Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 20 de Enero de 1999

VISTOS:

La firma forense ARROCHA, BLANDON,

CASTRO & YOUNG, actuando en nombre y representación de JOSE GUILLERMO

LUTTRELL, ha presentado acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra

LAS ÓRDENES contenidas en el Auto fechado 14 de diciembre de 1998, dictado por

el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en Sala Unitaria, en

virtud de medidas cautelares decretadas dentro de Proceso por Violación a los

Derechos de Autor propuesto por el amparista y JOSE GARZON contra COSTA

ESMERALDA, S.A., M.F. Y OTROS.

Admitida la demanda, se solicitó

informe sobre los hechos materia de este amparo, por lo que el funcionario

acusado remitió el expediente contentivo de la medida cautelar propuesta dentro

del proceso por violación a los Derechos de Autor, previamente mencionado.

Las órdenes impugnadas son las

contenidas en la parte resolutiva del citado Auto de 14 de diciembre de 1998,

dictado por el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que

establece:

"-PREVIA REVOCATORIA del AUTO

No. 1050 de 15 de julio de 1998, emitido por el Juzgado Octavo de Circuito

Civil del Distrito de Panamá,

-ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS

MEDIDAS DE SUSPENSION decretadas sobre todas las fincas pertenecientes a la

sociedad COSTA ESMERALDA, S.A. y CLUB PLAYA ESMERALDA, S.A.;

-ORDENAR TAMBIEN COMUNICAR LO

RESUELTO A LA DIRECCION General del Registro Público a fin de que adopte las

medidas pertinentes."

Entre los hechos que fundamentan la

pretensión se señala:

La parte demandante solicitó medidas

cautelares, previas a la interposición de un proceso por violación a los

Derechos de Autor "presentado ante la reproducción no autorizada (plagio

servil) de los diseños urbanísticos de Costa Esmeralda, elaborados por los

ingenieros J.G.L. y J.G." y, para que en virtud de

esa petición, basada en la Ley Nº 15 de 8 de agosto de 1994, se dictara la

consiguiente resolución.

La medida solicitada se fundamentó

en el artículo 119 de la Ley No. 15 del 8 de agosto de 1994, consistiendo en lo

siguiente:

"...

1. La

   suspensión de cualquier transacción, la suspensión de la inscripción de

   cualquier Acta de Junta Directiva, Acta de Junta de Accionistas, Reforma al

   Pacto Social, Acta de Disolución de la sociedad COSTA ESMERALDA, S. A, sociedad

   anónima debidamente constituida e inscrita en el Registro Público, actualizada

   a Ficha 123280 Rollo 12405 Imagen 136 de la Sección de Micropelículas

   (Mercantil).

2. La

   suspensión de la inscripción de cualquier transacción, negociación,

   compraventa, hipoteca, segregación, donación, gravamen o acto alguno de

   registro sobre la Finca Nº 46645 Tomo 1101 Folio 292 de la Sección de Propiedad

   de la Provincia de Panamá, que constituye la Finca Madre donde se desarrolló el

   Proyecto Costa Esmeralda.

3. La

   suspensión de la inscripción de cualquier transcripción, negociación,

   compraventa, hipoteca, gravamen o acto alguno de registro sobre varias Fincas,

   pertenecientes a las sociedades Costa Esmeralda, S. A. y Club de Playa Costa

   Esmeralda, S. A.

   ..."

   (Fs. 16)

   Posteriormente, el Juzgado Octavo

   Civil del Primer Circuito Judicial, mediante Auto 1050 de 15 de julio de 1998,

   decretó la medida en cuanto a lo solicitado en los números 2 y 3 antes

   transcritos pero no en relación al número 1, al señalar que su aplicación sólo

   es procedente en casos en que la pretensión sea real.

   Costa Esmeralda, S.A. se notificó

   de la medida cautelar decretada y anunció y sustentó apelación, por lo cual el

   Tercer Tribunal revocó el auto del a-quo y, en su lugar, ordenó el

   levantamiento de las medidas de suspensión y ordenó comunicar lo resuelto al

   Registro Público. En esta resolución, que es la atacada en amparo, se argumentó

   que el fallo de primera instancia, al decretar las medidas de suspensión,

   desatiende lo dispuesto en los artículos 554 y 557 del Código Judicial, pues

   estas normas exigen que la suspensión se refiera "a la cosa que es objeto

   de la demanda" y "que la pretensión presentada dentro de la cual se

   formula la solicitud sea real".

   A juicio del amparista estas medidas

   no se rigen por lo dispuesto en los citados artículos del Código Judicial, pues

   como se trata de un proceso por violaciones a los Derechos de Autor, de acuerdo

   a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley 15 de 1994, "pueden ordenarse

   medidas de suspensión especiales y todas las medidas cautelares que según las

   circunstancias fuesen necesarias".

   En tal sentido, se argumenta que se

   ha violado el debido proceso legal que consagra el artículo 32 de la

   Constitución, por cuanto el tribunal ignoró el contenido del artículo 119 de la

   Ley 15 de 1995, que es la ley procesal aplicable y forzó la aplicación de

   normas del Código Judicial, exigiendo el cumplimiento de un trámite no previsto

   para el caso subjudice.

   También se alega que en el fallo se

   aplica "analógicamente" el artículo 19 de la citada Ley 15, porque el

   tribunal confunde las instituciones del derecho de autor, "y extiende los

   efectos que prevee dicha norma jurídica, ante la modificación en la

   construcción de una obra de arquitectura o diseño, a los supuestos del plagio

   servil de planos de ingeniería".

   Además, se acusa al tribunal de

   haber omitido pronunciarse sobre la idoneidad de las pruebas presentadas para

   proceder a decretar las medidas, siendo que tales pruebas constituyen

   presunción grave del derecho reclamado.

   El Pleno procede a revisar lo

   expresado en el fallo dictado por el funcionario demandado (visible de fojas

   60-69 del cuaderno antecedente), en cuanto a los aspectos alegados por el

   amparista, a fin de determinar si se produce o no violación del debido proceso

   legal.

   En relación al punto de que se ha

   forzado la aplicación de normas del Código Judicial y de que se ignoró el

   trámite previsto en el artículo 119 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, la

   Corte observa que en la resolución dictada por el Tercer Tribunal Superior se

   analizó inicialmente lo resuelto por el juez de primera instancia, destacando

   que tomó la decisión amparándose en lo dispuesto por los artículos 117, 118 de

   la Ley 15 de 1994 y los artículos 554 y 557 del Código Judicial y, en ese

   sentido, accedió a decretar la segunda y tercera medida de suspensión, mas no

   la primera, por considerar que no entrañaba una pretensión de derecho real (fs.

   62-64). Seguidamente, realiza un recuento de "LA APELACION Y LA OPOSICION

   A LA APELACION", señalando que el opositor en su memorial "solicita

   que se deniegue la apelación impetrada y se mantenga en todas sus partes el

   Auto apelado ...".

   De lo expuesto se infiere que, a

   pesar de que la resolución de primer grado le fue adversa al

   demandante-opositor, ahora amparista, donde se negó la concesión de la medida

   de suspensión en un punto por considerar que la pretensión no era de naturaleza

   real con fundamento en las citadas normas de la Ley 15, en concordancia con los

   artículos 554 y 557 del Código Judicial, dicha circunstancia no fue cuestionada,

   puesto que se solicitó que el Auto apelado fuese confirmado en todas sus

   partes.

   Por tal razón, el sentenciador de

   segundo grado no profundiza en el tema de la aplicabilidad de las citadas

   normas del Código Judicial. Sin embargo, en la resolución dictada se cita el

   contenido del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley 15 de 1994, que

   permite al titular de derechos reconocidos por la Ley de Derecho de Autor

   solicitar previo a la demanda "la adopción de las medidas cautelares de

   carácter general establecidas en el Código Judicial y la medidas cautelares de

   protección urgente indicadas en el artículo 119 de la presente Ley".

   Aunado a lo anterior, en la parte

   final de la resolución se aclara porqué no es aplicable al presente caso la

   figura de la suspensión que regula el artículo 119 de la Ley 15, veamos:

   "Tampoco

   sirven de fundamento jurídico a la Resolución apelada los artículos 118 y 119

   de la Ley 15 de 1994 ya que, si bien es cierto, dichas normas contemplan la

   figura de la SUSPENSION como medida cautelar, no menos cierto es que en ambos

   supuestos se trata de casos consumados de infracción a derechos de autor

   ajenos. Interpretar dichas normas de otra manera implicaría adelantar una

   condena contra los demandados antes de entrar a conocer el fondo del

   asunto." (fs. 69-antecedentes)

   En consecuencia, no es cierto que la

   autoridad demandada haya exigido un trámite no previsto en la ley para el

   presente caso al aplicar las normas del Código Judicial, pues estas eran las

   procedentes para decretar la medida cautelar de suspensión, cuando apenas se

   estaba demandando la posible violación de los derechos de autor.

   En tal sentido, el Tribunal se vio

   avocado al análisis de la pretensión, para determinar si era de naturaleza

   real, y por ese camino determinar si eran viables o no las medidas cautelares

   de suspensión pedidas y decretadas, según lo requiere el artículo 557 del

   Código Judicial. Pero, reiterando lo antes señalado, respecto a que la nueva

   ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos contempla, a su vez, "una

   especie de medidas cautelares que más que preventivas, tienen como presupuesto

   una INFRACCION O VIOLACION YA REALIZADA".

   Así, al revisar el expediente

   relativo a la solicitud de medida cautelar y el del proceso principal se

   percató que quienes solicitaron la medida tienen una pretensión contra la

   persona jurídica COSTA ESMERALDA, S.A., entre otros. Se destaca, entonces, el

   contenido de algunos hechos de la demanda; veamos:

   "...

   Según se

   narra en el hecho segundo de la demanda, los demandantes, que son profesionales

   de la ingeniería dedicados al ramo de la construcción, suscribieron

   "sendos contratos de servicios profesionales con la sociedad COSTA

   ESMERALDA, S. A. ... para la elaboración de todo el diseño urbanístico del

   proyecto COSTA ESMERALDA ..."

   Seguidamente,

   en los otros hechos de la demanda se narra que el representante legal de COSTA

   ESMERALDA, S.A. reemplazó a los profesionales de la ingeniería originalmente

   contratados y, en su lugar, designó al arquitecto JULIO HERRERA SERRANO quien, según

   los demandantes, reprodujo ilícitamente los...