Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 3 de Junio de 2020

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución 3 de Junio de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 03 de junio de 2020

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 103-2020

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, del A. de Garantías Constitucionales interpuesto por el Licenciado G.L., en nombre y representación de J. LAY DE LEÓN, contra la Sentencia S.S.I. N°04 fechada 16 de agosto del 2019, emitida por el Tribunal de Apelaciones y Consultas, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

En la resolución atacada en A., el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, reformó la pena impuesta por el Juzgado Cuarto Municipal Penal, del Primer Distrito Judicial de Panamá, en la Sentencia Condenatoria N°38 del 18 de septiembre del 2018, a la señora J.L., y dispuso imponerle la pena de un (1) año de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de un (1) año, como autora del delito de Expedición de Cheques Sin Suficiente Provisión de Fondos, confirmando lo demás.

  1. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

    El fallo recurrido es la Resolución del 16 de enero del 2020, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual NO ADMITE la Acción A. de Derechos Constitucionales propuesta, al considerar que los argumentos del amparista son de carácter legal y no constitucional.

    Señala que la jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia ha precisado que el Recurso de A. no puede dar cabida a la impugnación de una resolución invocándose aspectos de legalidad, es decir, que no se debe realizar un nuevo debate sobre la aplicación de las normas sustantivas, así como las motivaciones que utilizó el funcionario demandado para dictar la decisión.

    Manifiesta el Tribunal de primera instancia que lo que busca el amparista es que se pronuncie sobre la responsabilidad penal de la procesada, lo cual no es posible examinar a través de esta vía; pues, si consideraba que no se constituyó el delito, debió demostrarlo en el escenario correspondiente.

    Finalmente, señala que la Acción de A. no es una tercera instancia, ni una institución revisora de procesos, por lo cual correspondía inadmitir la Acción Constitucional de A., objeto de análisis.

  2. POSICIÓN DE LA RECURRENTE

    El apelante judicial manifiesta que no está de acuerdo con la decisión del Tribunal A-quo, porque en la demanda se alegan violaciones a Normas Constitucionales, específicamente a los principios de "nulla pena sine lege" y el Debido Proceso, el primero de ellos que comprende la prohibición de sancionar penalmente a una persona si no ha cometido un delito previsto previamente en la ley penal; mientras que el segundo, señala que todo proceso debe tramitarse conforme a lo previsto en la ley de procedimiento respectiva.

    Considera que, no existe otra forma de explicar la violación a dichas Garantías Constitucionales, sin esbozar argumentos legales, pues se encuentran vinculados a la aplicación de las normas que los desarrollan, además en el apartado relativo a las "Disposiciones Constitucionales Infringidas y el Concepto de la infracción", expresó las violaciones a Normas Constitucionales.

    En ese sentido, en el escrito de amparo indicó que, si la víctima y el beneficiario del cheque tienen conocimiento sobre la suma de dinero existente en la cuenta de donde se emite el cheque, y que "es quien ordena la emisión del cheque, y controla, tiene en propiedad los bienes, dineros y cuentas bancarias de la empresa", y una vez emitido el cheque cambia a los directores y dignatarios de la sociedad, despidiendo además a la persona que firma el cheque objeto del supuesto delito, designando a su propia esposa como única firmante de la cuenta, no se comete delito, violentándose los artículos 31 y 32 de la Constitución Política, al condenarla por hechos que no constituyen delito.

  3. CONSIDERACIONES DEL PLENO

    Una vez expuesto lo anterior, nos corresponde evaluar los argumentos que sustentan el presente recurso, así como los fundamentos legales en que se sustenta la decisión esgrimida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, para dictar la decisión de no admitir la Acción de A. de Garantías interpuesta en representación de J. LAY DE LEÓN, contra la Sentencia S.S.I. N°04 del 16 de agosto del 2019, dictada por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, mediante la cual reformó la pena impuesta por el Juzgado Cuarto Municipal Penal, del Primer Distrito Judicial de Panamá, imponiéndole un (1) año de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de un (1) año, como autora del delito de Expedición de Cheques Sin Suficiente Provisión de Fondos, confirmando en todo lo demás.

    El fundamento del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, para no admitir la Acción de A. interpuesta, consiste en que, el accionante ataca aspectos de legalidad, con el fin de que el Tribunal Constitucional se pronuncie con respecto a la responsabilidad penal de la procesada, intentando convertir en una tercera instancia la presente Acción de A..

    Por su parte, el recurrente hace énfasis en que el acto impugnado en sede de A., viola la Garantía Constitucional del Debido Proceso y la prohibición de sancionar penalmente a una persona si no ha cometido un delito previsto previamente en la ley penal.

    Adentrándonos a resolver el recurso de apelación interpuesto dentro de la presente Acción, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera indispensable resaltar la naturaleza y objetivo del A. de Garantías Constitucionales, como el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado Democrático y Social de Derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la Tutela de su Derecho infringido por una acción o acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, viole los Derechos y Garantías que la Constitución consagra, a fin de que sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

    Dicha garantía se encuentra consagrada no sólo en el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Panamá, sino también en Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos reconocidos por nuestro país, y a nivel legal, en los artículos 2615 y siguientes del Código Judicial, en el cual se establece además, que dicha Acción de Tutela de Derechos Fundamentales puede ser impetrada cuando por la gravedad e inminencia del daño que representa el acto, se requiere de su revocación inmediata.

    Ahora bien, al examinar el escrito de apelación, a fin de determinar si concurren los presupuestos necesarios para la admisibilidad de la Acción de A. de Garantías que nos ocupa, esta Corporación de Justicia advierte, que el Accionante alega la violación directa de los artículos 31 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, al haberse condenado a su defendida por hechos que a su consideración no constituyen delitos.

    Una vez aclarado lo anterior, compartimos el criterio del Tribunal A quo, en el sentido de que observamos que lo que pretende el amparista ahora recurrente es convertir al Tribunal de A. en una Tercera Instancia, requiriendo que se pronuncie sobre el delito y la pena que le fue impuesta a su representada en la Sentencia de Segunda Instancia.

    En ese sentido, debemos recalcar que el A. de Derechos Fundamentales no es una institución ordinaria y por esta vía sólo es posible verificar trámites o revisar procedimientos en la medida que impliquen la vulneración de disposiciones constitucionales que consagren derechos fundamentales, que hayan podido violentarse con el acto impugnado; y al esbozarse los motivos concretos de infracción constitucional, éstos deben ir más allá de una simple discusión en el plano legal valorativo y centrarse en la argumentación de una real violación de los Derechos Fundamentales, lo cual no logró desarrollar el accionante en su libelo de amparo ni en el recurso de apelación, sino que se limitó a argumentar sobre los motivos por los que no está de acuerdo la condena que le impuso el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, a su representada, explicando que los hechos ocurridos y por los cuales fue investigada su defendida, no constituyen delito.

    Ahora bien, a través de su jurisprudencia el Pleno de esta Corte Suprema de Justicia ha aclarado, que la utilización del amparo como medio para verificar la valoración probatoria o que la interpretación de la Ley por parte del juez ordinario haya sido correcta, es posible de manera excepcional, en aquellos casos en los que se haga evidente que se ha violado un Derecho o Garantía Fundamental, por razón de una sentencia arbitraria o por una sentencia en la que exista falta de motivación o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación (Cfr. Sentencia de 21 de noviembre de 2011), o cuando se trate de una sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión (Cfr. Sentencia de 4 de julio de 2012), o cuando se trate de una sentencia en la que se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la ley, siempre que, se reitera, se afecte, con una de dichas sentencias, un derecho o garantía fundamental (Cfr. Sentencia de 5 de septiembre de 2012), sin embargo, en el presente caso este Tribunal de A. no evidencia la concurrencia de ninguna de dichas excepciones, que hicieran necesaria la admisión de ésta acción constitucional, a fin de cesar la vulneración a un Derecho Fundamental.

    No obstante, en esta ocasión, tal como lo manifestó el Tribunal de primera instancia, de los argumentos expuestos por el recurrente, y de la revisión del Auto S.S.I. N°04 del 16 de agosto del 2019, este Tribunal de A. considera que no se desprende una posible vulneración de las normas constitucionales alegadas; toda vez al resolver el Recurso de Apelación anunciado por la parte querellante, el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, a través de una resolución debidamente motivada, hizo una explicación jurídica congruente y clara sobre los motivos por los que consideraron debía reformarse la decisión del Juzgado Cuarto Municipal Penal, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, como Tribunal de primera instancia y en ese sentido imponer a J. LAY DE LEÓN, la pena de un (1) año de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, como autora del delito de Expedición de Cheques Sin Suficiente Provisión de Fondos.

    Todo lo anterior, lleva a esta Corporación de Justicia, como Tribunal Constitucional a concluir, que la presente Acción de Tutela de Derechos y Garantías Fundamentales, no puede ser admitida; toda vez que, los argumentos que la sustentan escapan de la labor tutelar que este Tribunal de A. está llamado a ejercer, y tampoco se evidencia una posible violación de los Derechos Fundamentales de la recurrente, que posibiliten su admisión, tal como lo establece el artículo 2615 del Código Judicial.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución del 16 de enero del 2020, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que NO ADMITE la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado G.L., en nombre y representación de J. LAY DE LEÓN, contra la Sentencia S.S.I. N°04 fechada 16 de agosto del 2019, emitida por el Tribunal de Apelaciones y Consultas, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

    N.,

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    OLMEDO ARROCHA OSORIO---JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS---CECILIO CEDALISE RIQUELME---MARIBEL CORNEJO BATISTA ---HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA---LUIS R. FÁBREGA S.---MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS---ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN(SECRETARIA GENERAL)

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