Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Octubre de 2000

Ponente:JOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución:24 de Octubre de 2000
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. ANÍBAL HERRERA PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE KANELLOS KARNAKIS Y SOFÍA KOSMAS DE KARNAKIS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 28 DE AGOSTO DE 2000, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

 
CONTENIDO

VISTOS:

El Licenciado A.H.P. ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema, acción de amparo de garantías constitucionales en nombre y representación de KANELLOS KARNAKIS PAPACHORIS y SOFÍA KOSMAS DE KARNAKIS, contra la orden de hacer contenida en la sentencia de 28 de agosto de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, que adicionó la sentencia PJ-DIECISÉIS de 16 de marzo de 1998, emitida por la Junta de Conciliación y Decisión Nº 16, dentro del proceso laboral que contra los amparistas interpuso M.C.M.V., en su calidad de trabajadora doméstica.

El fallo de segundo grado condenó a los esposos KARNAKIS al pago de la suma de B/.720.00 en concepto de indemnización por despido indirecto, y confirmó la sentencia de primera instancia en todo lo demás.

El amparo se fundó en los siguientes hechos:

Que la trabajadora M.C.M. presentó demanda laboral contra los amparistas, reclamando el pago de salarios, vacaciones, décimo terceros meses, y prima de antigüedad "supuestamente" dejados de pagar, siendo ésto negado por los amparistas.

Que el 24 de abril de 1997 los demandados-amparistas solicitaron que se anulara todo el proceso, desde el otorgamiento del poder a M.C.M., solicitando que se le nombrara una curadora, por causa de su incapacidad, ya determinada por la Dra. E.B., de la Medicatura Forense del Ministerio Público. Dicha petición fue negada mediante auto 026-JCD-2-1997 de 28 de abril de 1997, por la Junta de Conciliación y Decisión Nº 2, el cual fue notificado a los demandados el 6 de mayo de 1997, quienes en tiempo oportuno interpusieron recurso de apelación en su contra.

Dicho recurso fue negado en resolución de 9 de mayo de 1997; empero, la notificación de esta decisión a los demandados se realizó en mayo de 1998, después de dictado el fallo de primera instancia.

Señalan los amparistas que la Junta de Conciliación y Decisión Nº 2 dictó el auto 026-JCD-2-1997 el 9 de mayo de 1997 -que negó la petición de nombramiento de curadora a la demandante y de anular lo actuado-, el mismo día en que se celebró la audiencia oral del caso, precisamente, de 9:00 a. m. a 8:30 p. m.; por esa razón -consideran los actores- el auto en mención debió notificarse a los abogados litigantes en el transcurso de la audiencia.

Que la demandante laboral señaló en su demanda que el inicio de la relación de trabajo fue en 1981, mientras que los demandados-amparistas afirmaron que fue para agosto de 1983.

Que la trabajadora argumentó que su salario era de B/. 120.00 mensuales, mientras que los demandados afirmaron que era de B/.60.00 mensuales.

Que la audiencia de ese caso se celebró en la Junta de Conciliación y Decisión Nº 16.

Que los demandados invocaron excepción de prescripción para el reclamo de las prestaciones laborales pedidas, porque en febrero de 1990 hubo una interrupción de la relación de trabajo, y que fue desde mayo de ese año, que debió empezar a computarse la nueva relación de trabajo.

Agregan los amparistas que adujeron varias pruebas durante el período correspondiente, y que la Junta de Conciliación y Decisión Nº 16 no practicó algunas declaraciones testimoniales lo que constituye una violación a normas laborales y al principio constitucional del debido proceso.

También expusieron los actores los argumentos por los cuales la Junta de Conciliación y Decisión consideró no pertinente la admisión de tales pruebas, además de que sí tomó la declaración testimonial de la demandante, sin ser pedida, pero no tomó la de los demandados.

Esa actuación de la Junta, violó -a juicio de los amparistas- el principio de igualdad de las partes, en especial el derecho a ser oído, al escuchar sólo la declaración de la demandante y negar la de los demandados.

Que "sin justificación, ni explicación alguna" la Junta de Conciliación decidió no tomar la declaración de la Dra. E.B., psiquiatra forense del Ministerio Público.

Que la Junta en comento les negó el recurso de apelación por ellos interpuesto, y "violando el principio procesal de hacer uso de los medios de impugnación", y les impuso B/. 100.00 en costas por anunciar esa acusación.

Que la Junta de Conciliación y Decisión Nº 16 dictó la sentencia PJ-DIEZ Y SEIS de 16 de marzo de 1998, condenó a los demandados al pago de la suma total de B/.32,202.08.

Que ellos -demandados- anunciaron y sustentaron recurso de apelación, y la demandante también anunció recurso de apelación, pero le fue negado por extemporáneo.

Que en su recurso de apelación solicitaron la práctica de 6 declaraciones testimoniales, siendo negadas por el Tribunal Superior de Trabajo, en violación -a su juicio- de claras disposiciones constitucionales y legales, hasta justificando la negativa de la Junta de Conciliación y Decisión de practicarlas.

Que el Tribunal Superior de Trabajo dictó la sentencia de 28 de agosto de 2000, recurrida en amparo, que adicionó el fallo de primer grado, condenando a los demandados al pago de B/.720.00 en concepto de indemnización por despido indirecto, y la confirmó en todo lo demás.

Consideran los actores "un exabrupto jurídico y un acto arbitrariamente contrario al debido proceso" que el juzgador de segundo grado haya involucrado el concepto de despido indirecto -o renuncia justificada-, cuando la parte demandante no invocó tal figura o pretensión, ni se discute en el proceso los derechos dimanantes de la renuncia justificada, dejandolos a ellos en estado de indefensión, al no tener oportunidad de defenderse ante esa pretensión, introducida por el Tribunal.

Que la sentencia impugnada en amparo, aunque en su parte motiva señala no encontrar asidero para la condena de los demandados en determinadas prestaciones, no los absuelve en su parte resolutiva.

En cuanto a las normas constitucionales violadas y el concepto de su infracción, aducen los amparistas que el fallo atacado violó principio del debido proceso contenido en el artículo 32 Constitucional, por varias razones.

En primer lugar, considera que se violó su derecho a presentar pruebas, contenido a su vez en los artículos 800 y 801 del Código de Trabajo, por razón de la no admisión de los testimonios por ellos solicitados oportunamente.

En base a lo anterior, consideran los actores que la sentencia criticada violó el artículo 806 de la excerta laboral, que establece los parámetros que debe utilizar el juzgador para apreciar los testimonios sospechosos.

También se violó el debido proceso, al afectar la igualdad de oportunidad de defensa de las partes -derecho a ser oído-, al ordenarse la declaración de la demandante M.C.M. y negarse la de ellos, con el argumento de que no era necesaria por ser partes del proceso.

Por otra parte, violó el Tribunal Superior de Trabajo el artículo 973 íbidem, que establece que cuando en primera instancia se hubiere negado indebidamente o dejado de practicar pruebas, ya sea a petición de parte en el escrito de lista o de oficio, puede el Tribunal ordenar su práctica; los amparistas presentaron la solicitud al Tribunal Superior, para que practicara las pruebas testimoniales negadas y no practicadas por la Junta de Conciliación Nº 16, siendo que el ad-quem confirmó la decisión del juzgador primario, infraccionando de paso, el artículo 973, ya expuesto.

También dicen los actores que la negativa del Tribunal de practicar los testimonios pedidos, los colocó en estado de indefensión, ya que la sentencia aplicó la presunción contenida en el artículo 69 del Código de Trabajo -de que en caso que el contrato de trabajo sea verbal, se presumirán como ciertas las aseveraciones del trabajador, a menos que el empleador pruebe que no son ciertas- en lo referente al salario pactado y la fecha de inicio de la relación laboral, violandose a la vez el artículo 737 íbidem, ya que mediante dicha norma, a la empresa le correspondía desvirtuar las presunciones establecidas en proceso, lo cual no le fue permitido.

Por otro lado, consideraron un exabrupto jurídico la condena de indemnización por renuncia justificada -o despido indirecto-, sentenciada por el Tribunal Superior de Trabajo, ya que eso no fue materia de discusión en el proceso, por lo que es -en su opinión- arbitraria y contraria a derecho, ya que viola el Código de Trabajo y el principio constitucional del debido proceso.

Pues bien, expuestos los elementos más importantes del caso, se dispone el Pleno a tomar una decisión, previas las siguientes consideraciones.

De todo lo anterior, se desprende que, después de interpuesta la demanda laboral por la trabajadora doméstica M.C.M.V. contra sus patronos, los esposos KANELLOS KARNAKIS y S. KOSMAS DE KARNAKIS, éstos presentaron incidente de nulidad de la demanda laboral y para que se le nombrara una curadora a la demandante, porque la Dra. E.B., del Instituto de Medicatura Forense del Ministerio Público, ya le había diagnosticado incapacidad para actuar por sí sola en el proceso.

Aducen reiteradas violaciones del debido proceso por parte de la Junta de Conciliación y Decisión en sus actuaciones.

Empiezan denunciando que el incidente de nulidad mencionado -que fue interpuesto el 24 de abril de 1997- fue resuelto 4 días después, mediante Auto 026-JCD-2-1997, del 28 de mayo, y le fue notificado a los demandados el 6 de mayo de 1997.

Anunciaron los demandados su recurso de apelación contra ésta decisión, que fue resuelta el 9 de mayo, mismo día en que se celebró la audiencia del caso, sin ser notificados de ella.

Ese auto que negó la apelación, no fue notificado al demandado hasta mayo de 1998.

Advierte la Corte que los hechos expuestos y los siguientes, se basan en su mayoría, en actuaciones de la Junta de Conciliación y Decisión, reflejadas en la sentencia de primer grado.

Ante esta circunstancia, es necesario aclarar que la abundante jurisprudencia producida por esta Corporación de Justicia sobre el tema, ha establecido que la acción de amparo de garantías constitucionales debe ser interpuesta contra la resolución contentiva de la orden de hacer o no hacer, que produjo la presunta violación constitucional.

En otras palabras, si la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo -segunda instancia- confirma la de la Junta de Conciliación y Decisión, el amparo debe dirigirse contra la decisión de la Junta, en primera instancia.

Si en caso contrario, la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo -segundo grado- revoca la sentencia de primera instancia, o si la violación constitucional se produjo en segunda instancia, entonces es contra ésta resolución contra la que se debe dirigir la acción de amparo.

En el caso que nos ocupa, advierte el Pleno que, el acto impugnado, cuya revocatoria se solicita es la sentencia de 28 de agosto de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, no obstante, la mayoría de los hechos y los cargos de inconstitucionalidad y de ilegalidad reflejan un esfuerzo impugnativo dirigido contra el ejercicio valorativo de los juzgadores de primer grado para determinar la pertinencia de las pruebas negadas, así como la valoración de fondo de las admitidas.

Ello es suficiente para que el Pleno, sin entrar a considerar lo resuelto por la Junta de Conciliación y Decisión por no ser este el acto atacado, analice el fallo de segundo grado, solo en lo referente a la adición de la sentencia de primera instancia, consistente en condenar a los esposos KARNAKIS al pago de B/.720.00 en concepto de pago de indemnización por despido indirecto.

En base a esto, observamos que es a partir del hecho número veinte, que el representante de los amparistas se refiere a la sentencia de segunda instancia.

En el mismo, señalan que en el libelo del recurso de apelación, solicitaron al Tribunal Superior de Trabajo la práctica de seis (6) declaraciones testimoniales; en el décimo primer hecho, afirman que además de no ordenar el Tribunal la práctica de las pruebas testimoniales, justificó la negativa de la Junta de Conciliación, de practicarlas.

Estos hechos los apoya el Licenciado Herrera Peña en la violación del artículo 973 del Código de Trabajo -que dice que cuando el a-quo niega indebidamente o ha dejado de practicar pruebas, a petición de parte o de oficio puede el ad-quem decretar su práctica.

No prospera el argumento del letrado, toda vez que el actor interpreta la norma expuesta, como una obligación del Tribunal de segunda instancia, de practicar las pruebas no practicadas o negadas "indebidamente".

Lo que la norma señala es que cuando ocurre alguna de estas dos circunstancias, ya sea de oficio o por petición de parte, el Tribunal "puede" practicar las pruebas pedidas; ello significa que es facultativo del juzgador secundario el ordenar las pruebas propuestas, y a contrario sensu, la norma no lo obliga a hacerlo.

Por otro lado, como expuso el mismo abogado en el libelo, el Tribunal Superior de Trabajo sustentó su negativa de practicar esas pruebas; por ello, no quedaron los demandados laborales en estado de indefensión, como aducen, ya que las pruebas fueron presentadas.

Además, si el fallo impugnado confirmó este aspecto de la decisión -no admitir pruebas testimoniales-, debió refutar directamente el fallo de la Junta de Conciliación y Decisión, ya que siendo este el acto originario, luego confirmado, es el que debió ser demandado en amparo.

Por lo tanto, reiteramos el criterio ya señalado de que no prospera este aspecto de la pretensión.

En otro orden de cosas, los tres últimos hechos del libelo, se refieren a la parte resolutiva de la sentencia de segundo grado, que adiciona la sentencia primaria, consistente en la condena a los demandados al pago de la suma de B/.720.00 en concepto de indemnización por despido indirecto -o renuncia justificada-, indicando que la parte demandante no hizo nunca tal petición, considerándolo "un exabrupto jurídico y un acto arbitrariamente contrario al debido proceso", ni se discutió esos derechos en el proceso, lo que a su juicio los dejó -a los demandados- en estado de indefensión, por no darles oportunidad de oponerse a esa decisión.

Además, denunciaron los amparistas que, aunque la parte motiva de la sentencia proferida por el ad-quem no había pruebas para condenarlos por las prestaciones reclamadas, no fueron absueltos en esos aspectos, en la parte resolutiva.

Estos hechos lo sustentan con el argumento de que en el expediente no existe carta de renuncia por parte de M.C.M., razón por la que el Tribunal Superior no tenía facultad para emitir tal condena.

El Tribunal Superior arribó a este criterio condenatorio, ponderando las afirmaciones de las partes -la trabajadora afirmó que el salario devengado era B/.120.00 mensuales y los patronos afirmaron que era B/.60.00- y las presunciones legales contenidas en el Código de Trabajo.

De ello, advierte la Corte que durante el proceso se discutieron estos aspectos, sin quedar demostrado el pago de los salarios por los demandados, razón por la que el juzgador de segundo grado condenó por una prestación distinta de la pedida.

El accionante conceptúa que el artículo 535 del Código de Trabajo -establece que el Juez puede condenar por prestaciones distintas a las pedidas en caso de condenar al pago de salario mínimo, salario básico, vacaciones, declaraciones o condenas substitutivas que por ley correspondan por las expresamente pedidas en la demanda, siempre que los hechos o declaraciones que las originen y hayan sido discutidas en el proceso y hayan sido probadas- no faculta al ad-quem para adicionar la sentencia de la Junta de Conciliación y Decisión, para condenar por una indemnización no pedida.

En primer lugar, considera la Corte que el artículo 535 del Código de Trabajo, contenido dentro del Libro IV, Título Preliminar, Capítulo II, atinente a los Principios del procedimiento laboral, se refiere a la primera instancia, razón por la que no es aplicable la norma para impugnar la sentencia de segundo grado.

En segundo lugar, a juicio de esta Superioridad, el artículo aplicable al presente caso es el 921 de la Excerta Laboral, contenido en el Capítulo III, Título VIII del Libro IV, concerniente al recurso de apelación, y que reza de la siguiente manera:

921. Asimismo podrá el Superior, en la resolución que decida el recurso de apelación, aún cuando afecte adversamente al apelante adicionar la resolución objeto del recurso, siempre que ésta se haya omitido hacer una declaración que la ley ordene que se haga o que no se haya pronunciado sobre una pretensión o excepción, y siempre que la parte interesada, en escrito de lista, solicite motivadamente la adición en referencia.

En el presente caso, queda claro que el Tribunal Superior de Trabajo adicionó adversamente para el apelante la sentencia de la Junta de Conciliación y Decisión Nº 16, ya que la indemnización por renuncia justificada tipifica la situación de la trabajadora doméstica M.C.M.V. -así lo hizo constar el ad-quem en su sentencia-, y está establecida en el artículo 231, numeral 4º literal h, de la excerta en estudio; además, dicha prestación, no obstante estar contemplada en la Ley y haber sido omitida por la Junta de Conciliación y Decisión, fue solicitada por la parte interesada -la opositora al recurso-, como consta en la foja 539 del expediente, razón por la que está justificada la decisión, y no infringe el principio constitucional del debido proceso. Por ello, esta Corporación de Justicia arriba a la conclusión de que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial no violó el principio constitucional del debido proceso, no prosperando la pretensión de los amparistas.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo de garantías constitucionales propuesto por el Licenciado A.H.P. en representación de KANELLOS KARNAKIS PAPACHORIS y SOFIA KOSMAS DE KARNAKIS contra la sentencia de 28 de agosto de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá.

C., N. y A..

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) A.A.A. L.

(fdo.) G.J.D.C.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) G.E.F.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) J.F.P.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General