Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 8 de Mayo de 2020

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución 8 de Mayo de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 08 de mayo de 2020

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 203-2020

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de A. de Garantías constitucionales interpuesta por la Doctora K.M., en representación de la Magistrada D.M.A., contra la Resolución N° 01-CACJ-2020 de 20 de febrero de 2020 emitida por el Consejo De Administración de la Carrera Judicial.

Una vez asignado el presente negocio mediante reglas de reparto, corresponde a este máximo Tribunal de Justicia verificar si la demanda propuesta cumple con los presupuestos de admisibilidad.

  1. ACTO IMPUGNADO

El acto demandado por vía de amparo, consiste en la Resolución N° 01-CACJ-2020de fecha 20 de febrero 2020, mediante la cual el Consejo de Administración de la Carrera Judicial resuelve entre otros aspectos lo siguiente:

CUARTO

RECHAZA DE PLANO los recursos de reconsideración presentados por los Magistrados de Tribunal Superior de Apelaciones de la jurisdicción penal, a saber:a). ..e). D.M. Arosemena.o). ...

Entre alguno de los fundamentos utilizados por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial para motivar su decisión se observan los siguientes:

"PRIMERO: DECLARAR que de conformidad con los artículos 94 y 95 de la Ley 53 de 2015, Que R. la Carrera Judicial, el recurso de reconsideración es un derecho propio de quienes participan o son aspirantes dentro de los procesos de Traslado y Ascenso y Concurso Abierto, por ser sujetos activos de los referidos procesos.

SEGUNDO

DECLARAR que el acto de selección aleatorio de vacantes de cargo, dentro de los procesos de Traslado o Ascenso y Concurso Abierto, es un acto previo a los procesos de selección y no una fase de un concurso para llenado de vacantes que previamente hayan sido declaradas por la unidad nominadora.

TERCERO

DECLARAR que la selección aleatoria para el llenado de vacantes, no es un acto susceptible de recurso de reconsideración, de acuerdo con lo establecido en la Ley 53 de 2015, Que regula la Carrera judicial y el Acuerdo N° 01 de 14 de diciembre de 2018 que la reglamenta."

  1. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

El amparista sustenta la presente acción constitucional en los siguientes términos:

SEGUNDO

Que los Miembros del Consejo de Carrera decidieron aplicar a las vacantes accidentales que corresponde a las posiciones de los Magistrados de Tribunales Superiores de Apelaciones de todo el país, los procedimientos de traslado, ascenso y luego de concurso abierto, quedando divididas dichas posiciones de la siguiente forma: 14 posiciones por el procedimiento de traslado y ascenso, y 13 posiciones por concurso abierto. En el caso específico de mi representada, la posición 80618 que actualmente ocupa quedó destinada a cubrirse a través de los procedimientos de traslado y ascenso.

TERCERO

Que, contra esa decisión, la M.D.A., interpuso recurso de reconsideración el día 13 de febrero de 2020, planteando en su escrito aspectos de forma y de fondo que debían ser atendidos por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial al momento de resolver el recurso, conforme a los parámetros legales establecidos en la Ley 53 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo en general.

CUARTO

No obstante, la autoridad demandada lejos de cumplir con su deber constitucional y legal de resolver el fondo del recurso sometido a su conocimiento, y en abierto menoscabo de los derechos y garantías constitucionales y legales de mi mandante, decidió mediante Resolución de 20 de febrero de 2020, rechazar de plano el recurso de reconsideración propuesto, indicando que la actuación atacada no es susceptible de impugnación de conformidad con la ley que regula la metería, esto es, la Ley 53 de 2015, pero desconociendo con ese acto el contenido de los derechos generales de quienes laboran en el Órgano Judicial y aquellas normas que regulan el procedimiento administrativo en general, menoscabando el debido proceso.

En ese mismo orden de ideas, el acto atacado vía amparo no cumple con los parámetros de otras garantías, como la tutela judicial efectiva y los deberes de las autoridades nacionales.

La promotora constitucional sostiene que la orden impugnada transgrede los artículos 17, 32 y 215 de la Constitución Política y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el concepto de violación directa por omisión.

Expresa la amparista que a su representada se le violó el debido proceso ya que no solo se le vedó la posibilidad de que dicha actuación pudiera ser revisada por la misma entidad que ejecutó el acto, a pesar que la norma especial no establece esa restricción, debiendo llenarse ese vacío a través de la ley general que lo complementa, al indicar que ella no es parte del procedimiento; sino que además, se le vulneró el derecho de acceso a la justicia, al indicar que ella no es parte del procedimiento, cuando lo cierto es que , la orden que atacó mediante el recurso de reconsideración la deja sin opción de defender su posición laboral mediante las reglas de un concurso abierto, siendo precisamente este aspecto uno de los puntos de disconformidad planteados en el recurso que le fue rechazado por la autoridad demandada, en abierta omisión del deber de garantizar una tutela efectiva.

Sostiene que el Consejo de Administración de la Carrera Judicial faltó a su deber constitucional que deriva del artículo 17 de la Constitución Política, pues desatendió el contenido de la Ley 38 de 2000, que en su artículo 37 establece su aplicación a todos los procesos administrativos que se surten en cualquier dependencia estatal, sea de la administración central, descentralizada o local, salvo que exista una norma o ley especial que regule un procedimiento para casos o materias específicas; y en este último supuesto, si tales leyes especiales contienen lagunas o vacíos sobre aspectos básicos o trámites importantes contemplados en la presente Ley, tales vacíos deberán superarse mediante la aplicación de las normas de la Ley 38 de 2000.

Agregó que la Ley 53 de 2015, no establece la forma cómo se puede impugnar este tipo de actos administrativos ejercidos por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, pero sí establece como derechos generales de los servicios judiciales el de recurrir las decisiones administrativas que les afecten, de manera que, debió atenderse supletoriamente el trámite contemplado en la Ley 38 de 2000.

Afirmó que el artículo 215 de la Constitución Política fue violado de manera directa por omisión, pues, el Consejo de la Administración de la Carrera Judicial desatendió el contenido de la Ley, dejando en indefensión los intereses legítimos de la Magistrada D.A., como parte afectada con el procedimiento administrativo ejecutado, cuando la Ley claramente reconoce el derecho al recurso, y, con ello, desconoció el derecho de protección judicial que le asiste a la afectada, de recibir una respuesta cónsona con la Ley y respetuosa de sus derechos y garantías fundamentales.

Indicó que rechazar de plano el recurso de reconsideración, lo que se reclama a través de la vía de amparo, es el desconocimiento de la autoridad demandada del deber de conocer el fondo del recurso, solicitando que se reconozca a través de esta acción constitucional que se han vulnerado gravemente las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana, constituyéndose en un acto con la entidad suficiente para afectar derechos de gran envergadura de la amparista, como lo son, el derecho a ser oído por la autoridad en cumplimiento del debido proceso y recibir respuestas de ésta, a través de una resolución motivada de la decisión que resuelve la petición.

Solicita se conceda el A. de Garantías Constitucionales y se revoque el acto atacado. Además, como petición especial requiere a este Tribunal Constitucional la suspensión provisional del acto demandado.

  1. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

Corresponde en esta etapa del negocio verificar si la demanda propuesta, la cual es consultable de foja 1 a 17 del dossier, satisface o no, los requerimientos de orden formal que exige el artículo 54 Constitucional; los artículos 101, 665, 2615, 2618 y 2619 del Código Judicial, así como los criterios que, vía jurisprudencia, ha emitido esta Corporación de Justicia respecto a esta materia.

Es pues, en esa labor que es preciso indicar que la acción de amparo de garantías constitucionales está instituida como un mecanismo dispensado por el constituyente, a fin de que todo acto u omisión, patrocinado por servidor público, que pueda afectar, restringir, vulnerar o menoscabar un derecho fundamental, sea objeto de examen de validez en sede judicial.

Al respecto advierte el Pleno que la demanda está dirigida al Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia; requisito dispuesto en el artículo 101 del Código Judicial.

En cuanto a los requisitos propios de las demandas de amparo, el accionante hace mención expresa de la orden jurisdiccional impugnada; aporta copia autenticada de la Resolución N° 01-CACJ-2020 del 20 de febrero de 2020, emitida por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, en el que se hace constar el acto amparado; identifica a la autoridad que la emitió; los hechos que fundamentan su demanda.

Ahora bien, se advierte que la presente acción constitucional es promovida contra una resolución que rechaza de plano por improcedente el recurso de reconsideración, el acto que de selección aleatoria de vacantes de cargos dentro de los proceso de Traslado o Ascenso y Concurso Abierto, denegado por la autoridad demanda.

Lo anterior quiere decir que el acto dentro del cual se generó y decidió la regla a aplicar para llenar las vacantes, es decir, reglas de traslado o ascenso y concurso abierto, a través de la herramienta informática; el legislador consideró que no debía ser objeto de revisión a través de algunos de los recursos impugnativos ordinarios para tal fin, como lo son el recurso de reconsideración o apelación; y no por ello, se viola el debido proceso.

Sobre este punto el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 27 de agosto de 2019, dentro del expediente N° 794-18 expresó lo siguiente:

"El derecho a recurrir, en términos generales, implica que toda persona tenga la posibilidad de poder defender sus derechos y, con ello, poder interponer los recursos o formas de impugnación. Sin embargo, tal concepción no conlleva a que todos y cada uno de los actos, actuaciones, decisiones o resoluciones que se surtan a lo largo de un proceso puedan ser atacadas; de ser así, los procesos nunca terminarían. Por ello, es que la ley, incluso la propia Constitución Política, establece decisiones que no pueden ser recurridas, sin que esto implique el desconocimiento del debido proceso.

La limitación recursiva obedece a un sin número de factores políticos, jurídicos e incluso de efectividad de las decisiones judiciales y el respeto a la seguridad jurídica. Los procesos simplemente no pueden ser eternos, y la posibilidad absoluta de poder recurrir todo lo que se dicte, conllevaría a no hacer de esto una realidad."

En otro orden de ideas la Corte tampoco observa en esta acción constitucional, los presupuestos señalados recientemente por este Tribunal Constitucional, que harían viable la admisión de la presente demanda de amparo de garantías constitucionales y es, que el escrito de amparo adolece del requisito de la potencial lesividad del acto atacado o principio de lesividad, que según jurisprudencia de este Tribunal Constitucional para la procedencia del amparo contra cualquier tipo de acto, se requiere que "a prima facie" se verifiquen posibles violaciones a normas o garantías de orden constitucional.

En este sentido el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución del 27 de octubre del 2014, al resolver la Acción de A. de Garantías Constitucionales, contra la orden de hacer proferida por el Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial en el Acto de audiencia oral del Recurso de Hecho, celebrada el viernes quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014 se indicó:

"Asimismo, esta Superioridad debe indicar que si bien el Pleno de la Corte ha reconocido la posibilidad de examinar en sede de A., actos que tradicionalmente han sido considerados como interlocutorios, como es el caso de las medidas cautelares; no obstante, ello ha sido fundamentado en lo que la jurisprudencia ha denominado "criterio de lesividad", lo que condiciona la admisión del A. de Garantías Constitucionales a que las circunstancias expuestas informen de la probable vulneración de derechos fundamentales, lo que en el caso que nos ocupa, no se advierte por este Tribunal Constitucional."

Es importante resaltar que si bien la acción de amparo de garantías constitucionales es el mecanismo constitucional ideado para la efectiva tutela de derechos fundamentales, tanto así, que la Corte Suprema de Justicia, en algunos casos ha flexibilizado la exigencias de ciertos requisitos formales, no obstante, ello se ha procedido cuando de los argumentos del actor se desprende que estamos frente a una acto que, a prima facie, puede representar la vulneración de derechos fundamentales, no obstante cabe reiterar que el amparista no orienta el sentido o concepto de la infracción, su disconformidad, a criterio del Pleno, se circunscribe al ámbito legal.

Es importante destacar, que a este Tribunal de A. le está vedado, en esta fase, introducir o examinar aspectos distintos a los esbozados por el propio propulsor constitucional, ya que ello nos ubicaría en la posición de una de las partes, de allí que nuestro análisis, en esta fase de admisibilidad, está enmarcado en los aspectos desarrollados por el accionante, que reiteramos esboza realmente consideraciones que no rebasan el plano de la legalidad.

Así las cosas el Pleno advierte que quien promueve la presente acción, la D.K.G.M., presentó un escrito en el cual, si bien aboga por la restauración de derechos fundamentales, para lo cual efectivamente está diseñado este mecanismo constitucional, no obstante, su discurso no logra informar o ilustrar a esta Superioridad, el concepto de la infracción constitucional, a fin de verificar si la misma guarda relación, correspondencia o sincronía con los hechos en que funda su demanda, la cual, a juicio de esta Sala en Pleno, muestra más bien su disconformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, de Rechazar de Plano el recurso de reconsideración presentado a favor de la Magistrada D.A..

Para esta Superioridad, nos encontramos frente a argumentaciones que intentan ventilar en sede constitucional, el juicio crítico e interpretativo de normas, que utilizó la autoridad demandada para RECHAZAR DE PLANO el recurso de reconsideración presentado por la Magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones de la jurisdicción penal, D.A.. Estas consideraciones, no le corresponde a este máximo Tribunal ponderar o dirimir, ya que ceder a tales pretensiones nos llevaría a ser una instancia más dentro del concurso para llenar las vacantes declaradas a través del Acuerdo N° 13 de 8 de enero de 2020, proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior lleva a esta Superioridad a concluir que la presente Acción de A. de Garantías interpuesta por la Doctora K.M., en representación de la Magistrada D.M.A., contra la Resolución N° 01-CACJ-2020 de 20 de febrero de 2020 emitida por el Consejo De Administración de la Carrera Judicial, resulta inadmisible.

PARTE RESOLUTIVA

Por la razones expuestas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la Doctora K.M., en representación de la Magistrada D.M.A., contra la Resolución N° 01-CACJ-2020 de 20 de febrero de 2020 emitida por el Consejo De Administración de la Carrera Judicial.

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES---OLMEDO ARROCHA OSORIO ---JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS CECILIO CEDALISE RIQUELME---MARIBEL CORNEJO BATISTA---HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA---LUIS R. FÁBREGA S.--- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

YANIXSA Y. YUEN (SECRETARIA GENERAL)

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