Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 6 de Septiembre de 2000

PonenteARTURO HOYOS
Fecha de Resolución 6 de Septiembre de 2000
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

En grado de apelación, corresponde al Pleno de la Corte Suprema conocer del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada M.E.C.C., en representación del señor H.M.K., contra la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en la que se decidió NO ADMITIR la demanda de Amparo de Garantías Constitucionales presentada para enervar la orden de no hacer contenida en el Auto Vario No. 110 de 25 de junio de 1999, proferido por el Juzgado Décimocuarto de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

En el auto demandado consta la orden emitida por el Juez de Circuito en la que niega la solicitud de suspensión del sumario y en consecuencia, ordena continuar con la investigación, que a juicio de la accionante, el Juez acusado interpretó en forma incorrecta el artículo 177 del Código Penal "en abierta violación por omisión del artículo 32 de la Constitución Nacional, que preserva los principios de favorabilidad y defensa".

Sostuvo el Primer Tribunal Superior de Justicia, al no admitir la presente acción constitucional, que la resolución judicial que se impugna no constituye una "orden", por lo que no puede ser impugnada mediante esta especial acción. Agrega que dicha resolución constituye un acto de mero trámite.

Por último, señala el Tribunal que la resolución que contiene la orden atacada tiene fecha 25 de junio de 1999, hecho este que no cumple con un elemento fundamental en las demandas de Amparo de Garantías, cual es la eminencia del daño a que se refiere el artículo 2606 del Código Judicial, y por lo tanto, la presente acción no se debe admitir y de esa manera procedió el Tribunal.

Corresponde a esta Superioridad resolver el recurso de apelación, una vez delimitado el contenido de esta acción.

La Acción de Amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse, de acuerdo con los artículos 2606 y 2607 del Código Judicial, y 50 de la Constitución Nacional, así como también lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema, contra toda clase de actos definitivos de funcionario público con mando y jurisdicción que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata.

De las disposiciones citadas se desprende, que para que un acto pueda ser objeto de una acción de amparo, debe reunir los siguientes requisitos:

  1. Que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución.

  2. Que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer.

  3. Que cuando por la gravedad e inminencia del daño, requiere una revocación inmediata.

  4. Que se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación del acto que se trate.

  5. Que el acto haya sido dictado por un funcionario público que tenga mando y jurisdicción.

Así pues, en el caso nos ocupa, salta a la vista que la demanda de amparo no cumple con uno de los requisitos exigidos en las normas mencionadas, toda vez que el acto que se impugna, tal como lo sostiene la resolución apelada, no contiene una ORDEN DE HACER o DE NO HACER en los términos que dispone el Artículo 50 de la Constitución Nacional.

El otro elemento fundamental, como lo mencionamos anteriormente, es la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado. Y así lo señaló el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en la resolución que ahora se impugna.

Se observa que la resolución que origina la interposición del amparo ante el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el Auto Vario No.110, dictado por el Juez Décimocuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, tiene fecha 25 de junio de 1999, y no es hasta el 16 de junio de 2000, que la apoderada interpone la Acción de Amparo de Garantías Constitucional ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, por lo que consideramos que no se cumplen con los presupuestos de la norma.

Si bien es cierto, que la accionante afirma que la demora en la presentación de la presente acción constitucional, se debió a que tuvo que recurrir de hecho para agotar la vía, y no fue hasta el 23 de febrero de 2000, que el Tribunal Superior se pronunció al respecto, pero tal afirmación no consta en el expediente, por lo tanto, no es posible su verificación.

Considera esta Corporación que le asiste razón al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial al no admitir la demanda, toda vez que, la supuesta orden de no hacer impugnada no es un acto susceptible de ser atacado por medio de una acción de amparo, pues no se trata de un mandato imperativo para dejar de hacer algo sino de una decisión de mero trámite.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución expedida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, de 30 de junio de 2000, mediante la cual NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por la Licenciada M.E.C.C., en representación de H.M.K. contra el Auto Vario No. 110 de 25 de junio de 1999, proferido por el Juzgado Décimocuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

N..

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) A.A.A. L.

(fdo.) G.J.D.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

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