fondo de la acción para establecer si el acto impugnado violenta o no garantías constitucionales; y no señalar, como lo hizo el Tribunal de Primera Instancia, en función Constitucional, que la petición realizada por el demandante se debía negar, al considerar que lo que los argumentos del actor son de legalidad y pretende utilizar la demanda de amparo como instancia más del proceso, a fin de se entre a analizar materia toralmente alejada al tema constitucional.

Por tanto una vez admitida la demanda de amparo de garantías constitucionales, lo procedente es realizar un análisis de fondo, en el que se efectuara un estudio tendiente a determinar si el acto atacado vulneraba o no las garantías fundamentales invocadas, y no entrar nuevamente a atender aspectos propios de la etapa de admisibilidad.

En base a lo anterior este M.C. de Justicia, en calidad de Tribunal ad-quem, realizará el análisis de fondo de conformidad con lo establecido por jurisprudencia de esta Corte.

Observa esta Corporación de Justicia que el recurrente sostiene, que el Tribunal de Juicio de la Provincia de Veraguas, al emitir la Sentencia N° 24/2019 de fecha 26 de junio de 2019, que resuelve condenar a su representado a la pena de 84 meses de prisión, por el delito de violencia doméstica en perjuicio de la señora C.M., vulneró las garantías fundamentales a su representado, contempladas en los artículos 17, 31 y 32 la Constitución Política de la República de Panamá, en atención a que la autoridad demanda al sancionar a su representado le impuso la pena en base a la existencia de dos hechos de violencia doméstica lo cual fue errado; ya que debió sancionarlo aplicando la ficción de los delitos continuados, utilizando el artículo 85 del Código Penal, además no debió aplicar circunstancias agravantes de la pena, sino reconocer sólo atenuantes a fin que la pena a cumplir fuera de 56 meses de prisión y no de 84 meses de prisión como lo estableció el acto demando.

Constata esta Corporación de Justicia que, a través del acto amparado, el Tribunal de Juicio de la provincia de Veraguas CONDENO al señor C.I.H.C.V. a la pena de 84 meses de prisión; y a tratamiento terapéutico multidisciplinario, por haber sido encontrado culpable por los delitos de violencia doméstica en perjuicio de CELMA MONTEZUMA.

Contra dicha sentencia se anunció recurso de anulación por el Licenciado N.U., luego de surtido el trámite procesal correspondiente, el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, emite la resolución de fecha 22 de agosto de 2019, mediante la cual RECHAZA el recurso de anulación interpuesto por el Defensor Público en favor del señor C.I.H.C.V., en consecuencia CONFIRMA la Sentencia N° 24/19 de 26 de junio de 2019, que condenó a C.V., a la pena de 84 meses de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario.

Dicho lo anterior, este Máximo Tribunal de Justicia advierte que el presente caso se trata de tres procesos acumulados (y así fue reconocido por el amparista) por la comisión delos delitos de violencia doméstica, los cuales se identificaron con la numeración 201300017538, 201700023690 y 201800053; procesos que guardan relación con hechos ocurridos para los días 25 de septiembre de 2016, 22 de abril de 2017 y 1 de enero de 2018, respectivamente, en los cuales figura como víctima la señora C.M. y como acusado el señor C.I.H.C.V..

Se acreditó que el señor C.I.H.C.V. fue absuelto por el cargo de violencia doméstica formulados en la carpetilla N° 201800053, en tanto que en las carpetillas 201300017538 y 201700023690 fue encontrado responsable penalmente; por ello el Tribunal de Juicio de la provincia de Veraguas lo declaró culpable por los delitos de violencia doméstica cometidos para las fechas 25 de septiembre de 2016 y 22 de abril de 2017, en perjuicio de la señora C.M..

El amparista considera que se han violado las garantías fundamentales de su representado, en atención a que el Tribunal de Juicio de la provincia de Veraguas al momento de realizar la suma aritmética para establecer la pena líquida a imponer, aplicó de manera errada la norma penal respecto a cómo se debe realizar el cómputo de la pena, ya que considera que los hechos por los cuales resultó culpable su defendido hacen referencia a un delito continuado, toda vez que se infringió la misma norma penal varias veces, por la misma persona en perjuicio de la misma víctima; por ello se debía aplicar el artículo 85 del Código Penal y no el artículo 86 de ese cuerpo legal, al no tratarse de un solo delito.

Con respecto al delito continuado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución del 28 de abril de 2016, señaló lo siguiente:

"...el delito continuado tiene lugar cuando varias violaciones de la misma norma hubieran sido cometidas en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, para lo cual serán considerados como un solo delito continuado y se sancionará con la pena correspondiente a éste.

En consecuencia, el delito continuado, para su configuración, supone el cumplimiento de tres requisitos a saber:

  1. Los actos individuales deben dirigirse contra el mismo bien jurídico,...

  2. Que los diversos actos particulares lesionen el mismo precepto penal o semejantes.

  3. Identidad específica del comportamiento delictivo, así como el nexo tempo espacial de los actos individuales.

    De lo descrito se desprende, que el delito continuado presupone varias violaciones de la misma norma penal, realizadas con una sola resolución criminal, en ese sentido, se advierte claramente, que es esencia de su naturaleza, el estar constituido por una pluralidad de acciones indivisibles, que aunque cada uno aisladamente considerado puede ser constitutivo de delito, no constituyen más que una acción y, por lo tanto, solo producen un único delito..." (Fallo del 25 de abril de 2014)

    En este mismo sentido el Pleno de la Corte Suprema de Justicia al resolver recurso de apelación, dentro de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el licenciado C.T., contra la orden de hacer dictada por el J. de Garantías de la Provincia de Los Santos, durante la audiencia oral realizada el 10 de mayo de 2013, dentro del Caso No.201300002232, en la cual se tuvo por formulada la imputación penal en contra de su representado, por delito de Violencia Doméstica, en perjuicio de N.S.G., expresó:

    "En consecuencia, el delito continuado, para su configuración, supone el cumplimiento de tres requisitos a saber:

  4. Los actos individuales deben dirigirse contra el mismo bien jurídico, en este caso el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil.

  5. Que los diversos actos particulares lesionen el mismo precepto penal o semejantes.

  6. Identidad específica del comportamiento delictivo, así como el nexo tempo espacial de los actos individuales.

    De lo descrito se desprende, que el delito continuado presupone varias violaciones de la misma norma penal, realizadas con una sola resolución criminal, en ese sentido, se advierte claramente, que es esencia de su naturaleza, el estar constituido por una pluralidad de acciones indivisibles, que aunque cada uno aisladamente considerado puede ser constitutivo de delito, no constituyen más que una acción y, por lo tanto, solo producen un único delito".

    En el caso que nos ocupa, no existe la misma resolución criminal entre, los actos ventilados en el proceso penal identificado con la entrada 201600017583, que hace referencia a hechos ocurridos el día 25 de septiembre de 2016, en el que indicó la señora C.M. que el señor C.I.H.C., luego de insultarla, la agarró por el cuello causándole dolor a la palpación superficial en cara anterior del cuello y el médico forense le determinó un incapacidad de tres días, y los hechos de la acusación dentro de la causa identificada con el N° 201700023690, que hacen referencia a actos realizados por el señor C.I.H.C.V. el día 22 de abril de 2017, aproximadamente a las 10:00 de la noche, cuando éste agredió físicamente a la señor C.M. pegándole en su rostro con la mano, causándole equimosis a nivel del área malar derecha, otorgándole el médico forense una incapacidad de siete (7) días.

    En este sentido no podemos afirmar, como lo hace el amparista, que existe en estas circunstancias unidad de resolución delictiva, máxime cuando los hechos en sí difieren respecto a su ejecución, ya que, si bien el sentenciado aceptó haber cometido las agresiones físicas contra su pareja en la casa donde ambos residían con sus menores hijos, la conducta desplegada el día 25 de septiembre de 2016 es distinta a la ejecuta el día 22 de abril de 2017; ya que en la primera agredió tanto verbal como físicamente (lesión en el cuello) a la señora C.M.; en tanto que en la segunda ocasión la agredió físicamente golpeándola en el rostro.

    Aunado a lo anterior, la puesta en conocimiento a las autoridades de la ejecución de hechos que dan origen a una primera investigación (25 de septiembre de 2016), que desemboca en una solicitud de formulación de imputación por parte del Ministerio Público, separa esta conducta o hecho realizado, de cualquier nueva ejecución de hechos (los ocurridos el 22 de abril de 2017), aunque con éstos se violente la misma norma penal y se ejecute contra la misma afectada, por la ausencia de identidad de designio o resolución delictiva.

    En este sentido este Tribunal Constitucional de alzada concluye que en el presente proceso acumulado no se da la figura del delito continuado, en virtud de no concurrir la totalidad de los elementos contentivos de dicha figura jurídica.

    En conclusión, el Pleno, luego de analizar las constancias y hechos del proceso constitucional venido en alzada, observa, que el Tribunal de Juicio de la provincia de Veraguas, no vulnero las garantías fundamentales del amparista, al emitir la Sentencia N° 24/2019 de 26 de junio de 2019, que Condenó a C.I.H.C.V. a la pena de 84 meses de prisión, por los delitos de violencia doméstica dentro de las causas acumuladas N° 201600017583 y 201700023690, en perjuicio de la señora CELMA MONTEZUMA.

    En virtud de las consideraciones expuestas, lo procedente es confirmar la sentencia venida en grado de apelación.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN PLENO, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, por otras razones, la resolución de fecha 17 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que NO CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado N.E.U.B., actuando en nombre y representación del señor C.I.H.C.V., contra la orden de hacer contenida en la Sentencia N° 24/2019, fechada 26 de junio de 2019, emitida dentro de las causas penales N° 201600017583 y N° 201700023690, acumuladas, seguidas a su representado por los delitos de Violencia Doméstica en perjuicio de C.M..

    N.,

    ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES---OLMEDO ARROCHA OSORIO ---JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS CECILIO CEDALISE RIQUELME---MARIBEL CORNEJO BATISTA---HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA---LUIS R. FÁBREGA S.---MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

    YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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