Sentencia de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Agosto de 1997

PonenteFABIÁN A. ECHEVERS
Fecha de Resolución 8 de Agosto de 1997
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

Ha ingresado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de derechos fundamentales presentada por la firma forense L. &T., quien actúa en representación de DOMÍNGUEZ Y CÍA., S.A., contra la orden de hacer contenida en la Nota Nº 24-SJ-97 de 16 de mayo de 1997, aclarada mediante Nota Nº 40-SJ-97 de 21 de mayo del año en curso, ambas proferidas por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

Luego de examinados los presupuestos formales de la iniciativa procesal, fue admitida por cumplir con los requisitos que contemplan los artículos 654, 2606 y 2610 del Código Judicial, así como con los que señala profusa jurisprudencia de esta Corporación. En consecuencia, se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación o, en su defecto, de un informe acerca de los hechos materia de la demanda (artículo 2611 C.J.), lo que fue atendido por medio de Nota Nº 196-SJ-97 de 18 de junio del año que decurre, con la que la autoridad acusada remitió el expediente que contiene el secuestro promovido por A.B., E.H. y otros contra D., S.A. y D. y Cía., S.A.

El acto atacado en sede constitucional, proferido por el Director General de Trabajo, expresa en su parte medular:

"Por concurrir las circunstancias excepcionales especificadas en el artículo 22 de la Ley 53 de 28 de agosto de 1975, adicionado por el numeral Nº 2 del artículo 1 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986, solicito a vuestro Tribunal Colegiado Decrete SECUESTRO sobre los bienes muebles e inmuebles, dineros, cuentas bancarias y cuentas por cobrar, así como la administración del establecimiento comercial denominado PARRILLADA LOS RANCHITOS, bienes muebles e inmuebles, dineros, cuentas bancarias y cuentas por cobrar de las empresas DIATGE, S.A., DOMÍNGUEZ Y CÍA., S.A. hasta la concurrencia de treinta mil balboas (B/.30,000.00), con el propósito de salvaguardar las prestaciones e indemnizaciones de A.R.B., E.G. De Santos, E.H. y otros nueve (9) trabajadores" (f. 2).

Según dan cuenta los elementos probatorios aportados por la amparista, la Dirección General de Trabajo comisionó a las Juntas de Conciliación y Decisión para que ejecutaran la orden transcrita, mandato que fue atendido por la Junta Nº 13, mediante Auto Nº 51-JCD-13-97 de 21 de mayo de 1997, por medio del cual se "DECRETA FORMAL MEDIDA DE SECUESTRO sobre los bienes muebles e inmuebles, dineros, cuentas bancarias y cuentas por cobrar, la administración del establecimiento comercial PARRILLADA LOS RANCHITOS, bienes muebles e inmuebles, dineros, cuentas bancarias y cuentas por cobrar de las empresas DIATGE, S.A., DOMÍNGUEZ Y CÍA., S.A., hasta la concurrencia de Treinta Mil Balboas (B/.30,000.00)" (f. 32).

De conformidad con lo que manifiesta el activador constitucional, D. y Cía., S.A. celebró un contrato de administración sobre la finca Nº 26,275 inscrita al tomo 635, folio 392 de la sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, con la compañía Guardo, S.A., propietaria del inmueble. En virtud del anterior acuerdo la amparista, en calidad de administradora, arrendó el inmueble a Diatge, S.A. para operar un negocio de restaurante denominado "Parrillada Los Ranchitos".

Con el transcurso del tiempo Diatge, S.A. incumplió en el pago del canon de arrendamiento, lo que motivó que la arrendadora (ahora amparista) interpusiera en su contra proceso de Lanzamiento con retención de bienes ante la jurisdicción ordinaria. Ante la situación indicada, los trabajadores de D., S.A. solicitaron a la Dirección General de Trabajo -con fundamento en el artículo 22 de la Ley 53 de 1975- se practicara un secuestro sobre los bienes de propiedad de ambas compañías.

Según afirma la demandante, la resolución citada infringe su derecho fundamental al debido proceso de ley, consagrado en el artículo 32 del Estatuto Supremo, en forma directa por comisión. En apoyo de su pretensión sostiene que la autoridad demandada se arrogó competencias que le están vedadas, "por cuanto que las reclamaciones laborales que se imputan a DOMÍNGUEZ Y CÍA., S.A. requieren que antes de ser reconocidas, se declare la existencia de una relación de trabajo entre los petentes de la medida por ella concedida y nuestra representada, materia ésta que compete a las Juntas de Conciliación y Decisión" (f. 79).

En consonancia con lo anterior, manifiesta la agraviada que las facultades de la Dirección General de Trabajo se circunscriben a conocer procesos que se generen por el cierre intempestivo del patrono, "siendo DOMÍNGUEZ Y CÍA., S.A. el arrendador de DIATGE, S.A., éste último patrono indiscutido de los petentes" (f. 80). Añade que, como quiera que la autoridad demandada carece de competencia para conocer de procesos por despido injustificado, "mal puede decretar medidas cautelares a propósito de reclamaciones por presentar en esta materia" (f. 80).

A los efectos de resolver esta controversia, el Pleno estima necesario externar algunas reflexiones en torno a naturaleza de los actos que pueden ser controlados dentro de la jurisdicción constitucional subjetiva y sobre la técnica que las autoridades estatales deben emplear en la correcta formación de tales actos.

En este sentido, es preciso indicar que los funcionarios que profieren un acto jurisdiccional o administrativo que conlleve una vulneración de derechos fundamentales subjetivos, tienen el deber de "concretar o singularizar el mandato imperativo, así como de ajustarlo estrictamente a los parámetros de la constitucionalidad y de la legalidad" (sentencia de Pleno de 31 de mayo de 1993).

Si bien es cierto que cuando un acto de cualquier naturaleza, presumiblemente conculcatorio de un derecho constitucional, es proferido en contravención de la exigencia de la concreción o individualización del mandato lesivo, se dificulta la labor de control de la constitucionalidad por vía del instituto de amparo, ello no impide llevar adelante la actuación tutelar de la magistratura constitucional, por cuanto se está en presencia del desconocimiento de las técnicas de formación de los actos jurídicos subjetivos derivados de la aplicación de normas legales generales, y de la consecuente posibilidad de vulneración de derechos fundamentales.

Como viene visto, el acto impugnado, mediante el cual se solicitó la práctica de secuestro sobre bienes de la amparista, fue dictado con fundamento en el artículo 22 de la Ley 53 de 28 de agosto de 1975, cuyo texto es el que sigue:

"En circunstancias excepcionales en las que exista grave, notorio e inminente peligro de que una empresa o establecimiento trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe sus bienes, de manera tal que dejaría insatisfechas las reclamaciones de los trabajadores, aún cuando no se trate de derechos inmediatamente exigibles, que derivarían de la posible terminación de las relaciones de trabajo, las Juntas de Conciliación y Decisión, a petición del Director General de Trabajo, dispondrán el aseguramiento o el secuestro de los mismos. Con el aseguramiento o el secuestro los bienes quedarán fuera del comercio. Las diligencias ordenadas por la Resolución podrán practicarse por las Juntas, las Direcciones Regionales de Trabajo o por servidores públicos de la Dirección General de Trabajo o comisionarse a uno de los Juzgados Seccionales de Trabajo. Estas medidas se practicarán sin interrumpir ni paralizar el funcionamiento de la empresa o establecimiento.

Estas acciones cautelares podrán mantenerse en vigor hasta que concluya el término que señala el artículo 706 del Código de Trabajo para promover la acción principal. Cuando se trate de la protección de derechos que derivarían de la terminación de la relación de trabajo este término se extenderá hasta por 30 días. Vencidos estos términos se levantarán las medidas o se enviará el asunto a la autoridad competente que esté conociendo de la acción principal, según fuere el caso. En cualquier momento el afectado podrá pedir el levantamiento de las medidas cautelares, demostrando la inexistencia del peligro o dando caución suficiente".

Según informan los antecedentes, el apoderado judicial de los trabajadores solicitó ante la Dirección General de Trabajo se elevara una petición a las Juntas de Conciliación y Decisión para la práctica del secuestro, con base en la disposición citada, con el objeto de garantizar las prestaciones laborales que serían reclamadas en proceso por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo, trámite cuya competencia corresponde al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, de conformidad con el numeral 1 del artículo primero de la Ley 53 de 1975.

A pesar de que el Director General de Trabajo está expresamente facultado por ley (a. 22, Ley 53 de 1975) para solicitar a las Juntas la práctica de la cautelación de bienes, estima la Corte que el acto atacado en sede constitucional resulta arbitrario y, por ende, conculcatorio del derecho fundamental al debido proceso de ley de la amparista, por cuanto que fue decretado sobre la base de la existencia de relaciones de trabajo entre los trabajadores y la amparista.

Esta iniciativa pone en evidencia un importante problema procesal, el cual debe ser examinado para dilucidar si el secuestro se decretó sin vulnerar el valor constitucional del debido proceso legal.

De acuerdo con la doctrina y legislación procesales, las medidas cautelares (reales) las decreta el juzgador a solicitud de una parte y sin correrla en traslado a la contraria, es decir sin audiencia del demandado. Su finalidad principal es asegurar el resultado del proceso y, en consecuencia, la eficacia de la sentencia.

Los presupuestos que debe antender el juzgador al decretar medidas de cautela son: a) Existencia de un proceso principal, b) Comprobación de un peligro grave o inminente (periculum in mora), c) Apariencia de buen derecho, y d) Caución (en los casos en que la ley la exija).

A juicio del Pleno se encuentra debidamente acreditado el cumplimiento de los presupuestos contenidos en los literales a, b, y d, no así el requisito de apariencia de buen derecho que la doctrina procesal conoce según la expresión latina fumus boni juris.

Según los presupuestos antes indicados, procede reconocer el beneficio de la protección cautelar real cuando se comprueba que la pretensión laboral se encuentra expuesta a una situación de peligro. Es de la esencia de las medidas cautelares que el derecho que se pretende asegurar se encuentre acreditado o aparezca como posible, revestido de una probabilidad calificada ("aun cuando no se trate de derechos inmediatamente exigibles"). Como estas medidas son a la vez de carácter preventivo y urgentes, no se requiere del juez un estado de certidumbre sobre el derecho invocado por el demandante. Sin embargo, es su deber, antes de ordenar la cautelación, formarse un conocimiento preliminar o sumario del derecho que se pretende tutelar, esto es, confirmar la apariencia de buen derecho.

En materia laboral el tema es de suma importancia, en virtud de que la carga de la prueba sobre la existencia de relación de trabajo corre por cuenta del empleador (a. 737, C.T.). Pero, porque esta presunción iuris tantum no puede soportarla quien no ha sido escuchado, en virtud del principio de la potestad probatoria del juez resulta legítimo exigirle procure los medios de convicción que acrediten la existencia de la relación laboral (a. 696, C.T.). Esa presunción revierte sobre el trabajador en los procesos de reintegro en los que, conforme al artículo 978 del Código de Trabajo, debe presentar al menos prueba indiciaria de la relación laboral, situación similar a la ahora planteada.

Por tanto, resulta fundada la preocupación de la Presidenta de la Junta de Conciliación y Decisión Nº 13 cuando, mediante oficio Nº 09-JCD-13-97 de 20 de mayo de 1997, le solicita al funcionario demandado en esta causa constitucional que aclare si los bienes de D. y Cía, S.A. también deben ser objeto de la medida cautelar, toda vez que no observaba "el vínculo laboral de ésta con los trabajadores" (f. 21, antecedentes).

Observa el Pleno que el funcionario demandado accedió a la petición del secuestro de bienes de la amparista con la sola manifestación del apoderado de los trabajadores sobre la existencia de relaciones de trabajo entre sus representados y aquélla (fs. 7 y 8, antecedentes), sin exigir ninguna prueba al respecto y, lo que es más grave aun, sin manifestar preocupación al respecto, a pesar de que la relación laboral no emerge, por sí sola, del expediente contentivo de la medida cautelar.

En efecto, consta en los antecedentes acta de mediación colectiva Nº 38 de 24 de abril del año que decurre, celebrada en el Ministerio de Trabajo, en la que informa sobre la participación de A.A. como empleador, y no de D. y Cía., S. A. (f. 10 reverso, cuaderno de secuestro). Asimismo, a foja 73 del cuaderno de amparo aparece copia auténtica del contrato de arrendamiento celebrado entre las empresas D. y Cía, S.A. y Diatge, S.A., ambas con distinta representación legal. La primera representada por L. de D. y la última por A.A..

Todo lo anterior lleva a la Corte Suprema a considerar que en el caso de que trata esta acción de amparo no procede la medida de secuestro decretada contra la amparista, por ser violatoria del debido proceso legal, toda vez que no constan en la causa elementos de juicio que permitan inferir que existe relación laboral -conforme la define el Código de Trabajo (a. 62)- entre la demandante en este negocio constitucional y los trabajadores.

Considera el Pleno que, ante la ausencia de pruebas fehacientes a este respecto, el funcionario demandado debió -en ejercicio de una interpretación tuitiva de los derechos fundamentales y de una aplicación del principio pro libertatis- abstenerse de incluir a la amparista en la medida cautelar decretada, o utilizar los mecanismos de prueba que aseguraran, al menos, la apariencia del buen derecho.

Por las anteriores consideraciones, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo solicitado por DOMÍNGUEZ Y CÍA., S.A. y, en consecuencia, REVOCA la resolución Nº 24-SJ-97 de 16 de mayo de 1997, proferida por la Dirección General de Trabajo, y el Auto Nº 51-JCD-13-97 de 21 de mayo de 1997, emitido por la Junta de Conciliación y Decisión Nº 13, sólo en lo que a la demandante en esta causa constitucional se refiere.

N. y Cúmplase.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) H.A.C.T.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) R.A.G.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (CON SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo.) A.H.

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Lamento disentir del criterio de mayoría.

Se trata de acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la sociedad DOMÍNGUEZ Y CÍA., S.A., contra la Nota Nº 24-SJ-97 de 16 de mayo de 1997, aclarada por Nota Nº 40-SJ-97 de 21 de mayo de 1997, ambas proferidas por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, mediante la cual se solicita a las Juntas de Conciliación y Decisión "SECUESTRO sobre los bienes muebles e inmuebles, dineros, cuentas bancarias y cuentas por cobrar, así como la administración del establecimiento comercial denominado PARRILLADA LOS RANCHITOS, bienes muebles e inmuebles, dineros, cuentas bancarias y cuentas por cobrar de las empresas DIATGE, S.A., DOMÍNGUEZ Y CÍA., S.A. hasta la concurrencia de treinta mil balboas (B/.30,000.00), con el propósito de salvaguardar las prestaciones e indemnizaciones de A.R.B., E.G. De Santos, E.H. y otros nueve (9) trabajadores". (Foja 2).

Esta orden fue dictada en atención a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 53 de 28 de agosto de 1997, que contempla la posibilidad de que se decrete el secuestro de los bienes de una empresa o establecimiento, para asegurar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores que derivarían de la posible terminación de la relación de trabajo. Señala la norma igualmente, que estas acciones podrán mantenerse en vigor hasta que concluya el término que señala el artículo 706 del Código de Trabajo para promover la acción principal; término que se extenderá hasta por treinta días cuando se trate de casos como el que nos ocupa.

La Sentencia fundamenta la decisión de conceder el amparo y revocar el acto impugnado, en lo siguiente:

"Todo lo anterior lleva a la Corte Suprema a considerar que en el caso de que trata esta acción de amparo no procede la medida de secuestro decretada contra la amparista, por ser violatoria del debido proceso legal, toda vez que no constan en la causa elementos de juicio que permitan inferir que existe relación laboral -conforme la define el Código de Trabajo (a. 62)- entre la demandante en este negocio constitucional y los trabajadores.

Considera el Pleno que, ante la ausencia de pruebas fehacientes a este respecto, el funcionario demandado debió -en ejercicio de una interpretación tuitiva de los derechos fundamentales y de una aplicación del principio pro libertatis- abstenerse de incluir a la amparista en la medida cautelar decretada, o utilizar los mecanismos de prueba que aseguraran, al menos, la apariencia del buen derecho". (Pág. 9 y 10).

Lo anteriormente expuesto es ajeno a la materia constitucional. La pretensión del recurrente se refiere a que debe ser excluido del secuestro, porque no hay prueba de que mantiene relación laboral con los trabajadores que lo solicitaron. Ese planteamiento constituye un debate propio del proceso laboral y dentro de él debe decidirse.

En estas circunstancias, estimo que el presente amparo de garantías constitucionales no es viable.

Fecha ut supra.

(fdo.) R.A.G.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

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