Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 21 de Marzo de 2013

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:21 de Marzo de 2013
Emisor:Primera de lo Civil
 
CONTENIDO

VISTOS: Ha ingresado a esta S., en grado de apelación, el expediente que contiene el Proceso de Limitación de Responsabilidad del Armador propuesto por ATUNERA CARIBE, S.A. propietaria de la M/N CARIBE TUNA, en virtud del recurso ordinario vertical promovido por el LIC. EDUARDO SEGURA, apoderado judicial sustituto de la señora M.B.C. y P.C.B., contra los Autos No.157 de 3 de julio de 2008 y No.39 de 28 de enero de 2009, dictada por el Segundo Tribunal Marítimo de Panamá, impugnaciones que fueron concedidas en los efectos suspensivo y devolutivo, según se aprecia a fojas 4103 y 4059, respectivamente. En el Auto No.157, visible a fojas 2875-2879, la Juez del Segundo Tribunal Marítimo de Panamá resolvió lo siguiente: "PRIMERO: R. en todas sus partes el Auto No.120 de treinta (30) de mayo de 2008 que fija la fecha de audiencia especial de impugnación del Derecho del Armador a solicitar la Limitación de Responsabilidad, en virtud de lo que ha sido expuesto en la parte motiva de la presente resolución. SEGUNDO: En su lugar RECHAZA DE PLANO POR EXTEMPORANEA la solicitud de impugnación de la firma VIVES & ASOCIADOS, apoderados judiciales de M.B.C., madre de P.C.B., en virtud de lo que ha sido expuesto en la parte motiva de la presente resolución". (fs.2875) El auto impugnado se sustenta en las siguientes consideraciones: "En primer lugar, ciertamente que el artículo 520 de la Ley de Procedimiento Marítimo, no hace diferencia entre acreedores conocidos y desconocidos. Su letra es clara al establecer que el término de diez (10) días corre para 'cualquier acreedor'. Sobre el particular, el artículo 9 del Código Civil señala que cuando el sentido de la Ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Dicho término del artículo 520, común para todos los acreedores, comienza a contarse a partir del día siguiente a la última publicación, la que se llevó a cabo el día veinticuatro (24) de abril de 2008, es decir que el primer día del término comenzó a correr el día veinticinco (25) de abril y el décimo día ocurrió el día cuatro (4) de mayo de 2008. Igual trámite de notificación posee el Auto que declara la apertura del concurso de acreedores privilegiados, regulado en el numeral 2 del artículo 529, respecto de la publicación en periódico y el término común para todos los acreedores. En segundo lugar, la situación procesal de la acreedora conocida, ante esta Jurisdicción Marítima, posee especiales connotaciones pues la misma es la actora del proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado, que se surtía ante el Primer Tribunal Marítimo de Panamá, en contra de la misma nave que es objeto de la limitación de responsabilidad. Es decir, que no se trata de una acreedora que se encuentra distante en otro país y ajena al devenir procesal que involucra a la mencionada nave. Consta en el proceso que desde el día 27 de diciembre de 2007, dicha acreedora conocida, había constituido como APODERADOS GENERALES a la firma VIVES & ASOCIADOS, mediante la escritura pública obrante a fojas 2380 a 2383, cuya cláusula segunda faculta a dicha firma para que 'represente y conteste a cualquier tipo de proceso contencioso o no contencioso, actuaciones o diligencias en que el poderdante deba intervenir directa o indirectamente ya sea como demandante o como demandado' y en la cláusula tercera se le facultó expresamente para las 'notificaciones' en los procesos judiciales de cualquier clase. Es por lo anterior que para esta juzgadora no existe razón alguna por la cual la acreedora conocida M.B. no pudiera concurrir dentro del término de diez (10) días contados a partir de la última publicación del edicto que admitió la demanda de limitación de responsabilidad, si la misma mantenía acción judicial contra dicha nave y además, poseía APODERADOS GENERALES inscritos en el Registro Público de Panamá desde el 8 de enero de 2008, como se observa en la certificación que obra a foja 2379. Por otro lado, esta juzgadora también observa que la presentación del mencionado poder general, ante este Tribunal, se produce el día veintiuno (21) de mayo de 2008, foja 2376, sin embargo, desde el día 6 de mayo del mismo año, ya este Tribunal le había comunicado al Primer Tribunal Marítimo de Panamá la orden de acumulación del proceso de esta acreedora M.B., al proceso de limitación de responsabilidad, lo que tampoco explica ese lapso en la comparecencia. Tampoco encontramos en nuestra Ley de Procedimiento Marítimo, nada que nos indique que a la acreedora conocida deba dársele un tratamiento distinto al del resto de los acreedores, en lo referente a los términos para recurrir. ... Este Tribunal considera que, en cuanto al término de diez (10) días para impugnar el derecho del armador a limitar la responsabilidad, según el artículo 520, el mismo comenzó al día siguiente de la última publicación a la que alude el artículo 519, fecha en la que además, según lo indica esa norma, 'quedan suspendidas todas las ejecuciones contra bienes del armador'. Es por todo lo anterior que revocamos el Auto No.120 de 30 de mayo de 2008 y en su lugar declaramos extemporánea la impugnación al derecho del armador a limitar su responsabilidad, formulada por la acreedora M.B.". (fs.2877-2879) Contra esta decisión, el LIC. EDUARDO SEGURA, apoderado judicial sustituto de la señora M.B.C. y P.C.B., sustentó oportunamente recurso de apelación,(fs.2970-2984) en el cual censuró el ejercicio oficioso de la Juez de primera instancia para revocar el Auto No.120, expresando como argumento de disconformidad, en síntesis, lo siguiente: "Como mencionamos anteriormente, en el Auto No.120 de 30 de mayo de 2008, la Señora Juez Segunda SUPLENTE señala que se ha comparecido en término para formular la impugnación y por ende fija fecha para Audiencia Especial de Impugnación. Esto es fácilmente verificable por la Alta Magistratura al contar el término desde la fecha de envío de la carta por correo (12 de mayo de 2008). Realmente, al no cumplirse de manera correcta y completa la notificación de la acreedora conocida, realmente la comparecencia de M.B. se hace de manera voluntaria iniciando a partir de ese momento cualquier término para realizar su derecho de contradicción y de defensa ante las acciones de ATUNERA CARIBE, S.A. El artículo 520 del Código de Procedimiento Marítimo dispone un término de diez (10) días contados a partir de la última publicación para que los acreedores desconocidos mencionados en el articulo 519 comparezcan a impugnar el derecho de limitación, sin embargo, la Juez Segunda Titular desconoce el hecho de que bajo el artículo 518 antes citado, nuestra representada no es un acreedor desconocido, sino todo lo contrario, prueba de ello es que se le notificó mediante carta remitida por correo, según dispone dicha norma (518). De lo anterior podemos concluir que estos argumentos de la Juez Titular A quo utilizados para revocar el Auto No.120 emitido por la Juez Suplente CARECEN de todo tipo de lógica y sentido, toda vez que la Acreedora CONOCIDA acudió en debido término a presentar su formal impugnación contra el proceso de Limitación interpuesto por los propietarios de la M/N CARIBE TUNA". (f.2982) Fundamentado en estos planteamientos es que la apelante solicita la revocatoria del Auto No.157, y se declare que se mantiene lo señalado en el Auto No.120 de 30 de mayo de 2008, y ordene al Segundo Tribunal Marítimo que fije nueva fecha de Audiencia Especial. CONTESTACIÓN Y OPOSICIÓN A LA APELACIÓN Por su parte, la firma DE CASTRO & ROBLES, apoderada judicial de S.J., S.L.J., LUZ ELENA DE L. y H.L., contesta la apelación manifestando que comparte los argumentos de la parte recurrente. (Ver foja 4116) En cambio, la firma MEDINA SOUSA & ASOCIADOS, apoderada judicial de ATUNERA CARIBE, S.A., fundamenta su oposición a la apelación interpuesta, (fs.4117-4118) basado en los siguientes hechos: "TERCERO: La facultad de corregir el proceso es clara para el Juez, a partir del artículo 78, con lo cual el Tribunal procedió en derecho a lo procedente. CUARTO: Por otro lado la parte recurrente pretende darle una interpretación diferente al artículo 523 y 524 de la LPM, toda vez que pareciera que estuviera manifestando que el acreedor conocido tiene un término diferente a los otros acreedores, sin que la disposiciones citadas así lo indicaran. QUINTO: Así tenemos que el artículo 525 expresa que: 'Dentro de los diez días siguientes a la última publicación, cualquier acreedor puede impugnar el derecho del armador a limitar su responsabilidad al igual que los valores que constituyen el fondo...'. SEXTO: Tal como se puede apreciar, el término es común para todos los acreedores y el mismo comienza a computarse al partir del día en que se originó la última publicación del periódico que trata el artículo 524. SEPTIMO: En ese sentido, el Tribunal de la causa actuó en estricta interpretación normativa declarando extemporánea la presentación del escrito de impugnación". (f. 4117-4118) Destacado lo anterior, le correspende a esta S. resolver la apelación incoada, estableciendo que el debate de alzada gravita en determinar si la impugnación al derecho del armador a limitar su responsabilidad, promovida por la apelante, fue presentada extemporáneamente o no. Examinada la situación procesal en disputa, esta Superioridad comparte el criterio de la apelante por cuanto la impugnación sí fue presentada en término oportuno. En este sentido, se debe aclarar que al existir acreedores conocidos sujetos a la limitación, a estos acreedores previamente identificados se les debe notificar de la demanda de limitación del armador, bajo los rigores que impone el artículo 518 de la Ley 8 de 1982, previo a la reforma legal del 2009, por ser la norma aplicable. Este artículo 518 dispone que "El Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, debe notificar inmediatamente, mediante carta certificada con aviso de recibo a los acreedores conocidos, sus agentes o representantes, de la apertura del proceso de limitación de responsabilidad, y las formalidades y requisitos a que se encuentran sujetos para la presentación de sus créditos". En el caso que los acreedores sujetos a limitación de responsabilidad del armador sean desconocidos, la Ley de Procedimiento Marítimo establece en el artículo 519, una manera especial de notificación al indicar que "La providencia que declara la apertura del proceso se notificará mediante edicto que se publicará durante cinco (5) días consecutivos en un diario de circulación nacional. A partir de la publicación del auto de apertura del proceso, quedan suspendidas todas las ejecuciones contra bienes del armador, originadas en las disposiciones sobre Limitación de Responsabilidad del Armador, contenido en el Capítulo I sobre Disposiciones complementarias de esta Ley". Dicho esto, entonces, debe esta Corporación dejar claro que todos los acreedores, una vez se les haya comunicado de la existencia de la demanda, tienen un plazo de hasta diez días para impugnar el derecho del armador a limitar su responsabilidad, según lo advierte el artículo 520 del Código de Procedimiento Marítimo. Considerar que el término para que los acreedores identificados puedan impugnar la limitación de responsabilidad que propone el armador, pueda correr previo a su notificación, que se produce con la "carta certificada con aviso de recibo", atenta contra el derecho fundamental que poseen los acreedores conocidos de contradecir una acción legal que puede surtir efectos contra su pretensión, ya que desconocerían su existencia. Asimismo, interpretar que los acreedores conocidos se notifican de la misma forma que los acreedores desconocidos, soslaya la razón lógica por la cual la Ley exige que con la demanda de limitación de responsabilidad se presente un listado de los acreedores conocidos sujetos a limitación, y que a dichos acreedores se les notifique inmediamente la apertura del proceso de limitación de responsabilidad, incluso de manera oficiosa por el Tribunal, derecho procesal que pretende garantizar la efectiva participación de dichos acreedores en este Proceso. Al respecto, esta Superioridad conviene precisar que no es que exista un término diferente para los acreedores conocidos, ya que el término siempre será de diez días; lo único que será distinto, dependiendo de si estamos en presencia de acreedores conocidos o desconocidos, es cuando comienza a correr el término para impugnar la limitación de responsabilidad que proponga un armador, que en ambos supuestos ocurre con su notificación. Por tal razón, siendo que la impugnación propuesta por la apelante fue presentada dentro del término legal concedido para ello, procede la revocatoria del Auto No.157, y en su lugar, confirmar lo resuelto en el Auto No.120 de 30 de mayo de 2008 y ordenar al Tribunal de primera instancia que fije nueva fecha de Audiencia Especial, para que determine la procedencia o no de la demanda de limitación de responsabilidad del Armador presentada por la representación judicial de ATUNERA CARIBE, S.A. En la otra resolución apelada, es decir, el Auto No.39 de 28 de enero de 2009, se accede a la solicitud de levantamiento de la M/N CARIBE TUNA y ordena al Secretario del Tribunal que tome las medidas del caso para el levantamiento. El Auto No.39, visible a fojas 3093-3097, se sustenta en un análisis al artículo 584 de la Ley de Procedimiento Marítimo, expresando que "tenemos pues que es viable la posibilidad del levantamiento del secuestro de cualesquier bien perteneciente a una persona de la cual haya sido constituida el fondo o cualquier fianza depositada a ese efecto en el Tribunal y como dicha circunstancia, es decir la constitución del fondo de la limitación está debidamente acreditado en el proceso a través de la fianza PMA/GB/600-08, de 19 de mayo de 2008, expedida a favor del Segundo Tribunal Marítimo de Panamá, por la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS BALBOAS CON 71/100 (US$1,315,532.71) en concepto de Limitación de la responsabilidad de la sociedad ATUNERA CARIBE, S.A., y se encuentra ejecutoriado y en firme el Auto No.78 de once de 11 de abril de 2008 que admite demanda por lo que no le resta más a la suscrita que admitir lo solicitado por la petente siendo que se cumple con lo dispuesto en las normas en comento y no tenemos objeciones que formular a la misma". (f. 3096) Contra esta decisión, el LIC. EDUARDO SEGURA, apoderado judicial sustituto de la señora M.B.C. y P.C.B., en apelación apreciable a fojas 3169-3182, refuta el criterio de la Juez de primera instancia porque el hecho de admitir la demanda de limitación de responsabilidad del armador y recibir el fondo que responda al pago del fondo de la limitación de responsabilidad del armador, "no implica de manera alguna que el secuestro haya que levantarlo, sino que debe existir un pronunciamiento de fondo que señale que existe un derecho o no a limitar su responsabilidad". (f.3172) Por ello, solicita la revocatoria del Auto No.39, y se mantenga vigente el secuestro sobre la M/N CARIBE TUNA. Por su parte, la apoderada judicial de ATUNERA CARIBE, S.A., se opone a la apelación, en escrito que rola a fojas 4075-4076, expresando que el Juzgado A quo "en atención al artículo 606 del Código de Procedimiento Marítimo, atendió claramente la disposición procesal que ordena la liberación del bien, una vez constituido el fondo". (f.4076) A efecto de decidir la alzada en comento, esta Corporación estima pertinente denotar que el derecho marítimo tiene características peculiares, entre las que se encuentra la limitación de la responsabilidad, en este caso del armador, donde se reconoce a éste la potestad de constituir un fondo con el cual hacer frente al monto de las reclamaciones que se presenten en determinada circunstancia, y que conforme a algunos sistemas se circunscribe al valor del buque (unidades de cuenta). En otras palabras, contrario al principio general que establece que el patrimonio del obligado responde por sus actuaciones y omisiones (indemnización de los daños y perjuicios que cause), en el ámbito marítimo se ha estatuido la limitación de responsabilidad del armador, que expone una porción de los bienes de éste a los riesgos propios de la actividad naviera, excluyendo a los restantes, afectando solamente lo que en la doctrina se conoce como "fortuna de mar"; se trata de restringir el monto de las obligaciones emergentes de un hecho que puede dar cabida al reclamo de un crédito, sin que ello se entienda como admisión de responsabilidad. Siguiendo esa línea de pensamiento, cabe acotar que existen diversos sistemas de limitación de responsabilidad, básicamente aquellos en los que se abandona el buque (especie) o su valor, y los que fijan sumas de acuerdo al tonelaje (forfatario), todos ellos tienen como propósito fundamental regular el monto máximo al que puede ascender una condena en perjuicio del armador, es decir, imponen un tope a la cuantía de la condena a favor de los acreedores, que no podrá superar el límite establecido, el cual se computará dependiendo del sistema vigente en la legislación de que se trate. En el negocio objeto de examen, se advierte que la apelación obedece a la medida cautelar decretada sobre la M/N CARIBE TUNA, cuyo levantamiento fue ordenado en virtud de la constitución de un fondo de limitación de responsabilidad del armador, en este caso por ATUNERA CARIBE, S.A., decisión de la que discrepa el apoderado judicial sustituto de M.B.C. y P.C.B., por estimar indispensable que previamente se decida si hay o no derecho a limitar la responsabilidad del armador. Al respecto, tomando en consideración la finalidad de la constitución de los fondos de limitación de responsabilidad en el ámbito marítimo, así como la legislación que regula la materia, esta S. estima que la decisión impugnada se ajusta a derecho, puesto que la aludida consignación, en términos generales, puede entenderse como una garantía de que existe y está a disposición del Tribunal el importe hasta el que podría ascender la condena, tratándose de una reclamación sujeta a limitación, razón por la cual, se impone el levantamiento del secuestro que recae sobre la nave. Y es que, el hecho de que el Tribunal de la causa reciba el fondo constituido por el armador, no implica que se acepte que éste tiene derecho a limitar su responsabilidad, pronunciamiento que deberá efectuar el Juzgador oportunamente ponderando las constancias de autos y el derecho aplicable. Acerca del tema debatido, conviene transcribir lo que el autor J.L.P.B., en la obra "Instituciones de Derecho de la Navegación Marítima", señala como uno de los efectos de la constitución del fonto de limitación de responsabilidad, de conformidad a lo normado en el Convenio de Londres de 1976. "Un segundo efecto, muy relevante, es que el fondo queda afectado exclusivamente a la satisfacción de los créditos frente a los cuales puede invocarse la limitación de responsabilidad. La impetración procesal del derecho a limitar produce la subrogación real de la cuantía o fondo de limitación en el lugar del buque, pudiendo el tribunal liberar toda garantía dada convencionalmente o impuesta ex lege (art.13.2). Después de la constitución del fondo de limitación, todo buque o cualesquiera otros bienes pertenecientes a una persona en nombre de la cual haya sido constituido el fondo, o cualquier fianza depositada a ese efecto, que hayan sido embargados o secuestrados dentro de la jurisdicción de un Estado parte para responder de una reclamación que quepa promover contra tal fondo, podrán quedar liberados mediante levantamiento ordenado por el tribunal u otra autoridad competente de dicho Estado. Esa liberación, que es con carácter general facultad potestativa y discrecional del órgano judicial que acordó el embargo, resulta obligatoria cuando la constitución haya tenido lugar en determinados lugares expresamente tasados en el artículo 13.2: en el puerto en que se produjo el acontecimiento o, si se produjo fuera de puerto, en el primer puerto en que después del mismo se haga escala; o en el puerto de desembarco respecto de las reclamaciones relacionadas con muerte o lesiones corporales; o en el puerto de descarga respecto de daños inferidos a cargamento; o en el Estado en que se efectúe el embargo." (p.324) En similar sentido se expresa L.B.M., en el libro "Curso de derecho de la navegación", al manifestar, con base en el derecho argentino, lo siguiente: "f) Derecho del armador o propietario frente a medidas cautelares. De acuerdo con el art.576, si un buque es embargado preventivamente o interdicto por cobro de uno de los créditos previstos por el art.177, créditos a los que alcanza el beneficio de la limitación, su propietario o armador puede solicitar el levantamiento de la medida otorgando fianza suficiente para cubrir el límite de responsabilidad establecida por el art.175, aunque éste, agrega la norma, sea inferior al importe del crédito reclamado más la cantidad presupuestada para costas, siempre que la limitación sea prima facie procedente. De acuerdo con esta norma, si un buque es embargado en forma preventiva por la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) y su valor más el de los fletes y créditos ganados durante el viaje en cuyo curso se produjo el hecho que dio lugar a la medida cautelar, ascendiera a setecientos mil pesos ($ 700.000), el embargo quedará sin efecto con el depósito o fianza de este último importe, pues el mismo circunscribiría la máxima responsabilidad eventual del armador o propietario. La inquietud legal parece plausible, pero no resulta fácil determinar en la tramitación de una medida cautelar si la limitación es o no, prima facie, procedente. ¿Qué ocurriría si a la postre no lo fuera? Pues, que el derecho del acreedor, al menos parcialmente, quedaría frustrado. Máxime si se tiene en cuenta que a causa del segundo párrafo del mismo art.576, haciendo extensiva esta garantía a créditos reclamados en otros juicios, originados en el mismo hecho y a los cuales también alcanzaría el beneficio de la limitación, el armador queda facultado para solicitar el sin efecto de las medidas cautelares adoptadas en tales juicios, sea contra ese buque o contra otros bienes de los cuales fuera titular. Los efectos de esta norma constituirán, en síntesis, un beneficio adicional en favor del armador, quien en el plano de las medidas cautelares podrá operar con las ventajas de una suerte de limitación condicional, con la particularidad de que no se ha abierto la instancia a los efectos de que los acreedores puedan impugnar concretamente el derecho a la limitación." (p.212-213) Vemos, entonces, que contrario a lo alegado por el apoderado judicial de las recurrentes, el levantamiento del secuestro decretado sobre la M/N CARIBE TUNA, es imperativo, de allí que deba mantenerse lo decidido en la primera instancia, específicamente en el Auto No.39. En mérito de lo expuesto, la SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dentro del Proceso de Limitación de Responsabilidad del Armador propuesto por ATUNERA CARIBE, S.A. propietaria de la M/N CARIBE TUNA, tramitado en el Segundo Tribunal Marítimo de Panamá, resuelve lo siguiente: 1. REVOCAR el Auto No.157 de 3 de julio de 2008, y en su lugar, mantiene la vigencia del Auto No.120 de 30 de mayo de 2008, y ordena al Tribunal de primera instancia a que fije nueva fecha de Audiencia Especial para resolver la demanda de limitación de responsabilidad presentada. 2. CONFIRMAR el Auto No.39 de 28 de enero de 2009. N., HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)