Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 1 de Diciembre de 2005

Ponente:Mirtha del Carmen Vanegas S.
Fecha de Resolución: 1 de Diciembre de 2005
Emisor:Segunda de lo Penal
RESUMEN

PROCESO SEGUIDO A JORGE ESCOBAR, MARISOL OSORIO, MARTA CAÑOLA Y OTROS, POR DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, ASOCIACIÓN ILICITA PARA DELINQUIR, HURTO, USURPACIÓN Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO

 

VISTOS:

La apoderada judicial de FUNDACIÓN FIRMAMENTO y R.N., ambos en su condición de QUERELLANTES, ha formalizado RECURSO DE APELACIÓN contra el auto No. 155 de 29 de septiembre de 2004, proferido por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL que SOBRESEE PROVISIONALMENTE, DE MANERA OBJETIVA E IMPERSONAL, a J.I.E., M.O.L., M.L.C. y cualquier otra persona que resulte responsable por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, HURTO, USURPACIÓN y VIOLACIÓN DE DOMICILIO, en perjuicio de los querellantes.

EL RECURSO DE APELACIÓN

Sostiene la recurrente que la VISTA DE LA FISCALÍA SEGUNDA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN reconoce que hubo irregularidades e incumplimiento de la Ley al realizarse la diligencia de secuestro sobre la propiedad horizontal en la que R.N. tenía la condición de arrendatario. Sin embargo, la resolución atacada soslaya la opinión del Ministerio Público y desestima la comisión del delito de abuso de autoridad, fundado en que "..cualquier irregularidad se cometió porque el señor R.N. no presentó en el acto de la diligencia de secuestro el contrato de arrendamiento respectivo que justificaba su ocupación del bien desde el punto de vista legal. Este planteamiento superficial contradice la conclusión de la Agencia de Instrucción y desconoce de plano que en el diligenciamiento del secuestro se cometieron irregularidades, que van más allá de las generadas por la no presentación del contrato de arrendamiento, situación que fue advertida en el acto tanto por el señor R.N. como por su apoderada legal licenciada B., sino que el propio J. fue quien dispuso que se continuara con la diligencia como se comprueba con las declaraciones de la alguacil ejecutora como de los testigos que participaron en dicha diligencia. Por lo tanto, mal puede el tribunal cobijar la tesis de que el J. no incurrió en acto arbitrario porque no lo ordenó o participó directamente pues esto contradice con las constancias procesales. Además, este razonamiento tampoco se extiende a la licenciada M.O.L., quien como alguacil ejecutora y funcionaria judicial, le incumbe responsabilidad al haber actuado más allá de lo ordenado en el auto de secuestro" (f.3,741, t. iv).

También censura que la resolución atacada dicte un sobreseimiento provisional en relación con el delito de hurto, porque de la declaración del afectado se desprende que los hechos, motivo de esta investigación, "... otros bienes que no llegaron a ser inventariados..." (F.3741), que eran de pertenencia exclusiva del afectado, y que "... se perdieron por la acción de quienes lo lanzaron del apartamento de manera arbitraria, por lo que tampoco respecto de este cargo se debió dictar sobreseimiento impersonal y objetivo sino llamar a proceso penal a la persona que quedó a cargo del apartamento y los bienes que resultó ser la señora M.L.C." (f. 3,742).

Tampoco comparte el auto de sobreseimiento provisional respecto al DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, ya que "... la agencia de instrucción no profundizó en determinar en cuantos casos la licenciada M.L.C. ha fungido como depositaria designada por el mismo juez querellado, ni las denuncias penales existentes en su contra, ni las quejas existentes en su contra en el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá por el desempeño de sus cargos como depositaria y mucho menos la existencia de una instrucción del entonces Presidente de la Cote (sic) Suprema de Justicia Arnulfo Adán Arjona (sic) recomendando que no se le nombrara como perito en diligencias judiciales. De haberse profundizado en la investigación se habría establecido modus operandi (sic), en el cual el juez querellado demuestra su preferencia por la selección de M.L.C. como perito depositaria en ciertos casos, así como la constante (sic) quejas existentes por sus actuaciones irregulares como auxiliar de la administración de justicia" (f.3,743). Agrega que en su declaración, el JUEZ ESCOBAR aceptó que, con base en el artículo 563 del Código Judicial, sustituyó a la perito depositaria inicialmente designada, y luego removió a M.L.C., quien después ejecutó la expulsión de R.N. del bien inmueble, "lo cual perfila el indicio de oportunidad por el cual M.L.C. amparada en la autoridad del Juez querellado, como de la actuación de la alguacil ejecutora en la diligencia de secuestro le permitió entrar en posesión ilegal de bienes muebles e inmueble (sic) en forma irregular e ilegal en perjuicio de los querellantes" (f.3,743).

El recurrente discrepa sobre el razonamiento efectuado en la resolución atacada sobre el DELITO DE USURPACIÓN, ya que "... por la actuación del Juez querellado se logró la expulsión del señor de R.N. del inmueble que habitaba. Y que este hecho resultó ilegal al accederse al amparo de garantías constitucionales que revocó dicha orden ilegal"(f.3,744). En ese orden de ideas, explica que de acuerdo a las declaraciones existentes, R.N. fue obligado a desocupar de inmediato el bien inmueble y a entregar las llaves a la L.M.L.C., quien entró en posesión ilegal del mismo, lo que representa inseguridad jurídica propiciada por los actos arbitrarios de la autoridad en exceso desconocimiento de sus funciones legales (f.3,744).

No comparte el juicio dictado por el auto atacado sobre el DELITO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO, ya que "... en la etapa de calificación de las sumarias no se analizan causas de justificación sino que ello corresponde a la fase plenaria. El hecho de la violación de domicilio queda plenamente probado con la determinación mediante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que al confirmar la sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia, concedió el amparo de garantías constitucionales promovido por R.N. contra el Juez querellado. En esa sentencia se determinó que la orden de lanzamiento era ilegal y que se violó el debido proceso, por lo cual no existe la alegada causal de justificación oficiosamente reconocida en la resolución impugnada" (f.3,745). En esa misma dirección, manifiesta que es contrario a un Estado democrático que se concluya que todas las actuaciones judiciales se justifican, porque provienen de una autoridad, independientemente de su fundamento jurídico. (f.3,745).

La recurrente considera que esta querella es una oportunidad para sentar un precedente que sirva de ejemplo para frenar la arbitrariedad judicial de los auxiliares de la administración de justicia, aunado a que en este expediente se encuentran acreditados el hecho punible y la vinculación objetiva, por lo que existen los elementos necesarios para proferir auto de llamamiento a juicio en contra los querellados, para que se determina la responsabilidad de estos en la fase plenaria. (F.3,746). Concluye con la solicitud de que se REVOQUE EL AUTO IMPUGNADO, Y EN SU LUGAR, SE DICTE AUTO ENCAUSATORIO CONTRA LOS QUERELLADOS (f.3,746).

LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL mediante auto No. 155 de 29 de septiembre de 2004, SOBRESEE PROVISIONALMENTE, DE MANERA OBJETIVA E IMPERSONAL, a J.I.E., M.O.L., M.L.C. y cualquier otra persona que resulte responsable de la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, HURTO, USURPACIÓN y VIOLACIÓN DE DOMICILIO, en perjuicio de FUNDACIÓN FIRMAMENTO y RAJESH NANDWANI.

En cuanto al DELITO DE HURTO, el Tribunal Superior manifiesta que no se encuentra demostrado en el expediente porque "mal puede hablarse de un despojo patrimonial en esta causa, cuando efectivamente se cuenta con una diligencia de devolución de bienes muebles con la firma del señor R.N. y de su señora esposa, dejando constancia de haber recibido a satisfacción el apartamento que ocupaban y los bienes que se mantenían en su interior, sin dejar constancia como también se advierte, de la pérdida de ningún bien" (f.3,731).

Respecto al DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, expresa que "... para nada se ha demostrado la existencia de una organización criminal permanente dedicada a la comisión de actos delictivos, integrada por las personas querelladas (f.3,731).

En relación con en DELITO DE USURPACIÓN, señala que no se ha acreditado que el tipo penal en cuestión en el sentido que no se ha despojado el bien inmueble mediante violencia, engaño, abuso de confianza o clandestinidad.

Sobre el cargo de VIOLACIÓN DE DOMICILIO, es del criterio que "... la entrada de la alguacil ejecutora, los peritos y el depositario a la residencia afectada se da como consecuencia de una orden de allanamiento expedida por autoridad judicial competente. Esta circunstancia despoja el carácter ilícito el acto de introducirse al domicilio, por resultar un comportamiento amparado bajo la causal de justificación consultable en el artículo 19 (sic) del Código Judicial" (f.3,732).

Y en cuanto al DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, el Tribunal Superior plantea que las pruebas del expediente indican que "... el contrato de arrendamiento justificativo de la ocupación nunca fue presentado a la consideración del alguacil ejecutor durante la práctica del secuestro. La no presentación en el acto del contrato de arrendamiento también sirvió de base para que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá en una resolución de 27 de febrero de 2004, declarara que no había lugar a sanción disciplinaria en contra del L.. J.I.E., por esta misma secuencia de hechos..." (F.3,732).

Concluye el TRIBUNAL SUPERIOR señalando que "...las evidencias obrantes en el expediente no resultan suficientes para comprobar hecho punible alguno, imponiéndose la dictación de un sobreseimiento provisional e impersonal sobre la base de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 2208 del Código Judicial" (f.3,733).

DECISIÓN DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA

Es necesario destacar que el auto No. 155 de 29 de septiembre de 2004 proferido por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, SOBRESEE PROVISIONALMENTE, DE MANERA OBJETIVA E IMPERSONAL, a J.I.E., M.A.O.L., M.L.C. y cualquier otra persona que resulte responsable de la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, HURTO, USURPACIÓN y VIOLACIÓN DE DOMICILIO, en perjuicio de FUNDACIÓN FIRMAMENTO y RAJESH NANDWANI (f.3,733,t.VI).

En el momento que el querellante denunció la supuesta comisión de los delitos mencionados, el Licenciado J.I.E., actuaba en su condición de JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ (f.112-114,t.I), mientras que M.A.O.L. en calidad de ALGUACIL EJECUTORA del Juzgado en mención (f.3,663,t.VI), y M.L.C. en su condición de DEPOSITARIA DE LA PARTE ACTORA (f.3,701-3,702).

Dos de los querellados tienen la condición de servidores judiciales: el JUEZ DE CIRCUITO CIVIL en mención, tiene competencia en los Distritos Municipales de Panamá, Chepo, Chimán, Taboga y B., que corresponden a la provincia de Panamá (art. 148 C.J), mientras que la ALGUACIL EJECUTORA, es una funcionaria judicial "...bajo la dependencia directa del juez que lo nombra.", y cuya función, entre otras, es la de ejecutar todos los secuestros ordenados por los jueces de conocimiento del proceso (art. 192, 194 C.J).

Ahora bien, el numeral 2 del artículo 127 y el artículo 96, ambos del Código Judicial, indican que corresponde a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema conocer en segunda instancia, de los recursos de APELACIÓN Y LAS CONSULTAS de resoluciones dictadas en primera instancia por los TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL, en aquellas causas penales contra Jueces o Fiscales de Circuito Judicial, y los funcionarios que tengan mando y jurisdicción en una o más provincias.

Tras consultar estas normas legales, la Sala considera que solamente tiene competencia para conocer sobre la situación jurídica del JUEZ DE CIRCUITO CIVIL querellado, como TRIBUNAL DE ALZADA por ocasión del recurso de apelación formalizado por la apoderada judicial de los querellantes contra el auto de sobreseimiento, y como TRIBUNAL DE CONSULTA, ya que las resoluciones de sobreseimiento en las causas contra servidores públicos se consultan al superior, todo ello de acuerdo con el artículo 2477 del Código Judicial. En consecuencia, y tomando como premisa que el HURTO AGRAVADO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA son los delitos más graves y tienen penalidad mayor de dos años de prisión, la situación juridica de las otras personas querelladas, corresponde a la esfera de los JUECES PENALES DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

La condición de TRIBUNAL DE CONSULTA que asume esta Superioridad, implica que tiene amplia discrecionalidad para examinar el AUTO DE SOBRESEIMIENTO, atribución que tiene fundamento en el artículo 2477 del Código Judicial. Respecto a esta atribución legal que otorga la INSTITUCIÓN DE LA CONSULTA, el Pleno de la Corte Suprema ha expresado que:

"la consulta es una institución procesal establecida por la ley para determinados casos, en virtud de la cual se traslada la competencia a un tribunal de superior jerarquía de oficio, tal como si se hubiese interpuesto recurso de apelación, a fin que revise sin limitaciones el proceso, tanto en su aspecto fáctico como jurídico. En consecuencia, la misma se constituye en un deber jurídico del juez que conoce de la causa". (Resolución de 18 de julio de 2003).

Entonces, se pasa a examinar el auto consultado y los antecedentes que lo apoyan. Con ese fin, la APODERADA JUDICIAL del BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ S.A, presentó en enero de 2003, una DEMANDA en la que SOLICITÓ que se procediera a DECLARAR EN ESTADO DE QUIEBRA a CENTRO DE CÁMARAS ZONA LIBRE S.A, FOTOKINA S.A, GALERÍAS FOTOKINA S.A, DISTRIBUIDORA LANDMARK S.A, CENTRO ELECTRÓNICO INTERNACIONAL, KAMURA HOLDING S.A, AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT OF PANAMA CORP., todas representadas legalmente por U.C.N., y a las persona naturales RAM CHITHRAM NANDWANI, M.K.C. y UTTAM CHOITHRAM NANDWANI, por razón de las obligaciones provenientes de actos de comercio que ascienden a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON ONCE CENTAVOS (B/.3,970,745.11) (fs.749-760, t.II).

El JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, mediante AUTO No 1111 de 11 de junio de 2002, entre otros aspectos, DECLARA EN ESTADO DE QUIEBRA a SIETE PERSONAS JURÍDICAS y a TRES PERSONAS NATURALES, YA CITADAS, además, DECRETA EL FORMAL EMBARGO Y DEPÓSITO JUDICIAL de todos los bienes, libros, papeles y demás documentos, y cuentas bancarias de los quebrados, ORDENA la separación de los quebrados de la administración y control de los bienes pertenecientes a sus respectivos patrimonios, mientras se hallen en estado de quiebra, se DESIGNA al CURADOR DE LA QUIEBRA para que se encargue de las diligencias de inventario, avalúo y depósito de los bienes pertenecientes a los quebrados, y advierte a los deudores del concurso que no hagan pagos a los quebrados, sino al C. de la quiebra; y a los que tengan bienes de los quebrados, se les previene que los pongan a disposición del Tribunal (fs.47-61, t.I)).

A petición del CURADOR DE LA QUIEBRA, el Juez de la causa, mediante AUTO No. 48 de 10 de enero de 2003, DECRETA el SECUESTRO de la finca No. 38774, rollo 5367, documento 1 de la sección de propiedad horizontal del Registro Público, provincia de Panamá, propiedad de la FUNDACIÓN FIRMAMENTO, y ORDENA el allanamiento y depósito de la finca en cuestión (fs.19-21, t.I).

En autos reposa la CERTIFICACIÓN expedida por el REGISTRO PÚBLICO de fecha 29 de enero de 2003, en que consta que LA FUNDACIÓN FIRMAMENTO es propietaria de la Finca No. 38774, rollo 5367, documento 1, sección de propiedad horizontal, provincia de Panamá, y que fue adquirida "...desde el 15 DE ENERO DE 2002... QUE CONSISTE EN APARTAMENTO 37VA. PLANTA ALTA, DEL P.H ROYAL PALACE, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ---- SUPERFICIE: 763 METROS CUADRADOS. ---- VALOR REGISTRADO: b/ 675,000.00..." (f.46).

Consta en el expediente la DILIGENCIA DE SECUESTRO realizada el 24 de enero de 2003, de la que se desprende la intervención de la Licenciada M.O.L., en su condición de ALGUACIL EJECUTORA DEL JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, del Licenciado G.A.F. apoderado judicial del CURADOR DE LA QUIEBRA, A.F.R. en calidad de PERITO DEL TRIBUNAL y de la Licenciada M.L.C. en calidad de DEPOSITARIA JUDICIAL, los que se presentaron al apartamento en mención para EJECUTAR LA MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO (fs.22-25,t.I).

El expediente también permite apreciar copia del CONTRATO DE DONACIÓN de fecha 6 de noviembre de 2001, en el que M.S. de NANDWANI otorgó en calidad de DONACIÓN a la FUNDACIÓN FIRMAMENTO una cantidad determinada de bienes muebles que se encontraban en el APARTAMENTO No. 37 ubicado en el edificio P.H ROYAL PALACE (fs. 31-38). Consta también la CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO expedida el 31 de enero de 2003, que establece que el APARTAMENTO No. 37 ubicado en el edificio P.H ROYAL PALACE, ubicado en el sector de Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá, es propiedad de la FUNDACIÓN FIRMAMENTO (f.46, t.I). El representante legal de la fundación en mención es R.N. (f.397,t.I).

El 5 de febrero de 2003, la apoderada judicial de R.N., como persona natural, y de la FUNDACIÓN FIRMAMENTO formalizan una QUERELLA PENAL por la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD (art.336, C.P), ASOCIACIÓN ILÍCITA (art.242, C.P), HURTO (num. 6, art. 186, C.P), USURPACIÓN (art. 197, C.P), y VIOLACIÓN DE DOMICILIO (arts. 163 y 165, C.P), y cualquier otro que resulte por los hechos ocurridos el día 24 de enero de 2003, en el Edificio Condominio ROYAL PALACE, piso 37 ubicado en Punta Paitilla (fs.1-61,t.I).

Además del libelo de querella, el expediente contiene otras pruebas presentadas por la apoderada judicial de los querellantes (fs.79-324), copias relacionadas al proceso universal de quiebra promovido por el BANCO CONTINENTAL S.A, en contra de las personas jurídicas y naturales ya mencionadas, y que en su gran mayoría integran los seis (6) Tomos de esta causa.

Los antecedentes contienen también las pruebas presentadas por la defensa técnica del Licenciado J.I.E. (fs.3,670-3,683, t.VI) la VISTA No. 40 de 19 de febrero de 2004 (fs.3,615-3,632, t.VI) y la VISTA No. 41 de 30 de junio de 2004 (fs.3,705-3,723, t.VI), dictadas por el funcionario de instrucción, la resolución de 6 de mayo de 2004, proferida por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, que DECRETA LA AMPLIACIÓN de las sumarias (fs.3,640-3,644, t. VI). Consta también la declaración jurada de A.F.R. (fs.3,654-3,657,t.VI), G.A.F.H. (fs. 3,658-3,662, t.VI), M.A.O.L. (fs.3,663-3,665, t.VI), B.P.B.G. (fs, 3,666-3,669, t.VI), ESCRITO PRESENTADO POR EL LICENCIADO J.I.E. (fs. 3,670-3,683, t.VI), declaración jurada de R.U.N. (fs.3,698-3,700, t.VI), y la declaración de MARTA LUCIA CAÑOLA (fs.3,7001-3,704, t.VI).

En cumplimiento del artículo 2106 del Código Judicial, el LICENCIADO JORGE ISAAC ESCOBAR rinde DECLARACIÓN por MEDIO DE CERTIFICACIÓN JURADA, manifiesta que la ACCIÓN DE SECUESTRO promovida dentro del proceso ordinario civil de QUIEBRA en contra del GRUPO FOTOKINA y la FUNDACIÓN FIRMAMENTO, "... son cuestiones que se debaten en estos momentos en esta esfera circuital civil y los criterios jurídicos o procesales con respecto a la posición de la parte demandada es algo que no nos atañe juzgar, ya que la determinación del estatus de las obligaciones contractuales o comerciales que pudiese existir o no respecto de Fundación Firmamento con las sociedades y personas naturales fallidas, es objeto de un proceso judicial que aún no ha finalizado" (fs. 3,671,36,72, t.VI).

Señala el declarante que en la DILIGENCIA DE SECUESTRO realizada el 24 de enero de 2003 sobre el apartamento ubicado en el Edificio Condominio ROYAL PALACE, expresa que por ocasión de esa diligencia, "... no es cierto que hayan procedido a lanzar a la calle a sus ocupantes, en este caso, al quejoso R.N. y su esposa, puesto que este último había sido designado como Depositario Administrador de los bienes cautelados en la diligencia de allanamiento... practicada el día 16 de agosto de 2002; y no se le había autorizado a residir en ese lugar , ni hay constancias de la ocupación habitacional del quejoso para esa fecha, ni mucho menos presentó ante este Tribunal documentación que lo acreditara o que lo autorizara a auto arrendarse la propiedad en mención" (f.3,672, t.VI).

También expone que la DILIGENCIA DE SECUESTRO DE 24 DE ENERO DE 2003, indica que las llaves del inmueble fueron pedidas por el ALGUACIL EJECUTOR, y no fueron quitadas, por lo que no se ejerció acto de fuerza en contra de los querellantes; que en la mañana del 24 de enero de 2004, la Licenciada M.L.C. se presentó al Juzgado para informar que había sido designada por la parte actora de la quiebra para que actuara como perito depositaria, por lo que tomo posesión de ese cargo, de acuerdo al artículo 563 del Código judicial; que en base a la Ley, y porque la demandante expuso que la FUNDACIÓN FIRMAMENTO estaba involucrada directamente a los intereses de los acreedores de la quiebra, decretó la ACCIÓN DE SECUESTRO; que si el querellante quería oponerse a la ORDEN DE SECUESTRO, "debió recurrir a los medios y recursos consignados en la ley procesal para alegarlos ante este Tribunal y no escoger el proceso criminal para debatir una causa eminentemente de carácter judicial civil de aplicación e interpretación judicial, tal como lo determinó el pleno del Primer Tribunal Superior de Justicia en fallo del 27 de febrero de 2004,... desestimó los cargos disciplinarios en nuestra contra, bajo el criterio que el quejoso, antes de recurrir a cualquier vía contra este J., debía agotar los trámites previstos para la apelación contra el Auto No. 48 de 10 de enero de 2003, lo cual no hizo y por ello desestimó su queja la cual contiene los mismos argumentos que se plantean en esta querella criminal" (fs. 3,674-3,675, t.VI). Además , señala que el Auto No. 48 de 10 de enero de 2003, de ninguna manera se desprende orden de lanzamiento en contra de los ocupantes del inmueble; que los querellantes señalan que algunos bienes se han perdido, pero advierte que en el año 2002, R.N.Y.S.N. habían sido designados DEPOSITARIOS JUDICIALES de los bienes muebles que estaban dentro del inmueble que en el año 2003 fue objeto de la DILIGENCIA DE SECUESTRO, ordenada mediante Auto No. 48 de 10 de enero de 2003, por lo que ese cargo se basa en apreciaciones subjetivas y que no se ajustan a la realidad procesal, porque, incluso, estos depositarios designados "...nunca han presentado informe alguno de su actuación como tales..." (fs.3,675-3,676, t.VI).

En esta DECLARACIÓN por MEDIO DE CERTIFICACIÓN JURADA, el LICENCIADO J.I.E. también señala que no incurrió en el DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, por considerar que de la lectura de los artículos 11 y 15 de la Ley No 25 de 1995, se desprende la excepción que consiste en que se puede impugnar la transferencia de bienes en favor de una FUNDACIÓN, esa transacción se realice en fraude de los acreedores.

También niega la comisión del DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, porque la diligencia que ejecutaba el SECUESTRO CONTRA LA FUNDACIÓN FIRMAMENTO, estaba respaldada por una orden judicial, que no se puede considerar como un acto de un grupo organizado para la comisión de delito alguno (f.3,679, t.VI).

Respecto al cargo del DELITO DE HURTO, expresa que los hechos no ocurrieron en los términos expuestos en la querella, porque no se procedió de manera ilegal en la diligencia de secuestro, y niega que del inmueble se hubiesen sustraído bienes muebles o joyas existentes en dicho lugar (f. 3,681, t. VI).

En cuanto al DELITO DE USURPACIÓN , sostiene que la parte querellante no ha podido acreditar que se expresaron supuestas frases amenazantes durante la diligencia de secuestro practicado el día 24 de enero de 2003, y que es cierto que hubo "... presencia de unidades de la policía nacional en la diligencia... ello se da en función de lo que permite la ley...." (f.3,681, t.VI). Y en relación con el DELITO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO, considera que "la orden de allanamiento dictada en contra de la Fundación Firmamento está respaldada en la ley procesal..." (F, 3,682, t.VI).

Concluye que "Todos los señalamientos que realiza el querellante en nuestra contra no se enmarcan, a nuestro juicio, dentro de ninguna de las faltas penales contenidas en el Código Penal... Dichos cargos, más que nada, se refieren a las actuaciones procesales que hemos adelantado dentro de un proceso ordinario..." 8f. 3,683, t.VI).

El AUTO DE SOBRESEIMIENTO CONSULTADO decreta el SOBRESIEMIENTO PROVISIONAL, OBJETIVO E IMPERSONAL dentro de la QUERELLA formulada en contra del JUEZ ESCOBAR, por la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD (art.336), ASOCIACIÓN ILÍCITA (art.242), HURTO (num. 6, art. 186), USURPACIÓN (art. 197), y VIOLACIÓN DE DOMICILIO (arts. 163 y 165),los que se pasan a examinar de inmediato.

  1. EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD DEL ARTÍCULO 336 DEL CÓDIGO PENAL.

    De acuerdo con los artículos 2464 y 2467, ambos del Código Judicial, el que promueva querella o denuncia contra servidores públicos por la comisión del delito de abuso de autoridad, debe aportar la prueba sumaria de su relato, pues en caso contrario, se ordenará el archivo de la misma. El delito de abuso de autoridad se encuentra en el artículo 336 del Código Penal, cuyo texto es el siguiente:

    "Artículo 336: El servidor público que, con abuso de su cargo ordene o cometa en perjuicio de alguna persona cualquier hecho arbitrario no clasificado especialmente en la ley penal, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses o de veinticinco a setenta y cinco días-multa" .

    Sobre este delito, la Jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha señalado que:

    "Hay dos maneras de abusar, con ocasión de las funciones, que es cuando el funcionario tiene facultad legal para ejecutar el acto, pero lo hace indebidamente; o excediéndose en el ejercicio de sus funciones, que es cuando el acto escapa a las atribuciones del funcionario, convirtiéndose en un hecho excesivo que la ley no autoriza, pero en una u otra conducta es obligante que concurra la intención dolosa por parte del funcionario de querer la realización del hecho punible" (Sentencia de 22 de octubre de 1992. Registro Judicial de octubre de 1992. P.. 245-246.)

    El artículo 336 citado exige la intención dolosa del funcionario público, es decir, la voluntad de realizar la conducta que enmarca el hecho punible. Cabe destacar que el dolo está compuesto por un elemento volitivo y otro cognoscitivo. El artículo 31 del Código Penal establece que: "Obra con dolo quien quiere la realización del hecho legalmente descrito...", de donde se desprende que se toma en cuenta el elemento volitivo, y que presupone, de parte del agente activo, la prestación del consentimiento necesario para la ejecución del acto. La norma penal en mención extiende la presunción legal de dolo al caso de "quien lo acepta, previéndolo por lo menos como posible", esto alude al conocimiento de la posibilidad del resultado y a la aceptación, por el agente, de la responsabilidad eventual dimanante de la realización del hecho, situación esta de donde surge el denominado "dolo eventual".

    Como se dijo, corresponde examinar la conducta del LICENCIADO J.I.E., en su condición de JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

    Consta en el expediente el ACTA DE TOMA DE POSESIÓN del Licenciado J.I.E. del cargo de JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO RAMO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ (f.114, t.I).

    El artículo 1534 del CÓDIGO DE COMERCIO señala "... el Juez del Circuito en que el deudor tenga su domicilio", es competente para conocer de los procesos de QUIEBRA. Esta competencia es corroborada por la jurisprudencia de la Sala de lo Civil al manifestar que "... los procesos de quiebra... son de competencia de los Jueces de Circuito, Ramo Civil..." (Resolución de 6 de noviembre de 1998. M.P.J.A.T.).

    La DEMANDA DE QUIEBRA formalizada por la APODERADA JUDICIAL del BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ S.A, advierte que las siete personas jurídicas y las tres personas naturales demandadas, tenían su domicilio comercial en el Edificio OFFICE, Primer Alto, Avenida R.J.A., del Distrito de Panamá, correspondiendo entonce la competencia de esta causa al JUEZ DE CIRCUITO ACUSADO (fs.749-760, t.II).

    El JUEZ QUERELLADO, mediante auto No. 48 de 10 de enero de 2003, DECRETÓ el SECUESTRO, ALLANAMIENTO y DEPÓSITO de la finca No. 38774, rollo 5367, documento 1 de la sección de propiedad horizontal del Registro Público, provincia de Panamá, es decir, del APARTAMENTO No. 37 ubicado en el edificio P.H ROYAL PALACE, ubicado en el sector de Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá propiedad de la FUNDACIÓN FIRMAMENTO, A PETICIÓN DEL CURADOR DE LA QUIEBRA (fs.19-21).

    Estos antecedentes indican que el JUEZ QUERELLADO tenía competencia para DECLARAR LA QUIEBRA de los demandados, y también TENÍA FACULTAD LEGAL para EMITIR EL AUTO DE SECUESTRO No. 48 de 10 de enero de 2003 dentro del proceso de QUIEBRA en mención, ya que tenía la condición de JUEZ CIVIL en el CIRCUITO JUDICIAL en el que los quebrados tenían domicilio comercial.

    También es importante anotar que las pruebas allegadas al cuaderno penal no indican que el JUEZ QUERELLADO emitió el AUTO DE SECUESTRO No. 48 de 10 de enero de 2003 excediéndose en el ejercicio de sus funciones. La resolución en mención señala que esa medida cautelar tiene su fundamento en los artículos 533 y el numeral 1 del artículo 1823 del Código Judicial, los que, respectivamente, dicen lo siguiente:

    Para evitar que el proceso sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que posea, el demandante podría pedir, antes de presentada la demanda o después de presentada, en cualquier estado del proceso ya sea ordinario o especial, el depósito de ellos en manos de un depositario que nombrará el tribunal

    "Son atribuciones del curador:

    1. Representar al concurso en proceso y fuera de él, defendiendo sus derechos y ejerciendo las acciones y excepciones que le competan, para lo cual está exonerado de afianzar costas".

    Esta normativa legal con la que el JUEZ QUERELLADO fundamentó el AUTO DE SECUESTRO No. 48 de 10 de enero de 2003, indican que el CURADOR de la QUIEBRA había acreditado que el APARTAMENTO No. 37 ubicado en el edificio P.H ROYAL PALACE, sector de Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá, era un inmueble que estaba relacionado con uno de los quebrados, por lo que el J. debía garantizar los resultados del proceso ordinario de quiebra.

    Al momento de emitir el AUTO DE SECUESTRO No. 48 de 10 de enero de 2003,el JUEZ QUERELLADO consideró que le asistía el derecho al CURADOR DE LA QUIEBRA. Para defender sus derechos fundamentales, el apoderado judicial de R.N. formalizó la ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO DE GARANTÍAS en contra del AUTO DE SECUESTRO y la DILIGENCIA de SECUESTRO ejecutados sobre el inmueble en el que habitaba. Mediante resolución de 22 de abril de 2003, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL desestimó algunas violaciones al debido proceso que advirtiera el amparista, por ocasión de la orden de secuestro en contra del inmueble en el que habitaba R.N.. En relación con la insecuestrabilidad e inembargabilidad de los bienes de Fundaciones de Interés Privado expresó que:

    "Es cierto... que los bienes de las Fundaciones de Interés Privado son insecuestrables, conforme el artículo 11 de la Ley 25 de 12 de junio de 1995, salvo circunstancias excepcionales consagradas en dicha norma y también es cierto que la Finca secuestrada es propiedad de una Fundación de Interés Privado. E igualmente es cierto que si un bien no puede ser secuestrado, por existir una prohibición legal, el secuestro decretado contra un bien de propiedad de una Fundación debe ser considerado prima facie ilegal y debe revocarse. Sin embargo, a juicio de este Tribunal de Amparo, tal circunstancia la debe hacer valer la afectada, la FUNDACIÓN FIRMAMENTO, a través... de un recurso de apelación, en el cual podrá revisarse con vista de la demanda si en el proceso al cual accede el secuestro se dan o no las circunstancias excepcionales a que alude el mismo artículo 11 de la Ley 25 de 12 de juno (sic) de 1995, a saber: por obligaciones incurridas, o por daños causados con la ejecución de los fines u objetivos de la fundación, o por derecho legítimos (sic) de sus beneficiarios" (fs. 578-579, t.I. El énfasis es nuestro).

    En cuanto a la inclusión o no de la FUNDACIÓN FIRMAMENTO o de RAJESH NANDWANI en el proceso de QUIEBRA, el TRIBUNAL SUPERIOR expresó que:

    "Respecto al argumento de que la FUNDACIÓN FIRMAMENTO ni R.N. no han sido declarados en quiebra, debe señalarse que si bien lo anterior es cierto, ello no impide que el Curador de la Quiebra presente una medida cautelar consignando fianza de perjuicios para asegurar los resultados de un Proceso que interpondrá en representación de la quiebra contra la FUNDACIÓN FIRMAMENTO..." (f.579, t.I. El énfasis es nuestro).

    En cuanto a la competencia del JUEZ DE CIRCUITO DEMANDADO para conocer de la medida cautelar de SECUESTRO, el Tribunal en mención manifestó que:

    "En relación al planteamiento de la apoderada de la amparista de que el Juez demandado no es competente para conocer de la medida cautelar de secuestro solicitada, ya que la medida cautelar acusada debe ser solicitada en un proceso separado y no dentro de los cuadernillos de la quiebra... y que por ello debió someterse a reparto... ello no implica que el Juez demandado no sea competente para conocer de dicha acción de secuestro y de la demanda ordinaria, ya que el artículo 1791 del Código Judicial dispone que el proceso de Quiebra es Universal y que a él se deben acumular todos los procesos civiles... salvo el caso de acreedores reales quienes podrá ejecutar fuera de la quiebra y ante otro tribunal..." (F.580, t.I).

    Sin embargo, a través de la resolución de 22 de abril de 2003, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL advierte de algunas actuaciones del Juzgado de Circuito Civil, que vulneraron EL DEBIDO PROCESO, y que a su vez ocasionó la infracción del derecho a la propiedad, ya que no se le permitió al amparista que pudiera retirar los bienes muebles que se encontraban dentro del inmueble secuestrado (f. 584, t.I); del derecho a la inviolabilidad del domicilio, ya que se ordenó el allanamiento del inmueble, pero no se decretó el secuestro de la administración o de los muebles que se encontraban en el lugar, además que se procedió a lanzar a los inquilinos del inmueble, sin juicio previo de lanzamiento (fs. 581-582;f. 585 t.I)); y del derecho a la correspondencia, porque en la diligencia de secuestro se ocuparon y se examinaron documentos privados y la correspondencia del amparista (f. 585, t.I)

    En ese sentido, el TRIBUNAL SUPERIOR mediante la resolución de 22 de abril de 2003 CONCEDIÓ Y REVOCÓ el Auto No. 48 de 10 de enero de 2003 que decretó el SECUESTRO y la DILIGENCIA de EJECUCIÓN DEL SECUESTRO realizada el 24 de enero de 2003, emitidas por el JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE CIRCUITO DE LO CIVIL.

    La realidad de los autos del referido proceso de quiebra claramente revela, en primer lugar, que, a petición de la parte demandante, representada por el CURADOR DE LA QUIEBRA, se libró secuestro sobre un bien inmueble presumiblemente de propiedad de uno de los quebrados, y que era habitado por RAJESH NANDWANI.

    Sin embargo, en el expediente se encuentra consignado que se está pendiente el debate sobre la legalidad o no de afectar los bienes de la FUNDACIÓN FIRMAMENTO mediante una acción precautoria de secuestro a través de las excepciones que formula la Ley No 25 de 12 de junio de 1995, que regula las Fundaciones de Interés Privado. Y además se encuentra pendiente en este proceso ordinario de quiebra prosperen los medios de impugnación que la Ley conceda para ese fin, para que la Fundación en mención libere sus bienes en derecho.

    Y en cuanto a los actos de que fue objeto RAJESH NANDWANI, es importante destacar que la resolución de 22 de abril de 2003 proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, establece un análisis sobre la infracción del principio constitucional del debido proceso, y que ocasionó la violación del derecho a la propiedad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, y el derecho a la correspondencia del agraviado. La jurisprudencia del Pleno de la Corte ha manifestado que "...el debido proceso se integra con los derechos a obtener la tutela jurisdiccional, de ser juzgado por Tribunal competente, independiente e imparcial preestablecido en la Ley, permitir la bilateralidad y contradicción, aportar pruebas en su descargo, obtener una sentencia de fondo que satisfaga las pretensiones u oposiciones, utilizar los medios de impugnación legalmente establecidos, y que se ejecute la decisión jurisdiccional proferida cuando ésta se encuentre ejecutoriada. Además de que los derechos reclamados puedan en el momento de dictarse sentencia, ser efectivos. Forma también parte del núcleo de la garantía que el Tribunal, para proferir su decisión, satisfaga los trámites procedimentales que sean esenciales, es decir, en adición a aquellos que han sido destacados, los que, en general, de restringirse de manera arbitraria o de negarse, producen en el afectado una situación de indefensión".

    El proceso está constituido por una serie de elementos dirigidos a asegurar la efectiva o adecuada defensa de las partes en el mismo. Si se vulnera alguno de estos a tal punto que afecta la posibilidad de las parte de defender efectivamente sus derechos, la consecuencia es que el TRIBUNAL DE AMPARO, sancione el acto atacado con la nulidad constitucional.

    En consecuencia, la resolución de 22 de abril de 2003 proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, acredita la violación del debido proceso porque el juzgador desconoció o pretermitió trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conllevaron a la indefensión de los derechos del agraviado.

    Si bien los errores de procedimiento advertidos por el TRIBUNAL SUPERIOR fueron atendidos resolviendo la nulidad de algunas actuaciones ordenas por el JUEZ ACUSADO, a criterio de la Sala no permite dar por sentado de manera fehaciente que se infringieron bienes jurídicos protegidos penalmente y que demanda en esta oportunidad el querellante, como consecuencia de las actuaciones de la autoridad judicial cuestionada.

    Luego del examen de los antecedentes del caso, la Sala no encuentra, por el momento, razón para determinar que por haber decidido el TRIBUNAL DE AMPARO que las órdenes impartidas por el JUEZ DE CIRCUITO ACUSADO para ejecutar la petición de secuestro formulada por el CURADOR DE LA QUIEBRA, vulneraron varias normas constitucionales por no cumplir con el procedimiento establecido para tal fin, y ello no implica ni segura que el JUEZ QUERELLADO actuó de manera dolosa al dictar indebidamente la resolución judicial que decretaba el SECUESTRO, toda vez que su actuación, como es su deber, se fundamentó en los aspectos de hechos y de derecho que le asistía al CURADOR DE LA QUIEBRA, quien requería una declaración judicial cautelar de índole provisional, mientras se determina con absoluta certeza, que los resultados de la QUIEBRA quedarán debidamente asegurados y no resulten ilusorios. Tal afectación es por su naturaleza, una de las principales implicaciones de las medidas cautelares.

    Ante este panorama, resulta en derecho confirmar la resolución judicial sometida a consulta, toda vez que las pruebas acumuladas en el expediente no permiten a esta Corporación comprobar fehacientemente la comisión del hecho punible en perjuicio de la Fundación ya citada, por el delito de abuso de autoridad. El material probatorio allegado a este cuaderno no indican una actuación abusiva del juez acusado, ejecutadas de manera dolosa, o que cometió en perjuicio de los querellantes un hecho arbitrario no clasificado especialmente en la ley penal, ya que, por el momento, la decisión judicial que cuestionan los querellantes, se basó en el deber legal de administrar justicia. Visto lo anterior, puede afirmarse que no se logra determinar que el JUEZ ACUSADO actuó con dolo, con la intención de producir un resultado típicamente antijurídico con conocimiento de las circunstancias de hecho que se ajustan al tipo de abuso de autoridad, y que su conducta es el resultado de un cambio en el mundo exterior con conciencia y voluntad de realizar el acto delictivo.

  2. EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA

    La disposición legal que el querellante considera que el JUEZ ACUSADO ha infringido corresponde al artículo 242 del Código Penal vigente, cuyo texto es del siguiente tenor:

    "Cuando tres o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada, por ese solo hecho, con prisión de 1 a 3 años. Cuando la asociación sea para cometer delitos de homicidio doloso, robo, secuestro y tráfico de armas, la sanción será de 5 a 7 años.

    A los promotores, jefes o dirigentes de la asociación ilícita, les será aumentada la sanción en una cuarta parte".

    Este ilícito penal requiere de la intervención de tres o más sujetos, que tengan como propósito llevar a cabo la comisión de hechos delictivos. Para que concurra este delito es necesaria que la unión de varias personas organizadas de forma duradera y permanente cuyo propósito es la consecusión de determinados fines ilícitos.

    En el proceso ordinario de quiebra, J.I.E. actuaba en su condición de JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, y mediante AUTO No. 48 de 10 de enero de 2003, DECRETA el SECUESTRO de la finca No. 38774, rollo 5367, documento 1 de la sección de propiedad horizontal del Registro Público, provincia de Panamá, propiedad de la FUNDACIÓN FIRMAMENTO, y ORDENA el allanamiento y depósito de la finca en cuestión (fs.19-21). Como se ha dicho en líneas anteriores en la DILIGENCIA DE SECUESTRO del bien inmueble, el J. en mención designó a M.A.O.L. en calidad de ALGUACIL EJECUTORA, y a M.L.C. en su condición de DEPOSITARIA DE LA PARTE ACTORA.

    Ciertamente, el JUEZ QUERELLADO ordenó que se efectuara la DILIGENCIA DE SECUESTRO, y en la que intervinieron otras personas. Pese a esa pluralidad de personas en la ejecución de esa diligencia judicial, en autos no se desprende que el Licenciado ESCOBAR, tuviese la intención de constituir una asociación ilícita, en participación de otras personas, formando una organización, con carácter de permanencia con el fin de realizar una cantidad indeterminada de delitos.

    Las piezas probatorias que hasta ahora han sido allegadas al cuaderno penal, no indican que la DILIGENCIA DE SECUESTRO autorizada por el Licenciado ESCOBAR, es una prueba de la intención delictiva de ejecutar de manera permanente y una reiterada pluralidad de delitos, lo que es requisito esencial para que se configure el tipo penal de la asociación ilícita.

    El hecho que sea un tipo penal de mera conducta, no implica que la asociación ilícita se configura por el simple agrupamiento de tres o más sujetos, en este caso de varios servidores judiciales y otros particulares que intervenían en una diligencia judicial, porque también requiere que se acredite que esa asociación es el resultado de un concierto o acuerdo con la finalidad de cometer indeterminados delitos, independientemente de que se hayan cometido o no.

    Por estas razones, esta Superioridad considera que las piezas probatorias que hasta el momento han sido incorporadas al expediente, tampoco acreditan la comisión del delito de asociación ilícita.

  3. EL DELITO DE HURTO DEL NUMERAL 6, ARTÍCULO 184 DEL CÓDIGO PENAL.

    El artículo 181 del Código Penal establece el tipo básico del delito de hurto como el apoderamiento de una cosa mueble ajena, sin consentimiento del dueño. De esa norma legal se desprende que son elementos constitutivos del delito de hurto: a)La acción de apoderamiento, b) el objeto material constituido por una cosa mueble, c) la ajeneidad de la cosa mueble, d) la cosa mueble debe tener un valor económico, e) el ánimo de lucro.

    El apoderado judicial de los querellantes sostiene que, tras la dictación del AUTO DE SECUESTRO No. 48 de 10 de enero de 2003 y la DILIGENCIA DE DEPÓSITO del inmueble propiedad de la FUNDACIÓN FIRMAMENTO, se ha cometido el siguiente tipo penal delictivo:

    "ARTÍCULO 184: La sanción será de 30 meses a 6 años de prisión en los siguientes casos de hurto:

    1. Si el hecho lo comete el autor fingiéndose agente de la autoridad;

    2. " (El énfasis es nuestro).

      El numeral 6 del artículo 184 tipifica el hurto calificado cuando tal apoderamiento lo comete el sujeto que finja ser agente de la autoridad. A manera de ejemplo, el artículo 310 de la Constitución Nacional establece, entre otros aspectos, que son "... agentes de la autoridad..." , todos los miembros de los "servicios de policía" de la República de Panamá.

      Esta Superioridad considera que en los antecedentes del caso no constan ni demuestran que el JUEZ ACUSADO, durante el trámite procesal de SECUESTRO y DEPÓSITO DEL INMUEBLE de la Fundación en mención, ejecutó algún acto para hurtar bienes muebles, fingiendo ser agente del orden público. Incluso, del libelo de querella (f.8, t.I) se desprende que el apoderado judicial de los querellantes dirige ese cargo penal contra la Licenciada M.L.C., ".. actuando, simulando o fingiendo ser agente de la autoridad procedió a recibir las llaves del apartamento y todos los bienes muebles... que habían dentro... del inmueble y apoderándose de todo el inventario de muebles que estaban bajo su responsabilidad...". No obstante, y como se dijo en líneas anteriores, esta Superioridad carece de competencia para atender la situación jurídica de MARTA LUCÍA CAÑOLA.

      Con este criterio, se concluye que hasta el momento las pruebas que se han incorporado al proceso, no demuestran que el Licenciado ESCOBAR, ejecutó o desplegó alguna conducta que se subsuma en el tipo penal del delito de hurto calificado del numeral 6 del artículo 184 del Código Penal.

  4. EL DELITO DE USURPACIÓN QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 197 DEL CÓDIGO PENAL.

    El artículo 197 del Código Penal consagra el siguiente tipo penal delictivo:

    "Artículo 197. El que por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despoje a otro de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y de 50 a 200 días multa"

    Esta norma penal contiene una de las formas calificadas de la usurpación que se denomina USURPACIÓN MEDIANTE DESPOJO, cuyo bien jurídico es la protección de la propiedad inmueble, el dominio, otros derechos reales (uso, usufructo, habitación, servidumbre, anticresis), y también la mera tenencia o posesión.

    Desde una perspectiva doctrinal, el DESPOJO "... tiene el sentido de quitar, de sacar de la ocupación o impedir la ocupación del inmueble, total o parcialmente. Por ende tanto puede haber despojo desplazando al sujeto pasivo o impidiéndole que el sujeto pasivo realice actos propios de la ocupación que venía ejercitando" (DONNA, E.A.. Delitos contra la propiedad. Editorial Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires. 2001.pág. 733)

    El tipo penal en estudio indica que los métodos para ejecutar y lograr el despojo son la violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad (p. e. que el poseedor ignora los actos tendientes al despojo), y que deben ejecutarse de manera dolosa.

    Según el querellante, este delito está demostrado con la DILIGENCIA DE SECUESTRO de 24 de enero de 2003 (fs. 22-25, t.I), la que señala que R.N. fue sacado del inmueble propiedad de la FUNDACIÓN FIRMAMENTO (fs. 8-9, t.I).

    Es necesario recordar que el JUEZ ACUSADO, mediante AUTO No. 40 de 10 de enero de 2003, ordenó el SECUESTRO del bien inmueble propiedad de FUNDACIÓN FIRMAMENTO, el INVENTARIO de bienes por parte de la ALGUACIL EJECUTORA, el ALLANAMIENTO Y DEPOSITO del INMUEBLE a la DEPOSITARIA (fs.20-21). Con base en esa resolución judicial, LA ALGUACIL EJECUTORA realizó la DILIGENCIA DE SECUESTRO (fs. 22-25).

    A juicio de la Sala, las pruebas allegadas al cuaderno penal indican que el JUEZ ACUSADO no efectuó la conducta de DESPOJAR del bien inmueble, ya citado, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad o que tenía la intención de despojar a otro de la posesión, tenencia o del ejercicio de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble, en este caso del APARTAMENTO No. 37 ubicado en el edificio P.H ROYAL PALACE, en el sector de Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá propiedad de la FUNDACIÓN FIRMAMENTO, y en el que habitaba R.N.; porque la actuación del juez responda a los procedimientos o trámites dentro de un proceso ordinario civil que reconoce LA LEY, del que era competente conocer, y en el que el CURADOR DE LA QUIEBRA solicitó la APLICACIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR SOBRE UN BIEN INMUEBLE, para garantizar los fines del proceso que ventilaba.

  5. EL DELITO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 163 y 165 DEL CÓDIGO PENAL.

    Como cuestión previa en este aspecto, el artículo 26 de la Constitución Nacional, establece, como principio básico, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, con sus respectivas excepciones. Esta norma constitucional expresa que:

    "El domicilio o residencia son inviolables. Nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato o escrito de autoridad competente y para fines específicos, o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres.

    Los servidores públicos de trabajo, de seguridad social y de sanidad pueden practicar, previa identificación, visitas domiciliarias o de inspección, a los sitios de trabajo con el fin de velar por el cumplimiento de las Leyes sociales y de salud pública" (El énfasis es nuestro).

    Entre las disposiciones penales que protegen este derecho constitucional, se encuentran los artículos 163 y 165 del Código penal, que a la letra dicen:

    Artículo 163: El que entre en morada o casa ajena o en sus dependencias, sea contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, sea clandestinamente o con engaño, será sancionado con prisión de 6 a 20 meses y hasta 30 días multa.

    La misma sanción se impondrá al que permanezca en tales lugares contra la voluntad expresa de quien tenga derecho a excluirlo o al que se establezca en los mismos clandestinamente o con engaño.

    La sanción será de 1 a 3 años y de 30 a 100 días multa si el hecho fuere cometido con fuerza en las cosas, violencia en las personas, con armas o por dos o más personas

    "Artículo 165: El servidor público que allane la morada, casa o lugar de trabajo, sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ésta determina, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y hasta 30 días multa" (el énfasis es nuestro).

    El artículo 163 ibidem, contiene el tipo básico delictivo de violación de domicilio, y que protege el lugar donde la persona realiza sus actividades, personales, familiares, sociales, de modo regular, donde puede ejercer su personalidad con más intimidad. Además de la morada o casa ajena, el artículo 163 en cuestión protege además sus dependencias, es decir, el "...solar o jardín contiguo a las habitaciones propiamente dichas... Las dependencias son... obras o lugares que dependen de la habitación, que tributan a esta, aunque queden a alguna distancia de ella" (PÉREZ ,L.C.. Derecho Penal. Tomo IV. Editorial Temis.1990. pág. 371-372).

    El verbo rector del tipo penal del artículo 163 lex cit, es el de entrar en morada o casa ajena o sus dependencias, y sanciona tres modalidades o formas para entrar en la casa ajena: a) contra la voluntad expresa o presunta de la persona encargada o facultada para adoptar esa decisión, b) cuando se lleva a cabo en forma clandestina (de manera oculta), c) o haciendo uso de engaño.

    En tanto, el artículo 165 del Código Penal establece el TIPO CALIFICADO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO, sanciona al servidor público que efectúe una allanamiento de morada, casa o lugar de trabajo, sin las formalidades prescritas por la ley. De acuerdo a la doctrina patria, "... tiene como sujeto activo a un servidor público especialmente en los casos de allanamiento o inspección ocular sin ajustarse a las exigencias que la ley señala o en acto arbitrario, sin tener facultad para hacerlo" (GUERRA de VILLALAZ, A.E.. Derecho Penal. Parte Especial. Editorial M. &P.. Panamá. 2002. Pág. 71). Esta norma penal no exige del servidor público infractor que ejecute alguna de las tres modalidades o formas para entrar en la casa ajena, como si se requiere en el artículo 163, ya citado. Además, se trata de un delito doloso, lo que indica que es suficiente que el servidor público actúe con dolo eventual, es decir, que haya actuado de tal modo que, representándose como posible el resultado como consecuencia de su acción, consintiendo así la producción del mismo.

    Al revisar, nuevamente, el AUTO No. 48 de 10 de enero de 2003, con cual el JUEZ ACUSADO DECRETÓ el SECUESTRO de la finca No. 38774, rollo 5367, documento 1 de la sección de propiedad horizontal del Registro Público, provincia de Panamá, propiedad de la FUNDACIÓN FIRMAMENTO, y ORDENÓ el allanamiento y depósito de la finca en cuestión (fs.19-21), en conjunto con la DILIGENCIA DE SECUESTRO realizada el 24 de enero de 2003, al inmueble en mención, dirigido por la ALGUACIL EJECUTORA DEL JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ (fs.22-25,t.I)) y la DECLARACIÓN CERTIFICADA rendida por el LICENCIADO ESCOBAR(fs. 3,670-3,683 t.VI), esta Superioridad considera, hasta ahora, que las actuaciones de este servidor judicial no se adecuan a la ejecución de los delitos que comprenden los artículos 163 y 165 del Código Penal.

    En efecto, no se advierte que el JUEZ ACUSADO haya intervenido en el ingreso del inmueble antes citado, contra la voluntad expresa de quien tiene derecho a excluirlo, o de manera clandestina o engaño. Y tampoco está acreditado que el servidor público en mención, ordenó el allanamiento de propiedad, sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ésta determina.

    Estas conclusiones se basan en que el AUTO DE SECUESTRO y los hechos que plasma la DILIGENCIA DE SECUESTRO del inmueble, se ajustan a las normas legales sobre la aplicación de medidas cautelares. Así tenemos la regla que establece el numeral 9 del artículo 531 del Código Judicial, que a la letra dice:

    "9. El juez goza de poderes adecuados para adoptar las decisiones que fueren necesarias, sancionar en el acto al que estorbare la ejecución de la medida, con arreglo al artículo 1933 y empleará la fuerza pública si fuese necesario;" (el énfasis es nuestro).

    Cabe mencionar que el artículo 1933 al que remite el artículo citado, regula las sanciones imponibles a las personas responsables de desacato o inobservancia de las decisiones adoptadas por los tribunales judiciales.

    También es importante mencionar el numeral 3 del artículo 573 del Código Judicial que plantea lo siguiente:

    "El juez puede decretar mediante proveído de mero obedecimiento el allanamiento de los inmuebles, habitaciones, oficinas, predios establecimientos o de las naves y aeronaves particulares, y entrar en ellos aun contra la voluntad de los que los habitan u ocupen, en los casos siguientes:

    1. Cuando el mismo inmueble, establecimiento, nave o aeronave deban ser secuestrados, avaluados o entregados a determinada persona o cuando en ellos haya de practicarse una inspección judicial o un examen de peritos" (el énfasis es nuestro).

      Y en relación con el allanamiento a los inmuebles por ocasión de la ejecución de medidas cautelares, el artículo 575 del Código Judicial manifiesta que:

      "La resolución en que se ordene la práctica de alguna de las diligencias de que trata el artículo 573, lleva consigo la orden de allanamiento..." (el énfasis es nuestro).

      La normativa legal citada indica que el JUEZ ACUSADO, emitió actos LÍCITOS en contra de una propiedad que llevan consigo la orden de allanamiento, que podía utilizar la fuerza pública a través de unidades de la Policía, aún contra la voluntad de los que la habitan, por lo el ingreso al inmueble en el que habitaba R.N. se produjo conforme a los trámites legales. En conclusión, la conducta del servidor judicial en mención no se ajusta a los tipos delictivos que establecen los artículos 163 y 165 del Código Penal, y debemos señalar que, efectivamente, no existen suficientes elementos probatorios para acreditar que se ha conculcado las normas penales que protegen el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

      Tras el examen minucioso de este proceso penal, la Sala considera en derecho confirmar el sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal con relación a las sumarias instruidas por ocasión de la querella presentada en contra del LICENCIADO J.I.E., en su condición de JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, en atención al numeral 1 del artículo 2208 del Código Judicial, toda vez que los medios de prueba aportados no son suficientes para comprobar el hecho punible, aunado a que los hechos querellados tienen su origen en un PROCESO ORDINARIO CIVIL, que aún se mantiene pediente de resolver el fondo del asunto, por lo que es prudente prever la posibilidad de que, posteriormente, y dentro del término legal, se produzcan nuevas pruebas.

      Como quiera que esta Superioridad ha efectuado algunas enmiendas en la parte motiva del auto consultado en lo relativo a la querella en contra de M.A.O.L., M.L.C., es necesario hacer lo mismo en la parte resolutiva, por lo que se resuelve en los siguientes términos.

      Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto No. 155 de 29 de septiembre de 2004, proferido por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EN CUANTO A QUE MANTIENE el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, OBJETIVO E IMPERSONAL con relación a las sumarias instruidas en ocasión de la querella presentada en contra del LICENCIADO J.I.E., en su condición de JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, HURTO, USURPACIÓN y VIOLACIÓN DE DOMICILIO, en perjuicio de FUNDACIÓN FIRMAMENTO y RAJESH NANDWANI, Y REFORMA el auto No. 155 de 29 de septiembre de 2004, proferido por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, de la siguiente manera:

      1) DECLARA LA NULIDAD DEL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, OBJETIVO E IMPERSONAL en cuanto a la QUERELLA formalizada en contra de M.A.O.L., M.L.C., por la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, HURTO, USURPACIÓN y VIOLACIÓN DE DOMICILIO, en perjuicio de FUNDACIÓN FIRMAMENTO y RAJESH NANDWANI.

      2) SE INHIBE Y DECLINA la querella en contra de M.A.O.L., M.L.C. ante la esfera DE LOS JUECES PENALES DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

      D., notifíquese, y cúmplase.

      MIRTHA DEL CARMEN VANEGAS S.

      ROBERTO GONZALEZ R. -- GABRIEL E. FERNANDEZ

      MARIANO HERRERA (Secretario)