Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Agosto de 1998

PonenteHUMBERTO A. COLLADO T
Fecha de Resolución 7 de Agosto de 1998
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

En grado de apelación ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado J.E.S., en nombre y representación de GLOBAL BANK CORP., contra la orden de no hacer contenida en el Auto Nº 384 de 16 de diciembre de 1997, dictada por el Juez Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual se "NIEGA LA SOLICITUD DE DESAPREHENSION DEL BIEN INTERPUESTA POR EL LICDO. J.E. SIERRA EN REPRESENTACION DE GLOBAL BANK CORPORATION, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A C.J.R.T. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA" (foja 11 del cuadernillo).

El Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante resolución fechada 22 de junio de 1998, declaró no viable el A. impetrado basado en las siguientes consideraciones:

"... examinando más a fondo la orden impugnada, observa el Tribunal que la demanda no debió siquiera ser admitida en la medida que la resolución atacada con amparo no contiene orden de hacer alguna, de aquellas 'que contiene un mandato imperativo en el que la autoridad impone al gobernado la obligación de hacer o no hacer algo y del cual se deriva un virtual o actual desconocimiento de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política ...".

...

Para la procedencia de la demanda de amparo de garantías constitucionales, según lo disponen el artículo 50 de la Constitución Nacional y el artículo 2606 del Código Judicial, requiere de la existencia de una orden de hacer o no hacer que viole los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional a favor de los ciudadanos.

La resolución que se recurre en este caso se limita a negar una petición de la parte amparista, sin constituirse en una orden de hacer y por ende, no susceptible de ser impugnada mediante la acción de amparo de garantías constitucionales" (f. 34).

Por su parte, el amparista, al sustentar recurso de apelación interpuesto oportunamente contra la anterior resolución jurisdiccional, manifiesta que su disconformidad radica en que el Juzgado Décimo Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial ha violado en forma directa la garantía del debido proceso contenida en el artículo 32 de la Constitución Nacional al infringir el trámite legal establecido en el artículo 31 del texto único de la Ley de Drogas (Ley Nº 23 de 30 de diciembre de 1986 y la Ley Nº 13 de 27 de julio de 1994) que concede al Banco la facultad de declarar la deuda de plazo vencido y solicitar el remate judicial de los bienes a fin de compensar la obligación y mantener los excedentes a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas; que contrariamente a lo estimado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá cuando indica que esta disposición 'se limita a concederle la facultad de otorgar la administración o tenencia de los bienes aprehendidos, sin que quiera ello decir que obligatoriamente tiene que acceder a lo solicitado', el último párrafo del artículo 31 del texto único de la ley de drogas señala que el Tribunal Competente "resolverá las peticiones de levantamiento de la aprehensión siempre y cuando se den las circunstancias jurídicas contenidas en dicho artículo, considerando que lo que se debe tutelar es el crédito, en este caso hipotecario, del Banco o ente acreedor, y siendo la opinión del funcionario instructor un requerimiento para que el 'Tribunal Competente' pueda resolver lo solicitado, lo cual tiene un sentido e interpretación jurídica muy distinta al vertido por el Tribunal Amparista".

Agrega el apelante que la negativa del Juzgado Décimo Tercero de Circuito Penal constituye la orden de no hacer que se impugna a través del presente amparo, en razón de que vulnera el artículo 32 constitucional al desconocer el trámite legal impuesto en el artículo 31 de la Ley de Drogas e igualmente ignora una decisión judicial de embargo, dictada dentro de un proceso ejecutivo hipotecario por autoridad competente y de acuerdo con las normas legales; agregando que esta negativa "del levantamiento de la aprehensión provisional del bien, que motivó esta acción constitucional, constituye una decisión jurisdiccional que impide el derecho de satisfacer un crédito real y privilegiado reconocido legalmente.". Finalmente señala que la orden de no hacer impugnada violenta también el derecho a la propiedad privada adquirida conforme a la ley, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Nacional y cita jurisprudencia de esta Corporación fechada 8 de agosto de 1997 en un caso similar al presente, por lo que solicita que se conceda el amparo solicitado y se revoque el auto recurrido.

De acuerdo a las constancias procesales, mediante Escritura Pública Nº 4298 de 18 de julio de 1997, el señor C.J.R.T. celebró un Contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria sobre Bien Mueble con el GLOBAL BANK CORPORATION y al incumplir el deudor con los pagos pactados, el GLOBAL BANK CORPORATION declaró de plazo vencido la deuda e instauró un Proceso Ejecutivo Hipotecario Sobre Bien Mueble en su contra, conforme a las normas establecidas en el Decreto Ley Nº 2 de 24 de mayo de 1955. Mediante Auto Nº 2396 de 17 de octubre de 1997, el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá decretó formal EMBARGO Y DEPOSITO a favor de GLOBAL BANK CORPORATION y en contra de C.J.R.T. por la suma de B/9,411.91 sobre el vehículo M.G., color blanco, año 1998 con placa de circulación 8-171434/97.

De otro modo se tiene que por Resolución de 12 de septiembre de 1997, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó la detención preventiva de C.J.R.T., al encontrarse sustancias ilícitas en su residencia y asimismo, dispuso la aprehensión provisional de una serie de bienes de su propiedad, en los que figuraba el vehículo que estaba hipotecado a favor de GLOBAL BANK CORPORATION, sobre el cual el Juzgado Segundo de Circuito Civil decretó el embargo y depósito a favor de la entidad bancaria. Por tal motivo, ésta presentó ante el Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial una solicitud de desaprehensión del bien mueble en cuestión, misma que fue negada mediante Auto Nº 384 de 16 de diciembre de 1997, al considerar que "le corresponde al procesado probar la procedencia lícita del dinero con que se adquirió ese vehículo", decisión ésta que es el objeto de la presente acción de amparo de garantías constitucionales.

Contra el mencionado Auto Nº 384 de 16 de diciembre de 1997, GLOBAL BANK CORPORATION -a través de sus apoderados judiciales- anunció y sustentó recurso de apelación ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá que, mediante Resolución de 9 de marzo de 1998, confirmó el Auto recurrido al estimar que:

"2. La norma invocada por el postulante no debe interpretarse en forma aislada sin tomar en consideración los textos legales en su unidad, pues sería contradictorio devolver un bien con indicios de vinculación punible y es necesario permitir el desarrollo del proceso para determinar si en efecto debe levantarse esa medida cautelar patrimonial, con lo cual no se está condenando al acreedor hipotecario, por el contrario se la da cumplimiento a la finalidad u objeto del proceso penal.

  1. Debido a los argumentos desarrollados concluimos que la resolución judicial impugnada debe ser confirmada porque hace una correcta aplicación de las normas procesales" (f. 14).

El Pleno discrepa de la opinión vertida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en torno a la no viabilidad de la acción de amparo interpuesta por el licenciado ELLIS SIERRA, en nombre y representación de GLOBAL BANK CORPORATION, argumentando que el acto recurrido no contiene una orden de hacer o de no hacer.

La negativa del Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, constituye una orden de no hacer contra una persona jurídica, que le niega la solicitud que formuló con fundamento en una disposición legal. Ya con anterioridad esta Corte se ha pronunciado respecto a lo que debe entenderse por una orden de hacer o de no hacer susceptible de ser recurrida por la vía constitucional de amparo y en este sentido vale destacar el fallo de 24 de octubre de 1997, en donde se indicó:

"Sobre el particular se ha sostenido que las órdenes de hacer o no hacer son actos imperativos, en los que la autoridad le impone al gobernado la obligación de hacer o de no hacer algo. Dichas órdenes podrían estar incluidas en actos positivos de la autoridad, donde se impone una ejecución (un hacer) o una abstención (un no hacer), este último supuesto también llamado acto prohibitivo; o bien, podrían encontrarse en un acto negativo, cuando involucran mandato de abstención o implican la negativa de la autoridad ante una solicitud formulada por alguien.

Por tanto, el señalamiento relativo a que el acto impugnado no implica una orden de no hacer, por si solo, no justifica el rechazo del amparo, ya que del mismo surge una negativa a lo solicitado -que implica un no hacer- pudiéndose llegar por ese camino a conculcar los derechos constitucionales del afectado" (lo resaltado es nuestro).

Aclarado este punto, el Pleno advierte que el quid de la controversia planteada en este caso se refiere a si el Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal, al negar la solicitud de desaprehensión del bien mueble propuesta por GLOBAL BANK CORPORATION infringió el contenido del artículo 31 de la Ley de Drogas y en consecuencia el debido proceso legal establecido en el artículo 32 constitucional.

El artículo 31 del Texto Unico de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986 reformada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994, reza así:

"Artículo 31. En el caso de otros bienes que no sean dinero o valores, -el Banco o el ente acreedor podrá declarar la deuda de -plazo vencido y solicitar el remate judicial de los bienes, a fin de compensar la obligación. Los excedentes, si los hubieran, se mantendrán a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Tanto las acciones de dominio, como las peticiones de levantamiento de la aprehensión provisional de los instrumentos y demás bienes, que estuvieran aprehendidos provisionalmente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, serán resueltas por el Tribunal competente, quien podrá otorgar, previa opinión del funcionario instructor, la tenencia o administración provisional de los bienes".

En el presente caso, quien solicitó la desaprehensión del bien lo fue un tercero, GLOBAL BANK CORPORATION, fundado en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado con el imputado C.J.R.T., con fecha anterior a la resolución pronunciada por la Fiscalía de Drogas, donde se ordenaba la aprehensión provisional del vehículo. Se trata de un tercero que, si bien no es parte en el proceso penal dentro del cual se solicitó la desaprehensión del bien, está afectado en sus intereses patrimoniales por la medida, en atención a que el bien aprehendido se encontraba garantizando una obligación contraída previamente con esa entidad bancaria y por ello su condición en ese proceso penal es la de un tercero incidental, conforme a lo señalado en el artículo 2057-A del Código Judicial.

A juicio de la Corporación, cuando en su primer párrafo, el artículo 31 citado establece que el "banco o el ente acreedor podrá declarar la deuda de plazo vencido y solicitar el remate judicial de los bienes, a fin de compensar la obligación" confiere un derecho exclusivo a éstos para proceder en la forma en que lo autoriza esa norma y de acceder la autoridad correspondiente a la solicitud formulada -como así lo hizo en el presente caso el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá al acoger el juicio ejecutivo hipotecario propuesto, ordenar el embargo y depósito del vehículo y proseguir los trámites legales correspondientes- la consecuencia inevitable es que resulte procedente una petición de desaprehensión de la aprehensión provisional que se hizo en momentos en que se desconocía que el bien aprehendido se encontraba con anterioridad afectado con una hipoteca de bien mueble, constituida por medio de la escritura pública Nº 4298 de 18 de junio de 1997.

La norma citada, en su primer párrafo, no dá lugar a otra conclusión, que no sea la de que cuando se da la situación prevista en ese párrafo, el derecho del banco o del ente acreedor para declarar la deuda de plazo vencido y solicitar el remate judicial del bien con la finalidad de compensar la obligación que se le adeuda no puede ser desconocida ni retardado ese reconocimiento a la finalización del proceso penal que se instruye, con fundamento en una aprehensión provisional que se ordenó con posterioridad a la celebración del acto o contrato constitutivo de la hipoteca, a no ser que evidentemente se aprecie que ese acto o contrato se hubiere realizado con propósitos de evitar, con conocimiento del banco o del ente acreedor, la efectividad de una aprehensión futura en investigación en casos de drogas, que no es la situación que ocurre en el presente negocio.

GLOBAL BANK CORPORATION promovió el correspondiente proceso ejecutivo hipotecario ante el juzgado competente, que mediante auto de 17 de octubre de 1997 decretó el embargo y depósito del vehículo y la negativa del levantamiento de la aprehensión provisional del bien mueble que motivó esta acción constitucional, constituye una decisión jurisdiccional que impide el derecho que se tiene para la continuación de los subsiguientes trámites del juicio propuesto, hasta llegar al remate judicial y pueda entonces la entidad acreedora compensar la obligación contraída a su favor y el excedente, de haberlo, que se mantenga a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Al negarse la petición de desaprehensión, no se cumple con el trámite legal que se ordena en la norma legal que regula concretamente el punto planteado y ello trae como consecuencia que se vulnere la garantía fundamental que se consagra en el artículo 32 de la Constitución Nacional.

En caso similar al actual, al resolverse en apelación amparo de garantías propuesto contra decisión expedida por el Juez Décimoquinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que negó el levantamiento de la aprehensión provisional de un bien que se encontraba hipotecado y donde el banco acreedor había decretado, igual que ahora, la deuda de plazo vencido e interpuesto el juicio ejecutivo hipotecario del caso, ésta Corporación concedió el amparo demandado y dentro de las consideraciones que expuso señaló:

"En cuanto a los puntos planteados por el recurrente en el amparo, se estima que le asiste razón, por cuanto se dá la violación de la garantía fundamental del debido proceso legal en este caso, al infringirse el trámite legal establecido en el artículo 31 del texto único de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, reformada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994, que concede al banco o al ente acreedor la facultad "para declarar la deuda de plazo vencido y solicitar el remate judicial de los bienes a fin de compensar la obligación" y los excedentes, si los hubiera mantenerlos a órdenes de la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas.

...

La orden de no hacer que se impugna a través de este amparo -la negativa del levantamiento de aprehensión de la finca No. 15.295- vulnera la garantía fundamental establecida en el artículo 32 de la Constitución Nacional, pues al negar el levantamiento, se desconoce el trámite legal dispuesto en este caso específico, contemplado en el artículo 31 del texto único de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, reformada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994, e igualmente ignora una decisión judicial ejecutoriada, dictada dentro de un proceso ejecutivo hipotecario, proferida por autoridad competente y de acuerdo con las normas legales, ...". CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 8 DE AGOSTO DE 1997.

En mérito de lo expuesto, Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la resolución de 22 de junio de 1998, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y CONCEDE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el licenciado J.E.S., en representación de la sociedad GLOBAL BANK CORPORATION y en consecuencia REVOCA el Auto Nº 384 de 16 de diciembre de 1997, expedido por el Juez Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que niega la solicitud de levantamiento de la aprehensión provisional del vehículo Mitsubishi modelo G., tipo sedán color blanco del año 1998, que fue decretada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas dentro del proceso penal seguido en contra de C.J.R.T..

N. y D..

(fdo.) H.A.C.T.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) L.A.C.D.

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) G.J.D.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR