Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Febrero de 2021

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución 8 de Febrero de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: J.E.A. Prado Canals

Fecha: 08 de febrero de 2021

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: E797-20

VISTOS:

El licenciado M.G.B., actuando en representación de A.O.P. y P.A.L., ha interpuesto Acción de A. de Derechos Fundamentales contra el Auto No.002-DGT-53-2020, de 5 de marzo de 2020, proferido por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, confirmado por la Resolución de 27 de Agosto de 2020, emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que dispuso lo siguiente:

"PRIMERO:ADMITIR el desistimiento presentado por el Licdo. M.G.B. (sic), apoderado judicial de los trabajadores V.J.B. (sic) TORIBIO, y otros a favor de la empresa MEC BALBOA SHIPYARD INC., de conformidad al artículo 941 del Código de Trabajo.

SEGUNDO

DECRETAR EL FENÓMENO DE SUSTRACCIÓN DE MATERIA dentro del proceso por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo, presentado por el Licdo. MARTIN (sic) G.B. (sic), apoderado judicial de los trabajadores V.J.B. (sic) TORIBIO, y otros, interpuesto en contra de las empresas MARINE ENGINEERS CORPORATION (PANAMA) INC., CONSORCIO MEC SHIPYARDS, MONTEPIANO TRADING CORPORATION y MEC REPAIRS, S.A., de conformidad al artículo 872 del Código de Trabajo.

TERCERO

LEVANTAR el secuestro decretado mediante Auto N°.073-PJCD-15-2019 de fecha 22 de marzo de 2019, y ampliado a través del Auto N°074-PJCD-15-2019 de 25 de marzo de 2019, por la Junta de Conciliación y Decisión N°15, sobre los bienes de la empresas MARINE ENGINEERS CORPORATION (PANAMA) INC, y MEC REPAIR o MONTE PIANO, hasta la suma de Quinientos Mil Balboas, con 00/100 (B/.500,000.00), solicitado por los trabajadores V.J.B. (sic) TORIBIO, y otros.

CUARTO

ADVERTIR a las partes que contra el presente Auto es susceptible de los recursos de Reconsideración y Apelación, los cuales podrán ser interpuestos dentro del término de dos (2) días hábiles, contados a partir de la respectiva notificación.

QUINTO

Sin costas legales.

Téngase a la firma forense ARIAS, ALEMAN (sic) & MORA, como apoderados judiciales de la empresa TOWERTRUST, INC., según los términos del poder conferido en este despacho a su favor.

T.a.L.. O.T.P. (sic) como apoderado judicial de las empresa MARINE ENGINEERS CORPORATION (PANAMA)INC., y el CONSORCIO MEC SHIPYARDS, de conformidad al poder conferido a su favor.

Téngase a la firma forense DE CASTRO & ROBLES, como apoderados judiciales de las empresas MONTEPIANO TRADING CORPORATION y MEC REPAIRS, S.A., de conformidad al poder conferido a su favor". (f. 40-41)

El apoderado judicial de ambos amparistas considera que el mencionado auto infringe el artículo 32 de la Constitución Nacional, en concepto de violación directa por comisión, toda vez que "se observa como efectivamente la demandada ejecutaron una serie de actuaciones encaminadas a cesar las relaciones obrero patronales que sostenían con mis representados sin haber requerido de manera previa y formal una Solicitud De Autorización De Despido Por Naturaleza Económica de los casos señalados en el acápite c del artículo 213 del código de trabajo por ende violentaron el procedimiento que para este fin se encuentra establecido en el artículo 215 del Código De Trabajo y que consiste en que antes de ejecutar cualquier medida que con lleve (sic) al cese o cierre o terminación de la relación laboral con sus trabajadores por causas económicas debe requerir una Autorización Administrativa De Despido de sus trabajadores aspecto este último que ejecuto (sic) de manera extemporánea luego de ejecutado los actos de llevarse bienes, equipos, enseres y de dejar sin ocupación efectiva de trabajo a mis mandantes acreditándose de esta forma y de manera fehaciente una violación al procedimiento que le es permitido por la Autoridad Impugnada y razón de ser de la presente Activación Constitucional Por Violación Al Debido Proceso". (f.9)

Con el objeto de decidir sobre la admisibilidad de esta iniciativa constitucional, procede el Pleno a examinar si el libelo de demanda cumple con los requisitos que establecen los artículos 2615, 2619 y 665 del Código Judicial, así como los que señala la jurisprudencia.

A esos efectos, esta Superioridad advierte que el auto que pretende atacarse con el amparo carece de los elementos de gravedad e inminencia, toda vez que la presente iniciativa constitucional ha sido interpuesta transcurrido tres (3) meses de notificado el auto.

Al examinarse las propias copias aportadas por el apoderado judicial de los amparistas, se tiene que desde la fecha en que se notificó éste (24 de junio de 2020 ver reverso de la foja 41), hasta la fecha de presentación del presente amparo en la Secretaría General de esta Corporación de Justicia (12 de octubre de 2020), han pasado más de tres (3) meses, término que la jurisprudencia reiterativa del Pleno ha establecido para que se mantenga la gravedad e inminencia del daño, y por ende un elemento indispensable para la procedencia de la acción de amparo de garantías fundamentales.

En este caso, tratándose de un acto administrativo, no se requiere el agotamiento de los medios de impugnación, eso trae consigo que los amparistas tenían la opción de venir directamente a esta esfera extraordinaria, sin llevar a cabo el agotamiento de los medios de impugnación, ya que la jurisprudencia ha sido categórica al señalar que esto procede es para acudir a la vía Contenciosa Administrativa.

Sobre este tema, esta Corporación de Justicia ha señalado que:

"La acción de amparo, según el artículo 2606 del Código Judicial, persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata. Como se aprecia, es elemento fundamental del amparo la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado. La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual, no pasado u ocurrido hace mucho tiempo. Inminente quiere decir que amenaza o está para suceder prontamente, y lo antónimo de inminente es remoto, lejano, como ocurre en el presente caso, en que la orden carece de actualidad, de inminencia y, por lo tanto, falta el elemento de urgencia que requiere una revocación inmediata" (Registro Judicial, Julio de 1992, pág.185).

Otra razón que imposibilita la admisión de esta acción, es el hecho de que el argumento central del libelo de amparo radica en el campo de la mera legalidad.

En este caso, los amparistas censuran la decisión de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el sentido de declarar sustracción de materia dentro del proceso de incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo, puesto que "al momento de constituirse la relación procesal consistente en la medida precautoria de secuestro, existía (sic) las condiciones objetivas y subjetivas por parte de la demandada de cerrar sus operaciones sin requerir autorización judicial administrativa para ello, por otra parte el objeto del proceso nunca ha desaparecido toda vez que el mismo consiste en la condena por violación directa del artículo 215 del Código de Trabajo". (f.11)

Como se advirtió en líneas anteriores, esos planteamientos recaen en el campo legal y a través de la acción de amparo no es dado resolver violaciones de derechos que estén fuera del rango constitucional. La acción de amparo de derechos fundamentales tiene como finalidad revocar aquellos actos que infringen o conculcan, directa e indirectamente, derechos y garantías fundamentales, es decir, que el acto cuya revocatoria se pide contenga materia constitucional.

Como corolario de lo anterior, los amparistas pretenden con la interposición de esta acción constitucional, que se realice un nuevo estudio de la litis, la cual fue analizada en dos oportunidades por la jurisdicción especial de trabajo.

Es necesario recordar que la Acción de A. no es una tercera instancia que se pueda utilizar para efectuar un nuevo examen probatorio o de interpretación legal de la causa, ya que esa tarea corresponde exclusivamente al juzgador de primera instancia y de la alzada.

En ese orden de ideas, esta Corporación de Justicia en sentencia de 8 de noviembre de 2017, manifestó que con el amparo de derechos fundamentales:

"No resulta procedente para impugnar actos procedimentales, violatorios de disposiciones legales, para la que existen, en el ordenamiento jurídico procesal, remedios para obtener la tutela judicial efectiva, por cuanto, como también ha reiterado el Pleno, igualmente en multitud de ocasiones, la vía constitucional de amparo no es una tercera instancia o una vía recursiva que el afectado pueda utilizar alternativamente con respecto a los remedios ordinarios, según prefiera, para anular actos violatorios de derechos de rango legal" (Registro Judicial, Agosto de 1996, pág.14).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de A. de Derechos Fundamentales interpuesta por el Licenciado M.G.B., actuando en representación de A.O.P. y P.A.L., contra el Auto No.002-DGT-53-2020, de 5 de marzo de 2020, proferido por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, confirmado por la resolución de 27 de Agosto de 2020.

N.,

JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS

RAFAEL MURGAS TORRAZZA ---- MARIBEL CORNEJO BATISTA ---- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA ---- LUIS RAMÓN FÁBREGA S. ---- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS ---- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO ---- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES ---- OLMEDO ARROCHA OSORIO

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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