Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Mayo de 2000

PonenteJOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución30 de Mayo de 2000
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La Licenciada AURA FERAUD, actuando en nombre y representación de los señores ROGELIO ALBA FILOS Y S.H., ha presentado ante el Pleno de esta Corporación de Justicia, acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución Nº 1-A.T de 18 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, que revocó la Resolución Nº 100 de 22 de septiembre de 1998 emitida por el Juzgado Seccional de Niñez y Adolescencia del Distrito de la Chorrera.

La acción de amparo fue presentada el día 15 de marzo de 2000, y dado que reunía los requisitos formales exigidos por la Ley, fue admitida y sometida a las reglas establecidas para este tipo de acciones.

Los antecedentes revelan que el proceso se inicia con un caso de protección (Maltrato Físico y Abandono) del menor ATON GONZÁLEZ KANTULE, quien ingresa a la Jurisdicción Especial de Menores el día 8 de enero de 1997 luego de haber estado hospitalizado en el Hospital Santo Tomás por problemas de desnutrición tipo Marasmático y Moxd.

Asimismo se desprende de las constancias procesales, que el menor era poco visitado por su madre D.K.H., quien lo maltrataba y manifestaba delante de personal hospitalario que lo iba a regalar.

Una vez ingresado al Juzgado Seccional de Menores de la Chorrera, la Licenciada I.J. ordenó de manera provisional como medida de protección, el ingresó del menor ATON GONZÁLEZ KANTULE al Centro Nutre Hogar, para que recibiera la atención especializada para su salud física, mental y emocional.

Posteriormente, después de permanecer ocho (8) días en la Fundación Nutre Hogar y de no haber sido visitado por su madre, la Juez Seccional de Menores de la Chorrera mediante providencia de 15 de enero de 1997, resuelve ubicar de manera provisional al Menor ATON GONZÁLEZ KANTULE en el Hogar Divino Niño de la Fundación Ofrece un Hogar, en carácter de Hogar Sustituto y mantener seguimiento en el presente caso.(Fs.79, antecedentes)

Consta a fojas 102 del expediente principal de Suspensión de Patria Potestad (Protección) la Nota s/n de 7 de octubre de 1998 suscrita por la Doctora Ivonne de M., P. de la Fundación ofrece un hogar en la cual pone en conocimiento de la Juez Seccional de Menores de la Chorrera que desde el 15 de octubre de 1997, fecha en que ingresó el menor ATON GONZÁLEZ KANTULE a la fundación, no ha recibido visita por ningún familiar, incluyendo la madre biológica.

Se desprende a folio 46 del expediente, que el Licenciado R.C. solicita ante el Juzgado de Menores de la Chorrera, la Adopción para sus representados F.G.M.Y.A.S.C., del M.A.G.K., quien se encuentra en el Hogar Divino Niño de la Fundación Ofrece un Hogar.

Es así, que mediante Resolución Nº 100 de 22 de septiembre de 1998, que el Juzgado Seccional de Menores de la Chorrera RESUELVE rechazar los documentos presentados por el apoderado judicial de la familia S.G. dentro del Proceso de Adopción del Menor ATON GONZÁLEZ KANTULE por considerar que no estaba en el momento procesal correspondiente y para ello basó su decisión en los siguientes aspectos:

Que el Proceso Sumario de Suspensión de Patria Potestad (Protección), no ha concluido, que se trata de un caso especial de niño indígena cuya preocupación de los Sahilas es proteger la identidad y darle seguimiento a los niños de la comarca K.Y..

Que atendiendo al Interés Superior del Menor dicha J. consideró no acceder a las peticiones efectuadas por la Familia S.G. sobre el Hogar Sustituto en Vías de Adopción.

Al momento de notificarse de dicha decisión, el Licenciado R.C. anuncia apelación, recurso este que es sustentado en tiempo oportuno el día 26 de noviembre de 1998 y en el cual el recurrente manifiesta su disconformidad en los siguientes hechos:

-Que el día 15 de mayo de 1998 sus representados formalizaron a través de solicitud su interés de promover primeramente la declaratoria de abandono, y posteriormente el tramite de adopción del niño ATON GONZÁLEZ KANTULE; sin embargo observó una actitud ambivalente por parte de la señora J., ya que le negó copias de los documentos presentados.

Que el niño ATON GONZÁLEZ KANTULE tiene más de doce (12) meses de no ser visitado ni frecuentado por ningún familiar en la Fundación Ofrece un Hogar y lo cual es corroborado por la certificación de la Institución visible a fojas 102 del expediente.

Que según el artículo 300 del Código de la Familia, la Juez de Menores debió proceder a la declaratoria de abandono de oficio, del menor ATON GONZÁLEZ KANTULE ya que este tenía más de seis meses de no mantener contacto con su familia.

Que mediante escrito de fecha 10 de agosto, sus representados hacen entrega de los Edictos Emplazatorios publicados, en donde se emplaza a la madre biológica del menor ATON GONZÁLEZ KANTULE, para que comparezca al Proceso Sumario de Suspensión de Patria Potestad.

Que sin mediar ninguna circunstancia concreta y debido al hecho de que públicamente interpuso denuncia contra la Juez de Menores de la Chorrera por su actuación en otros casos, la referida funcionaria decide suspender el trámite de Declaratoria de Abandono iniciado con el Edicto Nº 9 que reposa a fojas 82 del expediente principal.

Que la Juez Seccional de Menores mediante la audiencia de Suspensión de la Patria Potestad celebrada el día 26 de octubre de 1998, les impide el acceso a dicho expediente, pese a que ellos ya habían participado en el mismo, a través de las publicaciones de los Edictos y no es hasta el 5 de noviembre de 1998 cuando se les notifica de una Resolución emitida supuestamente el 22 de septiembre de 1998, la cual hoy impugnan.

Advierte el recurrente, que con el estudio de la fecha de la Resolución Nº 100 de 22 de septiembre de 1998, de la presentación de los edictos, de la notificación de la Resolución Nº 100 y la de su confección, se pueden dar cuenta los Señores Magistrados que la decisión de la Juez de Menores es a todas luces misteriosa, pues afecta a un niño de 4 años y a una pareja interesada en el porvenir del menor.

Finalmente, el apelante solicita al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia que después de analizar las actuaciones de la Juez Seccional de Menores conmine a la misma a enmarcarse dentro de los trámites del debido proceso establecido en materia de familia y en la Constitución Política. (Fs. 52-53, antecedentes)

Se le corrió traslado del negocio a la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, Licenciada Geomara Guerra de Jones, quien externó su opinión manifestando que en los casos de menores abandonados es deber de las autoridades minoriles procurarles una protección para que crezcan en un nivel de vida normal, garantizándole su buen desarrollo integral, tomando como base el Interés Superior del Menor, Interés este que a juicio de la opinante es variable, porque si ya existe una solicitud de adopción en el caso del menor ATON GONZÁLEZ KANTULE, no se puede bajo ninguna circunstancia negarle el derecho de pasar a un mejor nivel de vida, aún cuando esté pendiente por resolver el Proceso Sumario de Suspensión de Patria Potestad (Protección), pues no existe norma jurídica que lo obligue.

La R. de la Sociedad señala que el menor indígena mientras permaneció en el Hogar Divino Niño no tuvo visita de algún familiar que por lo menos hubiese mostrado interés en hacerse cargo del menor y de brindarle el calor humano indispensable en estos momentos.

Finalmente, la Funcionaria de Instrucción considera que la protección que pretende otorgarle el Juzgado Seccional de Menores de la Chorrera al menor ATON GONZÁLEZ KANTULE no resulta indispensable, pues se ha presentado la oportunidad de tener un hogar, dentro del afecto y protección de una familia, por lo que a su juicio se deben aceptar los documentos presentados por el apoderado judicial de los aspirantes, relativos a la adopción del menor. (Fs. 59-62, antecedente)

Posteriormente el expediente es remitido al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia para alzada, quien al resolver el recurso de apelación REVOCA la decisión proferida por el Juzgado de Primer Grado, mediante la Resolución Nº 1 A. T. de 18 de enero de 2000. Esta Resolución revocatoria por parte del Tribunal de Segunda Instancia consistió en la decisión de ORDENAR al A-Quo la admisión de los documentos presentados por el apoderado judicial de la familia S.G. dentro del Proceso de Adopción; y concomitantemente la declaratoria del niño ATON GONZÁLEZ KANTULE como víctima de abandono ante la pérdida de la patria potestad de quienes debían ejercerla dentro del Proceso Sumario de Suspensión de Patria Potestad (Protección) que se sigue a favor del menor.

El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia antes de sustentar su decisión hace un llamado de atención al Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la remisión tardía del expediente.

No obstante, el Tribunal A-Quem invoca el Interés Superior del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, llamando nuevamente la atención a la Juzgadora A-Quo, pero en este caso, porque a su criterio se apartó del procedimiento judicial para la declaratoria del niño en condición de víctima por el abandono de quienes debían ser responsables de los deberes inherentes al ejercicio de la Patria Potestad, es decir, a la preservación o no de la Patria Potestad de los padres biológicos del niño y procederlo a colocar en vías de adopción, tal como lo señalan los artículos 300 y siguientes del Código de la Familia, no existiendo en realidad causas legales que justificaran el rechazo de los documentos aportados por las partes dentro del Proceso de Adopción, así como el trámite judicial desplegado en el expediente de Protección, por lo que -a juicio del Tribunal- debió resolverse lo contrario y no continuar sin el procedimiento injustificado de la condición del niño como víctima de abandono en el que realmente se encuentra por parte de sus padres biológicos. (Fs. 118-122, antecedentes)

Es en virtud de esta Resolución, que la Licenciada Aura Feraud en representación de los señores R.A.F. Y S.H., interpone la presente acción constitucional, la que fundamenta en los siguientes hechos:

Que en los Procesos de Protección son partes y por consiguiente son oídos en juicio, no solamente los padres biológicos sino también los familiares. La familia la constituyen las personas naturales unidas por un vínculo de parentesco -en este caso- el consanguíneo, entre quienes existe incluso la obligación recíproca en materia alimentaria. Es por ello, que los miembros de la familia, quienes son partes del Proceso Sumario de Suspensión de Patria Potestad (Protección), podrán hacer uso de los recursos existentes para impugnar las resoluciones dictadas por los jueces de menores que le fueran adversas.

La R.L. de los amparistas también señala como otro hecho, que la declaratoria de abandono no se da automáticamente por el mero transcurso del tiempo, sino que al tenor de lo preceptuado en el artículo 496 del Código de la Familia, debe ser declarado por el Juez con la orientación del equipo interdisciplinario y, se podrá dar en adopción, lo cual en ningún momento obliga a que se dé, toda vez que no se utiliza el término deberá. Añade que el Tribunal antes de decidir la causa debe cumplir el requisito de la intervención del equipo interdisciplinario, tal como lo establece el artículo 761 del Código de la Familia.

Exponen los amparistas que después de catorce (14) meses, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia se pronuncia en una instancia procesal de un juicio de adopción del menor indígena ATON GONZÁLEZ KANTULE, quien se encuentra conviviendo con su familia biológica y en su propio ambiente étnico-cultural, para favorecer la pretensión de una pareja de extranjeros, pues ni siquiera ha concluido aún su status legal dentro del Proceso Sumario de Suspensión de Patria Potestad (Protección) a que tiene derecho, y mucho menos se ha determinado si es sujeto del programa de adopción.

En cuanto a las garantías fundamentales que se estiman infringidas, los amparistas consideran que la Resolución refutada en amparo, viola los artículos 17, 19, 20 Y 32 de la Constitución Nacional, que a la letra consagran respectivamente lo siguiente:

ARTÍCULO 17: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

ARTÍCULO 19: No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Artículo 20: Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley,....................

"ARTÍCULO 32: Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales;...........................

En correlación a las normas arriba señaladas, los amparistas también consideran violados los artículos 52 y 86 de la Carta Magna, que garantizan lo siguiente:

ARTÍCULO 52: El Estado protege...la familia.....................................

El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales...................................

"ARTÍCULO 86: El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales, realizará programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada una de sus culturas y creará una institución para el estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como para la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos."

La apoderada judicial de los amparistas al explicar el concepto de violación de las normas antes citadas, lo hace en conjunto, señalando que las mismas guardan una estrecha relación entre sí, mas sin embargo resalta el contenido del artículo 32 de la Constitución Nacional que consagra el Debido Proceso, garantía que es pilar de una justicia de familia y especial de menores entre cuyos principios rectores se encuentra procurar que la unidad en las relaciones familiares quede debidamente protegida, con prevalencia en el interés superior del menor, tal como lo establece el artículo 763 del Código de la Familia, y de manera general el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial, observando la igualdad procesal de las partes, la economía y la lealtad procesal. (Artículo 464 C.J.)

En un mismo orden de ideas, sostienen los amparistas que ha sido práctica tribunalicia tramitar primero el expediente de declaratoria de abandono, el cual de proceder concluirá con la suspensión de la patria potestad para posteriormente colocar al menor en condición de adopción, situación que el Tribunal de la Niñez y Adolescencia ha desechado al decidir entrar a conocer algo así como "per saltum", por llamarlo de alguna forma, el inicio de la tramitación del caso de Adopción con la Revocatoria de la Resolución Nº 100 de 22 de septiembre de 1998.

Habida cuenta, los amparistas concluyen diciendo que la orden de hacer contenida en la Resolución Nº 1 A. T. de 18 de enero de 2000 viola el artículo 32 de la Constitución Nacional, por lo siguiente:

-Pretermite cualquier posibilidad de defensa de los familiares biológicos del menor, toda vez que éstos no son parte de esa instancia procesal de adopción;

-Conculca así el derecho que los familiares del menor puedan tener dentro del proceso de protección, de recurrir contra la Resolución objeto de esta acción de amparo;

-Se omite el debido trámite procesal existente; y

-Se omite las formalidades que la notificación debió cumplir.

-Se dicta la Resolución sin haber oído al equipo interdisciplinario como tampoco haber efectuado la acumulación formal de los expedientes.

Luego del análisis de la presente acción constitucional procede el Pleno de la Corte a resolver en el fondo, previas las siguientes consideraciones:

La orden de hacer que se impugna y que se considera lesiva a las garantías constitucionales de los accionantes, la expidió el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia al conocer de un recurso de apelación presentado el 26 de noviembre de 1998, contra la decisión de primera instancia, emitida por la Juez Seccional de Menores de la Chorrera.

Como quiera que la acción promovida en este caso, por su naturaleza, pretende que el Tribunal de Amparo determine si la orden de hacer contenida en la Resolución Judicial censurada es violatoria de algunas de las garantías que nuestra Constitución Política consagra, se procede a examinar los hechos en que se funda la pretensión y las disposiciones que se consideran violatorias con la orden atacada.

Observa el pleno que los amparistas aducen que la orden de hacer contenida en la Resolución Nº 1 A. T. de 18 de enero de 2000 viola el artículo 32 de la Constitución Política que consagra la garantía del Debido Proceso, por cuanto pretermite el derecho de defensa de los familiares biológicos en un proceso de adopción en el cual ellos no son parte, además de de que viola sus derechos de recurrir contra la Resolución objeto de esta acción de amparo.

A partir de lo expuesto, es pertinente definir esta garantía constitucional, para determinar si en efecto se ha producido su vulneración. Así tenemos que el D.A.H. en la página 60 de su obra titulada "La Interpretación Constitucional", define el Principio del Debido Proceso:

Como una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminada por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

En base a la definición antes transcrita, podemos señalar que la Administración de Justicia debe ejercitarse conforme a los trámites establecidos en la ley. Ello implica el acatamiento de las formalidades básicas que rigen la actividad jurisdiccional entre ellas, asegurar a las partes en todo proceso legalmente establecido la oportunidad razonable de ser oídos por un tribunal competente, para decidir la materia en conflicto.

Ahora bien, al confrontar el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas en materia de familia y menores que regulan lo relativo al Proceso Sumario de Suspensión de Patria Potestad (Protección) y el Proceso de Adopción, con la actuación desplegada por el Tribunal de Niñez y Adolescencia al decidir la causa, consideramos se configuró una vulneración al Debido Proceso legal por dicho tribunal, ya que el Código de la Familia y el Menor señala claramente el procedimiento a seguir en estos casos, y establece que para que la adopción sea autorizada (artículo 304 del C.F.), deben concurrir la condiciones exigidas en los artículo 300 a 303 de la citada excerta legal.

En este sentido, considera esta Superioridad que en estricto sentido jurídico le asiste la razón a los amparistas en cuanto a que el Tribunal de Apelaciones conculcó las garantías del debido proceso en este negocio, pues el Tribunal A-Quem conoció sobre puntos distintos a los contenidos en el recurso de alzada como lo es el rechazo de los documentos presentados por no encontrase en la etapa procesal correspondiente, y entró a valoraciones probatorias que son propias de las funciones del Juzgado de Primera Instancia, pues en la Resolución impugnada además de ordenar al A-quo, a admitir los documentos dentro del proceso de adopción, le ordena también que declare al menor ATON GONZÁLEZ KANTULE como víctima de abandono ante la pérdida de la patria potestad de quienes debían ejercerla dentro del Proceso Sumario de Suspensión de Patria Potestad (Protección), fundamentando esta decisión en la demora injustificada en el trámite procesal correspondiente por parte del Juzgado Seccional de Menores de la Chorrera.

Por ello, esta Sala Plena considera que aunque el Juzgado Seccional de Menores haya incurrido en demora injustificada para resolver el caso de Suspensión de Patria Potestad, es a este tribunal a quien le corresponde decidir sobre la situación de abandono y proferir la Resolución de Suspensión de Patria Potestad, decisión que debe ser dictada por el Juzgado de Primera Instancia, previo al agotamiento del Proceso Sumario correspondiente.

Así pues, considera esta Superioridad que el Tribunal de Niñez y Adolescencia, al decidir el recurso de apelación sobrepasó los límites de su actividad jurisdiccional desechando la posibilidad del derecho de defensa de las partes dentro del Proceso Sumario de Suspensión de Patria Potestad (Protección).

En síntesis, el Pleno de la Corte estima que son los Jueces de N. y Adolescencia los que por su especialización en la materia, por tener a su disposición un equipo interdisciplinario para evaluar cada caso, son los que pueden proteger más eficientemente los derechos constitucionales de los niños y adolescentes y velar para que el Interés Superior del Menor prevalezca en todas sus decisiones.

Respecto a la admisión de los documentos dentro del Proceso de Adopción, la Corte debe señalar que esto no reviste el carácter de una orden de hacer que viole algún derecho constitucional, sino más bien constituye una facultad que tiene el J. en el ejercicio de sus funciones, o en otras palabras, es un trámite procesal sujeto a la discreción del Juzgador que no decide el fondo del negocio.

El Pleno de la Corte ha señalado sobre la protección constitucional de los derechos de los menores, que estos forman parte de los Derechos Humanos de segunda generación, mencionados de manera general en nuestra Carta Magna en el artículo 52, pero sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en el ámbito procesal. De allí que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño representa un complemento del texto constitucional al establecer que todas la medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor. (Cfr. S. 20/03/96, R.J., pág. 23)

En mérito de lo expuesto, a juicio de esta Corporación, el Tribunal de Segunda Instancia infringió el artículo 32 de la Constitución Política ya que al emitir la orden de hacer impugnada no cumplió con las formalidades del debido proceso.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por la Doctora AURA FERAUD en representación de los señores ROGELIO ALBA FILOS Y S.H., por consiguiente REVOCA la Resolución Nº 1 A. T. del 18 de enero de 2000, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, y en consecuencia ORDENA se continúe con los trámites del Proceso Sumario de Suspensión de Patria Potestad.

C., N. y C..

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) A.A.A. L.

(fdo.) G.J.D.C.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.P.B.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General