Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Noviembre de 2000

Ponente:JOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución:22 de Noviembre de 2000
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. AGUSTÍN SANJUR OTERO, EN REPRESENTACIÓN DE MARIA DE LOURDES BARB, CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, APELACIÓN

 

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema, en grado de apelación, la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el Licdo. E.F.M., en nombre y representación de la Sra. MARÍA DE L.B., contra la orden de hacer contenida en la sentencia de 20 de junio de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que denegó la acción constitucional promovida contra la orden de hacer contenida en el auto Nº 5 de 4 de enero de 1999, proferida por el Juez Sexto del Circuito Civil de Panamá.

Esta decisión fue dictada dentro del proceso universal de quiebra promovido por el BANCO BILBAO VIZCAYA PANAMÁ, S.A., contra las sociedades CRÉDITOS AGROPECUARIOS, S. A. (CREAGRO), PANAGRO, S. A. TRANS-AGRO, S. A. Y OTROS, en el que el Juez Sexto de Circuito, luego de declarar el estado de quiebra, ordenó investigar si hubo dolo en la bancarrota de las sociedades señaladas, remitiendo las copias conducentes a la Fiscalía de Circuito en turno, para que entablara "el proceso criminal que corresponde", invocando los artículos 1903 y 1905 del Código Judicial, omitiendo así -según la actora-, trámites procesales -principio del debido proceso- que atentan contra los derechos de los quebrados, entre los que se encuentra la amparista.

La transgresión constitucional aducida por el amparista consiste en que el Juzgador primario pretermitió el procedimiento contenido en el Capítulo X del Título XV -Procesos de Ejecución- del Código Judicial, atinente a la Calificación de la Insolvencia.

Los mencionados artículos 1902-1905 establecen un procedimiento previo a la calificación de la insolvencia, consistente en que el Curador debe promover la calificación de la insolvencia, cumplir los requisitos de dicha solicitud, el traslado en la misma, y la calificación que debe hacer el Juez de la insolvencia, remitiendo copias de lo conducente al Fiscal de Circuito para que haga la investigación pertinente, en caso de que considere que la insolvencia sea fraudulenta.

Señaló la amparista que en el presente caso, la Curadora de la insolvencia no promovió la calificación, no ha presentado el escrito correspondiente, y el Juez tampoco ha declarado si la insolvencia es fortuita o no.

Al decidir el amparo en primer grado, el Primer Tribunal Superior de Justicia manifestó que de la acción propuesta y del informe del Juez acusado, resalta que en el proceso de quiebra, el Juez debe seguir el procedimiento que establecen los artículos 1547, 1556, 1561 y siguientes del Código de Comercio, tal como lo establece el artículo 1818 del Código Judicial.

Que la actuación del funcionario acusado promovió la investigación penal, en base al artículo 1556 en concordancia con el artículo 1562, ambos del Código de Comercio, y no los artículos 1902 a 1905 del Código Judicial, razón por la que el Juez Sexto de Circuito no infringió el principio constitucional del debido proceso, y por ello denegó la acción que ahora nos ocupa, en apelación.

En su recurso de apelación, el Licdo. E.F.M. afirmó que:

No es cierto que el a-quo no aplicó los artículos 1902- 1905 del Código Judicial, porque la parte resolutiva del auto Nº 5 de 4 de enero de 1999, determinó que el Juzgado se inhibía del conocimiento del proceso respecto a la acción penal, y ordenó la remisión de las copias conducentes a la Fiscalía de Turno, términos éstos idénticos a los contenidos en los artículos 1903 y 1905 del Código Judicial, siendo que el Primer Tribunal Superior consideró que las normas aplicadas fueron los artículos 1547, 1556 y 1561 del Código de Comercio, únicamente.

Que el Tribunal Superior, pese a fundar su sentencia en el Capítulo X del Código Judicial -Calificación de Insolvencia-, ignoró el artículo 1904 contenido en ese mismo Capítulo, que indica que del escrito de petición de calificación de insolvencia del C., debe darse traslado al concursado por cinco (5) días, y en caso de que éste impugne, entonces se surtirá el proceso por las reglas del proceso ordinario. El funcionario acusado dio parte al Ministerio Público para la investigación correspondiente, sin cumplir con este trámite de notificación.

Considera el apelante que la aplicación de las normas del Código Judicial referentes a la Calificación de la Insolvencia son de indiscutible aplicación.

Argumenta también que no es aceptable que el Juez haya cumplido el artículo 1547 del Código de Comercio -el Juez debe transcribir, al agente del Ministerio Público y al Juez competente del lugar, la declaratoria de quiebra junto con los datos conocidos que permitan establecer si hubo quiebra fraudulenta- pretermitiendo el procedimiento establecido en los artículos 1902-1905 del Código Judicial.

Por otra parte, aduce la amparista que dicha omisión procesal hizo que la Fiscalía iniciara las investigaciones pertinentes, llamando a rendir indagatoria a personas que no son parte de la quiebra, según el Juez acusado, existiendo un "desfase" entre lo dispuesto por el Juez de la quiebra y lo hecho por el F., quien obligó a rendir indagatoria a empleados de las empresas quebradas, incluida la amparista.

Finalmente, sostuvo la Sra. MARÍA DE L.B. que quedó en estado de indefensión, porque según el artículo 1824 del Código Judicial, después que queda ejecutoriado el auto de formación del concurso de acreedores, el deudor no es parte en el proceso, excepto en el incidente sobre la calificación de la insolvencia; pero que el J. no notificó personalmente a los fallidos, ni a la amparista, por lo que no pudo recurrir contra el auto impugnado en amparo.

Expuestos los principales elementos del negocio, corresponde al Pleno emitir un juicio sobre el mismo, previas las siguientes consideraciones.

Considera el Pleno que la médula de la controversia consiste en que el Juez Sexto de Circuito se valió de las normas contenidas en el Código de Comercio para darle traslado al Ministerio Público de los elementos conducentes del caso, para iniciar una investigación penal por insolvencia fraudulenta, normas éstas que no exigen que el curador de la quiebra solicite al Juez la calificación de la insolvencia, lo que sí imponen las normas correspondientes del Código Judicial.

Por tratarse de una quiebra de varias sociedades cuya naturaleza es comercial, lo pertinente es aplicar las normas correspondientes del Código de Comercio, y que revisamos a continuación.

En primer lugar, hay que destacar que el Título XV del Código Judicial se titula "QUIEBRA Y CONCURSO DE ACREEDORES", de lo cual se desprende que primero se debe verificar la quiebra de la sociedad o comerciante de que se trate, y luego continúa el procedimiento correspondiente al concurso de acreedores, siempre y cuando éste se origine en la quiebra, según lo norma el numeral 3º del artículo 1811 del Código Judicial, que a la letra dice:

"ARTICULO 1811. Se formará concurso de acreedores a los bienes de un deudor:

  1. Por cesión voluntaria que de ellos haga con tal fin;

  2. Por haberse librado contra él tres o más ejecuciones siempre que no haya presentado bienes suficientes para el pago total;

  3. Por habérsele declarado en quiebra, conforme al Código de Comercio." (Negrilla de la Corte)

Esta norma establece como una de las circunstancias para que se forme el concurso de acreedores, que se declare la quiebra según el Código de Comercio; de ello se desprende que se puede promover autónomamente el proceso de concurso de acreedores, sin que medie una declaración previa de quiebra, en los dos primeros casos de la norma transcrita.

Ahora bien, la quiebra propiamente tal, debe ser declarada conforme al Código de Comercio, como lo señala el artículo 1814 del Código Judicial, que a la letra dice:

ARTICULO 1814. La declaración formal del estado de quiebra se hará por resolución judicial, en los casos y con las formalidades que previene el Código de Comercio.

De la norma se deduce que todos los trámites correspondientes a la declaración de quiebra, se rigen por lo que establece el Código de Comercio, en los casos y formalidades allí establecidas, recordando que el presente amparo de garantías constitucionales se origina en un proceso universal de quiebra.

Por su parte, el artículo 1547 del Código de Comercio, es del siguiente tenor:

Artículo 1547. La declaratoria de quiebra será transcrita al representante del Ministerio Público y al Juez competente del lugar, junto con todos los datos conocidos que conduzcan a establecer si ha habido delincuencia.

...

De lo anterior se deduce que el Juez de Circuito debe dar parte al Ministerio Público de la posible comisión del delito de quiebra fraudulenta, en el mismo auto en que declara la quiebra, suministrando todos los datos que ayuden al funcionario instructor a establecer si se cometió ilícito.

Es oportuno traer a colación lo que señala el artículo 1556 del Código de Comercio, que reza así:

Artículo 1556. Declarada la quiebra, si hubiere indicios de responsabilidad penal, el Juez mandará a testimoniar lo conducente a fin de promover causa criminal contra el quebrado y sus cómplices, si los hubiera, por el posible delito de quiebra culpable o fraudulenta.

...

En complemento al artículo 1547 del Código de Comercio -que señala que en el auto de declaratoria de quiebra el Juez dará traslado al Ministerio Público-, éste artículo 1556 íbidem, dicta que, ya declarado el estado de la quiebra, el Juez de la misma recabará las pruebas que considere conducentes para que, con ellos, se inicie una causa penal contra el quebrado y sus cómplices, de ser necesario.

Tenemos entonces, en síntesis, que la iniciativa del J., de poner en conocimiento del Funcionario Instructor la posible comisión del delito de quiebra fraudulenta, puede ser realizada en cualquier momento, ya sea en el auto de declaratoria de quiebra, o durante el resto del proceso, sin necesidad de aplicar el procedimiento a que aluden los artículos 1902 a 1905 del Código Judicial que son de aplicación, repetimos, a los procesos de Concurso de Acreedores, no a los de quiebra como en el caso sub-júdice, como se apreciará en las aclaraciones que examinaremos seguidamente.

En este sentido, la amparista había considerado que quedó en estado de indefensión, por razón de que el artículo 1824 del Código Judicial señala que después que queda ejecutoriado el auto de formación de concurso de acreedores, el deudor no es parte del proceso, excepto en el incidente de calificación de la insolvencia, siendo que el J. no la notificó personalmente de dicha resolución, por lo que no pudo recurrir en su contra.

No le asiste la razón a la amparista, porque al ser aplicable la normativa sobre el proceso de quiebra contenida en el Código de Comercio, no se aplica la norma invocada por la actora, que precisamente, se refiere al procedimiento sobre concurso de acreedores.

Para complementar lo anterior, reproducimos el texto del artículo 1590 de la Excerta Mercantil, dice que:

Artículo 1590. La administración de la quiebra, y demás actos relacionados con la liquidación del activo y pasivo de la misma se ajustarán a las disposiciones del Código Judicial en materia de concurso.

La norma expresa con claridad meridiana que, después de la declaratoria de quiebra, los aspecto específicos de la administración de la misma y los demás actos que con ella se relacionan, así como lo atinente a la liquidación del activo y del pasivo, se ajustarán a la normativa del Código Judicial relativa al concurso de acreedores.

La amparista aduce en su apelación que las normas del Código Judicial -arts. 1902 a 1905- no fueron aplicadas en el presente caso, en toda su extensión, siendo invocadas sólo algunas de ellas por el Juez de la quiebra en la parte resolutiva del auto Nº 5 de 4 de enero de 1999.

No coincide el criterio de este Pleno con dicha afirmación, por lo siguiente.

Porque el ya analizado artículo 1556 del Código de Comercio, faculta al Juzgador para dar parte al Ministerio Público en cualquier momento, luego de declarada la quiebra, para participarle de la posible comisión del ilícito.

Además, es obligación de los funcionarios públicos denunciar la comisión de todo ilícito que llegue a su conocimiento, según lo establece el artículo 2026 del Código Judicial, que dice lo siguiente:

"ARTICULO 2026. Todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha cometido un delito de aquellos en que deba procederse de oficio, pasará o promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes y los denunciará ante la autoridad competente, para que se proceda al juzgamiento del culpable o culpables."

Aunado a esta obligación, el Código Penal establece sanción para el funcionario que la incumpla, según lo establece el artículo 342, contenido en el Capítulo IV, titulado "ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCION DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS", comprendido a su vez en el Título X del Libro II, denominado "DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA", que dice así:

342. El servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de la ejecución de un hecho punible que dé lugar a procedimiento de oficio y omita dar cuenta de ello a la autoridad competente, será sancionado con 25 a 100 días-multa.

Las normas expuestas son claras en establecer la obligación del Juez Sexto de Circuito Civil, de dar cuenta al Ministerio Público de la presunta comisión del delito ya manifestado, desde que tenga conocimiento del mismo, lo cual ocurrió -en este caso- cuando se lo solicitó la Sra. M.L.C.B., en su calidad de curadora de la quiebra de marras, el 27 de noviembre y el 1º de diciembre de 1998, mediante escritos presentados a la Secretaría del Juzgado -fs. 65 y 66.

Por lo tanto, no solo estaba facultado el Juez Sexto de Circuito para poner en conocimiento al Ministerio Público, en cualquier momento, de la existencia del presunto ilícito con fundamento en las disposiciones que regulan el proceso de quiebra, sino que era un deber imperativo, señalado por las normas recién expuestas.

Por lo tanto, no era necesario que se cumpliera el procedimiento establecido para la calificación de la insolvencia, contenido en el Capítulo X del Título XV del Código Judicial relativa a los procesos de Concurso de Acreedores, ya que son aplicables las normas que regulan la quiebra, según el Código de Comercio, por lo que no prospera la pretensión de la amparista al no haberse violentado el debido proceso como erróneamente alega.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 20 de junio de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

C., N. y Devuélvase

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) E.M.

(fdo.) G.J.D.C.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) G.E.F.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) CARLOS A. CUESTAS

Secretario General