Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 24 de Marzo de 2021

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución24 de Marzo de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 24 de marzo de 2021

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 1007-2021

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia del Recurso de Apelación promovido por el licenciado A.I.M.D., actuando en su propio nombre y representación contra la Resolución de fecha 30 de noviembre de 2020 emitida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales en contra de la Orden de Hacer contenida en el Auto N°462/SEC.189-15 de 22 de marzo de 2019, emitida por el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

El Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en cuanto a la Acción de A. de Garantías constitucionales decide lo siguiente:

"Por las consideraciones que se han dejado expuestas, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta por el licenciado A.M.D., en su propio nombre y representación contra de la orden de hacer contenida en el AUTO No.462/SEC.189-15 DE 22 DE MARZO DE 2019 dictado por la JUEZ CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, RAMO CIVIL".

ACTO IMPUGNADO EN SEDE DE AMPARO

En la Demanda de A. bajo estudio se advierte que el Acto atacado lo constituye el Auto N°462/SEC.189-15 de 22 de marzo de 2019, emitido por el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, que decide lo siguiente:

"En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZ CUARTA DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro de la Medida Cautelar de Secuestro interpuesta por AGROPECUARIA MEYER´S, CORP. sociedad inscrita a la Ficha 716606, Documento 1868284, de la Sección Mercantil del Registro Público y SERDAC, INC., sociedad anónima inscrita a Ficha 736620, Documento 1978456, de la Sección Mercantil del Registro Público contra L.M., de nacionalidad guatemalteca, con pasaporte N°222865079, L.M.P.B., con pasaporte N°AO239839, y ANTONIO MENDIETA, con cedula de identidad N°8-520-129, en atención a lo dispuesto por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA, mediante Resolución fechada 27 de diciembre de 2018, RESUELVE: Levantar el secuestro decretado por este Tribunal mediante Auto N°23/SEC. 189-15 de 5 de enero de 2016, el cual recae sobre los siguientes bienes:

· Sobre la Finca 143401, Código de Ubicación 8603, Sección de propiedad del Registro Público, Provincia de Panamá, propiedad de L.M., con pasaporte N°222865079.

· Sobre la Finca 143404, Código de Ubicación 8603, Sección de propiedad del Registro Público, Provincia de Panamá, propiedad de L.M., con pasaporte N°222865079.

· Sobre la Finca 143406, Código de Ubicación 8603, Sección de propiedad del Registro Público, Provincia de Panamá, propiedad de L.M., con pasaporte N°222865079.

· Sobre las Cuentas bancarias que mantengan los demandados L.M., de nacionalidad guatemalteca, con pasaporte N°222865079, L.M.P.B., con pasaporte N°AO239839, y ANTONIO MENDIETA, con cédula de identidad N°8-520-129, en bancos de la localidad.

Como quiera que dentro del proceso principal al que accede la presente medida se encuentra pendiente de resolver la sentencia de fondo, es por lo que se ordena mantener la Fianza de Seguro consignada por la parte actora para garantizar los posibles daños y perjuicios que pueda irrogar la presente medida..." (Resalta el Pleno).

Lo censurado por la vía de amparo constituye únicamente el último párrafo señalado de dicha Resolución; es decir, "Como quiera que dentro del proceso principal al que accede la presente medida se encuentra pendiente de resolver la sentencia de fondo, es por lo que se ordena mantener la Fianza de Seguro consignada por la parte actora para garantizar los posibles daños y perjuicios que pueda irrogar la presente medida..."

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

El licenciado A.I.M.D., actuando en su propio nombre y representación, en calidad de parte demandada, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía propuesto por la sociedad AGROPECUARIA MEYER´S, CORP. y la sociedad SERDAC, INC. con Medida Cautelar de Secuestro, interpone acción de A. de Garantías Constitucionales en contra del Auto N°462/SEC.189-15 de 22 de marzo de 2019, emitido por el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

Narra el amparista en su demanda constitucional que, la sociedad AGROPECUARIA MEYER´S, CORP. y la sociedad SERDAC, INC. interponen dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía, la aplicación de medida cautelar de secuestro, decretado por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, mediante Auto N°23/SEC.189-15 de 5 de enero de 2016 hasta la concurrencia de N°49,180.00.

Señala el amparista que, posteriormente interpone levantamiento de medida cautelar de secuestro, por haberse consignado de manera extemporánea la fianza de seguro. Además, solicita la caducidad de la instancia, con fundamento en el artículo 1112 del Código Judicial por falta de notificación de la demanda dentro de los plazos de Ley con el consecuente archivo del proceso.

Arguye el actor que, mediante Auto N°1469/SEC.189-16 de 16 de noviembre de 2016, el Juzgado de la causa resolvió negar la solicitud de levantamiento de medida de secuestro y la declaratoria de caducidad; resolución que fue apelada, trayendo como resultado que, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial mediante Resolución de fecha 27 de diciembre de 2018, revocara el Auto N°1469 SEC.189-16 de 16 de noviembre de 2016; en su lugar, decretara la caducidad de la instancia, ordenando el levantamiento del secuestro decretado.

Continúa su exposición el amparista señalando que, una vez reingresado el expediente al Juzgado Cuarto de Circuito Civil de Panamá, dentro del cuadernillo de medida cautelar de secuestro ordena el levantamiento de la medida de secuestro y además el archivo del proceso; sin embargo, dispone la continuación del curso del proceso, materializado, según el actor, en el Auto N°462/SEC.189-15 DE 22 de marzo de 2019 (Resolución impugnada), manteniendo vigente la fianza de seguro consignada, por señalar que la causa estaría pendiente de emitir sentencia de fondo.

Estima el amparista que, el Tribunal demandado ordena proseguir con el curso ordinario del proceso, lo cual representa un acto violatorio del principio del debido proceso, por cuanto desatiende las formalidades legales consignadas en el Titulo X del Libro II del Código Judicial denominada "Medios Excepcionales de Terminación del Proceso" y en el Capítulo III, Titulo X del Libro II del Código Judicial denominada "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA".

El amparista establece como norma constitucional infringida el artículo 32 de la Constitución Nacional y desarrolla como concepto de la infracción que este precepto se ha violado de manera directa por omisión indicando que, con la emisión del Auto N°462/SEC.189-15 de 22 de marzo de 2019, la Autoridad demandada impuso un trámite infractor del derecho fundamental del debido proceso al pretender mantenerlo ligado a un proceso que, en estricto sentido del derecho, ya debería estar archivado, al alegar que hace falta emitir la sentencia de fondo.

Señala el amparista que, la caducidad de instancia esta concebida en nuestro ordenamiento jurídico como un medio excepcional de terminación del proceso; en consecuencia, tras la concurrencia de ese fenómeno jurídico no puede pretender el juzgador ordinario de la causa civil, limitarse a levantar la medida de secuestro decretada y proseguir con el curso del proceso, hasta emitir la sentencia de fondo.

Solicita se admita y conceda la acción de amparo propuesta; en consecuencia, proceda a REVOCAR únicamente la orden de continuar con el proceso hasta la sentencia de fondo, disposición contenida en el Auto N°462/SEC.189-15 de 22 de marzo de 2019 dictado por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial.

INFORME DE CONDUCTA

Por su parte la Autoridad demandada, el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial señala en el Informe de Conducta rendido, en lo referente al párrafo impugnado (fs.92-94), lo siguiente:

"...Si bien lo comentado constituye un yerro, que ha sido desafortunado, estimamos que el mismo no implica de forma alguna que se hayan vulnerado las Garantías Constitucionales del DEBIDO PROCESO; se trata de un mal copiado al elaborar el auto de levantamiento sobre un formato preestablecido, en el que se obvió reacondicionar el texto a la situación específica del Proceso comentado, en el que se había decretado la CADUCIDAD DE LA INSTANCIA; no obstante se llevaron a cabo todos los trámites legales y del debido proceso a fin de cumplir con lo resuelto por el Primer Tribunal Superior de Justicia...." (Resalta el Pleno)

Además, señala que, opera a su favor (refiriéndose al Tribunal de la causa) que si hubiera una sentencia pendiente de resolver como señala el yerro comentado, no se hubiera podido levantar el secuestro de la manera como efectivamente se hizo.

Por último, humildemente estima que, con la sola presentación de un memorial ante la Secretaria del Tribunal, poniendo al corriente del yerro, se hubiera podido subsanar; por tanto, no se agotaron los medios o los recursos a su haber para poder interponer una Acción de A. al tenor de los que dispone el numeral segundo del artículo 2615 del Código Judicial.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

Correspondió al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial conocer en primera instancia del presente negocio constitucional y mediante Resolución de fecha 30 de noviembre de 2020, no concede la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales.

El a quo motiva su decisión razonando que, el trámite que se dice infractor al derecho fundamental del debido proceso no es una auténtica violación a la norma constitucional dado que no le causa un inminente daño y tampoco es una potencial lesividad para el amparista, teniendo en cuenta que es evidente que se trata de un error subsanable por parte del Tribunal; reconocido en el informe por el J. Civil.

Señala el Tribunal conocedor de la presente acción en Primera Instancia que, como el J.C. aceptó su error de escritura cometido en el Auto N°462/SEC.189-15 de 22 de marzo de 2019, error subsanable en cualquier tiempo según el artículo 999 del Código Judicial, sin necesidad de la promoción de un amparo, concluye que, se ha perdido uno de los requisitos como es la gravedad, inminente daño de difícil reparación; por tanto, procede a la no concesión del presente amparo.

SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN

El licenciado A.I.M., actuando en su propio nombre y representación interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución de 30 de noviembre de 2020, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Fundamenta su impugnación el recurrente, realizando señalamientos similares a los emitidos en la interposición de la Acción de A. de Garantías Constitucionales.

Además, a foja 109, señala que, no puede coincidir con la decisión adoptada por el Tribunal de primera instancia, preguntándose ¿Por qué si el Juzgador demandado aceptó su error no ha procedido a corregirlo? ¿Hasta cuándo debe esperar el afectado para que el Juzgado Cuarto Civil corrija el error cometido?

Esboza que, el supuesto error cometido por el Juzgado demandado fue el 22 de marzo de 2019, transcurrido a la fecha más de año y medio y no lo corrige.

Considera el recurrente que, la realidad es que el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, nunca quiso reconocer ni corregir su error, evidenciado en su inactividad de subsanar el mismo.

Estima el actor que, su acción constitucional resulta no solo procedente sino necesaria, pues de mantenerse vigente el acto impugnado se proseguiría con el curso de proceso; puesto que el Juzgado Cuarto no ha corregido ni dejado sin efecto esa parte del Auto N°462/SEC.189-15 de 22 de marzo de 2019.

Por último, señala que, si no se hubiera presentado la presente acción subjetiva el Juzgado demandado jamás hubiese reconocido su error; sin embargo, a pesar de ese reconocimiento no se ha corregido el supuesto error.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Examinada la presente demanda constitucional, el criterio del Tribunal a-quo, los argumentos de la parte recurrente y los antecedentes del caso, procede el Pleno de esta Corporación de Justicia a resolver la alzada.

Siendo así, corresponde a esta Superioridad, en Sede de Apelación Constitucional, verificar si el Acto atacado transgrede el artículo 32 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, la garantía fundamental del debido proceso en perjuicio del amparista-recurrente.

Dicho lo anterior y habiendo realizado el examen de las piezas procesales y los antecedentes del caso, esta Máxima Corporación de Justicia, comparte la decisión vertida por el Tribunal de Primera Instancia en cuanto a que no se vislumbra infracción a Garantías Constitucionales en este caso, aun cuando esta Superioridad encuentra que, no debió superar la fase de admisibilidad; precisamente, con base al elemento indispensable para que proceda su admisión; es decir, la "gravedad e inminencia del daño causado", utilizado por el A-quo para emitir la motivación de fondo de la causa.

En ese sentido, consideramos oportuno hacer un llamado de atención a los Jueces y Tribunales de Justicia, con el propósito de ser asertivos en los pronunciamientos que emitan, toda vez que, la virtualidad de la fase de admisibilidad es primordialmente depurar aquellas causas en las cuales no se cumplan a cabalidad los requisitos de forma necesarios en esta clase de acciones.

Dicho de otro modo, no se observan rasgos de falta de razonabilidad, ni ausencia de racionalidad, ni de arbitrariedad, ni lesividad en el acto impugnado, para que éste trascendiera al análisis de fondo en sede constitucional.

Lo anterior lo señalamos porque se hace evidente, para esta Superioridad que, el motivo del amparista tiene sustento en un desacuerdo en cuanto a la falta de corrección de un error cometido por el Tribunal de la causa y no a una conculcación que efectivamente diera luces, aunque fueran mínimas, de una garantía fundamental contenida en nuestra Carta M.na.

Dicho lo anterior, encontrándonos en sede de apelación, resulta relevante para esta Superioridad, emitir algunas consideraciones adicionales a las vertidas por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a fin de lograr una mayor comprensión del caso bajo estudio.

En primer lugar, es dable recordar que la Acción de A. es una acción autónoma, que puede ser presentada contra cualquier Acto susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Nacional, sino en los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en la Ley, cuando por la gravedad e inminencia del daño se requiera una revocación inmediata.

Debe tenerse muy claro además que, no es cualquier pretermisión procesal la que tiene efecto en la violación al Debido Proceso, sino aquellas que representan una limitación a la defensa porque imposibilitan ejercer el contradictorio, presentar pruebas, recursos, entre otros aspectos fundamentales.

Ahora bien, antes de emitir consideraciones en cuanto a la existencia o no de una vulneración a la norma constitucional, consideramos necesario referirnos al contexto en el que nos encontramos.

Se trata de un Proceso Ordinario de Mayor Cuantía con Medida Cautelar de Secuestro.

La supuesta trasgresión a la norma constitucional expuesta por el actor, se da al momento en que el expediente reingresa al Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial (Juzgado de la causa) proveniente del Tribunal de alzada.

Lo anterior porque, el demandado presentó solicitud de Caducidad de Instancia con su consecuente levantamiento de la Medida Cautelar de Secuestro; petición que, en primera instancia se le había negado y en segunda instancia se había revocado; en su lugar, se concedía la petición decretando con ello la Caducidad de Instancia y Levantamiento de la Medida Cautelar.

Una vez reingresa el expediente, el J. demandado emite el Auto N°462/SEC.189-15 de 22 de marzo de 2019 que, entre otras cosas, señala, que no se devolverá la Fianza de Seguro consignada hasta tanto el proceso llegue a su final; es decir, hasta la Sentencia de Fondo.

El actor considera que, el hecho de que en el referido Auto de reingreso se haya colocado que el proceso debía llegar a su fin hasta la Sentencia de fondo, le vulnera el derecho constitucional del debido proceso porque, en lugar de archivar el proceso como correspondía consecuencia de la Caducidad de Instancia, lo que hace es, prologar la vida del proceso hasta su fin, sometiéndolo a las etapas procesales hasta la emisión de una Sentencia de fondo.

Dicho lo anterior, del contexto que se nos presenta debemos identificar en primer lugar, ante qué figura jurídica nos encontramos.

El marco legal del acto impugnado hace referencia a la figura jurídica excepcional de terminación del proceso denominada "caducidad de instancia".

El artículo 1103 del Código Judicial señala:

Artículo 1103: Cuando el proceso se encuentre paralizado por más de tres meses, el J., de oficio o a solicitud de parte decretará la caducidad de instancia.

Del mismo modo, el artículo 1112 de la misma excerta legal establece:

"Artículo 1112: Se decretará igualmente la caducidad si la demanda no es notificada en el término de tres meses y exista anotación preventiva de la demanda en el registro Público o se haya practicado suspensión de operaciones o cualquier otra medida cautelar..."

Así las cosas, tenemos que, la caducidad o perención de la instancia es un instituto procesal impuesto por razones de orden público que opera cuando se ha abandonado el procedimiento durante un determinado lapso, a fin de no perturbar la administración de justicia y dar certidumbre a las relaciones jurídicas cuya suerte está pendiente en el pleito. La finalidad de la perención es establecer la certeza de los derechos y la no ocupación del órgano jurisdiccional en tareas que lo distraen de su contenido esencial.

El fundamento de la caducidad radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales, pues lo contrario configuraría un presupuesto de discordia e inseguridad jurídica.

El fundamento de la caducidad de la instancia estriba en la necesidad de evitar la duración indefinida de los procesos judiciales, que atentan contra los valores jurídicos de paz y seguridad, a cuya vigencia tiene su recepción normativa. " (LOUTAYF RANEA, R. y OVEJERO LÓPEZ, J.. Caducidad de Instancia. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999, pág.6).

En otras palabras, existe un interés no solo personal sino además social en que los procesos no se mantengan indefinidamente.

Explica el reconocido jurista J.F. en su obra literaria "Instituciones de Derecho Procesal Civil (Editorial Jurídica Panameña Panamá, 1998)", que "La caducidad en realidad no se funda en la presunta voluntad del demandante de abandonar el proceso, ni en una sanción al demandante inactivo, sino de la necesidad pública de que los procesos no se demoren indebidamente en los tribunales."

En ese sentido, el Código Judicial establece en el artículo 1112, como una forma de terminación de proceso, como bien lo señala el amparista en su demanda, la caducidad de instancia, mediante la cual se pone fin al proceso; no así, a la pretensión (Articulo 1105 del Código Judicial).

De ello se denota claramente que, al dar por terminado el proceso, deben finiquitarse todo asunto accesorio o adherido a la causa, como lo es el levantamiento de las medidas cautelares de acuerdo a lo señalado en el artículo 548 del Código Judicial y concluir con el archivo del expediente.

Se desprende del análisis hasta aquí plasmado que, es correcta la afirmación que hace el actor, en el sentido de que, la virtualidad de la figura jurídica conocida como caducidad de instancia, es la terminación del proceso.

Dicho lo anterior, ahora se debe identificar si esa omisión de parte de la Autoridad demandada trae como consecuencia la vulneración de la Garantía Fundamental del debido proceso contenida en el artículo 32 de la Constitución Política de Panamá.

De la lectura de la demanda se aprecia que la norma constitucional violada, según el amparista, es el artículo 32 de la Constitución Política que señala:

"ARTICULO 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria."

De la norma transcrita se desprende tres elementos que no pueden ser obviados por el Juzgador; y, de hacerlo se estaría violando este precepto constitucional:

  1. Debe ser Juzgado por Autoridad Competente.

  2. Conforme a los trámites legales

  3. No más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria."

    Así mismo, el criterio jurisprudencial ha mantenido los elementos indispensables que implica del contenido del artículo 32 de la Constitución.

    Mediante Fallo que decide A. de Garantías Constitucionales de fecha 4 de mayo de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia hace un recuento del contenido de la garantía del debido proceso:

    "En este punto también es de lugar hacer mención al procesalista J.F. que destaca, en sus "Instituciones de Derecho Procesal Civil" que la jurisprudencia ha llenado de contenido la garantía del debido proceso, integrado por los derechos que se indican a continuación:

  4. Derecho a la jurisdicción, que consiste en el derecho a la tutela constitucional.

  5. Derecho al J. natural.

  6. Derecho a ser oído.

  7. Tribunal competente, predeterminado en la ley, independiente e imparcial.

  8. Derecho a aportar pruebas lícitas, relacionadas con el objeto del proceso, y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez.

  9. Facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la ley contra resoluciones judiciales motivadas.

  10. Respeto a la cosa juzgada.

    De la lectura de la demanda y los antecedentes del presente caso, no encontramos pretermisión de ninguno de los aspectos antes señalados, sino, más bien una desavenencia con la inactividad en cuanto a corregir un error que, la propia J. demandada reconoce cometió, mediante el Informe de Conducta, allegado al expediente (fs.92-94); máxime, como ya hemos anotado, que el J. demandado no le ha impreso continuidad a las etapas correspondientes del proceso que, dieran luces a esta Superioridad de la intensión de llegar a la emisión de una Sentencia de fondo.

    Resulta útil examinar si el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial le ha impreso trámite o actuación que permita concluir que se ha continuado con dicho proceso hasta su fin.

    De la lectura de la demanda constitucional ni de los antecedentes del caso, logramos evidenciar que el hoy recurrente haya manifestado que el Juzgador demandado haya continuado el proceso hasta su fin y, que producto de ello, se le haya causado algún tipo de indefensión, perjuicio o daño, al revisar los antecedentes allegados con la presente acción constitucional

    En este sentido, esta Corporación de Justicia ha emitido pronunciamientos señalando, sobre la violación al debido proceso que "...únicamente ocurre cuando se desconocen o pretermiten trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes" (Fallo del Pleno de la Corte Suprema de 21 de agosto de 2008, G.C.A. en contra del IFARHU), situación que no se configura en el caso bajo estudio.

    Así ha quedado establecido en copiosa jurisprudencia de esta Suprema Corte, como la que a continuación procedemos a citar:

    Adicionalmente, es oportuna la ocasión para recordar que no cualquier irregularidad dentro del proceso tiene el efecto jurídico de estimarse como una lesión al debido trámite legal, sólo aquellas alejadas de la recta administración de justicia, que comprometen la imparcialidad e independencia del Tribunal al momento de proferir sus fallos o, de otro modo, aquellas que contravengan el derecho de defensa impidiéndole articular al afectado una apropiada defensa a favor de sus derechos e intereses legales (v. gr., que el proceso se haya surtido a través de un trámite distinto al previsto por la Ley -proceso monitorio en vez de ordinario-; no notificación de la demanda; prohibición de aportar pruebas o participar en su práctica cuando así lo disponga la Ley; no motivar el acto jurisdiccional cuando la Ley prevea este requisito; impedir injustamente que se recurra contra la decisión de fondo; juzgamiento ante Tribunal no competente o ante distinta jurisdicción, etc.).

    (Sentencia de 13 de marzo de 2019. M.. Ponente: S.M..)

    Esta Superioridad ha sentado el criterio de que no es cualquier pretermisión procesal la que tiene efecto en la violación al Debido Proceso, sino aquellas que representan una limitación a la defensa porque imposibilitan ejercer el contradictorio, presentar pruebas, presentar recursos, entre otros aspectos fundamentales.

    En el contexto procesal que se nos presenta para nuestra consideración, no alcanzamos a identificar la apariencia de buen derecho con relación a la magnitud del daño o afectación constitucional; y es que del estudio de la demanda y del recurso de impugnación podemos extraer que, la Autoridad demandada ha incurrido en un error formal, que puede y debe ser subsanado sin que ello deba ser resuelto en sede constitucional por esta vía.

    El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia de fecha 1 de mayo de 2012 ha señalado:

    Esta Corporación de Justicia ha manifestado en reiteradas ocasiones que cuando dentro de un Proceso una de las partes se sienta afectada por alguna actuación del J. o de la Autoridad Administrativa en este caso, la cual considere errónea, tendrá la oportunidad de advertirla, para que sea subsanada o enmendada dentro del mismo Proceso, a través de los Recursos previstos en la Ley, salvo casos excepcionales en la (sic) que se demuestra una evidente y flagrante vulneración de los derechos fundamentales, por lo que la no admisión del A. puede ocasionar un daño irreversible o muy difícil de reparar.

    Dicho lo anterior, esta Corporación de Justicia, en Sede Constitucional comparte lo decidido por el Juzgador A Quo, toda vez que, no existe vulneración alguna de la Garantía Constitucional contenida en el artículo 32 de la Constitución Política, por los motivos antes señalados.

    Sin embargo, debemos advertir y hacer un llamado de atención a la Autoridad demandada para que tome nota del yerro jurídico cometido y reconocido en el Informe de Conducta que rindió en el presente caso; como consecuencia, aplique las medidas correctivas que amerita la presente discusión.

    Dicho lo anterior, corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, confirmar la resolución venida en Apelación de la Resolución de fecha 30 de noviembre de 2020 emitida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales en contra de la Orden de Hacer contenida en el Auto N°462/SEC.189-15 de 22 de marzo de 2019, emitida por el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

    PARTE RESOLUTIVA

    En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de fecha 30 de noviembre de 2020 emitida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales en contra de la orden de hacer contenida en el Auto N°462/SEC.189-15 de 22 de marzo de 2019, emitida por el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

    N. y D..

    J.E.A.P.C.-.C.C.R.-.M.C.B.-.S.M.G.-.L.R.F.S.-.M.E.L.A.-.A.R.D.C.-.C.A.V. REYES

    YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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