Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Agosto de 2000

PonenteELIGIO A. SALAS
Fecha de Resolución 4 de Agosto de 2000
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado A.A.V., en su condición de apoderado judicial del SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y SIMILARES (SUNTRACS), ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la ORDEN DE HACER contenida en el Auto No. 100-DGT-00 de 25 de abril de 2000, proferido por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Admitida la demanda, se solicitó a la autoridad demandada un informe acerca de los hechos materia de este amparo, debido a lo cual el funcionario en cuestión remitió el expediente contentivo de toda la actuación y la nota que a continuación se transcribe:

".....................................................................................................................................................................

La orden aludida fue dada en virtud de una solicitud de Autorización de Despido por Causas Económicas, que hizo la Persona Jurídica denominada Ingenieros Civiles Asociados Panamá, el día 9 de febrero de 2000.

Cumplidas las exigencias legales, la Dirección General de Trabajo entró a estudiar e investigar la petición rogada, encontrando la solicitud de la empresa, apegada a Derecho en su forma y su fondo.

El Amparista acusa a la Dirección General de Trabajo, de no haberlo notificado según la formalidad prescrita en el artículo 216 de nuestro Código de Trabajo, es decir, que no le notificamos personalmente la solicitud de autorización de despido que por causas económicas hizo la empresa Ingenieros Civiles Asociados Panamá.

Señor Magistrado, es nuestro criterio que el Despacho sí actuó en Derecho en la forma como notificamos al señor G.L. en su calidad de Representante Legal del Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

Lo anterior lo explicamos muy sucintamente así:

En fecha de 9 de febrero de 2000, la empresa solicitó ante esta Dirección General de Trabajo autorización para despedir a 98 trabajadores del Corredor Sur, por causas económicas como consecuencia de la terminación de la obra, fundamentándose en el artículo 21 de la Ley 72 de 1975.

Una vez acogida la solicitud, el Despacho al investigar la misma solicitó a la Dirección Nacional de Inspección realizara revisión sobre la obra que va desde el entronque que está frente a Atlapa, hasta el final del proyecto frente al Colegio San Agustín en la Avenida Balboa.

Tal como nos ordena la Ley hay que darle traslado a los trabajadores cuando no son organizados, y cuando lo son al R.L. delS., de la solicitud hecha por la Empresa.

En fecha de 16 de febrero, se inició la búsqueda del señor G.L. para notificarlo de la resolución que acoge la solicitud de autorización de despido presentada el 9 de febrero, se hizo el primer intento de notificar al señor G.L., dijo su secretaria que no estaba en la ofician.

En fecha de 17 de febrero, se hizo el segundo intento de notificar al señor G.L., dijo su secretaria que no estaba en las oficinas y se le dejó el mensaje.

En fecha de 22 de febrero, se hizo el tercer intento de notificar al señor G.L., dijo su secretaria que se encontraba en la Provincia de Chiriquí.

En fecha de 23 de febrero, se hizo el cuarto intento de notificar al señor G.L., dijo su secretaria que no se encontraba, se le dejó el mensaje.

En fecha de 29 de febrero, se hizo el quinto intento de notificar al señor G.L., dijo su secretaria que no estaba en su oficina, se le dejó mensaje.

En fecha de 2 de marzo, se hizo el sexto intento de notificar al señor G.L., dijo su secretaria que no se encontraba, se le dejó mensaje.

En fecha de 10 de marzo, se hizo el séptimo intento de notificar al señor G.L., dijo su secretaria y el dirigente sindical del SUNTRACS, F.T., que no se encontraba, se le dejó el mensaje.

En fecha de 22 de marzo a las 2:00 p. m., el señor G.L., compareció personalmente a las oficinas de Conciliación Individual del Ministerio de Trabajo, y se aprovecho la oportunidad para notificar al mismo la supracitada resolución, negándose manifiestamente a notificarse.

Como consecuencia de estos fallidos intentos, por notificar al señor G.L., y tal como la detallamos a fojas 23 del expediente, el Despacho recurrió a lo preceptuado en el artículo 886 del Código de Trabajo que nos dice:

`Artículo 886. En todo caso en que la parte excuse una notificación personal manifiestamente o no quiera o no sepa firmar el secretario o el portero se hará acompañar de un testigo, quien firmará la diligencia anotándose así en el expediente esa circunstancia con expresión de la fecha, y se tendrá por hecha la notificación para todos los efectos legales'.

Una vez dada por notificada la Resolución Nº34-DGT-53-99 de 23 de diciembre de 1999. la Dirección General de Trabajo, emitió su fallo negando la solicitud de autorización de despido presentada por Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A.

En fecha de 7 de abril, el fallo fue notificado por edicto en los estrados del Tribunal con fecha 11 de abril, la empresa interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio.

En fecha 25 de abril, la reconsideración fue resuelta por este Despacho autorizando a Ingenieros Civiles Asociados de Panamá, S.A. el despido de 98 trabajadores, por razones económicas.

En fecha de 28 de abril quedó esta resolución por medio del edicto Nº31.

En fecha 8 de mayo, el señor G.L., apela de la solicitud de despido, del 7 de abril, rechazándola el Despacho por extemporánea.

En todo caso aún le quedaba al representante de los trabajadores recurrir de hecho ante nuestro Superior, cosa que no hizo y por lo tanto no agotó las instancias del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

..................................................................................................... (fs.12-15)

Al examinar la demanda, esta Corporación observa que el amparista menciona como orden impugnada: el Auto No.100-DGT-00 de 25 de abril de 2000, proferido por la Dirección General de Trabajo, a través del cual se reconsidera la resolución 24-DGT-00 de 7 de abril de 2000 y autoriza a INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS PANAMA, S. A. (ICA) a despedir 98 trabajadores, todos afiliados al SUNTRACS.

Al revisar el libelo de demanda, que fue acompañado con copia autenticada del respectivo expediente, se observa, tanto en los hechos que la fundamentan como en el concepto de infracción de la garantía que se dice violada (art. 32 C.N.), que lo realmente impugnado es la indebida notificación a los trabajadores de la solicitud de autorización de despido formulada por la empresa ICA, pues, según la censura, la autoridad administrativa desatendió el artículo 216 del Código de Trabajo al dejar de surtir la notificación a los trabajadores, "como se observa a fojas 10 del expediente", haciéndosela al señor G.L. en representación de éstos, sin que en el expediente existiera prueba de que G.L. era el representante legal del SUNTRACS. Por ello se viola el artículo 877 del citado Código, indicador de que se ha de notificar personalmente la resolución donde se ordena dar traslado de la demanda, en concordancia con los artículos 581 y 889 del mismo cuerpo legal, donde se establece que cualquier notificación hecha en forma distinta a la prevista por ley será nula. Se alega que otra violación al debido proceso radica en que la resolución que se impugna, o sea el auto de 25 de abril de 2000, tampoco se notificó personalmente a las partes, ya que se hizo por vía de edicto, con lo cual también se viola la ley.

Según se ha podido apreciar en el expediente contentivo del proceso, presentado por el propio amparista así como por el funcionario demandado, la providencia de 9 de febrero de 2000 por la cual se acoge la solicitud de autorización de despido presentada por la empresa ICA fue notificada al señor G.L. el día 22 de marzo de 2000 a través de un testigo, con fundamento en el artículo 886 del Código de Trabajo, debido a la renuencia de éste a ser notificado (Ver foja 10 vuelta). Lo anterior se puede comprobar en los múltiples informes de notificación que constan de fojas 16 a 22 y, especialmente, en el visible a fojas 23 del expediente.

En efecto, las constancias de autos revelan la evidente actitud de renuencia a ser notificado asumida por el S. General de SUNTRACS, lo que condujo a la realización de dicho acto conforme al procedimiento previsto en estos casos por la ley. De manera que no encuentra el Pleno que se haya conculcado el debido proceso en perjuicio del amparista a causa de la forma en que fueron notificadas la solicitud de autorización de despido y las demás resoluciones que consecuentemente se dictaron.

En contra de lo sostenido por el accionante, conviene aclarar la inexistencia de violación al debido proceso en razón de la ausencia de la prueba de que G.L. ostenta el cargo de S. y representante legal del SUNTRACS, con fundamento en el artículo 581 del Código de Trabajo, como alega el amparista. El contenido de esta norma no puede hacerse extensivo al caso que nos ocupa, pues esta disposición claramente se refiere a supuestos de demandas contra empresas o personas jurídicas cuya existencia y representación legal consten en el Registro Público que no es el caso de las organizaciones sociales (sindicatos). Como se sabe, la existencia y la representación legal de las organizaciones sociales o sindicatos consta en el correspondiente registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (art. 351 del Código de Trabajo). En ese sentido, es lógico que la autoridad de trabajo está en capacidad de verificar quién es el S. General de un sindicato antes de hacer efectiva una notificación, aunado al hecho de que en este caso los diversos intentos de notificación se hicieron en las oficinas del SUNTRACS donde labora su S. General, G.L., persona a quien tenía que hacérsele.

Si bien se han dado situaciones donde se evidencian flagrantes arbitrariedades en el acto de notificación de alguna actuación procesal y en base a ello la Corte ha concedido demandas de amparo, hay otras, como la presente, donde se comprueba la utilización de este remedio constitucional con la única finalidad de dilatar la culminación del proceso.

En ese orden de ideas se ha reiterado el señalamiento de que, para impugnar el acto de notificación que se considera violatorio de derechos legales, el interesado tiene a su alcance un remedio dentro de la vía ordinaria laboral que es el incidente de nulidad, de conformidad con el artículo 889 del Código de Trabajo.

En jurisprudencia sentada en un caso similar, el Pleno se pronunció en los siguientes términos:

"Ante tales circunstancias, observamos que el demandante más que impugnar la resolución dictada por la Dirección General de Trabajo, se refiere a la ilegalidad de la notificación de la misma a través del edicto Nº86 de 19 de septiembre de 1996, lo que resulta incompatible con la finalidad del amparo, que consiste en obtener la invalidación de un acto -orden de hacer o de no hacer- que afecta al impugnante, con el propósito, como hemos dicho, de enervarlo por violatorio de las garantías constitucionales.

Aunado a lo anterior, la existencia de un remedio jurisdiccional en la vía ordinaria del proceso laboral, siendo éste el incidente de nulidad, que según el artículo 889 del Código de Trabajo, es el medio idóneo para solicitar la nulidad de las notificaciones realizadas de manera distinta a la establecida en los artículos 877 y siguientes del Código Laboral, la cual sólo procede en caso de agravio o perjuicio procesal al que la alega, salvo las nulidades insubsanables en las que media un interés público. En este caso, de considerar el interesado que el acto de notificación no había alcanzado el fin al cual estaba destinado, el demandante debió agotar la vía ordinaria para impugnar el acto que consideraba violatorio de sus derechos legales, y así cumplir con el principio de la definitividad del amparo como elemento procesal indispensable para su procedencia.

Sobre el particular son consultables los fallos de 21 de octubre de 1994; 16 de febrero de 1995; 24 de febrero de 1995; 2 de marzo de 1995; 31 de marzo de 1995; 25 de abril de 1996; 26 de julio de 1996; 5 de agosto de 1996; y 14 de agosto de 1996, entre otros." (Reg. J.. dic. 1996; págs. 20 y 21)

Conforme a lo que se tiene dicho, la argumentada violación al debido proceso no tiene que ver con el contenido de la resolución objeto de amparo, sino con la notificación de la providencia que acoge la solicitud de autorización de despido y le corre traslado de la misma a los trabajadores para que la contesten, contra la cual, además, no se señala el cargo o infracción de rango constitucional, siendo evidente, por otra parte, que dicha actuación no vulnera ninguna disposición legal establecida en el Código de Trabajo.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION Y SIMILARES contra la orden de hacer contenida en el AUTO No.100-DGT-00 de 25 de abril de 2000 proferida por la Dirección General de Trabajo.

N..

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) A.A.A. L.

(fdo.) R.G.R.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

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