Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Enero de 2021

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución21 de Enero de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: J.E.A. Prado Canals

Fecha: 21 de enero de 2021

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 901-2020

VISTOS:

Cursa ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales instaurada por el licenciado A.B.P.A., en nombre y representación de A.O.L., contra el Decreto de Personal N°519 de veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020), emitido por el Ministerio de la Presidencia - que resuelve dejar sin efecto el nombramiento del amparista - y su acto confirmatorio.

EL LIBELO DE AMPARO

En lo medular de la demanda de amparo, expone el apoderado judicial que su representado, A.O.L., es un servidor público, discapacitado, adulto mayor de más de 60 años con enfermedades crónicas y degenerativas de hipertensión arterial crónica que, además, es la única fuente de sustento de su hogar y de su señora madre que es una persona con discapacidad, adulta mayor de 83 años, en situación o estado de vulnerabilidad, D.R.L.L., que padece enfermedades crónicas y degenerativas de Alzheimer (leucoma e hipertensión), con sintomatología diagnosticada, al tenor de la Ley N°25 de 2018. Agrega que el precitado fungía como editor de programas de televisión, con funciones en el Ministerio de la Presidencia hasta el día jueves 23 de julio de 2020, fecha de su notificación legal y formal y también de su destitución - mediante el Decreto de Personal N°519 de 22 de julio de 2020 -, sin causa legal justificada y sin seguir un proceso administrativo disciplinario previo, violando así la garantía constitucional del debido proceso e ignorando la jurisprudencia de esta Corte, pues el servidor goza de fuero de enfermedad de carácter crónica y está amparado por el régimen especial de estabilidad laboral derivado de las normas laborales establecidas por el Estado a favor de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a causa de una discapacidad, al tenor de lo que dispone la Ley N°42 de 1999.

Reitera el letrado que su representado fue destituido de su empleo sin causa legal justificada en el marco de pandemia y sin seguir un procedimiento administrativo disciplinario previo, cuando incluso estaban suspendidos todos los términos al tenor del artículo 9 del Decreto Ejecutivo N°507 de 24 de marzo de 2020, violándose este decreto y los derechos subjetivos inalienables, fundamentales del amparista, colocándolo en evidente estado de indefensión, infringiéndose así la garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política, así como la Ley N°42 de 1999 y sus reformas y la Ley N°59 de 2005, modificada por la Ley N°25 de 2018. Destaca además la protección que le corresponde a su representado de acuerdo a las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad.

Luego de citar jurisprudencia proferida por esta Alta Corporación de Justicia, el licenciado P.A., al precisar las garantías fundamentales infringidas y el concepto en que lo han sido, señala que el acto infringe, en concepto de violación directa por omisión, el artículo 32 de la Carta Fundamental, pues no fue expedido conforme a los trámites legales en estricto derecho y sin causa justificada, como lo demanda la Ley N°42 de 1999, que garantiza el legítimo derecho a un empleo productivo, digno y remunerado.

Expresa que la autoridad obvió el trámite establecido en el artículo 4 de la Ley N°25 de 2018 en el sentido que solo podrán ser despedidos o destituidos de sus puestos de trabajo por causa justificada o, tratándose de servidores públicos, invocando para ello alguna causa justa prevista en la ley de acuerdo con los procedimientos correspondientes y del ordenamiento jurídico interno, al tenor del artículo 32 de la Constitución Política.

Sigue diciendo el apoderado judicial de A.O. LUNA que el Decreto de Personal N°519 de 22 de julio de 2020, viola de manera directa por omisión los artículos 17, 19, 74 y 300 de la Constitución Política, relacionados con los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues vulnera el derecho a la estabilidad en el cargo condicionada a la competencia, lealtad y moralidad en el servicio.

Arguye el letrado que el acto infringe el numeral 14 y 16 del artículo 146 del Texto Único de la Ley N°9 de 1994, que establece y regula la Carrera Administrativa, modificado por la Ley N°23 de 12 de mayo de 2017, en concepto de violación directa por omisión y, de igual manera, el artículo 6 de la Ley N°23 de 12 de mayo de 2017, que modifica el artículo 156 (ahora 161) de la Ley N°9 de 1994. En ese sentido, amplía que se debe tener presente que, en atención a la categoría especial de protección por la edad de 60 años del servidor público, se debe considerar que está a menos de dos años para jubilarse.

Sobre la infracción directa por omisión del artículo 300 de la Carta Fundamental, precisa el licenciado P.A. que, por estar A.O. LUNA amparado por un régimen especial de estabilidad, la facultad discrecional del Ministerio de la Presidencia como autoridad nominadora se ve limitada por la propia Ley Especial, ya que no puede ser destituido sin causa justa legal.

Expresa además el jurista que el acto pasa por alto la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia, que ha señalado que las acciones de personal que se adopten atendiendo a la facultad discrecional, no deben apartarse de los procedimientos y criterios establecidos en los artículos 300 y 303 de la Constitución Política, en el sentido que el nombramiento o remoción de un servidor público, no sólo responde a la potestad absoluta o discrecional de la autoridad, sino, por el contrario, a un sistema de méritos, donde la estabilidad laboral estará condicionada a la consideración de tres aspectos que son: la competencia, lealtad y moralidad del servidor público en el desempeño de sus funciones.

Apunta el promotor de la acción que el artículo 302 de la Carta Fundamental refuerza este criterio, cuando indica que los nombramientos, ascenso, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones serán determinados por la ley; esto es, que no necesariamente serán el resultado del poder discrecional o absoluto de la autoridad nominadora.

Admitida la presente iniciativa constitucional, mediante resolución de diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinte (2020), se solicitó a la autoridad demandada el envío de las actuaciones a este Tribunal o, en su defecto, un informe acerca de los hechos materia de la acción (f.131). Fue así que, mediante Nota N°976-2020-AL de 26 de noviembre de 2020, el Señor Viceministro de la Presidencia rindió su informe de conducta, cuyo tenor, en lo medular, se reproduce a continuación:

"De acuerdo con la información que consta en el expediente que reposa en la Oficina Institucional de Recursos Humanos de este ministerio, A.O.L. fue nombrado mediante el Decreto de Personal No.318-A de 26 de junio de 2018, en el cargo de editor de programas de televisión, Posición No.10312, Código No. 0062020 y salario mensual de B/2,000.00, del cual tomo (sic) posición el 1 de agosto de 2019.

Para efectos de este informe, debemos aclarar que no consta en el expediente de personal del ahora demandante, que el mismo haya sido incorporado a la Carrera Administrativa ni a ninguna otra carrera que le otorgue la estabilidad inherente al funcionario investido de una carrera de la función pública regulada por una ley formal o de carrera, o concedida por una ley especial en la cual se establezcan los requisitos para alcanzar tal condición, ordinariamente basada en un sistema de méritos.

Dentro de este marco de referencia se produce la emisión del Decreto de Personal No.519 de 22 de julio de 2020 por el cual se dejó sin efecto el nombramiento del servidor público A.O.L. del cargo que ocupaba dentro del Ministerio de la Presidencia; acto administrativo que encuentra asidero jurídico en el artículo 300 de la Constitución Política de la República, el artículo 629 del Código Administrativo, el artículo 2 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, modificado por la Ley 23 de 12 de mayo de 1917, el artículo 35 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, y la Resolución No.38 de 9 de julio de 2019, emitida así por la Dirección General de Carrera Administrativa.

Dicho acto administrativo le fue notificado personalmente al afectado el día 23 de julio de 2020.

Que en adición a lo antes expuesto, también es válido señalar que según lo previsto en el numeral 49 del artículo 2 del Texto Único de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, el cargo ocupado por la recurrente obedece al tipo de nombramientos a los que le aplica la facultad discrecional de la que se encuentra envestida la autoridad nominadora para declarar sin efecto la designación de un servidor público.

Por otra parte, también es importante traer a colación para efectos de este informe lo ya señalado por la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 3 de mayo de 2011, bajo la sustanciación del Magistrado Ponente V.L.B.P.

Como parte sustancial de su pretensión, el recurrente invoca la protección que la Ley No.59 de 28 de diciembre de 2005, reformada por la Ley No.25 de 19 de abril de 2018, reconoce a favor de las personas afectadas con enfermedades crónicas, involutivas y o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, para lo cual ha presentado una certificación médica fechada de 27 de julio del año en curso, emitida por la Caja del Seguro Social, no obstante, es necesario destacar que dicho documento no constaba en el expediente de personal del accionante, sino que fue aportado por este como parte de las pruebas incorporadas al recurso de reconsideración que interpuso en contra del acto administrativo mediante el cual se le desvinculó de la función pública dentro del Ministerio de la Presidencia.

En relación con lo antes expresado, vale observar que la norma invocada por el recurrente en sustento de su pretensión, es decir, el artículo 5 de la Ley 25 de la excerta legal ya mencionada, señala de manera taxativa, que la certificación de la condición física o mental de las personas que padezcan de enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, será expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin o por el dictamen de dos médicos especialistas idóneos del ramo, requisito que de manera alguna cumple el documento aportado en su escrito de reconsideración por Ortega Luna que solo aparece suscrita por una profesional de la medicina con categoría de médico general. Además debo reiterar que tal como se desprende de la fecha de emisión de este documento, el 27 de julio de 2020, el mismo fue emitido con posterioridad a la notificación de la acción de destitución de la que fuera objeto el mencionado servidor público (cfr.fs.132-133)"

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Finalizada la reseña de los aspectos medulares del libelo de amparo interpuesto por el apoderado judicial de A.O.L. y del informe de conducta rendido por el Señor Viceministro de la Presidencia, se procede a decidir la presente acción constitucional subjetiva.

Según lo expuesto en líneas precedentes, es el convencimiento del promotor de la acción que el acto demandado, representado por el Decreto de Personal N°519 de veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020) y su acto confirmatorio, infringe de forma directa por omisión los artículos 17, 19, 32, 74 y 300 de la Constitución Política, relacionados con los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los cargos de agravio a las disposiciones constitucionales antes precisadas bien pueden resumirse en el desconocimiento por parte de la autoridad de fueros que, según afirma el amparista, le asisten de acuerdo a la ley por ser "un adulto mayor de más de 60 años, con enfermedades crónicas y degenerativas de hipertensión arterial crónica", por tener bajo su cuidado a su señora madre D.R.L.L., "adulta mayor de 83 años, en situación o estado de vulnerabilidad" y de quien manifiesta es "discapacitada octogenaria, con enfermedades crónicas y degenerativas de Alzheimer (leucoma e hipertensión) con sintomatología diagnosticado" (Ley N°42 de 1999, reformada por la Ley N°15 de 2016; Ley N°25 de 2018) y, por faltarle dos años para jubilarse. En esa misma línea, censura que el acto atacado lo haya desvinculado de la institución demandada sin seguirle un proceso administrativo previo y mientras se encontraban suspendidos los términos de los procesos administrativos en las diferentes instituciones de Gobierno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N°507 de 24 de marzo de 2020, en razón de la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19.

Por su parte, la autoridad demandada en su informe de conducta, alega la facultad discrecional que le asiste para dejar sin efecto el nombramiento de A.O. LUNA por tratarse de un funcionario de libre nombramiento y remoción al no estar amparado por la Ley de Carrera Administrativa, agregando que las circunstancias alegadas por el amparista, a propósito de la presente acción, no constaban en su expediente personal y que fueron aportadas junto con el recurso de reconsideración.

Señala además que el artículo 5 de la Ley 25 de 19 de abril de 2018 establece que la certificación de la condición física o mental de las personas que padezcan de enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, deben ser expedidas por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin o por el dictamen de dos médicos especialistas idóneo del ramo, requisito que, según afirma, no cumplió el amparista quien presentó un certificado posterior a la acción de destitución.

Resumidas las posiciones de las partes se debe precisar que, si bien la acción está dirigida contra el Decreto de Personal N°519 de veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020) y su acto confirmatorio, este último no fue aportado por el promotor de la acción - únicamente consta el escrito de anuncio y sustentación del recurso de reconsideración (cfr.47-51) -, tampoco se observa en el expediente de personal que remitiera en copia autenticada el Ministerio de la Presidencia, cuyo informe de conducta, no ofrece certeza en cuanto a la decisión del mencionado recurso.

Lo anterior, como se evidencia de la tramitación que se le ha dispensado a esta causa constitucional, no impide emitir un pronunciamiento de fondo, como quiera que existe absoluta claridad en cuanto al acto demandado y porque, tratándose de un acto administrativo, no resulta aplicable el principio de definitividad. Aunado a esto, al momento de decidirse la admisibilidad de esta acción, se dio preponderancia al criterio de lesividad, por advertirse la posible vulneración de un derecho o garantía fundamental.

Efectuada esta aclaración, observa el Pleno, tras la lectura del acto censurado - consultable a foja 44 del expediente constitucional -, que la destitución de A.O. LUNA del cargo que ocupaba como Editor de Programa de Televisión, Código N°0062020, Posición N°10312, en el Ministerio de la Presidencia se sustenta en la condición de funcionario de libre nombramiento y remoción que le era propia, motivación que la autoridad demandada deja plasmada en el informe de conducta remitido a esta M., agregando que el servidor público no acreditó oportunamente y en debida forma las condiciones de salud que refiere en el libelo de amparo, habida cuenta que lo hizo a propósito del recurso de reconsideración anunciado contra el Decreto de Personal N°519 de 22 de julio de 2020.

Frente a esta alegación, se hace necesario recordar que la discrecionalidad de la administración encuentra una limitante en el respeto de los derechos humanos, así lo ha consignado tanto la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos (sentencia de 2 de febrero de 2001, C.B. y otros vs. La República de Panamá), como la emanada de esta Corporación de Justicia, que enfatiza el deber que, aun en estos casos, tiene la administración de respetar el debido proceso, por cuanto, "no sólo cumple una función de garantía del procedimiento sino también supone una garantía para el aseguramiento de la dignidad humana de las personas con discapacidad, y por extensión, a los padres o tutores de la persona con discapacidad, en el sentido de proteger integralmente a la familia" (Fallo de 18 de julio de 2016).

A propósito del fuero establecido en la Ley Nº 42 de 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad, advierte este Tribunal Constitucional, que el amparista lo reclama para sí y respecto a su madre. Sobre esto último, el artículo 45-A de la ley en referencia establece que, en el caso de servidores públicos, respecto a la "persona con discapacidad, padres, madres, tutor o el representante legal de la persona con discapacidad" no se admitirá como causal el libre nombramiento y remoción, salvo que se trate de funcionarios en cargos de confianza.

Del expreso tenor de la ley, se desprende una serie de requerimientos que no se advierten hayan sido puestos en conocimiento de la autoridad demandada siquiera de forma indiciaria - como lo dicta la jurisprudencia del Pleno -, de forma tal que se pueda concluir una infracción de las disposiciones 17 y 32 de la Carta Política producto de la emisión del acto. N. en este sentido que el hecho sexto del libelo de reconsideración se limita a señalar que A.O. LUNA es "el responsable de sustentar los gastos de su señora madre...que se encuentra recluida en un RESIDENCIAL GERIÁTRICO FAMILIA FELIZ...lo que ante este despido injustificado, afectará su salud, señalando que esta tiene "83 años y padece de ALZHEIMER, LEUCOMA E HIPERTENSIÓN, lo cual también se encuentra catalogado como enfermedad crónica" (cfr.f.49).

De lo indicado, no resulta la condición de tutor o representante legal que requiere la norma - ello no se puede colegir de su condición de hijo, ni del hecho que este haga frente a los gastos por su cuidado -, ni de la documentación aportada - nota del residencial geriátrico - se desprende de manera indiciaria la condición de discapacidad que, en los términos supra expuestos, le representaría protección, se aprecia que las afirmaciones sobre patologías deben ser hechas por un profesional de la medicina.

Aunado a esto, debe decirse - a raíz de lo afirmado en cuanto a que la madre del servidor público padece una enfermedad crónica - que, como se desprende de la lectura de la Ley N°59 de 28 de diciembre de 2005 - sobre la protección laboral para personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como de insuficiencia renal, que produzcan discapacidad laboral, reformada por la Ley N°25 de 19 de abril de 2018 - esta protección - que no debe ser confundida con la dispensada por Ley N° 42 de 27 de agosto de 1999, que establece la equiparación de oportunidades de personas con discapacidad -, se dirige únicamente al trabajador. En ese sentido, establece el artículo 1 de la Ley N°59 de 2008 que "Todo trabajador, nacional o extranjero, a quien se le detecte enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes del diagnóstico médico" (Énfasis suplido por el Pleno). Este carácter personalísimo de la tutela que ofrece la Ley N°59 de 28 de diciembre de 2005 se desprende también de su artículo 2, que señala que "El padecimiento de enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como de insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral parcial, no podrá ser invocado como una causal de despido por las instituciones públicas ni por los empleadores particulares, si el trabajador cumple con los requisitos para mantenerse laborando en un cargo que sea compatible con su jerarquía, fuerza, aptitudes, preparación, destreza y con su nueva condición".

En resumen, se trata de una protección que se le reconoce al trabajador que se ve afectado por una enfermedad crónica, involutiva y/o degenerativa que produzca una discapacidad laboral parcial, en cuanto lo que se propone el legislador es evitar que vea alterada sus condiciones de trabajo. Huelga decir que, el hecho de que un familiar del trabajador padezca una enfermedad crónica, involutiva y/o degenerativa, no genera una discapacidad de tipo laboral en el trabajador, menos aún está llamada a alterar sus condiciones de trabajo, de allí que no ameriten mayor análisis los argumentos que refieren la infracción de las garantías constitucionales por el desconocimiento de la protección consagrada en la Ley N°59 de 28 de diciembre de 2005, en lo que atañe a la madre del amparista.

No obstante lo anterior, observa esta Colegiatura que el amparista - y ello lo reconoce expresamente la autoridad en su informe de conducta - al momento de sustentar el recurso de reconsideración incoado contra el Decreto de Personal N°519 del 22 de julio de 2020, manifestó que se encontraba protegido por la Ley N°59 de 28 de diciembre de 2005 - reformada por la Ley N°25 de 19 de abril de 2018 - pues padeció de hipertensión arterial y sufrió en el año 2018 isquemia cerebral (cfr.f.48), aportando copia autenticada por Notario Público de la certificación que le fuera extendida por la Doctora YESSIKA JIMÉNEZ de la Caja del Seguro Social - y que suscribe como Médico de Cabecera ULAPS Máximo Herrera B. el 27 de julio de 2020.

Si bien es un hecho cierto que la certificación en comentario es posterior al acto demandado, también lo es que el facultativo que lo suscribe refiere una condición de salud no solo actual, sino también que antecede en el tiempo al Decreto de Personal N°519 del 22 de julio de 2020.

El hecho que la condición de salud no haya sido puesta en conocimiento de la institución con antelación a la emisión del acto en virtud del cual se deja sin efecto el nombramiento del funcionario, considera esta M., no es óbice para negar la tutela consagrada en la Ley N°59 de 28 de diciembre de 2005 - reformada por la Ley N°25 de 19 de abril de 2018 -, cuando esta situación es alegada a propósito del recurso de reconsideración incoado contra dicho acto. No puede desconocer esta M. que la condición de salud, en cuanto no produzca una ausencia o licencia por incapacidad, suele permanecer en la intimidad del servidor público y que no es hasta que este es cesado, que la hace del conocimiento de la institución.

En esa línea de pensamiento, pese a la protección establecida en la Ley N°59 de 28 de diciembre de 2005 - reformada por la Ley N°25 de 19 de abril de 2018 - no existe en ella disposición que obligue al servidor público a hacer del conocimiento de la institución el padecimiento de enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, de manera inmediata, interpretación que, no sobra agregar, tampoco resulta del artículo 5 de la mencionada ley, conforme a su reforma, que se refiere a la certificación en comentario y reza así:

"Artículo 5. La certificación de la condición física o mental de las personas que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, será expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin o por el dictamen de dos médicos especialistas idóneos del ramo. La persona mantendrá su puesto de trabajo hasta que dicha comisión dictamine su condición."(Énfasis suplido por el Pleno)

Rescata el Pleno la última frase del artículo citado, en cuanto más allá de establecer que el servidor público debe mantener su puesto de trabajo cuando padezca algunas de las enfermedades supra descritas, deja en claro que esta protección debe dispensársele hasta que la comisión dictamine su condición, lo que evidencia que la certificación expedida por la comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin o el dictamen de dos médicos especialistas idóneos del ramo, puede ser posterior al momento en que el funcionario pone en conocimiento de la institución su patología, lo que ha ocurrido en el caso bajo examen, sustentado con un dictamen médico expedido por el médico de cabecera que, como se ha indicado supra, refiere una patología que se remonta al año 2018.

Ante este escenario, estima esta Alta Corporación de Justicia que la institución demandada, pese a haber emitido el acto hoy demandado, se encontraba, a propósito del recurso de reconsideración incoado por el funcionario y de los argumentos y documentos por él presentados, en plena capacidad de adoptar las medidas pertinentes de manera que pudiese ser corroborada su condición de salud, así lo demanda el artículo 17 de la Constitución de la República, que establece la obligación que tienen las autoridades de la República de proteger la vida, honra y bienes de las personas; de asegurar los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Esta posición es consecuente con la línea jurisprudencial de esta M. según la cual la falta de pruebas que corroboren el estado de discapacidad que da lugar a la protección laboral no debe conducir a su denegación, pues corresponde a las autoridades, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política, asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales, debiendo practicar, de oficio, las evaluaciones pertinentes, siempre que existan indicios de discapacidad, lo mismo puede decirse en este caso, en el que existe un dictamen médico que refieren patologías que pueden ubicar al servidor público en la posición de beneficiario de la protección que dispensa la Ley N°59 de 28 de diciembre de 2005. A manera de ilustración se cita, en lo pertinente, el fallo de 11 de octubre de 2010:

"Es cierto que existe un principio procesal, conforme al cual las partes en un proceso tienen la carga de probar los hechos que sustentan sus pretensiones y excepciones, según sea el caso. Ello, a pesar de que el artículo 17 de la Constitución Nacional dispone el deber de las autoridades de asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales. Sin embargo, tratándose de un caso de discapacidad, si bien la parte que la alega debe procurar acreditar tal extremo, la ausencia de actividad probatoria por parte de dicha persona no releva a la autoridad del deber especial de tutelar a las personas que padezcan una discapacidad, lo que se traduce en la obligación de la autoridad de practicar, de oficio, las respectivas evaluaciones, cuando exista un indicio de la discapacidad.

La Corte es del criterio que en el presente caso, recaía sobre el Órgano Ejecutivo, por conducto del Director del Ministerio de Obras Públicas, la carga de ordenar lo conducente a fin de determinar si el amparista era o no discapacitado, antes de proceder a confirmar su destitución, tomando en cuenta que el mismo advirtió a la autoridad nominadora que padece una discapacidad a causa de un accidente laboral y que en su expediente de personal reposan múltiples certificados de incapacidad que evidencian el haber sufrido una lesión a causa de accidente laboral (Cfr. fojas 13 a 25 de los antecedentes)."(Fallo de 11 de octubre de 2010)

Queda claro, a partir del informe de conducta, que la institución demandada no ha extremado medidas para corroborar, en los términos establecidos por el legislador, si en efecto A.O. LUNA presentaba la condición de salud respecto a la cual se ha establecido una protección laboral especial que obliga, aun cuando el funcionario no sea amparado por la Ley de Carrera Administrativa - como es el caso -, a evacuar, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N°59 de 28 de diciembre de 2005 - reformada por la Ley N°25 de 19 de abril de 2018 - un procedimiento administrativo disciplinario, sustentado en una causal justa prevista en la ley.

"Artículo 4. Los trabajadores afectados por las enfermedades descritas en esta Ley, solo podrán ser despedidos o destituidos de sus puestos de trabajo por causa justificada y previa autorización judicial de los Juzgados Seccionales de Trabajo, o, tratándose de servidores públicos, invocando para ello alguna causa justa prevista en la ley, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

..."

Vistas las circunstancias hasta aquí expuestas, no le es dable a la autoridad demandada hacer uso de la facultad discrecional que la ley le otorga para dejar sin efecto el nombramiento de los funcionarios cuyos cargos, por ser de libre nombramiento y disposición, no ostentan el derecho a la estabilidad en el cargo, siendo que esta parte de la premisa que el servidor público no cuenta con un fuero que le asista, lo que no puede aseverarse categóricamente respecto a A.O. LUNA mediando un dictamen médico que refiere un estado de salud preexistente que pudiera representarle la tutela supra comentada y que es de pleno conocimiento de la autoridad, a propósito del recurso anunciado y sustentado contra el acto amparado.

Se concluye entonces que el acto demandado, en efecto, se muestra violatorio al artículo 17 del Texto Fundamental y a la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el artículo 32 del mismo compendio de normas, razón por la cual se concederá la acción constitucional subjetiva objeto de análisis. Siendo esto así, deviene innecesario que esta Sala Plena haga referencia a la violación de la garantía del debido proceso sustentada en el desconocimiento de la protección que dispensa el numeral 14 del artículo 146 de la Ley a los "servidores públicos en funciones a los que les falten dos años para jubilarse, que laboren en instituciones del Estado que pertenezcan o no a la Carrera Administrativa" - condición esta que, no sobra agregar, no resulta con claridad del expediente -, así como a los restantes cargos de infracción constitucional.

En atención a lo resuelto, este Tribunal Constitucional, de conformidad a lo normado en el artículo 4-A de la Ley N°59 de 28 de diciembre de 2005 - adicionado por el artículo 1 de la Ley N°151 de 24 de abril de 2020 -, ordenará el reintegro de A.O. LUNA al cargo que ocupaba en el Ministerio de la Presidencia, salvo que acepte otro análogo en jerarquía, funciones y remuneración, así como también, el pago de los salarios dejados de percibir por él desde el día en que su nombramiento fue dejado sin efecto hasta el momento que se haga efectivo su reintegro.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado A.B.P.A., en nombre y representación de A.O.L., contra el Decreto de Personal N°519 de veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020), emitido por el Ministerio de la Presidencia.

Se ORDENA el reintegro de A.O. LUNA al cargo que ocupaba en el Ministerio de la Presidencia, salvo que acepte otro análogo en jerarquía, funciones y remuneración, así como el pago de los salarios dejados de percibir por él desde el día en que su nombramiento fue dejado sin efecto hasta el momento que se haga efectivo su reintegro.

N..

JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS

CECILIO CEDALISE RIQUELME ---- MARIBEL CORNEJO BATISTA ---- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA ---- LUIS RAMÓN FÁBREGA S. ---- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS ---- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO ---- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES ---- OLMEDO ARROCHA OSORIO

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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