Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 14 de Abril de 1994

Ponente:RODRIGO MOLINA A
Fecha de Resolución:14 de Abril de 1994
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS ALBERTO CASTRELLÓN EN CONTRA DEL JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. (APELACIÓN)

 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta alta Corporación de Justicia, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el Licdo. L.A.C. y en contra del Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La orden de hacer impugnada mediante el amparo de garantías antes referido, es la contenida en la Resolución de 28 de enero de 1994, proferida por el Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, que decide lo siguiente:

... 1) LA REMOCIÓN del señor L.A.C. como liquidador del BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ, S. A. (INTERBANCO).

2) DESIGNA al señor J.A.C.R. cedulado No.8-80-621 como nuevo liquidador del BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ, S.A. (INTERBANCO), quien deberá concurrir al Tribunal a tomar posesión del cargo, si lo acepta, con un salario mensual de B/.3,900.00 mensuales.

3) Se ORDENA remitir copia de esta resolución debidamente autenticada al Registro Público, y al Banco Nacional de Panamá.

Luego de lo expuesto, la Corte como tribunal de segunda instancia procede a resolver, sin más trámite el recurso de apelación propuesto por el amparista, conforme lo dispone el artículo 2617 del Código Judicial.

La resolución apelada, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 18 de febrero de 1994, entre otras cosas expresa lo siguiente:

"... Un minucioso estudio de la demanda, la Resolución impugnada y la actuación surtida nos pone en condiciones de puntualizar lo siguiente:

PRIMERO

Se trata de un Proceso de Disolución y Liquidación Forzosa y la relación jurídico procesal se ha establecido entre la COMISIÓN BANCARIA NACIONAL contra el BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ, S. A. (INTERBANCO).

SEGUNDO

Por mandato expreso de la Ley, al juez le corresponde el impulso y la dirección del proceso. Por consecuencia, una vez decretada la liquidación de un Banco, el Juez tiene el deber de nombrar a un LIQUIDADOR, persona que va a sumir la representación legal del Banco y cuya función se enmarca dentro de la naturaleza jurídica de los AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Cfr. Artículo 224, numeral 3 del Código Judicial). A tal respecto, D.E. dice:

`Se consideran auxiliares de la justicia a ciertas personas que no son funcionarios judiciales, pero que prestan su colaboración a la administración de justicia en determinadas labores, tales como peritos, secuestres, partidores, liquidadores, intérpretes, síndicos'. Énfasis del Tribunal.(D.E., H.. COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL, Tomo I, Editorial A-B-C-, Bogotá, 1983, pág.322).

TERCERO

El Artículo 50 de la Constitución Política de la República de Panamá confiere el `recurso' de amparo de garantías constitucionales a toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que la propia Constitución consagra. El efecto que produce la CONCESIÓN del Amparo es el de revocar la orden violatoria de los derechos constitucionales de AMPARISTA.

CUARTO

En el presente caso, el AMPARISTA denuncia como derecho constitucional violado el contenido en el Artículo 32 de la Constitución patria, el cual consagra la garantía del DEBIDO PROCESO con los siguientes términos:

`Artículo 32: Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria'.

QUINTO

De lo expuesto hasta ahora se deduce que la labor del TRIBUNAL DE AMPARO para decidir el presente caso debe circunscribirse a confrontar la Resolución impugnada, con la calidad que el AMPARISTA tiene dentro del proceso de disolución y liquidación, y con el derecho constitucional que supuestamente se ha violado.

SEXTO

Una vez realizada la confrontación anteriormente planteada, el Tribunal de Amparo concluye que con la Resolución impugnada, el ADMINISTRADOR DE JUSTICIA reemplazó a un AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y concomitantemente nombró a otro; el AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA reemplazado no ha sido enjuiciado o procesado ni su remoción requiere un PROCESO; por tanto, mal puede el ADMINISTRADOR DE JUSTICIA haber violentado la garantía constitucional del debido proceso cuando él en ejercicio de la potestad jurisdiccional de la que está investido ha cambiado a uno de sus colaboradores que no es parte en el proceso. ..."

En otro orden de ideas, el amparista-apelante fundamenta su desacuerdo con la sentencia del a-quo en lo siguiente:

Que al igual que el funcionario que dictó la orden de hacer atacada en amparo, el Tribunal Superior equivocó la vía y la norma, en las que se fundamentó su remoción del cargo de Liquidador judicial, pues mantuvo el criterio de aplicar el artículo 541 del Código Judicial, por lo que se violaron sus garantías constitucionales del debido proceso legal.

Argumenta que, el Juez Sexto de Circuito, antes de dictar la orden impugnada en amparo, fechada 28 de enero de 1994 por la que lo remueve del cargo de liquidador judicial, "recibió el día 20 de enero de 1994 dos (2) solicitudes para que por Vía Incidental se tratara mi REMOCIÓN como Liquidador Judicial del Banco Interoceánico de Panamá, S.A.", que no fue sino hasta el 28 de enero del mismo año en que se le dio entrada a dichas solicitudes, decretando respecto a ellas en esa misma fecha "sustracción de materia". Dicha remoción la fundamenta en el artículo 541 del Código Judicial, por considerar que el cargo de liquidador judicial tiene las mismas características que el de depositario nombrado en una acción cautelar de secuestro, cuando tal situación "ni siquiera se asemeja" a la que se ventila, de una institución bancaria en liquidación "cuyos bienes por Ley y al amparo de la jurisprudencia son inembargables e insecuestrables". En opinión de la censura, el funcionario judicial demandado "se debió avocar al conocimiento" de los incidentes de remoción presentados, corriéndole el debido traslado para luego fallar, dándole la oportunidad de apelar de acuerdo al artículo 701 del Código Judicial.

Sin embargo, señala el amparista, al aplicar el párrafo tercero del artículo 541 antes citado, el Juez Sexto "auspiciado por el Primer Tribunal Superior" al denegar el amparo, "lo que han querido es expedir una resolución de carácter irrecurrible y sin necesidad de notificación". Además, con la aplicación de tal norma "se lesiona mi condición de profesional del derecho", pues su último párrafo indica que tales casos (suspensión o remoción de depositario) se ha de cumplir con el 2025 del Código Judicial, o sea presentar denuncia ante el Ministerio Público.

El apelante-amparista considera que en el evento que hubiese cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones como liquidador judicial, que ameriten la remoción solicitada por unos cuentahabientes, la tramitación debida sería por "LA VÍA INCIDENTAL en base a lo que dispone el artículo 1849 del Código Judicial que se refiere a la figura del CURADOR, que es la que más se asemeja a la de un Liquidador Judicial de un Banco".

Finalmente, en el escrito de apelación se acusa al Tribunal Superior de "ni siquiera entrar a considerar la decisión del funcionario demandado ..." y "va más allá que el propio juez G., al calificar el incidente de remoción como el de un DEPOSITARIO y no el de un Liquidador Judicial", de allí que a su juicio viola también los artículos 32 y 17 de la Constitución.

CRITERIO DE LA CORTE

Como se puede apreciar en la sentencia transcrita, se analiza la calidad del amparista a fin de determinar si efectivamente se le violó el derecho constitucional que se alega.

Al dejar claro que el liquidador es un AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, considera el a-quo que para su remoción por parte del juzgador (o administrador de justicia), no se requiere enjuiciamiento o proceso, pues el juez tiene la potestad de cambiar a uno de sus colaboradores, que no son parte en el proceso.

Los planteamientos que anteceden, en consecuencia, vista la actuación del caso subjúdice, obligan a señalar, que es cierto que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en fallos anteriores se ha pronunciado sobre el carácter jurídico de los liquidadores nombrados por el Juez en una liquidación forzosa de una entidad bancaria, en el sentido de que si bien el liquidador es un auxiliar de la administración de justicia y a pesar de que son nombrados por el Juez "no son funcionarios sino mandatarios o representantes de la sociedad en liquidación": Sin embargo, esto no significa que para la remoción o sustitución del liquidador de una institución bancaria solicitada por los depositantes, hay que cumplir con el trámite incidental contemplado en el artículo 1849 del Código Judicial como sostiene el amparista.

En ese sentido el demandante alega que la orden acusada viola las garantías consagradas en los artículos 17 y 32 de la Constitución, porque a su juicio se debió aplicar por analogía el precitado artículo del Código Judicial, pues la figura del "C." es la que más se asemeja a la de "liquidador" de una entidad bancaria y no la de "Depositario" que contempla el artículo 541 I..

Es evidente, entonces, que la cuestión de fondo planteada en este proceso de amparo constitucional de que conoce la Corte, en grado de apelación, gira en torno a la interpretación y aplicación de la Ley, habida cuenta de que el Decreto de Gabinete 238 de 2 de julio de 1970, por el cual se reforma el Régimen Bancario y se crea la Comisión Bancaria, en lo que respecta la remoción del liquidador de una entidad bancaria no establece ningún trámite.

El argumento del apelante, basado en el criterio de la aplicación por analogía del artículo 1849 del Código Judicial, por tanto, carece de fundamento. Pues, lo cierto es que, en el caso subjúdice, el acto acusado ha sido dictado de conformidad con las facultades legales de competencia que ejerce la autoridad demandada, para aplicar al caso concreto la norma legal que corresponde de acuerdo a su criterio.

De lo cual resulta, en consecuencia, que el acto acusado, expedido en las circunstancias procesales antes señaladas, a juicio del Pleno de la Corte no constituye ni reviste la forma de una orden arbitraria que vulnere o lesione los derechos y garantías fundamentales alegadas por el amparista; sobre todo, cuando está visto que la Ley, en el caso en estudio, no establece ni dispone un trámite para la remoción del liquidador de una entidad bancaria en liquidación, nombrado por el Juez. Esto, en otros términos significa que, contrario a lo que sostiene el apelante, el acto judicial mediante el cual el amparista fue removido como liquidador del banco no infringe la garantía del debido proceso consagrada por la Constitución, y, por ende, debe mantenerse la sentencia apelada.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia Apelada.

N. y D..

(fdo.) R.M.A.

(fdo.) J.A.T.M.

(fdo.) J.F.P.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) C.E.M.P.

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.H.C.G.

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ

Secretaria General Encargada.