Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Octubre de 2002

Ponente:ROGELIO A FÁBREGA ZARAK
Fecha de Resolución:16 de Octubre de 2002
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICENCIADO ABEL ORTEGA COMRIE, EN REPRESENTACIÓN DE MULTIMAX, S.A., CONTRA LA SENTENCIA N? 109 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2001, EMITIDA POR EL JUZGADO NOVENO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

 
CONTENIDO

VISTOS:

Conoce el Pleno del recurso de apelación propuesto por el D.P.A.B.J., en calidad de tercero, contra la resolución expedida el 2 de agosto de 2002, por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por MULTIMAX, S.A., mediante apoderado judicial, contra la orden contenida en la Sentencia N°109 de 31 de diciembre de 2001, expedida por el Juzgado Noveno del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Conforme viene señalado, la alzada propuesta por el D.P.B., en calidad de tercero afectado, tiene por propósito la revocatoria de la resolución recurrida, proferida en primera instancia por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que concede la acción de amparo propuesta por MULTIMAX, S.A., contra la Sentencia N° 109, dictada el 31 de diciembre de 2001, por el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, en el proceso de protección al consumidor instaurado por el D.P.A.B., contra la amparista, mediante la cual se declara, entre otras cosas, la resolución del contrato de compraventa celebrado entre PEDRO BARSALLO y MULTIMAX, S.A., y se condena a ésta última a pagarle al licenciado BARSALLO los daños y perjuicios ocasionados. La resolución impugnada en amparo, no está demás destacar, fue objeto de apelación por la parte demandada, siendo confirmada por el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución de 2 de abril de 2002.

LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

La sentencia recurrida accedió a la pretensión de amparo incursionada por la sociedad anónima MULTIMAX, S.A., sobre la base de que fue objeto de amparo vulnera la garantía procesal del debido proceso, contenida en el artículo 32 de nuestra Carta Magna, al pretermitirse un trámite procesal preceptivo, cual es, la omisión de la práctica de una de las pruebas aducidas por la parte demandada en el proceso que guarda relación con la acción constitucional que se promueve. Sostiene el Tribunal a-quo en la resolución enjuiciada en amparo que, al no practicar el juzgado de la causa una prueba que había previamente admitida, incurrió en la violación del debido proceso, en virtud de lo cual concede el amparo propuesto y revoca lo actuado para ordenar que se practique la prueba de declaración de parte propuesta por el demandado en el proceso al cual se viene haciendo referencia. Sobre la prueba testimonial inadmitida no se pronunció la sentencia apelada.

Conviene, en razón de lo que viene precisado, reproducir el fundamento del fallo recurrido en amparo:

  1. examen de la demanda de amparo, observa el Tribunal que la misma se fundamenta al considerar el amparista que se violó el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional, cuando el funcionario acusado resolvió la controversia sometida a su consideración sin practicar y valorar las pruebas solicitadas por la defensa técnica.

Las pruebas que dice el amparista no se practicaron dentro del proceso de Protección al Consumidor, Indemnización de daños y Perjuicios, incoado por PEDRO A. BARSALLO contra MULTIMAX, S.A., lo es una Declaración de parte del D., que fue solicitada en el curso del proceso y luego de admitida nunca se evacuó.

Y es que, en materia de pruebas esta Superioridad, ha sostenido en reiteradas ocasiones que la acción de amparo no es una tercera instancia, en la que se pueda entrar a evaluar las pruebas aducidas por las partes para el reconocimiento de supuestos procesales. La acción de amparo es una acción autónoma, de naturaleza constitucional, tendente a tutelar los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución. No está demás señalar que la acepción del debido proceso respecto al derecho de presentar pruebas, contradecirlas y practicarlas, lo que protege, precisamente es el derecho de las partes a aducirlas y lograr consecuentemente que sean practicadas, pues la labor de darles el mérito legal es una labor exclusiva del juzgador de la instancia, siendo completamente extraña la evaluación probatoria en el proceso extraordinario de amparo.

En relación con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia en fallo del 19 de enero de 1995, se pronunció...

En esa misma dirección de pensamiento en resolución de 19 de junio de 2002 la Corte también sostuvo...

Ahora bien, la propia resolución que se impugna a foja 191, reseña lo siguiente: AVale dejar sentado, que aun cuando la declaratoria de P.A.B., fue admitida mediante Auto N° 179 de 15 de marzo de 2001, ello no pudo lograrse. Sin embargo, en el expediente se cuenta con los suficientes elementos para formar la convicción de esta juzgadora a fin de emitir una decisión y evitar los perjuicios que la dilación en la recepción de la prueba, pueda causar@.

La afirmación vertida por la funcionaria que expide la orden atacada mediante amparo, en el párrafo que antecede es prueba suficiente del cargo que hace el amparista en cuanto que no le fue practicada la prueba de Declaración de Parte que solicitara dentro del proceso génesis de este amparo, situación que relacionada con los fallos jurisprudenciales antes citados, nos permite arribar rápidamente a la conclusión inequívoca que a la parte demandada, MULTIMAX, S.A., se le conculcó su derecho a la defensa en la medida que la prueba que solicita en su favor no se practicó pese a que fue admitida como lo reconoce la resolución impugnada.

En el caso bajo examen, ya no estamos ante un supuesto de error en el juzgamiento que no es propio del debate constitucional como ya se dijo lineas arriba, ni de un error en el procedimiento, sino ante una omisión directa, al no practicarse una prueba que había sido admitida, lo cual es contraria al debido proceso, siendo precisamente esta la vía la del amparo de garantías la idónea para reparar dicho agravio, concediéndolo y revocando lo actuado, para ordenar se practique la prueba de Declaración de Parte propuesta por el demandado, y es que hay que tener presente que si la falta de motivación en la negación de las pruebas, viola el debido proceso -fallo del 9 e octubre de 2001- no hay duda, por consiguiente que la omisión en su práctica constituye una falta más grave@. (f.51-54)

La resolución parcialmente reproducida, como se dijo, fue apelada por el D.P.A.B., actuando en su propio nombre y en calidad de tercero afectado en este proceso de amparo, mediante escrito que aparece visible a foja 57-74 del cuaderno de amparo. Conviene, entonces, dejar expuesto los argumentos del apelante-tercerista.

APELANTE

Dada la calidad con que interviene el recurrente en el presente proceso de amparo, instaurado por MULTIMAX, S.A., dedica el D.P.B. las primeras líneas de su escrito de apelación a fundamentar su legitimación para intervenir en éste proceso de amparo como tercero afectado con la resolución recurrida, en relación con lo cual cita y reproduce doctrina del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En cuanto a la decisión recurrida, manifiesta en extenso alegato la parte apelante que el Primer Tribunal Superior de Justicia erróneamente concluyó en la decisión censurada en apelación que el juzgado demandado en amparo, había incurrido en vulneración al debido proceso al omitir la práctica de una prueba admitida, cual es, la declaración de parte (del propio PEDRO BARSALLO), la cual había sido solicitada por la demandada, MULTIMAX, S.A., en el proceso de Protección al Consumidor que en, contra de la referida sociedad había instaurado, el tercero.

De acuerdo al D.B., mal puede atribuírsele al juzgado de la causa la violación del debido proceso, por no haber practicado la prueba aludida, cuando fue la amparista (parte demandada en aquél proceso), quien dejó precluir el término probatorio sin solicitar en ningún momento nueva fecha para la práctica del medio probatorio referido que había aducido y que el Juzgado Noveno admitió y ordenó practicar. De conformidad con el artículo 809 del Código Judicial, advierte el recurrente, cuando las pruebas no se hubieren practicado en la fecha estipulada el Juez señalará nueva fecha a petición verbal o escrita de la parte interesada, dentro del término probatorio, condición con la que no cumplió a su juicio la parte amparista en el proceso que guarda relación con la acción que se decide. ALa amparista,... solicitó y le fue admitida una PRUEBA DE DECLARACIÓN DE PARTE, y la declaración no se produjo porque la parte no pudo comparecer al Juzgado a la fecha señalada para la práctica de dicha prueba. La parte demandada, ahora actor en el A., dejó precluir el término probatorio sin solicitar en ningún momento nueva fecha para la práctica de esa prueba que había aducido y que el Juzgado Noveno, ahora demandado, ordenó practicar@. (f. 64)

En otros términos, según el apelante, el hecho de que la declaración solicitada por la amparista no hubiere sido evacuada por el juzgador, no implica por si sólo violación al debido proceso, porque la ley le permite a la parte interesada la posibilidad de solicitar al juzgador que fije nueva fecha para la práctica de la referida prueba. De manera que si la prueba no se evacuó, por haber dejado la parte demandada precluir el término probatorio sin solicitar en ningún momento nueva fecha para la práctica de esa prueba que había aducido y que el Juzgado Noveno admitió y ordenó practicar, no puede imputarle al tribunal dicha falta.

AEl amparista debió pedir nueva fecha para la práctica de la prueba de declaración de parte, admitida y no practicada, pero nada hizo y la Juzgadora estimó las evidencias probatorias oportunamente practicadas en el proceso,... Y esa declaración de la Juez Novena de Circuito en su Sentencia de señalar que contaba en el expediente A. los suficientes elementos para formar la convicción... a fin de emitir una decisión@ no puede ser materia de revisión por un Tribunal de Amparo porque en el tema probatorio, sólo puede atacarse la sentencia judicial por negativa, rechazo o inadmisión de una prueba que produzca verdadera indefensión de la parte que la adujo, pero no es materia revisable por la acción extraordinaria de amparo, la estimación libérrima del Juzgador en el proceso, sobre su convencimiento o no frente al caudal probatorio que las partes han hecho llegar al expediente@. (f.67)

En relación con lo anterior manifiesta el apelante que, evidentemente no puede decirse que la prueba no practicada haya sido negada, pues consta en el expediente contentivo del proceso al que accede la presente acción constitucional que la misma fue admitida mediante el Auto N° 179 de 15 de marzo de 2001 y ordenada su práctica. Empero, señala, la omisión en la práctica del referido medio de convicción no se debió a causas imputables al juzgador, por lo que debió la parte que propuso la prueba indicada solicitar, conforme al tenor del artículo 809 del Código Judicial, al juzgador de la causa que señalara nueva fecha para que se evacuara la declaración de parte solicitada. De manera que, sigue manifestando el proponente de la alzada, a falta de la práctica de la prueba a la que viene haciéndose referencia, debió la parte accionante de acuerdo con el artículo 1275, literal b) del Código Judicial, expresar la imposibilidad de evacuar la prueba por él aducida para su práctica por el Tribunal, lo que no hizo, con la consecuencia que ello conlleva de no poder solicitar la evacuación de la prueba en segunda instancia, aunque, advierte, la declaración de parte es una prueba que al tenor de lo pautado en el artículo 903 del Código Judicial, sólo puede pedirse en primera instancia.

Concluye señalando el D.B. que la omisión en la evacuación de un medio probatorio no produce per se la indefensión del proponente de la prueba, máxime si A. la adujo no actuó diligentemente ejercitando los derechos que la ley le concede a efectos de que la prueba aducida y admitida fuera afectivamente practicada, lo cual nunca se hizo en este caso, pretendiendo ahora el negligente en actuar oportunamente, y quien dejó precluir la oportunidad procesal correspondiente, que su falta de diligencia sea el fundamento de la Acción de Amparo contra la Juzgadora quien si dio cumplimiento plenamente al Principio del Debido Proceso@. (f. 72).

Por razón de lo anterior, a la vez que solicita la parte apelante la revocatoria de la decisión de primera instancia, pide la imposición de costas procesales al amparista de conformidad con lo pautado en los artículos 1071 y 1072 del Código Judicial.

LA PARTE OPOSITORA AL RECURSO

El apoderado judicial de MULTIMAX, S.A., quien instauró el presente proceso de amparo, por una parte manifiesta su disconformidad con las alegaciones en las que basa el apelante su recurso, en tanto que, por la otra, cuestiona la legitimación del recurrente para intervenir en el presente proceso de naturaleza constitucional en calidad de tercero afectado.

En relación con este último punto, sostiene concretamente que la solicitud para intervenir como tercerista en el proceso presentada por el Doctor BARSALLO deviene en extemporánea y, como tal, debió rechazarse de plano. Según manifiesta la representación judicial de la parte opositora al recurso, la petición de intervención como tercerista le fue admitida al recurrente posteriormente al término de ejecutoria dentro del cual habría podido presentar dicha parte los recursos que la ley consagra en contra de la sentencia recurrida. Esta afirmación no es consistente con las constancias del expediente (vease foja 56 vuelta y foja 74 del expediente del amparo).

En tanto que, respecto a la omisión en la práctica de la prueba a la que se viene haciendo referencia, niega que la misma se deba a su falta de diligencia. Alega que la declaración de parte jamás fue evacuada, pese haber sido admitida por el juzgado demandado en amparo y, debidamente notificada a las partes. El recurrente evadió su comparecencia en aquél proceso para prestar su declaración solicitada oportunamente, evidenciando con ello su mala fe. En todo momento, agrega, la funcionaria acusada estuvo conciente de esa realidad y en innumerables ocasiones se les hizo el llamado verbal para que fuesen más enérgicos con el actor y se le conminase a concurrir a rendir la declaración ordenada por el tribunal, por lo que no es cierto que no realizó ningún esfuerzo para que se evacuara la declaración del demandante, ahora recurrente en el presente proceso de amparo.

Consecuentemente, reitera el apoderado judicial de la parte opositora al recurso de alzada examinado que el Juzgado Noveno incurrió en violación al debido proceso al rechazar la práctica de la prueba consistente en el testimonio del señor D.N. y omitir, por otro lado, la evacuación de la declaración de parte solicitada respecto del demandante, el D.P.B., la cual había sido admitida por el juzgador de la causal, causándole con ello indefensión a su poderdante. Al igual que la parte recurrente, el opositor a la apelación respalda su argumentación con jurisprudencia, que en su opinión fundamentan su tesis.

POSICIÓN DEL PLENO

En primer lugar debe admitir el Pleno la legitimación del demandante en el proceso de que trae causa el proceso constitucional de amparo de garantías constitucionales, a pesar de no ser parte en esta acción constitucional, como así lo ha reconocido el Pleno de esta Corporación de Justicia, en jurisprudencia que cita el tercero, empezando por la de 18 de abril de 1997, bajo la ponencia de la ex-Magistrada MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA, en que son parte el afectado por la lesión de un derecho fundamental y la autoridad que creó el acto lesivo a los derechos fundamentales. El problema del Pleno es que, por virtud de la adición al entonces artículo 2606 del Código Judicial (actualmente el número 2615) en la actual numeración, en virtud de la redacción que le introdujo el Decreto de Gabinete n1 50 de 1990, permitió la impugnación, en amparo, de las decisiones jurisdiccionales, que en el Código Judicial, en su versión de 1985, estaban en interdicción. La situación jurídica que tal adición introdujo a la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales, no introdujo reglas aplicables a esta nueva realidad, existiendo, en efecto, una verdadera omisión procesal, por cuanto, para el Pleno resulta axiomático que, en caso de acciones de amparo por lesión, entre otros, del derecho al debido proceso, el legislador debió establecer reglas procesales en caso de amparos de garantías constitucionales promovidas como consecuencia de lesiones, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso, producidas en el proceso ordinario. No es, por tanto, un "espacio libre de derecho" (en la conocida construcción de K.L., sino, por el contrario una omisión que debió ser llenada por el legislador, a la luz de la necesidad de arbitrar reglas procesales aplicables en procesos jurisdiccionales con motivo de la instauración de acciones de amparo de garantías constitucionales en procesos jurisdiccionales, donde es apenas natural que, cualesquiera de las partes en el proceso, debiera estar legitimado para promover la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales, cuando su derecho fundamental al debido proceso, como lo entiende este Pleno, se ha visto afectado por el acto de contenido jurisdiccional.

Es evidente, como lo indica la sentencia citada, que no puede el Pleno, y mucho menos en un proceso constitucional como el que nos ocupa, que se considere que deba suplir la omisión legislativa, por cuanto ello no es función del O.J., que ha de ceñir su actuación al sistema de fuentes, que le impide crear normas allí donde no existan, pues tal es su servidumbre, la de enjuiciar una causa jurisdiccional secundum legem.

La principal lesión al derecho fundamental se circunscribe al derecho fundamental al debido proceso (artículo 32 de la Constitución Política).

La garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32, tiene una consolidada existencia en nuestro Estado de Derecho, como institución fundamental garantizadora de los derechos fundamentales, en todas nuestras Cartas Constitucionales, y ha sido objeto de copiosísima jurisprudencia por parte de este Pleno. Consiste, como ha puntualizado el M.A.H., en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por el contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos" (ARTURO, H., "El Debido Proceso", Editorial Temis, S.A.. Santa Fé de Bogotá-Colombia, 1996, pág.54).

Según es conocido, en sus inicios fue concebida como un derecho fundamental que debía aplicarse solamente a los procesos penales (como se encargó de demostrar V.B., "El debido proceso en el sistema constitucional panemaño, en "Estudios de Derecho Constitucional Panameño, dirigidos por J.F.P., ed. 1987, pág. 419), pero en la actualidad, con la progresiva interpretación de este Pleno, se aplica a todos los procesos, y no solamente los procesos penales, sino a todo proceso "jurisdiccional" y a los procedimientos administrativos. Además, en virtud del bloque de la constitucionalidad, parámetro que utiliza la Corte para analizar los procesos de inconstitucionalidad, ha sido incrementado al señalar que forman parte del mismo las declaraciones sobre derechos fundamentales aprobadas en tratados internacionales, muy singularmente el artículo 81 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969 (sentencia de 19 de marzo de 1991). Esta expansión se ha visto incrementada más aún con la incorporación del derecho fundamental a un debido proceso de la denominada tutela judicial efectiva, hecha por el Pleno de esta Corporación (sentencia de inconstitucionalidad de 20 de octubre de 1992) que constituye, además, un derecho fundamental de contenido múltiple (acceso a los tribunales, derecho a una sentencia dictada con arreglo al sistema de fuentes, derecho a recurrir contra los recursos legalmente establecidos y a que la sentencia sea ejecutada en sus propios términos), incorporación ésta que ha enriquecido, por vía jurisdiccional, de manera espectacular el derecho fundamental a un debido proceso.

J.F. destaca, en sus "Instituciones de Derecho Procesal Civil" que la jurisprudencia ha llenado de contenido la garantía del debido proceso, integrado por los derechos que se indican a continuación:

  1. Derecho a la jurisdicción, que consiste en el derecho a la tutela constitucional.

  2. Derecho al juez natural.

  3. Derecho a ser oído.

  4. Tribunal competente, predeterminado en la ley, independiente e imparcial.

  5. Derecho a aportar pruebas lícitas, relacionadas con el objeto del proceso, y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez.

  6. Facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la ley contra resoluciones judiciales motivadas.

  7. Respeto a la cosa juzgada.

Sin embargo, estima el Pleno que, en adición a los derechos que integran el derecho al debido proceso, qne tiene un contenido de derechos múltiple (como se ha visto), se encuentra el que se respeten los trámites que resulten esenciales, y se provea a la ejecución, por los tribunales, de las decisiones que éstos emitan.

Desde la vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva (la que, con arreglo a la doctrina de este Pleno forma parte de la garantía constitucional del debido proceso), la doctrina española le ha dedicado una importancia decisiva, como derecho fundamental. "El derecho a la tutela judicial efectiva puede ser definido como el derecho fundamental que asiste a toda persona para obtener, como resultado de un proceso sustanciado con todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico, la protección jurisdiccional de sus derechos e intereses legítimos. Se caracteriza por cumplir una función de defensa, en base a la heterocomposición del conflicto a través del poder del Estado, y por su marcado carácter procesal, ya que surge con la incoacción, desarrollo y ulterior resolución de un proceso" manifiesta J.S.E. (vide autor citado, en "La Tutela Jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos", Editorial Dykinson, Madrid, 1995, págs. 85-86) (Las cursivas son del autor citado).

El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de prestación, no de libertad y, por lo tanto, de configuración legal, por lo que sólo puede ser ejercido por los cauces y en las oportunidades procesales previstas por el ordenamiento que las regula, sin que, en ningún caso se pueda desconocer su contenido esencial, ya indicado en el párrafo que sigue (véase J.P. iJ., "Las garantías constitucionales del proceso", Editorial José M0 Bosch, Barcelona, pág. 42).

Desde la vertiente del derecho de defensa, este Pleno, en sentencia de 13 de septiembre de 1996 ha dicho:

"...

Es así como el proceso está constituido por una serie de elementos dirigidos a asegurar la efectiva o adecuada defensa de las partes en el mismo. A estos elementos procesales se refiere el D.A.H. en su interesante obra sobre el debido proceso, al indicar que "si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho a aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medio de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de éstas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo, desconoce la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional"

(HOYOS, A.. El debido proceso. Editorial Temis, S.A., Santa Fé de Bogotá, 1995, págs.89-90).

Es importante agregar, que en numerosos precedentes, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la violación del debido proceso únicamente ocurre cuando se desconocen o pretermitan trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes".

(Sentencia de 13 de septiembre de 1996. Ponente: M.A.F. de A.. fs.10-11)

El contenido esencial del debido proceso, por lo tanto, se integra con los derechos de ser juzgado por tribunal competente independiente e imparcial preestablecido en la ley, permitir la bilateralidad y contradicción, aportar pruebas en su descargo, obtener una sentencia de fondo que satisfaga las pretensiones u oposiciones, la utilización de los medios de impugnación legalmente establecidos, y que se ejecute la decisión jurisdiccional proferida cuando ésta se encuentre ejecutoriada, y también que los derechos reclamados puedan, en el momento de dictarse la sentencia, ser efectivos. Forma también parte del núcleo de la garantía que ocupa al Pleno el derecho a que el tribunal, para proferir su decisión, satisfaga los trámites procedimentales que sean esenciales, es decir, en adición a aquellos que ya han sido destacados, los que, en general, de restringirse de manera arbitraria o de negarse, producen en el afectado una situación de indefensión, por lesionar los principios de contradicción y bilateralidad procesales.

En el amparo que ocupa en esta ocasión al Pleno, la violación al debido proceso se hace descansar en que se vulneró el derecho del amparista, demandado en el procesos de que trae causa el amparo, consistente en no admitir una prueba testimonial y no haber practicado una declaración de parte del demandante. Es evidente que el derecho a la prueba es uno de los derechos que se encuentra incorporado al derecho fundamental del debido proceso, pero dicho derecho a la prueba no es equivalente a que, quien los propone, tenga derecho a proponer las pruebas que estime conducentes y que el tribunal debe admitirlas y practicarlas, por cuanto el derecho a la prueba, no impide la labor del tribunal de enjuiciar la procedencia de la prueba y de no admitir aquellas que, a su juicio, no sean pertinentes, siempre que, como es natural, motive a suficiencia dicha no admisión, como ocurrió en este proceso, en que se presentó como prueba testimonial una que, en realidad, era una declaración de parte. En el auto admitiorio de las pruebas puede verse, a foja 104 y siguientes (Auto N1179, de 15 de marzo de 2001) cuya inadmisión se encuentra determinadamente fundamentada a fojas 113 a 115), cuyo auto fue notificado al apoderado de la demandada amparista, sin que impugnase al acto procesal del tribunal, por lo que se entiende que se conformó con la decisión relativa a las pruebas (vease foja 120). En ese mismo auto se admitió la declaración de parte del demandado, sin que aparezca gestión del amparista de solicitar una nueva citación del demandante a los efectos de practicar la prueba, cuya fecha originalmente se fijó para el día 9 de mayo de 2001, en el mismo auto a que se refiere el Pleno, más arriba.

Es para el Pleno evidente que la indefensión se produce cuando se vulnera el derecho de defensa de las partes, mediante un acto que sea imputable al tribunal, y no evidentemente, cuando la supuesta indefensión se ubica, no en el tribunal, sino en la parte a quien interesa la practica de la prueba, en este caso al demandante, a su vez, amparista. Sobre el tópico de la negligencia atribuída a una de las partes, para desestimar el cargo de indefensión se ha pronunciado G.S.H. (ALa prohibición de indefensión y su incidencia en el proceso@, Madrid, 1997) en los siguientes términos:

A...

En definitiva, aunque normalmente se confundan, hay que distinguir entre la negligencia del justiciable a la hora de defenderse, de ejercer los medios de alegaciones y prueba que la ley le concede, y la falta de diligencia del mismo al momento de reparar la infracción de una norma o garantía procesal cometida por el órgano judicial y detonante de una situación de indefensión que se ha producido o se va a producir, aunque pueda corregirse. En el primer caso, la falta de defensa es imputable al justiciable, ha precluido su derecho de defensa y cualquier posibilidad de reparación le está vedada. En el segundo supuesto, la situación de indefensión imputable al órgano judicial ha existido, pero ha quedado consentida por el justiciable que no ha utilizado los medios que la legislación procesal le brinda para tutelar su derecho a no padecer indefensión. A lo que no se puede llegar en ningún caso, como afirma BACHMAIER, es Aa la paradójica situación de que cuantos más defectos se comentan en la tramitación, más aumenta la exigencia de diligencia por parte del sujeto que ha sufrido indefensión@.

En cualquier caso, hay que concluir que si el justiciable, está en condiciones de sanar la omisión judicial, determinante de indefensión, la causa de ésta se traslada, es imputable, a la parte y no puede decirse que haya visto vulnerado su derecho a no sufrir indefensión.@ (Fs.279-280)

Es evidente, por lo tanto, que no ha habido vulneración del debido proceso, como erróneamente postula en la resolución de 2 de agosto de 2002, y procede, por lo tanto, revocar la resolución apelada por el tercero, doctor P.B..

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la resolución de 2 de agosto de 2002, dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

N..

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) G.E.F.

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) W.S. FRANCO

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) A.A.A.

(fdo.) A.C.C.

(fdo.) G.J.D.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

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