Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 12 de Marzo de 2019

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución12 de Marzo de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 12 de marzo de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 727-18

VISTOS:

Ha ingresado para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta por el licenciado L.C.G., actuando en nombre y representación de la Firma de Abogados M.ez-Acha & Asociados, contra el Oficio N°1385 del 15 de junio de 2018, emitido por la F.ía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada.

ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL

Luego del sorteo y reparto correspondiente, el Magistrado Sustanciador ordenó la admisión de la presente Demanda de A., requiriendo a la Autoridad demandada un informe acerca de los hechos materia de la Acción constitucional.

POSICIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

La Autoridad Demandada mediante Nota del 18 de julio de 2018, efectúo un recuento de las actuaciones realizadas en el presente proceso, de la siguiente manera:

"...

A través de la Nota AN/SG/No.246-14 del 8 de febrero de 2017, el S. General de la Asamblea Nacional remitió al Ministerio Público, la transcripción de la intervención oral del Diputado J.I.A., durante el período de incidencias de ese órgano del Estado, celebrado el día 6 de febrero de 2017, ya que en ella, el Diputado hizo referencia a que se utilizaron sumas de dinero procedentes de actividades ilícitas en la compra de EDITORA PANAMA AMÉRICA S.

El Diputado también señaló que el señor H.M.K. se le otorgó un préstamo de siete (7) millones de dólares (USD$ 7,000.000.00) a través de la sociedad GLOBAL OFFICE CORP., acotando que el dinero del préstamo se depositó en una cuenta bancaria relacionada con la sociedad que compró Editora Panamá América, S. (Grupo EPASA) y a su vez destacó la manera inusual en que se canceló el empréstito.

En virtud de estos hechos, la F.ía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada inició la actividad investigativa de rigor, logrando acreditar que la compra de las acciones de EDITORA PANAMÁ AMÉRICA S. se realizó mediante un complejo esquema de operaciones financieras en el que intervinieron una multiplicidad de personas jurídicas y personas naturales, las cuales recolectaron entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de cuarenta y tres millones novecientos doce mil ochocientos veintiocho dólares con noventa y cuatro centavos (USD$43,912,828.94), en la cuenta No.001-12-000087-6, perteneciente a la sociedad NEW BUSINESS SERVICES LIMITED, en GLOBAL BANK OVERSEAS LTD,...

A su vez, se logró identificar que los involucrados en este esquema financiero crearon una estructura societaria integrada por sociedades panameñas y extranjeras, destinadas a ocultar la identidad de los verdaderos adquirentes de las acciones del grupo editorial, ya que el cien por ciento (100%) de las acciones de EDITORA PANAMÁ AMÉRICA S. fueron emitidas a nombre de la sociedad anónima TPAHC, INC. constituida en la República de Panamá; sin embargo los accionistas de esta última son a su vez las sociedades IBIZA OVERSEAS CORP., MEADOWS INVESTMENT, S. y CORPORACIÓN DE INVERSIONES MULTIMEDIOS, S. constituidas en el las Islas Vírgenes Británicas, respectivamente.

Ahora bien, las diligencias investigativas realizadas hasta el momento revelan que varias de las sumas de dinero que se recolectaron en la cuenta No. 001-12-000087-6, de la sociedad NEW BUSINESS SERVICES LIMITED, en GLOBAL BANK OVERSEAS LTD, proceden de actividades ilícitas relacionadas con el delito de Peculado y Delitos Financieros, los cuales se encuentran previstos en nuestra legislación penal, como delitos procedentes del Blanqueo de Capitales, tal como ocurre con los aportes de dinero relacionados con las empresas TRANSCARIBE TRADING, S., GRUPO CLIO, S. y la casa de valores FINANCIAL PACIFIC INC.

Como se observa, se trata de un caso complejo, ya que en la operación financiera investigada intervienen 18 personas jurídicas y 4 personas naturales, las que realizan 29 transacciones, a través de 24 cuentas bancarias, en 13 bancos (locales y extranjeros). Sin embargo, tomando en consideración que la acción constitucional ha sido propuesta por la firma de abogados MARTÍNEZ ACHA & ASOCIADOS, optaremos por circunscribir la reseña de los antecedentes del caso a aquellos aspectos puntuales de la investigación que guarden relación con la Amparista, para la cual será necesario referirnos en primer lugar, a los aportes de dinero que el imputado H.M.K. realizó en Diciembre de 2010, para intervenir en la compra del medio de comunicación social...

Así pues, como lo mencionamos anteriormente, dentro de las transacciones bancarias realizadas para recolectar el dinero utilizado para la compra del grupo editorial EPASA, se encuentran los aportes económicos efectuados por el imputado H.M.K., a través de dos préstamos otorgados por la CAJA DE AHORROS. El primero de ellos, es el préstamo prendario No. 001870004536, por el monto de cuatro millones de dólares (USD$4,000.000.00) y el segundo, corresponde al préstamo comercial No.001830002562, que el prenombrado obtuvo a través de la sociedad GLOBAL OFFICE CORP., en la que aparece como representante legal, por la suma de tres millones de dólares (USD$3,000.000.00).

Al respecto de estos préstamos, consta dentro del sumario el Informe de la División de Delitos de Blanqueo de Capitales, de la Dirección de Investigación Judicial, elaborado por el Subcomisionado E.Á. (fj.43,428-43,452) en el que destaca la posible comisión de un hecho delictivo (Blanqueo de Capitales, relacionado con la cancelación de los préstamos N° 001870004536 y N°001830002562 del sindicado H.M.K., en la CAJA DE AHORROS, uno por la suma de cuatro millones de dólares ($4,000,000.00) a título personal y el segundo por tres millones de dólares (USD$3,000,000.00), concedido a favor de la sociedad GLOBAL OFFICE CORP.

Asimismo, en el informe se señala que al momento de solicitar los préstamos, M.K. indicó a la CAJA DE AHORROS que los mismos serían utilizados como financiamiento para capital de trabajo de sus empresas inmobiliarias. Sin embargo, luego de concluida la negociación, el prenombrado le solicitó al banco que emitirán (sic) los cheques de gerencia No.1454917, por la suma de tres millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco dólares (USD$3,985,995.00) y el cheque No.1454918, por un monto de dos millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco dólares ($2,989,495.00), a nombre de la sociedad NEW BUSINESS SERVICES LTD, los cuales se depositaron el 21 de diciembre de 2010, a la cuenta No.001-12-000087-6 en GLOBAL BANK OVERSEAS LTD., perteneciente a esta última sociedad extranjera, la cual no mantiene vínculo con las actividades de bienes raíces, ni con la industria de la construcción.

Finalmente, se establece en el informe que los fondos utilizados para la cancelación de los préstamos solicitados por H.M.K., se originan de cheques girados desde varias cuentas bancarias que pertenecen a múltiples sociedades, sin que se conozca la vinculación que justifique la contribución financiera que realizan estas sociedades, entre ellas, CLIENT´S CUSTODY ACOUNT INC., quien aportó la suma de un millón trescientos mil dólares (USD$1,300,000.00), a través de las cuentas No.1000031071291 y 100025132609, de la entidad bancaria Balboa Bank & Trust.

En efecto, tal como lo describe el informe, a través de múltiples diligencias investigativas hemos logrado identificar que la facilidad crediticia otorgada a H.M.K. fue cancelada por terceras personas, las que enlistaremos a continuación. Sin embargo, enfatizaremos únicamente en la transferencia vinculada a CLIENT´S CUSTODY ACOUNT INC., ya que la investigación revela que el dinero aportado por esta sociedad para la cancelación del préstamo de M.K., proviene de una compleja estructuración financiera que implica la posible desviación de fondos públicos, que son movilizados a través de diversas cuentas bancarias, entre las que se encuentra la de la firma forense:

...

...

  1. La sociedad CLIENT´S CUSTODY ACOUNT INC., cuyo beneficiario es el señor V.M.V., aportó la suma de un millón trescientos mil dólares (USD$ 1,300,000.00), a través de las cuentas No.1000031071291 y 1000252132609, de la entidad bancaria Balboa Bank & Trust.

...

...

...

PRIMERO

El promotor de la acción constitucional comparece actuando a nombre de MARTÍNEZ-ACHA & ASOCIADOS, representada por el licenciado R.L.L.. Sin embargo, en su relato de los hechos el activador constitucional omite señalar que el beneficiario final y firmante de la cuenta No.301-302-22619, a nombre de la firma de abogados en BALBOA BANK & TRUST CORP., es el señor V.M.V., quien ostenta la condición de imputado en esta causa.

V.M.V. se relaciona con la compra del grupo editorial EPASA, a través de transferencias de dinero realizadas en Diciembre de 2010, por el monto de USD$80,000.00, desde la cuenta NO.100 1250 2067, en MULTIBANK, perteneciente a DUDLEY & ASOCIADOS y luego interviene en el año 2014, realizando transferencias de dinero por la suma de USD$1,300,000.00 millones, a través de la sociedad CLIENT´S CUSTODY ACOUNT INC., para cancelar parte del dinero adeudado por el imputado H.M.K., a la CAJA DE AHORROS, en virtud de los préstamos que solicitó en el año 2010, para intervenir en la compra del medio de comunicación social, sin que exista justificación lógica ni financiera para ambos movimientos de dinero.

SEGUNDO

Como se indicó en el apartado anterior, desde la cuenta No. 100 1250 2067, en MULTIBANK, perteneciente a DUDLEY & ASOCIADOS, cuyo beneficiario final y firmante es el imputado V.M.V., se ordenó la confección del cheque de gerencia No.237736 del 15 de diciembre de 2010, por la suma de ochenta mil dólares (USD$80,000.00), el cual se sumó al resto del dinero recolectado en diciembre de 2010 y se utilizó para la compra de Editora Panamá América S.

No obstante, a pesar de este aporte económico ochenta mil dólares (USD$80,000.00), la FIRMA CHANIS, en su calidad de Agente Residente de EDITORA PANAMÁ AMÉRICA, S., certificó que el 100% de las acciones del grupo EPASA, están emitidas a nombre de la sociedad TPAHC, Inc., cuyos beneficiarios finales son R.A.M.B., quien posee el 60% de las acciones, a través de la sociedad CORPORACIÓN DE INVERSIONES MULTIMEDIOS, S. y H.M.M.K., con el otro 40% de las acciones, a través de las sociedades IBIZA OVERSEAS CORP., MEADOWS INVESTMENT S.

Lo expuesto revela que la transferencia de USD$80,000.00 realizada por V.M.V., a través de la firma de abogados DUDLEY & ASOCIADOS, constituye un movimiento irregular cuyo origen financiero se encuentra actualmente bajo averiguación, toda vez que como lo mencionamos antes, la actividad investigativa de esta fiscalía especializada no ha concluido, es decir, que aún se encuentra pendiente la realización de múltiples diligencias sumariales tendientes a esclarecer las diversas aristas que integran este esquema delictivo y los niveles de responsabilidad de cada implicado, para lo cual se concedió el plazo de 1 año, tal como se desprende del Auto 2da.I.. No.14 del 14 de noviembre de 2017, emitido por el Segundo Tribunal Superior, a través del cual calificó el caso como delincuencia organizada y consecuentemente decretó la aplicación del procedimiento de tramitación compleja.

TERCERO

A los hechos que vinculan penalmente al imputado V.M.V., también deben considerarse los elementos probatorios que sirvieron para sindicar a H.M.K., ya que, este último realizó depósitos de dinero en la cuenta N° 01-12-000087-6, a nombre de NEW BUSINESS SERVICES LIMITED, para la compra de EDITORA PANAMÁ AMÉRICA, S., provenientes de dos préstamos celebrados con la CAJA DE AHORROS, específicamente de dos préstamos celebrados con la CAJA DE AHORROS, específicamente de un préstamo prendario por la suma de tres millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y cinco dólares (USD$3,985,995.00) y un préstamo comercial a través de la sociedad GLOBAL OFFICE CORP., en la que figura como representante legal, por la suma de dos millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco mil dólares (USD$2,989,495.00).

Sin embargo, la investigación revela que en la cancelación de los préstamos solicitados por H.M.K. participaron diversas personas jurídicas, entre ellas, la sociedad CLIENT´S CUSTODY ACOUNT INC., cuyo beneficiario final también es V.M.V., quien aportó la suma de un millón trescientos mil dólares (USD$1,3000,000.00), a través de las cuentas No.1000031071291 y 1000252132609, de la entidad bancaria Balboa Bank & Trust.

CUARTO

Al tratarse de la posible comisión de un delito de Blanqueo de Capitales ejecutado por un grupo estructurado, no resulta posible acoger la tesis esgrimida por el Amparista, quien pretende que el tribunal constitucional analice la búsqueda financiera que realiza esta fiscalía, de manera individual, aislada e inconexa con el resto de los actos ejecutados por las demás personas naturales y jurídicas que concertadamente depositaron cuarenta y tres millones novecientos doce mil ochocientos veintiocho dólares (USD$43,912,828.00), en la cuenta N° 01-12-000087-6, de GLOBAL BANK OVERSEAS LTD, perteneciente a NEW BUSINESS SERVICES LIMITED, para la compra del medio de comunicación, ya que esa concepción riñe precisamente con el modo en que opera la delincuencia organizada, cuyo proceder no es fortuito ni aislado, sino estructurado y lo será aun cuando no se hubiera asignado funciones definidas a cada uno de los miembros del grupo, ni exista una estructura desarrollada.

QUINTO

El amparista desatiende un hecho trascendental de la causa compleja que nos ocupa y con ello incurre en el error de supeditar el contexto de la investigación a los hechos ocurridos en Diciembre de 2010, ya que si bien es cierto que el acopio del dinero se produjo en esa fecha, también hemos identificado que los préstamos solicitados por uno de los supuestos inversores para la compra del grupo EPASA, ante la CAJA DE AHORROS, fueron cancelados por ocho (8) sociedades distintas, en las que aparecen como beneficiarios finales, las mismas personas que intervinieron años antes (2010) en la compra del medio de comunicación social, por tanto, el "tempus temporis" al que se refiere el activador constitucional no se agota ni se limita al año 2010, sino que se extiende hasta el año 2014, cuando se cancelaron las facilidades crediticias en comento.

Dicho lo anterior, observamos que el amparista argumenta que el Oficio No. 1385 del 15 de junio de 2018 "nace por sí mismo, no tiene precursor jurídico", ya que a su parecer, no existe una resolución que explique las razones por las que se solicita información bancaria de la cuenta No.301-302-22619, en BALBOA BANK & TRUST CORP., perteneciente a MARTÍNEZ-ACHA & ASOCIADOS, toda vez que la firma de abogados no es objeto de investigación.

Al respecto, debemos señalar que no le asiste la razón al amparista cuando advierte que se han conculcado garantía fundamentales, por cuanto que los hallazgos probatorios que conducen a solicitar la información bancaria relacionada con la cuenta No.301-302-22619, pertenecientes a MARTÍNEZ-ACHA & ASOCIADOS, en BALBOA BANK & TRUST CORP. se obtuvieron como parte del ejercicio de las atribuciones investigativas que resultan inherentes a las facultades constitucionales y legales que ostenta el Ministerio Público.

...

..."

El promotor de la Acción Constitucional hace una exposición de los hechos más relevantes, entre los que refiere que, la F.ía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada adelanta una investigación penal por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico, específicamente, en modalidad de Blanqueo de Capitales identificada con la entrada N°06-2017.

Indica que de conformidad a dichas investigaciones, se han dictados las Disposiciones F.es de cargos (Providencias Indagatorias) entre las que se encuentran: Resolución Indagatoria N°017 de 20 de junio de 2017, Resolución Indagatoria N°024 de 4 de septiembre de 2017, Resolución Indagatoria N°025 de 4 de septiembre de 2017 y Resolución Indagatoria N°01 de 25 de abril de 2018, todas emitidas por la F.ía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, que describen la comisión del delito, en qué consiste y cómo supuestamente se desarrolló, así como las personas vinculadas y su supuesta plataforma de personas jurídicas para lograr la configuración del injusto penal.

Señala el A. que en las Providencias de Cargos se establece que la investigación se centra en la comisión de un delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, manifestando qué personas naturales y jurídicas aportaron dinero a la cuenta N°01-12-000087-6 del banco Global Bank Overseas Ltd. a nombre de N.B.S.L., el cual fue utilizado para la compra de la empresa Editora Panamá América, S. (Grupo EPASA). Además agrega que en las Providencias de Cargos, se expresó que el dinero aportado proviene de actos ilícitos que constituyen los delitos precedentes para la configuracion del delito contra el orden económico objeto de la investigación.

Expone que de las Providencias de indagatoria se desprenden que los delitos precedentes, se encuentran identificados en las siguientes investigaciones:

  1. Proceso por la comisión de delito contra la Administración Publica (Diferentes formas de Peculado) adelantada contra D.O.D., directivo de Transcaribe Trading, S. y otros, por la adjudicación del Contrato N°AL-1-74-10, por la F.ía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación. Periodo del delito: Año 2010.

  2. Proceso por la comisión de Delito Financiero adelantado contra W.M.V., directivo de la sociedad F.P., mc, y otros, por la F.ía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la Nación. Periodo del delito: Año 2010.

  3. Proceso por la comisión de delito contra la Administración Publica (Diferentes formas de Peculado) adelantada por la adjudicación del Contrato No.028/AN/LPM/-CEN/20102012 adjudicado a la empresa Constructora Corcione y Asociados, S., por la F.ía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la Nación. Periodo del delito: Año 2010.

Sostiene que el supuesto hecho delictivo de Blanqueo de Capitales, que da lugar a la emisión del acto lesivo objeto de A. (Oficio N°1385 de 15 de junio de 2018), halla la configuración de su tercera etapa esencial (Integración o Inversión) en la realización de recolección de fondos en la ya mencionada cuenta perteneciente a la empresa N.B.S.L., lo cual en propias palabras del Agente de I.rucción, se realiza entre el 15 y 27 de diciembre de 2010.

Arguye que en Informe de 6 de septiembre de 2017 emitido por la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, suscrito por el Subcomisionado E.A. no se refiere a la sociedad M.ez-Acha & Asociados como participante de transacciones financieras que guarden relación con los hechos (Ver Informe de la División de Blanqueo de Capitales) y donde se detallan cada una de las sociedades y las respectivas operaciones que realizaron en el 2010 al transferir fondos a la sociedad N.B.S.L..

Aduce el Amparista que el Oficio N°1385 de 15 de junio de 2018, constitutivo del acto lesivo, nace por sí mismo; es decir, que no tiene como precursor jurídico, la emisión de ninguna Providencia que fundamentara y explicara las razones por las cuales se solicita información de la sociedad M.ez-Acha & Asociados (fines específicos) ni el porqué del objetivo en los periodos 2013 y 2014. Así como tampoco, existe disposición que celosamente permita la necesidad de excepcionar la Garantía Fundamental de mantener intimidad en su documentación privada y en este caso, confidencialidad bancaria a una persona jurídica que no se encuentra vinculada al ilícito objeto de investigación, como es el caso, ya que la sociedad M.ez-Acha & Asociados no transfirió, depositó ni facilitó la recolección del dinero con destino a N.B.S.L.. De igual manera, el periodo cuya información es solicitada, es desde el 1 de enero de 2013 al 31 septiembre de 2014, período este que se encuentra fuera del marco de investigación, en que, conforme a la Teoría de la F.ía, constituye el tempus temporis en que se produce el delito de Blanqueo de Capitales en cuestión (15 al 27 de diciembre de 2010).

Adicionalmente manifestó el Activador de la presente Acción que la certificación de existencia legal de la sociedad MARTINEZ-ACHA & ASOCIADOS, da cuenta de su nacimiento el 31 de mayo de 2011, época posterior a la supuesta comisión del ilícito investigado y que incluso permite inferir sin equívocos, que simplemente la sociedad M.ez-Acha & Asociados no existía legalmente para el tiempo en que supuestamente se realizan los delitos precedentes ni mucho menos, para cuando se consumó la tercera etapa esencial del delito de Blanqueo de Capitales, el cual permite su configuración, o sea, en 2010. En esa línea de pensamiento, agrega el Amparista, que "tampoco pueden estar relacionadas las transferencias bancarias efectuadas para el año 2013 y 2014, conforme lo peticiona el oficio conculcador de garantías fundamentales".

Enfatiza el Activador, que toda persona natural o jurídica en territorio nacional, tiene el derecho que se le respete su intimidad, derecho a la inviolabilidad y confidencialidad del uso del sistema bancario. Que sus garantías fundamentales sean protegidas y que su suspensión únicamente se dé de forma excepcional, con debida motivación y con debido fundamento de forma razonada, que permita identificar razones valederas para excepcionar sus garantías en pro de un interés general o superior; circunstancias que en este caso, según no se ha vislumbrado y que da lugar a la promoción de esta acción subjetiva constitucional. Estima además, que el Oficio atacado no cumple con la explicación lógica y jurídica que fundamente las razones del por qué es necesario obtener una información bancaria de naturaleza confidencial de un sujeto no vinculado al delito como sucede en este caso e igualmente, sobre transacciones de años posteriores al tiempo en que se ejecutó el delito investigado, por lo que no se ha cumplido con el trámite requerido para la fundada emisión vulnerándose así el Debido Proceso.

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

Admitida la Demanda y atendidas las etapas procesales, se avoca esta Corporación de Justicia a decidir en torno a las alegaciones sustentadas, a fin de determinar sobre la existencia, o no, de infracción de los derechos fundamentales que establece nuestra Carta Política.

Así pues, debemos señalar que el Acto atacado lo constituye el Oficio N°1385 del 15 de junio de 2018, expedido por el F. de Circuito de la F.ía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, licenciado R.S.S., mediante el cual requirió al Balboa Bank & Trust Corp., información de la cuenta N° 301-302-22619, a nombre de la sociedad M.ez-Acha & Asociados, en el mismo solicitó copia autenticada de lo siguiente: Documentación de apertura de la cuenta (Debida Diligencia); Estado de cuenta del 1 de enero de 2013 al 31 de septiembre de 2014; Firma o firmas autorizadas; Beneficiarios finales de la cuenta; Documentos sustentadores de todas las transacciones (débitos y créditos) registrados en la cuenta a partir de cien mil dólares ($100,000.00) del 1 de enero de 2013 al 31 de septiembre de 2014.

A fin de determinar si la decisión adoptada por parte de la F.ía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada es conforme a derecho o por el contrario, vulnera garantías fundamentales, es necesario examinar los hechos expuestos por el Amparista, en concordancia con los descargos realizados por la autoridad demandada.

Al respecto tenemos que el Amparista alega la infracción de los artículos 29 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, en los cuales en uno se establece el derecho de inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados y en el otro la garantía del Debido Proceso, toda vez que a criterio del A. el Acto atacado en A. emitido por la F.ía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, no es producto de ninguna providencia F. que expusiera razonadamente los fundamentos del porqué del requerimiento de la información de un tercero no vinculado al delito y por un período de tres años posteriores a la configuración del hecho punible.

Adicionalmente, el Activador Constitucional manifestó que no sólo la información de la sociedad queda expuesta, sino también la de todos los clientes que dentro del giro normal de las actividades de una Firma legal de abogados han realizados transacciones bancarias con dicha firma, por lo que el impacto y daño no solo recaería en contra de M.ez-Acha & Asociados sino en una gama de personas nacionales y extranjeras, las cuales tienen derecho a la intimidad y confidencialidad de su información bancaria la cual se encuentra amparada por la Ley Fundamental.

En ese sentido, es necesario citar el artículo 29 de la Constitución Política de Panamá, el cual contempla la inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados y es del tenor siguiente:

"Artículo 29. La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención. El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar. Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial. El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores."

Del artículo anteriormente citado se desprende que la correspondencia y demás documentos privados pueden ser examinados siempre y cuando exista una orden de autoridad competente, que el examen se haga conforme a los trámites legales y que se establezcan los fines específicos del examen, o sea, que para que se acceda a una información o documentación bancaria, la Autoridad que requiera la información debe exponer claramente los aspectos específicos para los cuales solicita tal información, de lo contrario se estaría desatendiendo lo resguardado celosamente en la norma constitucional citada.

Por otro lado, frente a la Garantía del Debido Proceso, consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política de Panamá, dicho artículo señala que: "nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

En ese orden de ideas, tenemos que el Debido Proceso, faculta a toda persona para exigir un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales, desarrollado ante una autoridad competente que actúe con independencia e imparcialidad y sin tener en cuenta consideraciones distintas a las previstas en la ley.

Para el autor uruguayo M.R.F., el debido proceso, "lo que busca es lograr un proceso limpio y justo, que permita tomar la decisión correcta y minimizar las privaciones de derechos decididas por error o sin considerar ciertos aspectos". El numeral 1. del artículo 8. Del Pacto de San José de 1969 (Convención Americana sobre Derechos Humanos), dice lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".

Para M.R.F., esta norma abarca cualquier Proceso, señalando que, "todo sujeto tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad" y que, "el Pacto de San José exige, además, la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada". (RISSO FERRAND, M., "El Debido Proceso en la Constitución Uruguaya", A. de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2011, Fundación Konrad Adenauder stiftung, pág. 121)

Por su parte la F.ía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, expuso un recuento de los hechos investigados para la compra de acciones de Editora Panamá América (EPASA) y el aparente esquema de personas jurídicas y personas naturales que intervinieron en operaciones financieras entre los días 15 y 27 de diciembre de 2010, mediante la cuenta N°0001-12-0000087-6, perteneciente a la sociedad New Buisiness Services Limited, en Global Bank Overseas LTD.

No obstante, observa el Pleno de esta Corporación de Justicia que del Informe remitido por la Autoridad demandada no se desprende elemento alguno que justifique o motive los fines específicos por el cual se solicitó información bancaria a Balboa Bank Trust Corp., sobre la cuenta N°301-302-22619 a nombre de la Firma de Abogados M.ez-Acha & Asociados, pues no se aprecia Resolución alguna que fundamente al menos indiciariamente la relación de la sociedad M.ez-Acha & Asociados con los hechos que se investigan. Por tanto, es evidente que el Oficio N°1385 del 15 de junio de 2015 carece de la obligada motivación.

Debemos recordar que si bien el Ministerio Público tiene facultades para la realización de actividades investigativas, su sustento no solo puede estar limitado a citar normas legales que le confieren dicha facultad, pues deberá existir una motivación razonable y proporcional con el fin que se persigue, es decir, que haya una conexión entre los hechos que sirvan de base a la decisión y las normas que respalden dicha actuación, ya que de no contar con ello, la decisión podría ser catalogada como arbitraria.

En el caso que nos ocupa, se aprecia que el Informe de conducta remitido por la F.ía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, hace énfasis en la participación de H.M.K. y explica una relación de la estructuración financiera que implica la posible desviación de fondos públicos movilizados a través de diversas cuentas bancarias entre las que menciona que se encuentra la firma forense, pero al verificarse la foja 6 de dicho informe consta que la Firma Forense M.ez-Acha & Asociados, no se encuentra mencionada dentro de dicho esquema.

Ante la situación planteada, estima el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que para proceder al examen de la información bancaria de la cuenta N°301-302-22619, a nombre de M.ez-Acha & Asociados, debió tenerse en cuenta que la justificación de una decisión expedida por una Autoridad competente es un requerimiento necesario para que se proceda a una eventual restricción de los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, requiriéndose la motivación y aspectos que sustente la causa específica, de tal manera, que puedan ser conocidos y garantizar de esta manera el derecho fundamental que protege la Constitución de la República de Panamá.

Finalmente, dado que en este caso no aparece con total claridad la respectiva motivación y elementos objetivos que justifiquen examinar la cuenta bancaria N°301-302-22619 del banco Balboa Bank & Trust Corp., a nombre de la Firma Forense M.ez-Acha & Asociados, que permitan dejar a un lado un derecho fundamental como es el de la inviolabilidad de los documentos privados, esta Corporación de Justicia es del criterio que el Acto atacado viola los artículos 29 y 32 de la Constitución Política.

Por lo tanto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, concluye que lo procedente es conceder la Acción de A. propuesta por el licenciado L.C.G., actuando en nombre y representación de M.ez-Acha & Asociados.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado L.C.G., actuando en nombre y representación de M.ez-Acha & Asociados y REVOCA el Oficio N°1385 del 15 de junio de 2018, emitido por la F.ía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada.

N.,

OLMEDO ARROCHA OSORIO

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO (Salvamento de Voto) -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- H.A. DE LEÓN BATISTA -- H.A.D.-.L.R.F.S.-.J.E.M.E.(.Abstención de Voto) -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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