Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 7 de Agosto de 2015

Ponente:Harley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución: 7 de Agosto de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: En concepto de apelación, ingresa a la Corte Suprema de Justicia-Pleno, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, que la firma forense SUCRE, ARIAS & REYES, en representación del señor J.C.M., promueve en contra del Auto No. 1402 de 4 de septiembre de 2013 y el proveído de 28 de octubre de 2014, ambos dictados por el Juzgado Decimocuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. Una vez asignado el presente negocio mediante reglas de reparto, procede esta Corporación a resolver la presente súplica. DECISIÓN DEL TRIBUNAL A-QUO Mediante Resolución fechada 10 de febrero de 2015, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, NO CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales que, a través de apoderado legal, promueve el señor J.C.M., contra el Auto No. 1402 de 4 de septiembre de 2013 y el proveído de 28 de octubre de 2014, ambos proferidos por el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario incoado por el señor J.M.M.G., en contra de INMOBILIARIA PLATINUM CORP., y sus hermanos J.C.M. y M.E.M.. Es importante indicar, que la decisión cuyo contenido nos corresponde ponderar como Tribunal de segunda instancia, y que dispone NO CONCEDER la acción de tutela se sustentó en los siguientes motivos: "Observa este Tribunal que el acto acusado está contenido en el Auto No. 1402 del 4 de septiembre de 2013, fojas 141 a 142 y reverso, que en atención a la decisión del Primer Tribunal Superior, procedió a revisar el cómputo de los términos. La resolución del Primer Tribunal Superior, en cuestión dice: "REFORMAR el Auto No. 1851 del 30 de diciembre de 2011, proferido por el Juzgado Decimocuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Incidente de Nulidad de lo actuado presentado por J.M.M.G., dentro del Proceso Ordinario promovido por él contra INMOBILIARIA PLATINUM, CORP, J.C.M. y M.M. DE MEZQUITA, en el sentido de eliminar la frase "... y en consecuencia luego de notificada la presente resolución restablecer el cómputo de los términos que corren por ministerio de la Ley", de la parte resolutiva de dicho auto.". De lo expuesto, corresponde al juez de instancia, retrotraer el proceso para determinar el cómputo de los términos, y realizada esta operación determinar la presentación oportuna o no de las distintas pruebas aducidas por las partes. A lo anterior se suma que el numeral 10, del artículo 199 del Código Judicial, consigna la obligatoriedad que tienen los administradores de justicia de dictar de manera oficiosa las resoluciones de saneamiento que estimen oportunas, quedando las mismas sujetas a la interposición de los recursos que conceda la Ley para que se revaloren las actuaciones procesales. No es cierto, pues que el Primer Tribunal Superior en la Resolución de 20 de septiembre de 2012 ordenara la admisión de las pruebas, sino que ordenó verificar los términos y en función de ello, compete al juez de la causa determinar si las pruebas estaban aducidas en término o no. La Juzgadora para declarar la admisibilidad o no de las pruebas, primero verifica que se aduzcan en término, que cumplan con la solemnidad que corresponda; y posteriormente la admite y ordena la práctica (Artículo 783 del Código Judicial). En relación al proveído del 28 de octubre de 2014, que también ha sido objeto de censura, observa el Tribunal que el mismo no es una orden de hacer o no hacer, sino que es de mero trámite y ejecución precisamente del Auto No. 1402 del 4 de septiembre del 2013 en mención. Observa el Tribunal que no se endilga un señalamiento que acredite la existencia de una vulneración al proceso, girando la controversia sobre temas de legalidad que son ajenas a la censura constitucional. ... En base a lo expuesto, el censor constitucional ha presentado su acción contra dos resoluciones distintas, que si bien guardan relación entre sí, no mandan u ordenan a que se haga o deje de hacer algo que transgreda los derechos que la Norma Constitucional consagra." POSICIÓN DEL RECURRENTE En término legal y oportuno, el promotor constitucional, anunció y sustentó recurso de apelación, contra la decisión esgrimida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito, ya que se mantiene en la posición de que a través de las resoluciones impugnadas en amparo, sí se ha vulnerado el debido proceso contenido en el artículo 32 del Texto Constitucional, en concepto de violación directa por omisión, toda vez que le impide valerse de los medios pruebas que le permitan una mejor defensa en el proceso incoado en su contra. En primer orden subraya el censor, que la decisión recurrida en apelación, no responde a los motivos o cargos de infracción por él desarrollados en su demanda, ya que alega que es con ocasión de la acciones desplegadas por el Tribunal de la causa, que se ha producido una afectación grave a sus garantías constitucionales, como lo es, el derecho de defensa. Para una mejor comprensión de sus argumentos detalla, que es en virtud de que el demandante solicitó la corrección de la demanda de reconvención instada en su contra, que surge cierta incertidumbre en cuanto al cómputo de los términos comunes previstos en el artículo 1265 del Código Judicial, para la presentación de pruebas, contrapruebas y objeciones. Destaca, que aún cuando propusieron sus pruebas dentro del término legal, esto es, el día 21 de noviembre de 2011, fue a través de una providencia que, su libelo de pruebas, le fue devuelto por el propio Tribunal, bajo el concepto de que en su momento las podría volver a presentar, ya que los términos serían retrotraídos. Esta decisión que fue dictada, debido a pretermisiones presuntamente incurridas por el propio despacho judicial en cuanto al escrito de contestación de la demanda de reconvención presentado por su contraparte . Agrega el censor, que a través de la resolución impugnada (Auto No. 1402 de 4 de septiembre de 2013), la J. de instancia, pasado un año y medio después, procede a actuar como despacho saneador, para verificar los términos probatorios, declarando en ese sentido extemporánea y sin valor alguno, el segundo escrito de pruebas por ellos propuestos, esta vez presentado el día 6 de febrero de 2012. Una decisión, que subraya no comparte, ya que este escrito, al igual que el primero, fueron recibidos por el Tribunal de la causa, sin realizar ningún reparo en cuanto a que los mismos fueron presentados en destiempo. Frente a lo anterior replica el actor, que la decisión resulta injusta, ya que le vulneró su derecho de defensa y debido contradictorio, máxime cuando se advierte que el Primer Tribunal Superior de Justicia, a través de la resolución de 20 de septiembre de 2012, que resuelve en alzada un Incidente de nulidad propuesto por el demandante, admitió que el primer escrito de pruebas por ellos propuesto el día 21 de noviembre de 2011 y, que le fue devuelto por el Tribunal de la causa, sí fue presentado en tiempo. Atendiendo a esta consideraciones, solicita el recurrente que previa revocatoria de la resolución fechada 10 de febrero de 2015, se conceda la acción de amparo por ellos propuesta, específicamente contra la orden impartida en el punto segundo de la parte resolutiva del Auto No. 1402 de 4 de septiembre de 2013 y el proveído de 28 de octubre de 2014, donde se declara extemporáneo y sin valor alguno el libelo de pruebas de 6 de febrero de 2012 y ordena incorporarlo al expediente bajo numeración corrida, respectivamente. II. ACTOS QUE SE DEMANDAN EN AMPARO Es de lugar indicar, que los actos que se impugnan como contrarios al debido proceso, y que de antemano debemos señalar guardan conexidad, ya que uno de ellos es consecuencia de la orden impartida por el otro, fueron dictadas por el Juzgado Decimocuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y se identifican como el Auto No. 1402 de 4 de septiembre de 2013 y el proveído fechado 24 de noviembre de 2014, donde se dispuso lo siguiente: 1. Auto No. 1402 de 4 de septiembre de 2013. "En mérito de lo anteriormente expuesto, la suscrita J. Decimocuarta de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en el proceso ordinario propuesto RESUELVE: PRIMERO: DECLARA CON VALOR el libelo de contestación de la demanda de reconvención consultables a fojas 67-70 del expediente. SEGUNDO: DECLARA EXTEMPORÁNEO Y SIN VALOR ALGUNO el libelo de pruebas de la parte demandada presentado el día 6 de febrero de 2012. TERCERO: DECLARA EXTEMPORÁNEO Y SIN VALOR ALGUNO el libelo de contrapruebas del demandado en reconvención presentado el día 15 de febrero de 2013. CUARTO: Concede el plazo de cinco días a J.M.M.G. para que convalide lo actuado por sus apoderados sin suficiente personería y presente libelo de poder con los demandados adicionales. QUINTO. N. personalmente a J.M.M.G. para efectos del artículo 747 del Código Judicial. SEXTO. En firme la presente resolución se ordena agregar los cuadernos al expediente principal." 2. PROVEIDO FECHADO 28 DE OCTUBRE DE 2014. "JUZGADO DECIMOCUARTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, veintiocho (28) de octubre de dos mil catorce (2014). En atención a lo señalado en el Auto No. 1402 de 4 de septiembre de 2013 (fs. 141-142) que declaró extemporáneo el presente libelo se ordena incorporarlo al expediente bajo numeración corrida." CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Luego de conocer el asunto central en que descansa las discrepancias del recurrente, y los fundamentos y motivos en que se sustenta la decisión adoptada por el Tribunal A-quo, esta Corporación de Justicia se encuentra en condiciones de resolver la presente súplica. Las constancias nos revelan, que el promotor de esta iniciativa constitucional subjetiva alega que estamos frente a un acto que ha vulnerado el debido proceso, contenido en el artículo 32 del Estatuto Fundamental, ya que en su opinión se han desatendido trámites o procedimientos esenciales, que lograron afectar su derecho de defensa, en el sentido de poder aducir y aportar pruebas lícitas, en defensa de sus intereses, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía que, en su contra ha promovido el señor J.M.M.G.. Este estado de indefensión, que a juicio del amparista, fueron provocados u ocasionadas por el propio Tribunal que conoce la causa, ante las imprecisiones que se generaron, respecto a cuándo realmente empezaban a correr los términos comunes, para que la partes en litigio, pudieran aducir sus pruebas, contrapruebas y objeciones dentro del proceso ordinario, que se ventila ante el juzgado Decimocuarto de Circuito Civil de Panamá. Puntualiza el amparista que con ello, se le impide valerse de los medios de convicción, para hacer frente a las pretensiones del demandante, ya que aún cuando en dos (2) oportunidades distintas, ha presentado su escrito de pruebas, no obstante sostiene que este derecho fue mermado por acciones que llevó a cabo el propio Tribunal, que provocó un estado de confusión entre las partes, respecto al cómputo de estos términos. Indica que en relación al primer escrito de pruebas, el cual resalta fue recibido el día 21 de noviembre de 2011, sin ningún tipo de reparos por el secretario judicial y luego de agregarlo al expediente, posteriormente este memorial le fue devuelto por orden de la J. de la causa, para corregir o enmendar aquellas actuaciones expedidas respecto al escrito de contestación de la demanda de reconvención hecha por la contraparte. Una decisión, en la cual se hizo la salvedad que tendría la oportunidad de presentar nuevamente su escrito de pruebas, ya que los términos serían retrotraídos. No obstante lo anterior, subraya el amparista que aún cuando el 6 de febrero de 2012, promueve por segunda ocasión su escrito de pruebas, el mismo fue declarado extemporáneo a través del acto que hoy censura vía amparo, lo cual en resumen sostiene lo dejó en completa indefensión, conculcando así su derecho de defensa y del debido contradictorio. Esta Corporación de Justicia, a fin de tomar una decisión cónsona con las actuaciones impartidas dentro de este Proceso Ordinario, específicamente las relacionadas con el término u oportunidad con que contaban las partes para aducir sus pruebas, contrapruebas y objeciones, considera pertinente realizar un recorrido suscito de dicho proceso, y de la actuaciones más relevantes, para lo cual nos serviremos de los antecedentes que nos fueron remitidos. Lo anterior, con el propósito de determinar si dentro del trámite dispensado a este proceso se han incurrido o no, en pretermisiones esenciales, que hayan conculcado derechos y garantías fundamentales que, nuestra Constitución Política y Tratados de Derechos Humanos llama a garantizar. Así las cosas, tenemos que los antecedentes informan que para el día 2 de junio de 2011 y, por intermedio, de la firma ARROCHA & ASSOCIATES, L.S, el señor J.M.M.G., promueve PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA, contra INMOBILIARIA PLATINIUM CORP, y sus hermanos M.E.M. y J.C.M., éste ultimo quien acude en sede de amparo (cf.s 1-10). Es importante resaltar, que fue en el momento de interponer la demanda, que el señor J.M.M. aportó y adujo, las pruebas documentales, de informe, declaración de parte, pruebas psicológicas y psiquiátrica, de las cuales sostiene se valdrá para acreditar sus pretensiones. Acto seguido consta, que mediante Auto No. 399 de 29 de junio de 2011, el Juzgado Decimocuarto de Circuito Civil de Panamá, ORDENÓ LA CORRECCIÓN de la demanda antes descrita, en el sentido de que el demandante brindara la dirección completa de una de las partes demandadas, para lo cual se le concedió el término de cinco (5) días, a efectos de que procediera en ese sentido. (cf.s 26) Consta que una vez corregida la demanda dentro del término conferido (cfs. 28-37), el Tribunal de la instancia, mediante Auto No. 1071 de 25 de julio de 2011, ADMITE la demanda propuesta, y en consecuencia corre en traslado su contenido a las partes demandadas, por el término de 10 días. (cf.s 38). Es oportuno indicar, que al reverso de la resolución arriba descrita consta que todas las partes fueron notificadas personalmente de esta decisión, conforme lo exige nuestro ordenamiento positivo. De seguidas constas, que para el día 6 de septiembre de 2011, el señor J.C.M., parte demandada en este proceso, a través de la gestión legal, de la Firma de abogados SUCRE, ARIAS & REYES, contestó en tiempo oportuno la demanda corrida en traslado, advirtiendo en dicho libelo, consultable de foja 47 a 48 de los antecedentes, que en su momento aportaría las pruebas que estimara pertinente para su defensa. Cabe destacar, que para esa misma fecha (6 de septiembre de 2011) el señor J.C.M., hoy amparista, promovió DEMANDA DE RECONVENCIÓN, contra el señor J.M.M.G. (f.s 49-51), la cual mediante Auto No. 1385 de 29 de septiembre de 2011fue admitida, y corrida en traslado, por el término de 10 días, a la parte demandante y demandada en reconvención. (cfs. 53). Con respeto a esta decisión (admisión de la demanda de reconvención o contrademanda), es importante detenernos, ya que a folio 53 y vuelta, consta que todas las partes fueron notificadas personalmente de esta resolución, fijándose al reverso de la última página, a lápiz y por vía secretarial, los términos a que hace referencia el artículo 1265 del Código Judicial, fijándose de esta manera: los 15 días de saneamiento vencían el 17 de noviembre de 2011; el término de pruebas vencía el 24 de noviembre de 2011; el período de contrapruebas vencía el 30 de noviembre de 2011; mientras que el término para las objeciones se estableció su fecha de vencimiento para el 5 de diciembre de 2011. Debemos puntualizar, que a fojas 76 y 80 de los antecedentes, consta copia del primer escrito de pruebas que el accionante propuso en este proceso, el cual efectivamente fue recibido sin mayores reparos por el secretario judicial, el día 21 de noviembre de 2011, empero debemos adelantar que pesa a que fue recibido, posteriormente este documento fue desglosado y devuelto al demandado J.C.M.. Este memorial, en el cual la firma SUCRE, ARIAS Y REYES, adujo pruebasdocumentales, de Informe, Inspección Judicial, P., reconocimiento y declaración de parte. Se debe resaltar, que la firma ARROCHA & ASSOCIATES, representantes legales del señor J.M.M.G., parte demandante y demandada por vía de reconvención, para el día 4 de octubre de 2011 se notificó de la resolución que admite la demanda de reconvención antes comentada (cf.s 54). No obstante, y como acto seguido, tenemos que para el día 6 de octubre de 2011, el señor J.M.M.G., presentó dos escritos; el primero en donde solicita al Tribunal de la causa que, atendiendo al contenido del artículo 686 del Código Judicial, se ordene corregir el contenido de la demanda de reconvención ya admitida, toda vez que en su concepto la misma no fijaba la cuantía. (cf.s 55) Cabe destacar, que para ese mismo día -6 de octubre de 2011-, la parte demandante y demandada en reconvención (J.M.M., en un mismo libelo, anunció y sustentó recurso de reconsideración contra el Auto No. 1385 de 29 de septiembre de 2011, por medio del cual se había admitido la aludida demanda de reconvención (cf.s 57-5) Este recurso de reconsideración que el pretensor sustentaba en la posición de que no existía conexidad entre la demanda principal y la demanda de reconvención, por lo cual, se oponía a que la misma fuera admitida. Frente a las dos acciones propuestas, por el señor J.M.M.G., informan los antecedentes, que el Despacho Judicial resuelve primero la solicitud de corrección de la demanda de reconvención, propuesta. Como acto seguido consta, que mediante Auto No. 1492 de 18 de octubre de 2011 (cf,.s 61) se negó lo pretendido, esto es, la corrección de la demanda de reconvención requerida por el señor J.M.M.. Esta decisión que fue notificada a las partes, mediante el Edicto No. 1412, el cual fue fijado el día 21 de octubre de 2011 y desfijado el 28 de octubre de 2011. Se debe puntualizar que al reverso de la resolución que niega la solicitud de corrección de la demanda de reconvención, también consta que a lápiz se establecieron nuevamente los términos probatorios, los cuales se fijaron así: término para contestar la demanda de reconvención del 19 de octubre al 31 de octubre de 2011; vencimiento de los 15 días de saneamiento el 17 de noviembre de 2011; período para aducir pruebas del 18 al 24 de noviembre de 2011; término de contrapruebas del 25 al 30 de noviembre de 2011, y término de objeciones del 1 al 5 de diciembre de 2011. Por otro lado, en cuanto al RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, promovido por el demandante J.M.M.G., tenemos que el Tribunal de instancia, mediante Auto No. 1565 de 31 de octubre de 2011, decretó SUSTRACCIÓN DE MATERIA (cf.,s 63-64). Esta decisión, que fue notificada, a través del Edicto No. 1480, el cual fue fijado el día 7 de noviembre de 2011 y desfijado el día 14 de noviembre del mismo año (cfs. 73). Es importante resaltar, que es en el proceso de resolver la solicitud de corrección de la demanda de reconvención y el recurso de reconsideración promovida contra el auto que la admite, que se presentan dos libelos a saber. 1. El 11 de noviembre de 2011, y por insistencia, se recibe el libelo de contestación de la demanda de reconvención que, a través de la firma de abogados ARROCHA & ASSOCIATES, promueve el demandante J.M.M.. (cf,s 67-70) 2. Por su parte, el día 21 de noviembre de 2011, la firma SUCRE, ARIAS & REYES, apoderados legales del señor J.C.M., presentan su primer escrito de prueba, que como indicamos en párrafo anteriores fue desglosado y devuelto bajo el concepto de que se le brindaría al demandado hoy amparista, la oportunidad para proponerlas nuevamente, ya que se hizo hincapié en que ello no afectaría su derecho de defensa. Es importante resaltar, que a esta actuación le sigue el informe secretarial de fecha 11 de noviembre de 2011, suscrito por el licenciado ARTURO ROHMAN, S.A.. H., del despacho judicial, cuyo texto consideramos oportuno hacer referencia, debido a la serie de eventos y decisiones que su contenido provocó en la tramitación de este expediente, entre ellos el destino final del primer escrito de pruebas propuesto por el amparista, el día 21 de noviembre de 2011. "Señor J.: El suscrito secretario Ad H., hace constar, que dentro del presente proceso, mediante Auto No. 1492 de 18 de octubre de 2011, el Tribunal tardó en resolver más de tres días la solicitud de corrección de la demanda de reconvención, excediéndose el término que establece el artículo 697 del Código Judicial. Por lo que el término para la contestación de la demanda en reconvención, empezaba a correr a partir del 12 de octubre hasta el 24 de octubre." (cf.s 66). Hacemos eco del contenido de este informe secretarial, ya que es en virtud de su contenido que el Juzgado emite la providencia calendada 14 de noviembre de 2011, donde se dispuso lo siguiente: "Los apoderados de J.M.M., han dado contestación a la demanda en reconvención propuesta en contra del mismo; libelo que fue recibido bajo los reparos que señala el artículo 481 del Código Judicial. Con vista al término que se concede para resolver las solicitudes de corrección de demanda (art. 687 CJ) y lo dispuesto en el artículo 514 del Código de procedimiento, complementado con el informe secretarial de fojas 66, se tiene que el libelo de contestación de demanda en reconvención fue presentado excedido el término de Ley. En atención a lo expresado declara extemporáneo y sin valor alguno el libelo contestación de demanda de reconvención presentado el día 11 de noviembre de 2011." (cf.s 72).(Subraya el Pleno de la Corte). También consta otra providencia fechada 14 de noviembre de 2011, visible a folio 71, donde en atención al "informe secretarial, visible a foja 66, se ordena devolver a los demandados el escrito de pruebas presentado por ellos..." Debemos puntualizar que lo anterior tuvo como efecto, que la firma ARROCHA & ASSOCIATES, L.F, procuradores legales del señor J.M.M.G., demandante y demandado en reconvención, promovieran para el día 15 de noviembre de 2011, un INCIDENTE DE NULIDAD a fin de que: a) se declare la nulidad del acto constituido en el proveído de 14 de noviembre de 2011, "donde se declara extemporánea y sin valor alguno la contestación de la demanda de reconvención, presentada el día 11 de noviembre de 2011; b) que se declare nulo el Auto No. 1565 de 31 de octubre de 2011 y las consecuencias de dicha nulidad y C) se declare la nulidad de la providencia que ordena la entrega de pruebas y que exista formalmente copia integra de toda esa actuación en el dossier.(cf.s 86-93). Mediante Auto No. 1851 de 30 de diciembre de 2011, el Juzgado Decimocuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, resuelve el incidente de nulidad, propuesto por la parte demandante y demandada en reconvención, y DECLARA NULO lo actuado a fojas 66 y 72 del dossier, esto es, el informe secretarial suscrito por el licenciado ARTURO ROHMAN antes transcrito, así como la providencia fechada 14 de noviembre de 2011, donde se declaraba extemporáneo la contestación de la demanda de reconvención. Cabe destacar, que en esta resolución (Auto No. 1851 de 30 de diciembre de 2011), la J. de instancia dispuso que una vez notificada la presente resolución se restablecería el cómputo de los términos que corren por ministerio de la ley. Como consecuencia de dicha decisión se observa que fue a través de la providencia fechada 30 de diciembre de 2011, que respecto al primer escrito de pruebas, propuesto por la parte recurrente el día 21 de noviembre de 2011, se dispuso lo siguiente: "JUZGADO DECIMOCUARTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, treinta (30) de diciembre de dos mil doce (2012). En consecuencia del Auto No.1851 de 30 de diciembre de 2011, que decreta la nulidad de lo actuado dentro del presente Proceso Ordinario promovido por J.M.M.G. contra INMOBILIARIA PLATINIUM, CORPO; J.C.M. y M.M.M., se ORDENA LA DEVOLUCIÓN a la parte demandante en reconvención, de las pruebas documentales aportadas constante de 143 folios, a fin de que sean incorporada al proceso en la etapa procesal correspondiente." Nos detenemos en el contenido del Auto No. 1851 de 30 de diciembre de 2011, que resuelve el aludido incidente de nulidad, y que sólo dejó sin efecto el citado informe secretarial y el proveído donde se declaró extemporáneo la contestación a la demanda de reconvención, ya que de su contexto se expone las razones por las cuales la J. de instancia decide devolver al demandado-hoy accionante, su primer escrito de pruebas presentado el día 21 de noviembre de 2011, a saber: "Ahora bien independientemente de los calificativos innecesarios que plasma el incidentista en su libelo, verificadas las constancias procesales de manera detenida esta judicatura se percata que siendo que fuera presentada por parte del demandado en reconvención corrección de la demanda conforme lo dispone nuestro ordenamiento jurídico debían ser suspendidos los términos de traslados para contestar por el término que esta juzgadora RESOLVIERA LO SOLICITADO. Así las cosas y como quiera que es deber de los jueces y magistrados disponer de oficio las diligencias necesarias para evitar nulidades procesales de conformidad con lo establecido en el artículo 199 numeral 11 del Código Judicial, esta judicatura estima necesario emitir un pronunciamiento con relación a los hechos antes descritos. Como quiera que se encontraba suspendido el término de traslado para la contestación de la demanda de reconvención promovida y encontrase pendiente el recurso de reconsideración sobre el auto que admite la demanda de reconvención, debemos indicar que el haberse pronunciado el Tribunal mediante resolución de 14 de noviembre de 2011, mediante la cual se declara extemporánea el memorial de contestación de la demanda de reconvención, pudieran ocasionarse graves perjuicios a las partes, por lo que siendo nuestro ordenamiento jurídico permite que se decreta la nulidad de las actuaciones surtidas en los procesos cuando ésta, puedan ocasionar indefensión o para restablecer el curso normal del proceso pueden ocasionar indefensión o para restablecer el curso normal del proceso, consideramos oportuno emitir un pronunciamiento en este sentido. En cuanto a la decisión de devolver a los demandados las pruebas presentada, considera la suscrita que no le provoca indefensión a la parte demandante, dado que resulta claro que la pretermisión cometida fue lo que dio lugar a la gestión errada, por cuanto lo razonable es que puedan los demandados disponer de las pruebas uno vez se retome el curso del negocio". Lo anterior motiva, como consecuencia necesaria para restablecer el curso normal del proceso, que se retrotraiga el mismo y se proceda luego de notificada la presente resolución restablecer el cómputo de los términos que corren por ministerio de la Ley." (lo resaltado es del Pleno) Del contenido de esta primera resolución, se puede extraer que la decisión de anular las actuaciones, referente a la extemporaneidad de la contestación de la demanda de reconvención se basó en que se conceptúo que la solicitud de corrección de la demanda de reconvención suspendía los términos, hasta tanto dicha solicitud fuera resuelta por el Tribunal de instancia. A su vez, y en cuanto a mantener la decisión de devolver a la parte demandada su escrito de prueba, presentado el día 21 de noviembre de 2011, tenemos que ello se sustentó en la posición de que cuando se retrotraigan los términos, la parte demandada tendría la oportunidad para presentarlo de nuevo, este evento que se indicó resultaría, una vez notificada la resolución que admite parcialmente el incidente de nulidad propuesto por el señor J.M.M.G.. No obstante, es importante resaltar que subyace un hecho que impide actuar de esta forma, ya que esta decisión (Auto No. 1851 de 30 de diciembre de 2011) es recurrida en apelación, por el propio incidentista, a través de la firma de abogados, ARROCHA & ASSOCIATES, ya que sostiene que aún cuando de cierta manera comparte la decisión de que se declaren nulas ciertas actuaciones; sin embargo, se oponía a que los términos fueran retrotraídos (cf.s104-107). Hay que resaltar, que la firma SUCRE, ARIAS & REYES, actuando en nombre del señor J.C.M., para el día 26 de enero de 2012, y por escrito, se opuso a las pretensiones del apelante, basado en los siguientes argumentos: " ... comparecemos a oponernos a la injusta e ilegal pretensión del recurrente, que pretende que la nulidad decretada por la J.a..., tenga la virtud de saltarse los términos para aducir pruebas, contrapruebas y objeciones, con el único fin de impedirles la aducción y prácticas de nuestras pruebas....Nosotros no causamos la nulidad, en todo caso fue la actuación del ahora recurrente, lo que motivó la confusión."(cf.s108-109). Acto seguido consta, que fue para el día 6 de febrero de 2012, que el demandante, hoy amparista, presentó por segunda ocasión su escrito de pruebas, donde aporto y adujo, pruebas documentales, de Informe, inspección Judicial, de peritaje, reconocimiento y declaración, así como de testimonios (lo anterior que se puede consultar en el cuadernillo de pruebas, adjuntado al proceso principal, pero sin refoliar). Por otro lado, es importante mencionar que mediante providencia fechada 17 de febrero de 2012, el Tribunal de instancia concede en el EFECTO DEVOLUTIVO, el recurso de apelación anunciado contra el Auto No. 1851 de 30 de diciembre de 2011 y, ordena remitir el cuadernillo contentivo del Incidente de nulidad, al Superior, para que se surta la alzada. (cf.s 110 y 116). Por su parte, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por intermedio de resolución calendada 20 de septiembre de 2012, REFORMÓ el AUTO No. 1851 del 30 de diciembre de 2011, proferido por el Juzgado Decimocuarto de Circuito Civil de Panamá, sólo en el sentido de eliminar, de la parte resolutiva de dicha resolución, la frase "... y en consecuencia luego de notificada la presente resolución restablecer el cómputo de los términos que corren por ministerio de la ley", y confirma lo demás. De esta resolución, es preciso traer a colación los aspectos medulares que fundaron dicha decisión: "En el incidente se alegaba básicamente lo siguiente: 1.Que el S. había hecho un Informe Secretarial a fojas 66 que era incorrecto y que en base a dicho informe había computado incorrectamente el término para contestar la contestación de la demanda de reconvención... 2. Que la J. a-quo, mediante proveído de 14 de noviembre de 2011, a fojas 71, había ordenado devolver a los demandados el escrito de pruebas presentado por ellos cuando debió recibirlo a insistencia, y posteriormente decidir que era extemporáneo y sin valor alguno: 3. Que la J. a-quo en vez de revolver el recurso de reconsideración contra el auto que admitió la demanda de reconvención, había declarado sustracción de materia, cuando una cosa era la solicitud de corregir la demanda ... y la otra era que no se admitiera la demanda de reconvención." Reiteramos, ninguno de los tres hechos era motivo de nulidad. Si un Tribunal computa incorrectamente un término o si un Tribunal resuelve un recurso de reconsideración incorrectamente o si un Tribunal ordena devolver un escrito de prueba indebidamente, la parte afectada BIEN PUEDE RECURRIR EN AMPARO, pero no puede promover incidente de nulidad porque ni el artículo 733 del Código Judicial, ni en ninguna otra norma del Código Judicial, se establece alguno de esos hechos como causal de nulidad, y repetimos, las nulidades procesales son taxativas o numerus clausus. De los tres motivos alegados, la J. a-quo sólo accedió al primero de ello, al decretar la nulidad del Informe del S. que consta a fojas 66 y al decretar la nulidad del proveído que declara extemporáneo y sin valor alguno el escrito de contestación de la demanda de reconvención que consta a fojas 72. Ahora bien, el recurrente sólo cuestiona una frase final de la parte resolutiva que señala... " y en consecuencia luego de notificada la presente resolución restablecer el cómputo de los términos que corren por ministerio de la ley." La que considera debe ser eliminada del auto apelado.2 (cfs. 122-134) Acto seguido consta, que el reingreso del incidente de nulidad, fue puesto en conocimiento de las partes, a través del Edicto No. 1540, el cual fue fijado el día 11 de octubre de 2012, y desfijado el día 11 de octubre de 2012 (cf.s 139 y 140). Ahora bien, como indica el recurrente, es luego de transcurrir aproximadamente un año, desde esta última actuación, que el Tribunal de instancia, actuando como despacho saneador, emite el Auto No. 1402 de 4 de septiembre de 2013, impugnado en sede de amparo donde, y entre otras cosas, DECLARÓ EXTEMPORÁNEO Y SIN VALOR ALGUNO el libelo de pruebas que la parte demandada volvió a presentar, el día 6 de febrero de 2012. (cf.s 141-142) Es importante indicar, que respecto a esta decisión, la firma SUCRE, ARIAS & REYES, actuando en representación del señor J.C.M., anunció recurso de apelación (cf.s 144). Este medio de impugnación que estimó procedía, atendiendo al contenido del artículo 696 del Código Judicial, ya que la medida fue dictada como despacho saneador; no obstante, mediante Auto No. 1701 de 17 de octubre de 2013, el Tribunal negó el recurso de apelación propuesto sobre el supuesto que "la resolución que decide la admisión o rechazo de pruebas es irrecurrible". (cf.s 153-154). Posteriormente, para el día 28 de octubre de 2013, promovió un incidente de nulidad, que a la fecha no ha sido resuelto por parte del Tribunal, de allí los motivos de valerse de esta acción de tutela.(ver cuadernillo de nulidad) Ahora bien, a fin de proferir una decisión cónsona con lo actuado, es oportuno hacer mención de los aspectos medulares, en que la J. de instancia, a través del Auto No.1402 de 4 de septiembre de 2013, hoy cuestionado, sustentó la decisión de extemporaneidad del segundo escrito de pruebas, que para el día 6 de febrero de 2012 propuso el amparista, y que reproducimos a continuación: "... se hace necesario adoptar medidas de saneamiento en vista que fueron anuladas actuaciones, los efectos del pronunciamiento del Primer Tribunal Superior, lo cual implica que verifiquemos los términos. ... Por lo expuesto se hace necesario antes de adentrarnos a revisar la admisibilidad de los medios probatorios revisar la presentación oportuna o no del libelo de contestación a la demanda en reconvención, y los libelos de pruebas y contrapruebas del demandado en reconvención. Lo anterior requiere un recuento, a partir que la parte demandada presenta demanda de reconvención la que fue admitida por Auto No. 1385 de 29 de septiembre de 2011, resolución de la cual se notificaron los apoderados de J.M.G. el día 4 de octubre de 2011; pero el día 6 de octubre del mismo año la firma forense que representa los intereses de J.M.G., presenta libelo de corrección de la demanda en reconvención, lo que trae consigo la suspensión del término de traslado hasta que se resuelva la solicitud. El 18 de octubre de 2011, por Auto No. 1492 se declara que no hay lugar a la corrección de la demanda de reconvención, lo cual se notifica por edicto 1412, que fue desfijado el día 28 de octubre de 2011. Es así que los nueve días de traslado que restaban M.G., iniciaron el lunes 31 de octubre de 2011 y vencieron el 15 de noviembre de 2011. El período de quince días se extendió del 16 de noviembre de 2011 al 7 de diciembre de 2011; de este modo el término para la presentación de pruebas inició el 9 de diciembre de 2011 al 15 de diciembre de 2011. El período de contrapruebas corrió del 16 de diciembre al 20 de diciembre y el de objeciones del 21 de diciembre al 23 de diciembre de 2011. Detallado lo anterior, se concluye que el libelo contestación de la demanda de reconvención fue presentado dentro del término restante de traslado de la demanda. En tanto los libelos de prueba de la parte demandada, presentado los días 21 de noviembre de 2011 (devuelto a la parte como se indicó en foja 75) como aquel presentado el día 6 de febrero de 2012, no fueron aportado dentro del período de prueba, lo que hace necesario que se declare extemporáneo. Por otro lado, al verificarse el libelo de contrapruebas del demandado en reconvención, concluimos que tampoco fue presentado en tiempo oportuno, razón por la cual también debe ser declarado extemporáneo.". De seguidas consta, que mediante providencia fechada 28 de octubre de 2014, también censurado en amparo, el Tribunal de instancia atendiendo a la decisión arriba descrita, dispone que el libelo de pruebas declarado extemporáneo sea incorporado al expediente principal y refoliado. Por último consta, que a través del Auto No.2008 de 28 de octubre de 2014, se ADMITEN todas las pruebas documentales, de informe y declaración de parte, que el demandante propuso en el mismo instante de instaurar su demanda, a excepción de la prueba de informe dirigida a bancos de la localidad, la prueba psicológica, psiquiátrica y prueba pericial económica, la cuales fueron rechazadas. (cf.s El recorrido de las actuaciones impartidas dentro de este negocio, nos lleva a conceptuar que le asiste razón al pretensor constitucional, cuando sostiene que su derecho de defensa, dentro de este proceso civil, le ha sido conculcado. Ciertamente la atenta y prolija lectura de los fundamentos que sustentan el Auto No. 1402 de 4 de septiembre de 2013, impugnado en amparo, nos permite advertir que el servidor judicial demandado (J. Décimo Cuarta de Circuito Civil de Panamá) tomó medidas de saneamiento, consistente en verificar si los escritos de pruebas, contrapruebas; así como el de contestación de la demanda de reconvención, fueron o no, presentados en el término de ley. Una actuación, que consideró pertinente realizar antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas y contrapruebas propuestas. Ahora bien, del contenido de la resolución impugnada en sede judicial se subraya que para tal afán, se tomó en cuenta que ciertas actuaciones fueron anuladas y, el "pronunciamiento del Primer Tribunal Superior", dictado a través de la Resolución fechada 20 de septiembre de 2012, el cual, decide el recurso de apelación propuesto dentro de un Incidente de Nulidad ya comentado en párrafos anteriores. Es pues, al confrontar aquella decisión (Resolución de 20 de septiembre de 2012) con el acto que se demanda en sede judicial, debemos sostener que los criterios vertidos, en una y otra decisión, son totalmente contrarias en cuanto al momento preciso en que los términos probatorios, previstos en el artículos 1265 del Código Judicial, empezaban a correr, logrando afectar sin lugar a dudas un derecho fundamental, como lo es, el derecho de defensa. Sostenemos lo anterior, ya que al examinar las consideraciones proferidas, por el Primer Tribunal Superior de Justicia en la resolución de 20 de septiembre de 2012, en efecto se desprende un hecho advertido por el recurrente, esto es, que para el Superior el primer escrito de pruebas, propuesto por el amparista, el día 21 de noviembre de 2011, sí fue presentado en término. Este memorial, que revelan las constancias procesales fue recibido sin ningún tipo de observación por parte del secretario judicial, y aún cuando fue agregado al expediente, posteriormente se desglosa y devuelve al demandado por disposición de la J. de la causa, contrariando lo dispuesto en el artículo 481 del Código Judicial, que se expresa en este sentido: "Artículo 481.Todo escrito, para que sea agregado al expediente, se debe presentar dentro del término. Sin embargo, si el interesado insiste en que se le reciba, afirmando que se encuentra en término, el secretario anotará esta circunstancia en el mismo y lo agregará al expediente. Si el juez estima que el escrito ha sido presentado en tiempo, le dará el curso correspondiente; si lo considera extemporáneo, así lo declarará, mediante proveído de mero obedecimiento, caso en el cual dicho escrito no tendrá valor alguno." Como manifiesta el Primer Tribunal Superior de Justicia, en resolución de 20 de septiembre de 2012, la medida de devolver un escrito de pruebas, no era el trámite que correspondía, ya que este memorial presentado el día 21 de noviembre de 2011, no sólo fue recibido sin ningún tipo de reparo por el despacho judicial sino agregado al expediente, lo cual contrariaba el procedimiento descrito en el artículo 481 lex cit. Al concluir esta idea, el Pleno se ve precisado a reproducir a continuación, un extracto de la resolución de 20 de septiembre de 2012, donde el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, respecto a la presentación oportuna de este primer escrito de prueba, arribó a la siguiente conclusión: "En el presente caso la parte demandada, al contestar la demanda también presentó una demanda de reconvención, la cual fue admitida mediante Auto No. 1385 del 29 de septiembre de 2011, el cual fue notificado al actor principal-incidentista el 4 de octubre de 2011, de modo que el término para contestar la demanda de reconvención comenzó a correr a partir del 5 de octubre de 2011. Ahora bien, el demandado en reconvención, hoy incidentista, presentó el día 6 de octubre de 2011, dos escritos, a saber: un escrito donde solicitada a la J. a-quo que ordenara a la demandante en reconvención la corrección de la demanda por falta de cuantía y otro escrito en el que solicitaba a la J. primario que reconsiderara el Auto No. 1385 del 19 de septiembre de 2011 porque no existía conexidad entre la demanda principal y la demanda de reconvención, por lo que esta última no debía ser admitida. Conforme al artículo 687 del Código Judicial, el primero de dichos escritos suspendió el término para contestar la demanda de reconvención hasta que el J. Tardara enn Resolver Dicha Solicitud, lo que aconteció mediante Auto No. 1492, del 18 de octubre de 2011. Como quiera que ya había transcurrido el día 5 de octubre de 2011 para contestar la demanda de reconvención, quedaban nueve (9) días, los cuales debieron empezar a contarse a partir del día siguiente en que la J. resolvió, o sea a partir del 19 de octubre de 2011 hasta el 31 de octubre de 2011. Y, consecuentemente, el término de pruebas debió empezar a partir del 18 DE NOVIEMBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA PRUEBAS, del 25 al 30 de noviembre para contrapruebas, y del 1 de diciembre al 5 de diciembre de 2011 para objeciones. Así lo entendió la parte demandada, demandante en reconvención, quien presentó su escrito de pruebas el 21 DE NOVIEMBRE DE 2011, según consta a foja 80, pero la J. ordenó que se lo devolvieran mediante proveído de 30 de diciembre de 2011, y por lo cual volvió a presentarlas nuevamente el 6 de febrero de 2012. No debemos olvidar que, conforme los artículos 507, 508 y 509 del Código Judicial, los términos legales son fatales, perentorios e improrrogables, y que si bien, el tenor del artículo 515 del Código Judicial, los S.s deben poner constancia en el expediente el día en que comienzas los términos y el día en que termina, dicha constancia no afecta los términos correspondientes, lo que se aplica a la suspensión de los términos. De modo pues, que aún cuando el S. hubiere equivocado en el cómputo el término ello no anula el informe del S., sólo que las partes deben contar sus propios términos y sufrir las consecuencias si los computan incorrectamente o si se guían por los términos calculados por el S. y éstos son incorrectos. De todo lo expuesto, se desprende que la frase "... y en consecuencia luego de notificada la presente resolución restablecer el cómputo de los término que corren por ministerio de la Ley", es inútil ya que tanto el término para contestar la demanda como los términos de pruebas son términos legales y corrieron por ministerio de la ley. De todo lo expuesto también se desprende que si se elimina dicha frase por lo señalado, tampoco procedía revocar la decisión de decretar la nulidad de fojas 66 y 72, ya que si los términos corren por ministerio de la ley, no puede el juzgador variar los mismos con una declaratoria de nulidad inexistente y no puede dejarse sin efecto un proveído que era correcto al declarar extemporáneo y sin valor alguno un escrito de contestación, en perjuicio de la contraparte." (lo resaltado es del Pleno) (cfs.122-134). De lo anterior se desprende, que fue la acción desarrollada por la J. de la causa, consistente en devolver el escrito de pruebas que la parte demandada propuso el día 21 de noviembre de 2011, la que impide en primer término la posibilidad de aportar pruebas lícitas a favor de sus intereses, lo cual contrarió su derecho de defensa y el debido contradictorio. Ante esto, nos cuestionamos ¿cómo valorar la admisibilidad o no de las pruebas aducidas en el memorial del 21 de noviembre de 2011, que el Primer Tribunal Superior de Justicia en resolución de 20 de septiembre de 2012, consideró aportadas en término, si la J. de instancia ordenó desglosar este libelo y devolverlo al demandado, a quien además de ello instó a presentarlas en otra oportunidad ya que presuntamente se le otorgaría ese espacio?. Esta primera pretermisión, en el trámite de los términos probatorios surtidos en este proceso civil, que a juicio del Pleno, desencadenó otros actos que en definitiva no le ofrecieron, a la parte demandada, la oportunidad de aducir los medio de pruebas que le permitieran defenderse frente a las pretensiones de su contraparte, ya que esa segunda oportunidad finalmente no se concretó, debido a que el Primer Tribunal Superior de Justicia anuló la frase final del Auto No. AUTO No. 1851 del 30 de diciembre de 2011, contenida en su parte resolutiva, que ordenaba lo siguiente: "... y en consecuencia luego de notificada la presente resolución restablecer el cómputo de los términos que corren por ministerio de la ley". Hasta este punto podemos concluir que el primer escrito, presentado en tiempo a concepto del Primer Tribunal Superior de Justicia, no pudo ser valorado debido a que el J. de instancia, sin sustento legal, lo devuelve al demandado. Y, en cuanto al segundo escrito de pruebas, esa oportunidad de poder ejercer su derecho de defensa nuevamente fue obstruida con la decisión esgrimida por el Primer Tribunal Superior de Justicia que eliminó la frase arriba comentada. A juicio del Pleno, estas imprecisiones se generan cuando el Tribunal de instancia, en primer término, decide que el escrito de contestación de la demanda de reconvención fue presentado de forma extemporánea, tanto es así, que de esa manera lo dejo consignado el secretario judicial al momento de recibir este documento (ver foja 70), toda vez que se era de la opinión que se habían rebasado en el término para resolver la solicitud de corrección de demanda. No obstante, posteriormente el despacho judicial varió este concepto al momento de resolver el incidente de nulidad propuesto por la parte demandante. Esta acción, que sin lugar a dudas afectó el derecho de defensa del activador constitucional, ya que en el trámite de resolver aquella controversia se dispuso desglosar y devolver al amparista su primer escrito de prueba. Ciertamente los actos procesales deben evacuarse dentro de los términos que establece la ley, los cuales resulta ser fatales, perentorios e imprerrogables; no obstante, esta Corporación de Justicia, contrario a la opinión vertida por el Tribunal A-quo, sí advierte que dentro de la tramitación de este proceso se incurrieron en pretermisiones, que han afectado un derecho esencial, como lo es, el derecho de defensa, el cual, todas las autoridades deben procurar garantizar. Al continuar nuestro escrutinio, ciertamente no podemos perder de vista el contenido del artículo 792 del Código Judicial, que estatuye lo siguiente: "Artículo 792. Para que sean apreciados en el proceso las pruebas deben solicitarse, practicarse o incorporarse al proceso dentro de los términos u oportunidades señaladas al efecto den este Código." Lo anterior, nos remite de inmediato al contenido del artículo 1265 del Código Judicial, aplicable para este tipo de proceso que observamos es de mayor cuantía; y que respecto a la materia a dilucidar reza lo siguiente: "Artículo 1265:Una vez surtido el traslado de la demanda o de la reconvención en su caso, el proceso quedará abierto a pruebas, sin necesidad de providencia, quince días después de cumplido lo anterior en cuatro períodos así: 1. El primero,de cinco días improrrogables para que éstas propongan en uno o varios escritos todas las pruebas que estimen conveniente; 2. El segundo, de tres días improrrogables, que comenzarán a correr el día hábil siguiente en que se vence el anterior, para presentar contrapruebas. 3. El tercero de tres días improrrogable, para objetar las pruebas o contrapruebas, que corre sin que se haya de dictar providencia; 4. El cuarto, de ocho hasta treinta días, también improrrogables, para evacuar todas las pruebas que hubiesen propuesto las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 806, 809 y 811." Del contenido de la disposición legal en cita, debemos señalar que en efecto los términos de pruebas, contrapruebas y objeciones, corren en días hábiles, sin necesidad de providencia, y que los mismos son improrrogables. No obstante, como se desprende del contenido de esta norma, la apertura del período de pruebas, corre una vez surtido el traslado de la demanda o de la reconvención, que vale recordar es de 10 días hábiles, a los cuales le siguen inmediatamente después, los 15 días de saneamiento. Y, es luego de vencerse el período de saneamiento que, al día siguiente y sin necesidad de providencia, empiezan a correr los términos previstos en el artículo 1265 lex cit, esto es, cinco días (5) para aducir pruebas; tres (3) días para contrapruebas; tres (3) días para objeciones y finalmente un período de ocho (8) a treinta (30) días, para que las pruebas admitidas sean evacuadas. En este caso en particular, se advierte que fue presentada una demanda de reconvención, que fue admitida y notificada al demandante J.M.M.G., el día 4 de octubre de 2011; no obstante, el 6 de octubre de 2011, el demandante y demandado en reconvención, solicitó la corrección de la demanda de reconvención, lo cual a criterio del J. de primera y segunda instancia, tenía como efecto la suspensión de los términos, hasta tanto dicha solicitud (corrección de demanda) fuera resuelta.. Esta posición que compartimos, ya que así está dispuesto en el artículo 687 del Código Judicial, cuando expresa lo siguiente: "... Si se trata de la contestación de la demanda, el término del traslado se suspende por el tiempo que el J. tarde en resolver el escrito de objeción ..." En ese sentido, los antecedentes constatan, que la solicitud de corrección de la demanda de reconvención, fue resuelta por la J. de instancia, el día 18 de octubre de 2011, a través del Auto No. 1492 (cf.s 61), por lo cual, es al día siguiente hábil (19 de octubre de 2011), que nuevamente sigue corriendo los términos, en el siguiente orden: 10 días para contestar la demanda de reconvención, que vale indicar sólo restaba 9 días realmente, ya que antes de pedir la corrección de la demanda de reconvención, ya había transcurrido un día. Finalizado dicho término, que comprendía del 19 al 31 de octubre de 2011, corren inmediatamente después quince días de saneamiento que finalizaron el día 17 de noviembre de 2011, resultando que el término para aducir pruebas, a que hace referencia el numeral 1, del artículo 1265 del Código Judicial, comprendía del 18 de noviembre hasta el 24 de noviembre de 2011,lo que coincide con el pronunciamiento emitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en Resolución de 20 de septiembre de 2012, ya comentado. Como indicamos, el primer escrito de pruebas propuesto por la parte demandada, fue presentado el día 21 de noviembre de 2011, esto es, en el término arriba descrito. Para esta Corporación de Justicia, nos encontramos frente a un negocio donde el Tribunal de instancia, debido a las distintas posiciones asumidas respecto a la temporalidad o no del escrito de contestación de la demanda de reconvención, afecto directamente el derecho de defensa deldemandado, hoy amparista ya que le devuelve su escrito de pruebas, que reiteramos el Primer Tribunal Superior de Justicia consideró se presentó antes de que el período de pruebas hubiese precluido. Estas actuaciones que no afectaron al demandante J.M.M.G., ya que sus pruebas las adujo con la demanda, empero al demandado, hoy amparista, esa oportunidad en definitiva no se concretó, pese a intentar en dos ocasiones proponerlas. El derecho de defensa, contempla no sólo la oportunidad de ser oído oportunamente en el proceso, a través de la representación de una defensa técnica, sino de valerse de los medios de pruebas, que le permitan defender su posición, lo cual, da paso al debido contradictorio. Al respecto el doctor A.C.P., sobre el derecho de defensa sostiene lo siguiente: "En su significado natural, defensa es la reacción frente a una previa acción, y en el marco del proceso se traduce en la exigencia de dar a cada una de las partes, la posibilidad de llevar a cabo una actuación, del mismo contenido y valor con que ha contado la contraria, a fin de obtener una declaración del derecho en su favor. ... Como el proceso comienza en virtud de la acción de una de las partes, la garantía empieza a operar desde el momento mismo en que se inicia el proceso, asegurando que se dé a la otra parte la posibilidad efectiva de intervenir en el juicio... En resumen, el concepto al que hemos arribado de la garantías constitucional de la defensa, es que se trata de la garantía constitucional (o derecho fundamental), que asegura a los interesados la posibilidad de efectuar a lo largo de todo el proceso sus alegaciones y sus pruebas y contradecir las contrarias, con la seguridad de que será valoradas en la sentencia. En definitiva, se trata de la garantía de la participación de los interesados en la formación de la decisión jurisdiccional." A.P., Alex. Garantía Constitucional de la Defensa Procesal, J.M.B. Editor Barcelona, 1998. págs. 98 a 100). Para este máximo Tribunal de Justicia, esa oportunidad de defenderse fue limitada por acciones proveniente del Tribunal de la causa, desde el momento en que devuelve el primer escrito de prueba, y aún cuando ciertamente no recae en las partes la facultad de disponer de los términos y, es al J. de la causa a quien le corresponde dirigir el proceso y tomar las medidas que corresponda sanear, no obstante, es importante procurar que en el desarrollo de esa actividad procesal, no se ponga en sacrificio derechos y garantías fundamentales de alguna de las partes. A propósito de lo anterior, el artículo 465 del Código Judicial, se expresa en los siguientes términos: "Artículo 465. El impulso y la dirección del proceso corresponde al juez, quien cuidará su rápida tramitación sin perjuicio del derecho de defensa de las partes y con arreglo a las disposiciones de este Libro." En cuanto al derecho a la prueba, comenta A.C.P., lo siguiente: "Hoy, en el Derecho Español, con el texto constitucional en la mano, es evidente que la prueba constituye una carga para las partes, pero al mismo tiempo, y mucho más importante, que éstas tienen el derecho fundamental a probar sus alegaciones, sin lo cual no se podrán entender respetado su derecho fundamental de defensa. Así lo ha reconocido la jurisprudencia, particularmente la de los Tribunales Constitucional y Supremo, quienes en numerosas oportunidades, han declarado acertadamente que la facultad o derecho a probar, es inseparable del derecho de defensa. ... Que la posibilidad de probar, sus alegaciones, forma parte de las facultades esenciales protegidas por la garantía constitucional de la defensa, se comprueba, además, porque la jurisprudencia constitucional ha establecido que las limitaciones, impedimentos, restricciones o prohibiciones indebidas opuestas al desarrollo de la actividad probatoria de las partes, producen la indefensión del litigantes afectado, que es precisamente el resultado producido por la violación de la garantía de la defensa." A.P., Alex. Garantía Constitucional de la Defensa Procesal, J.M.B. Editor Barcelona, 1998. págs. 281-282) Es pues, como quiera que se ha acreditado que las resoluciones impugnadas en amparo, han sido el resultado de la vulneración del debido proceso, contenido en el artículo 32 de nuestra Carta Fundamental, esto es, la garantía del derecho de defensa y debido contradictorio, es que se procede a revocar la resolución remitida en alzada y, en su defecto, a conceder la acción de derechos fundamentales propuesta por el señor J.C.M.. Es de lugar aclarar, que aún cuando ciertamente los términos corren por ministerio de la ley y, los mismos son improrrogables y fatales, no obstante, al estar frente a una grave infracción al debido proceso, donde se dejó en indefensión al demandado, ya que en efecto no tuvo la oportunidad real, de aducir sus pruebas, lo aconsejable es conceder el amparo, y retrotraer los términos, a partir de la contestación de la demanda de reconvención, para que ambas partes, en igual condición de oportunidades, puedan hacer efectivo sus derechos de contestar la demanda de reconvención, aducir pruebas, contrapruebas y objeciones, si a bien tienen. En este estado las cosas, esta Corporación de Justicia, revoca la resolución remitida en apelación, y en consecuencia concede la acción de amparo propuesta, por el señor J.C.M., para lo cual se deja sin efecto las resoluciones objeto de la presente iniciativa constitucional, y se dispone retrotraer el proceso a la etapa de contestación de la demanda de reconvención, esta medida que se asume ante el hecho de que se ha constatado la vulneración de un derecho fundamental, como lo es, el derecho de defensa. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo anteriormente, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución de 10 de febrero de 2015, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y en consecuencia CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales, que la firma SUCRE, ARIAS & REYES, actuando en nombre y representación del señor J.C.M., promoviera en contra del Auto No.1402 del 4 de septiembre de 2013 y el proveído de 28 de octubre de 2014, proferido por el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial. N., HARLEY J. MITCHELL D. ABEL AUGUSTO ZAMORANO OYDÉN ORTEGA DURÁN JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS NELLY CEDEÑO DE PAREDES HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARRY A. DÍAZ LUIS R. FÁBREGA S. JERÓNIMO MEJÍA YANIXSA Y. YUEN SECRETARIA GENERAL HARLEY J. MITCHELL D. ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. CARLOS H. CUESTAS G. (S.)