Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 8 de Mayo de 2020

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución 8 de Mayo de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: P.

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 08 de mayo de 2020

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 184-2020

V I S T O S:

La Corte Suprema de Justicia, P., conoce de la acción de amparo de derechos fundamentales, en grado de apelación, promovida por la licenciada G.Q.F., apoderada judicial de J.M.P.R., EVY DEL CARMEN RIVAS DE LERNER Y EBI DEL CARMEN NARANJO SOSA, contra el Auto N° 03 del 23 de julio de 2019, dictada por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL A-QUO

Como Tribunal de alzada, nos corresponde ponderar la decisión proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, quien a través de resolución calendada 6 de febrero de 2020 NO ADMITE la Demanda A. de Derechos Constitucionales promovida por E.D.C.N., E.D.C.R. de L. y J.M.P.R. en contra de la Jueza Suplente Especial del Juzgado Décimo Séptimo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en ocasión de haber dictado el Auto N° 03 del 23 de julio de 2019.

La decisión proferida por el Tribunal A-quo se apoyó de forma medular en los siguientes motivos y fundamentos:

"Con el fin de cumplir con lo señalado en el artículo 2610 del Código Judicial el Tribunal en Sede Constitucional, observa primeramente, que las demandantes de protección constitucional otorgan poder a procurador idóneo, menciona la orden impugnada y la transcribe, explica en qué concepto han sido infringidos los artículos de la Constitución Política que aduce infringidos, pero no acompaña al libelo la prueba de que surtieron los mecanismos legales necesarios para remediar la actuación que dice le ocasiona daño a su derecho constitucional.

Señala el demandante constitucional que el Acto que impugna, Auto N° 03 del 23 de julio de 2019, fue confirmado por el Auto 2da. I.. N° 123 de 16 de octubre de 2019, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, pero no acompaña el libelo con dicha actuación, necesaria para verificar la procedencia de la acción constitucional en cumplimiento del numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial. Y se recuerda que en el procedimiento de A. de derechos Constitucionales la prueba es pre constituida conforme el artículo 2619 del Código Judicial".

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RECURSO DE APELACIÓN

La decisión proferida por el Tribunal A-quo fue objeto de apelación por la licenciada G.Q.F., quien solicitó se ADMITA la acción de amparo de garantías.

Destaca la censora que el acto atacado es el Auto N° 03 de 23 de julio de 2019, emitido por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, acto que fue aportado con el libelo de demanda de conformidad como lo establece el artículo 2620 del Código Judicial.

Sostiene que el hecho de no haber aportado con el libelo de demanda copia del auto de segunda instancia que confirma el acto atacado, no implica que la demanda deba ser rechazada, en atención a que fue la accionante quien mencionó la existencia de la resolución de segunda instancia a fin de demostrar que se agotaron todos los recursos ordinarios.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se disponga la admisión de la acción de amparo de garantías constitucionales por contar con todos los requisitos establecidos en la ley.

CONSIDERACIÓN Y DECISIÓN DEL PLENO

Una vez conocidos los fundamentos y motivos que sustentan la decisión proferida por el Tribunal A-quo en este negocio; así como las alegaciones esgrimidas por el recurrente, esta Corporación de Justicia se encuentra en condiciones de emitir una decisión de mérito.

Debemos indicar que la acción de amparo es el instrumento jurídico que ha dispuesto el constituyente, dentro del Estado democrático y constitucional de derecho, a fin que cualquier persona pueda acudir en sede judicial y reclamar la nulidad de cualquier acto, que siendo patrocinado por servidor público, contravenga los postulados esenciales, principios y valores en los que se sostiene el conjunto de derechos fundamentales reconocidos en el sistema constitucional panameño.

En ese sentido, el I.ituto del A. está consagrado a nivel constitucional en el artículo 54, mismo que establece lo siguiente:

Artículo 54. "Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona".

El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales".

La interpretación sistemática de lo dispuesto por el artículo 54 de la Constitución en concordancia con el artículo 4 de la Norma Fundamental que señala que Panamá acata las normas del Derecho Internacional, obliga a tomar en cuenta el contenido del artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece el A. de derechos fundamentales, en los términos siguientes:

"Artículo 25. Protección Judicial.

  1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.".

    En congruencia con las normas de carácter constitucional citadas, el A. de Garantías Constitucionales fue diseñado por el constituyente para salvaguardar los derechos fundamentales, y sobre todo, para garantizar la efectiva intervención judicial a favor de la restauración del derecho vulnerado, por lo que conforme las últimas posturas jurisprudenciales que ha tenido esta Máxima Corporación de Justicia, se ha dado preponderancia a la supremacía de los Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, a través de los mecanismos de control, y en Sentencia 28 de abril de 2015, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

    "...En efecto, la Constitución reconoce (no otorga) una serie de derechos fundamentales que, incluso, se encuentran ampliados y complementados en Convenciones Internacionales sobre derechos humanos. La vigencia de tales derechos, que solo tiene lugar cuando existe un sistema de protección judicial que los tutele efectivamente, es lo que permite que la normatividad de la constitución tenga vigencia, con lo cual se asegura el mantenimiento de la supremacía constitucional y se preserva el Estado de Derecho.

    El sistema de protección no consiste exclusivamente en la incorporación al ordenamiento jurídico de normas dirigidas a garantizar el reconocimiento y la vigencia de los derechos fundamentales.

    La tutela judicial efectiva se consigue cuando se logra el reconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en las leyes, de manera que los mismos puedan ser restaurados cuando han sido lesionado".(El resaltado es del P.).

    Dicho lo anterior este P. de la Corte Suprema de Justicia, en sede de Tribunal Constitucional, ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el A. constituye un verdadero mecanismo o instrumento dispuesto a asegurar la defensa de los derechos fundamentales, frente a todo acto emitido por servidor público que pueda menoscabar, vulnerar, transgredir o afectar derechos y garantías fundamentales, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata.

    El anterior criterio responde al "principio de lesividad", según el cual, lo que condiciona la admisión del A. de Garantías Constitucionales "es que las circunstancias expuestas por el actor informen de la probable vulneración de derechos fundamentales y la misma puede dirigirse contra cualquier acto de un funcionario público que presente, a prima facie, la potencialidad de "...lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental"(Cfr. Sentencia del P. de 21 de agosto de 2008).

    Por su parte la Corte Interamericana de los Derechos Humanos mediante la opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, concibe la acción de amparo como un procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales.

    En este sentido la citada opinión consultiva expresa lo siguiente:

  2. Como ya lo ha señalado la Corte, el artículo 25.1 de la Convención es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales ( El habeas corpus bajo suspensión de garantías, supra 16, párr. 32 ). Establece este artículo, igualmente, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. De donde se concluye, a fortiori, que el régimen de protección judicial dispuesto por el artículo 25 de la Convención es aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia.

  3. El artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos. Como ya la Corte ha señalado, según la Convención:los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos ( art. 25 ), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal ( art. 8.1 ), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción ( C.V.R., F.G. y S.C. y G.C., Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente ).

    Indicado lo anterior advierte esta Corporación de Justicia que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial sustentó la no admisión de la acción de amparo de garantías constitucionales señalando que, el amparista no había acompañado con el libelo, la prueba consistente en la copia del Auto 2da. I.. N° 123 de 16 de octubre de 2019, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, necesaria para verificar la procedencia de la acción constitucional en cumplimiento del numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial.

    En este sentido debe señalar esta Superioridad, actuando como Tribunal Constitucional que no comparte los argumentos expuestos por el Tribunal A-quo para inadmitir la presente acción constitucional de amparo de garantías fundamentales, ello en atención a que el Tribunal Superior no podía exigirle al amparista que presentara copia de un acto que no es el objeto de la acción de la presente acción de amparo de garantías constitucionales, ya que la norma que regula esta materia constitucional no lo exige; aunado al hecho que la demandante es quien le informó al Tribunal de A. que el acto atacado fue objeto de revisión, a través del recurso de apelación resuelto por el Tribunal de alzada, debiendo aplicar el Tribunal Constitucional de la I.ancia el principio de buena fe y lealtad procesal para seguir realizando el examen de admisibilidad.

    Concatenado a lo anterior es importante recordarle al Tribunal A-quo que en relación al requisito previsto en el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial, respecto a que se deben agotar los recursos ordinarios para poder interponer la acción constitucional de amparo de garantías fundamentales, lo que la doctrina conoce como principio de definitividad, dicho principio no es absoluto, porque en casos excepcionales se excluye la exigencia del numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial con relación a las resoluciones judiciales, sólo por circunstancias de relevancia en las que el Tribunal de A. estime que existen serias probabilidades que el acto recurrido restrinja, amenace o vulnere los derechos fundamentales de quien presenta el A. (Cfr. Sentencias del P. de 21 de agosto de 2008 y de 14 de septiembre de 2010).

    En este sentido el P. de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 11 de octubre de dos mil diecisiete (2017), al resolver en grado de apelación la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta por la licenciada V.Y.S., contra el mandamiento del 17 de mayo de 2017, proferido por el Juez de Cumplimiento de la Provincia de Bocas del Toro, señaló:

    Dicho lo anterior esta Corporación de Justicia debe señalar en atención a lo expuesto por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial para no admitir la presente acción constitucional, que el P. a través de la más reciente jurisprudencia ha dejado sentado que la acción de amparo de garantías constitucionales puede ser interpuesta contra actos de forma directa, sin ser un requerimiento indispensable el agotamiento de los recursos impugnativos, pues se reconoce que la finalidad de esta vía de tutela es evitar o hacer cesar el agravio inminente que pueda generar el acto atacado a través de un proceso sumario, esto sobre todo cuando la vía ordinaria pueda presentarse inidónea para el restablecimiento oportuno del derecho fundamental violado.

    ...

    Dicho lo anterior se evidencia que el nuevo mandamiento a efecto que el señor Y.R.I.L., cumpliera la pena impuesta fue emitido de manera oficiosa, sin que se realizara una audiencia en la cual estuvieran todas las partes, por consiguiente dicha decisión emitida de oficio y por escrito por la Juez de Garantía no está contemplada dentro de los actos susceptibles de ser objeto del recurso de apelación de conformidad con lo planteado en el numeral 8 del artículo 169 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 509 de dicho cuerpo legal; por lo que mal podría señalarse que no se agotaron los medios impugnativos como fue indicado por el Tribunal Constitucional de Primera I.ancia; sin embargo como hemos explicado, la falta del agotamiento del principio de definitividad en nada obsta en que no se pueda ejercer la acción constitucional del amparo de garantía constitucionales.

    Expuesto lo anterior, este P. de la Corte Suprema de Justicia, en sede de Tribunal Constitucional, advierte que la activadora constitucional alega que el acto impugnado violenta varios derechos y garantías constitucionales y explica cómo dichas normas han sido transgredidas; es decir que del escrito presentado por la amparista se logra deducir, que se cumple con los requisitos de admisión exigibles para este tipo de procesos establecidos en los artículos 665, 2615 y 2619 del Código Judicial, así como con los señalados por nuestra jurisprudencia.

    Lo que corresponde entonces al Tribunal de A. es verificar si el acto atacado puede ser susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho previsto en la Constitución Nacional, a fin de resolver si procede o no la concesión del amparo de garantías constitucionales.

    En virtud de lo expuesto en las líneas que anteceden, consideramos pertinente que la decisión de primera instancia debe ser revocada, en el sentido de Admitir la Acción de A. bajo estudio.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la Resolución de 6 de febrero de 2020, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no admitió la Acción de A. de derechos fundamentales propuesta por la licenciada G.Q.F., apoderada judicial de J.M.P.R., EVY DEL CARMEN RIVAS DE LERNER Y EBI DEL CARMEN NARANJO SOSA. En consecuencia, ORDENA ADMITIR la Acción de A. de Garantías Constitucionales formalizado por la licenciada G.Q.F., contra el Auto N° 03 del 23 de julio de 2019, dictada por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

    N. y Cúmplase.

    ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES---OLMEDO ARROCHA OSORIO ---JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS CECILIO CEDALISE RIQUELME---MARIBEL CORNEJO BATISTA---HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA---LUIS R. FÁBREGA S.---- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

    YANIXSA Y. YUEN (SECRETARIA GENERAL)

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