Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Diciembre de 1994

PonenteEDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución23 de Diciembre de 1994
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

En grado de apelación, interpuesta por la Gobernadora de la Provincia de Panamá, conoce la Corte del Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el licenciado J.A.O. en su calidad de apoderado especial de la señora ELIMELINA GALLARDO DE V., contra la sentencia de dieciocho (18) de noviembre de 1994 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que concedió el amparo contra la resolución Nº 095-R. A. proferida el 13 de julio de 1994 por la Gobernación de la Provincia de Panamá y a la cual se oponía el amparista.

A pesar de que la Gobernadora no sustentó la apelación interpuesta, este Tribunal, con base en el artículo 1122 del Código Judicial, entra a decidir la alzada.

Antecedentes del Caso en la Vía Gubernativa

El señor S.V., quien dice ser el propietario de la finca Nº 272 del Corregimiento de Boca la Caja, presentó el 30 de junio de 1992 ante el Corregidor de San Francisco de la Caleta una queja contra la señora ELIMELINA GALLARDO DE V., viuda de su hijo, para que dicha señora y sus dos hijas, que son sus nietas, y quienes viven en un cuarto que acondicionó su hijo para ellas, abandonen dicha casa ya que no las soporta.

Dicha queja y solicitud de desalojo le fue notificada a la señora E.G.D.V. quien respondió que habita en dicho inmueble de hace más de 20 años porque allí la llevó a vivir el hijo del señor V., quien falleció hace diez años y que es cierto que no pagan arrendamiento porque ese bien se lo dejó el hijo del señor V. a ella y a sus dos hijas. Alega que ella no es intrusa y que la propiedad que alega el señor S.V. debe ser probada con certificación del Registro Público y no con recibos del IDAAN y del Banco Hipotecario Nacional.

La Corregiduría de San Francisco dictó la resolución Nº 01-93 R. L. del 13 de enero de 1993 en la cual ordena el desalojo del inmueble descrito de la señora ELIMELINA GALLARDO DE V. y le concede el término de 20 días para que se vaya.

Contra dicha resolución la señora GALLARDODE VILLAMONTE presentó recurso de apelación ante la Alcaldía del Distrito de Panamá quien, mediante resolución Nº 1413 S. J. de 21 de octubre de 1993 revocó la resolución apelada en cuanto al desalojo y ordenó a la señora ELIMELINA GALLARDO DE V. que preste la atención que como madre debe dar a sus hijas, a fin de que éstas observen una buena conducta y guarden la consideración y el respeto que le deben a sus abuelos.

Ante esta resolución de la Alcaldía el señor S.V. presentó Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa ante el Gobernador de la Provincia de Panamá, quien lo decidió mediante la resolución Nº 095-R. A. de 13 de julio de 1994, revocando la resolución Nº 1413 de 21 de octubre de 1993 de la Alcaldía de Panamá y confirmando en todas sus partes la Resolución Nº 01-93 del 13 de enero de 1993 de la Corregiduría de San Francisco de la Caleta.

La Demanda de Amparo ante el Primero Tribunal

Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial

El amparista sostuvo ante el Tribunal Superior que la decisión de la Gobernación violaba los artículos 52 y 32 de la Constitución Nacional, en virtud de que al acogerse la medida de desalojo decretada por la Gobernación de la Provincia de Panamá, la misma desprotege a un menor de edad que quedando huérfano de padre no tendría la seguridad de un techo en donde forjarse y ser una persona digna en el futuro mediato, y ese es el caso de la menor M.E.V. que sólo cuenta con quince años de edad y cursa el cuarto año en el Instituto Justo Arosemena y por lo tanto el Estado no puede desampararla. En cuanto al artículo 32 considera que la resolución de la Gobernación lo viola al decretar un desalojo basado en un supuesto derecho posesorio del demandante que no ha sido debidamente acreditado en el proceso con lo que no se ha surtido éste conforme a los trámites legales.

El Tribunal al conceder el amparo propuesto estimó en primer lugar que el artículo 52 de la Constitución es de carácter programático y que al no contener ningún derecho no es susceptible de ser violado, y que por lo tanto en este aspecto no prospera la acción de amparo.

Sin embargo, el Tribunal a-quo sí estimó violado el artículo 32 de la Constitución, basado en las siguientes consideraciones:

Respecto al artículo 32 de la Constitución, el cual consagra el derecho al debido proceso, se advierte que en el presente caso el cargo principal que se le imputa a la orden acusada guarda relación con la alegada falta de legitimación por parte del señor SANTIAGO VILLAMONTE para solicitar el lanzamiento de la señora ELIMELINA GALLARDO. La legitimación, doctrinal y jurisprudencialmente, es considerada como uno de los presupuestos procesales; y, por ende, la carencia de ésta involucra la vulneración del debido proceso.

Siendo así, corresponde determinar si el señor S.V. está o no legitimado para solicitar el lanzamiento de la señora ELIMELINA GALLARDO.

Conforme al artículo 1399 del Código Judicial para solicitar la desocupación de un bien se requiere ser el dueño, su apoderado o el administrador, éstos tendrán que acreditar que son apoderados o administradores del dueño y, por ende, también tendrán que acreditar quién es el dueño. Sabido es que la propiedad de los bienes inmuebles se acredita con la copia autenticada de la Escritura Pública por la cual se adquiere el bien, debidamente inscrita en el Registro Público, o con una certificación del Registro Público.

En el presente caso, el señor S.V. trató de acreditar la propiedad de la Finca Nº 272 con fotocopias de recibos de abonos hechos por él al Banco Hipotecario Nacional y con un recibo de pago del IDAAN; sin embargo, en dichos recibos no se señala a qué finca corresponden, ya que dichos recibos hacen alusión es a un préstamo y el del IDAAN tampoco señala de qué finca se trata. Además, dichos recibos no constituyen ninguno de los documentos que hemos dicho sirven para acreditar la propiedad de los inmuebles.

Así las cosas, tenemos que concluir que el señor SANTIAGO VILLAMONTE carece de legitimación activa para solicitar el lanzamiento por intruso de la señora ELIMELINA GALLARDO.

Ahora bien, en la resolución que contiene la orden atacada se hace alusión a que el desalojo se decreta con fundamento en los artículos 962 y 963 del Código Administrativo, según los cuales las autoridades de policía deben dar protección no sólo a los propietarios o dueños de los inmuebles, sino también a los poseedores o tenedores de una propiedad.

Sin embargo, si bien es cierto que el señor S.V. sí ha acreditado ser el poseedor de la casa sobre la cual pide el desalojo, no es menos cierto que también es aceptado por el señor VILLAMONTE y que consta en autos que la señor (sic) ELIMELINA GALLARDO y sus dos hijas han estado ocupando un cuarto en la referida casa por muchos años, razón por la cual tampoco podría considerárseles de intrusas. La señora ELIMELINA GALLARDO presentó un recibo de pago del IRHE a nombre de su difunto esposo, el señor E.V..

Además, ni el artículo 962 ni 963 del Código Administrativo y que fueron invocados por la Gobernación de la Provincia de Panamá, facultan a la autoridad de policía a ordenar el lanzamiento de uno de los poseedores u ocupantes, tal situación en todo caso debe ventilarse en la vía ordinaria, ya que la señora ELIMELINA GALLARDO no puede ser considerada una intrusa.

O. que los artículos 1097 y 1098 del Código Administrativo, los cuales fueron invocados por el Corregidor de San Francisco para ordenar el desalojo también se refieren a intruso.

De otro lado, advierte esta Superioridad que el recurso de revisión fue instituido en el artículo 8 de la Ley 19 de 3 de agosto de 1992, para revocar decisiones expedidas en segunda instancia por autoridades municipales en materia correccional o por razón de los juicios de policía de que trata el Libro IIIº del Código Administrativo y la Ley 112 de 30 de diciembre de 1974. La resolución atacada mediante el recurso de revisión que resolvió la Gobernación de Panamá en este caso, si bien fue dictada en segunda instancia, no es en materia correccional ni en un juicio de policía de los que trata el Libro IIIº del Código Administrativo, siendo así, dicha resolución no podía ser objeto del recurso de revisión. Es decir, pues, que la Gobernación de Panamá no era competente para conocer de este recurso de revisión.

Siendo, pues, que el señor S.V. carecía de legitimación activa para solicitar el lanzamiento o desalojo de la señora ELIMELINA GALLARDO y sus hijas; y siendo que la Gobernación de Panamá no era competente para conocer de ese recurso de revisión, considera esta Superioridad que se ha infringido la garantía del debido proceso, por lo que procede conceder el A. de Garantías Constitucionales impetrado.

Decisión de la Corte

El caso bajo estudio demuestra en forma inmediata que no estamos en presencia de la figura del intruso que regula el artículo 1399 del Código Judicial. Se trata más bien de una disputa familiar, entre suegros y nuera, abuelos y nietas, en relación a que les es difícil convivir en la misma casa, aunque en habitaciones individuales y separadas. Si bien todo parece indicar que el señor S.V. es el propietario, sin título, de la finca sin número, que todavía está pagando con un préstamo del Banco Hipotecario, permitió y toleró que su hijo difunto trajera a vivir a su esposa a la casa de su padre, en la que ahora convive con sus dos hijas habidas de ese matrimonio.

En un caso muy parecido, si bien no exactamente igual, la Corte dijo, en sentencia de 1º de octubre de 1993, que resolvió una acción de inconstitucionalidad contra una Resolución de la Corregidora de Chilibre, lo siguiente:

"Al cotejar el texto constitucional con las resoluciones emanadas de las autoridades del subsistema de justicia administrativa acusadas, se advierte que ante el proceso de lanzamiento por intruso, tramitado por la vía del presupuesto de la existencia de un contrato de arrendamiento, fue excepcionada por la parte demandada en el contradictorio por los derechos de prescripción adquisitiva adjuntando pruebas testimoniales y constancia de residencia den el lugar otorgada por la Junta Comunal, excepción ésta que obligaba a la Corregiduría a llevar y enderezar el caso por el camino correcto, ante la justicia ordinaria civil, que era la competente para conocer del asunto. Al omitir el procedimiento legal que corresponde a los juicios posesorios, no cabe duda, a juicio de la Corte, que se infringe la garantía del debido proceso y conjuntamente el de la competencia de la autoridad que asumió la decisión de un asunto, ignorando así los derechos posesorios de la demandada mantenidos durante más de treinta años" ...

En razón de lo expuesto la Corte, en Pleno, se muestra de acuerdo con la decisión adoptada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial.

Por ello, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

N..

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) R.T.M.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) L.C.D.

(fdo.) R.G.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE V.

(fdo.) A.H.

(fdo.) R.M.

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ

Sub Secretaria General

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