Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 14 de Octubre de 1998

PonenteJOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución14 de Octubre de 1998
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Licenciado U.I.S. interpuso acción de amparo de garantías constitucionales en nombre y representación de la Sra. A.D.S., de nacionalidad dominicana, con P. Nº 1606382, contra la orden contenida en la Resolución Nº 3788 de 21 de julio de 1998, emitida por el Director General de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno, por la que se ordena su deportación del territorio nacional.

La acción se funda principalmente, en los siguientes hechos:

Que la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la detención de la supracitada, mediante fallo de 21 agosto de 1998, detención que había decretado la Dirección de Migración y Naturalización mediante resolución Nº 1218 de 20 de julio de 1998; su deportación la determinó mediante resolución Nº 3788 de 21 de julio de 1998, por motivos de Seguridad y de Orden Público, Ejercicio de la Prostitución Clandestina y Conducta Inmoral, siendo notificada de la misma.

Que en el fallo mencionado, la Corte manifestó que el hecho de que A.D. se presentara a las oficinas de la Dirección de Migración y Naturalización el 21 de julio pasado estando su permiso vencido, no amerita ni su detención ni su deportación según lo normado por los artículos 58 y 65 del Decreto Ley Nº 16 de 1960. Que, pese a que a la Sra. D. se le concedió libertad ambulatoria el 25 de agosto, al presentar sus documentos para formalizar su solicitud de Permanencia Definitiva con derecho a cédula de identidad personal, Migración se ha negado a aceptar dicha documentación; en cambio, mantiene vigente la resolución Nº 3788 de 21 de julio de 1998, que ordenó su deportación del país.

Esta resolución es la que motiva la presente acción, ya que -según el actor- infringe garantías constitucionales, específicamente derechos individuales. Que la Institución acusada pretende deportar a la beneficiaria de esta acción, teniendo conocimiento que antes de que se venciera su Visa de Inmigrante en Calidad de Casada con Panameño, había cumplido todos los requisitos para optar al Permiso de Permanencia Definitiva con derecho a cédula de identidad personal.

Además, que la amparista nunca ha estado ilegal en Panamá, y si ahora lo está es porque Migración no quiere, arbitrariamente, recibirle sus documentos.

Que la justificación de la Dirección de Migración y Naturalización para mantener la orden de deportación de A.D. estriba en un Certificado del Centro de Salud de San Felipe. Reprodujo el letrado un extracto del fallo de esta Corte en el que se declaró la ilegalidad de la detención que padecía la Sra. DURÁN., en el que señala -entre otras cosas- que la supracitada tiene expediente en ese Centro de Salud, el cual realiza exámenes médicos a toda persona que trabaje en bares, cantinas y centros nocturnos de diversión, en cualquier labor que hagan; y que el expediente de dicha clínica no especifica la actividad que realiza la persona examinada -A.D. SANTOS-, incurriendo Migración en el mismo error, a juicio del L.. S..

También transcribió el actor otro extracto del mismo fallo, en que dice esta Corte que la Certificación del Centro de Salud de San Felipe no prueba ninguno de los cargos que se le aducen en la resolución de deportación.

Consideró el letrado que la Resolución acusada infringió los artículos 17, 18, 19, 20, 27 y 41 de la Constitución Nacional.

El artículo 17 porque, en vez de asegurar la efectividad de los derechos de los extranjeros, la Dirección Nacional de Migración y Naturalización lo que ha hecho es "desatar una persecución feroz y desmedida cerrando todos los caminos legales y racionales para que legalice su status migratorio en nuestro país."

El artículo 18, toda vez que al probarse que A.D. no violó ninguna norma legal, la ya citada Dirección incurrió en extralimitación de funciones al no permitir que DURÁN ponga al día su status migratorio.

El artículo 19 fue infringido -según el Licdo. S.-, ya que la Institución acusada practicó la discriminación contra la amparista.

La Dirección de Migración y Naturalización violó el artículo 20 -a juicio del amparista- porque no trató con igualdad a A.D., pese a haber cumplido todos los requisitos legales y administrativos, y haber obtenido permiso de trabajo.

Añade que el artículo 27 de la misma excerta en estudio, fue violado al limitarle a la amparista el libre tránsito por el país al ordenar su deportación injustificadamente, porque el fallo en que la Corte declaró ilegal su detención señaló que no se había probado las razones de salubridad y conducta inmoral alegadas.

Finalmente, dice que el artículo 41 de la Carta Magna fue transgredido, ya que, al negársele a A.D., mediante abogado, Permiso de Permanencia Definitiva con derecho a cédula de identidad personal que solicitó previamente al vencimiento de su Visa, se le negó el derecho constitucional de presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y de obtener pronta resolución.

Por su parte, el Director General de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia envió informe solicitado por esta Corporación de Justicia en el que señaló que el 27 de febrero y el 7 de abril del presente año recibió denuncias contra la amparista por mal comportamiento, que trabaja en la "Cantina La Bocatoreña" ubicada en el Mercado Público y que no tiene permiso de trabajo.

Que recibió -previa solicitud- certificación del Centro de Salud de S.F., en la que consta que A.D. tiene expediente en dicho Centro, que se examinó allí por última vez el 17 de junio, y que ese Centro realiza higiene social a personas que trabajan en bares, cantinas y Centros Nocturnos.

Que tiene dicha Dirección constancia en archivos que la actora laboró como alternadora en la Cantina "El Gavilán" en 1993 y 1994.

Que por ello, consideró la Dirección de Migración y Naturalización que el comportamiento y actuación de DURÁN es contrario a la moral, las buenas costumbres y las normas migratorias, y ordenó su detención mediante Resolución Nº 1218 de 20 de julio de 1998, y su deportación mediante Resolución Nº 3788 de 21 de julio de 1998, por motivos de Seguridad y Orden Público, Ejercicio de la Prostitución Clandestina y conducta inmoral, siendo notificada de dichas Resoluciones.

Que, luego de ser dejada en libertad por dicha Dirección a raíz de un fallo de esta Corte que declaró ilegal su detención, se le concedió Tarjeta Celeste por un término de 15 días -hasta el 9 de septiembre- para que salga del país voluntariamente.

Finalmente, hizo alusión el Licdo. G.G.S., D. General de Migración y Naturalización, a un fallo de esta Corporación de Justicia en el que declaró no viable un amparo de garantías constitucionales sobre una orden de deportación, en base al artículo 2566 del Código Judicial.

Para resolver, en primer lugar advierte el Pleno que no cumplió esta acción con el requisito previo de agotamiento de los recursos legales administrativos disponibles para su interposición de acuerdo al Decreto Ley Nº 16 de 1960, ya que la actora no apeló la resolución impugnada en amparo, pese a las circunstancias aducidas en la acción.

Además, le asiste la razón al señor Director de Migración y Naturalización, toda vez que la jurisprudencia de esta Colegiatura ha establecido que la acción de amparo de garantías constitucionales no es el mecanismo adecuado para resolver el problema planteado.

En efecto, el fallo de 31 de julio del 1997, bajo la Ponencia de la Magistrada Aura Emérita Guerra de V., señaló lo siguiente:

"En esta acción de amparo, la orden de hacer que se impugna según el amparista, está contenida en la Resolución Nº DNMYN-0634 de 28 de enero de 1997, mediante la cual se deporta del territorio nacional a los ciudadanos T.C.L. y L.K.S., por razones de seguridad y orden público, se cancela definitivamente su condición de residentes, se comunica al Registro Civil y se les advierte que no pueden regresar nuevamente al país sin la autorización de la Dirección de Migración.

Al tenor del artículo 2566 del Código Judicial entre los actos que pueden ser atacados por la vía de la acción de habeas corpus, se encuentran los que decretan deportación o expatriación sin causa legal, de tal manera que no es la acción de amparo de garantías constitucionales el remedio jurídico eficaz para promover su consideración por los Tribunales de Justicia".

En vista de la jurisprudencia -y de la falta de agotamiento de las vías legales-, es el criterio de esta Corporación de Justicia que no es posible ventilar el problema propuesto mediante la presente acción, por lo que no le queda otro remedio que declarar su no viabilidad.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licdo. U.I.S. en nombre y representación de la Sra. A.D.S., contra la Resolución Nº 3788 de 21 de julio de 1998, emitida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

  1. y N..

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) G.J.D.C.

(fdo.) C.H.C.G.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) H.A.C.T.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) J.A.T.M.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DIAZ

Secretaria General Encargada

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