Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 28 de Abril de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:28 de Abril de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el recurso de apelación incoado por el apoderado judicial de A.G.M., contra laResolución de 2 de octubre de 2014, dictada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, que no concedió el A. de Derechos Fundamentales promovido contra el Auto No.176 de 14 de marzo de 2013, proferido por la Juez de N. y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial de Panamá. EL ACTO IMPUGNADO EN SEDE DE AMPARO La Resolución atacada en sede de A., el Auto N°176 de 14 de marzo de 2013, dictado por la JUEZ DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE LA CHORRERA dentro del proceso por PROTECCIÓN a favor del niño H.J.G.G. como presunta víctima de maltrato por negligencia. La Resolución demandada en lo medular dispuso lo siguiente: "PRIMERO: No acceder, en este momento procesal, a la solicitud presentada por el Licenciado JULIO CESAR MATUTE, en el sentido de dejar sin efecto la medida de protección adoptada por la señora Jueza Primera de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución judicial. SEGUNDO: Mantener la medida provisional de colocación familiar del niño H.J.G.G., en casa de su padre, señor H.S.G.G., según peticionó el Licenciado CARLOS BOLIVAR TREJOS y se expone en los fundamentos legales. TERCERO: Dar seguimiento a la investigación, toda vez que existen diligencias por realizar." III. EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES El apoderado judicial del amparista sostiene que se infringió de manera directa, por comisión, la Garantía Constitucional del Debido Proceso, en razón de que no se han aplicado estrictamente las formalidades y trámites legales prescritos durante el proceso, ya que el tiempo transcurrido desde que se aplicó la medida de protección ha sido muy extenso, durante el cual el menor, ha sido víctima de maltrato por su propio padre. Explica que la violación al debido proceso legal se da en función de la infracción de los artículos 770, 738, 828, 589, numeral 3, del Código de la Familia en concordancia con los artículos 713 y 718 del Código Judicial. También se estima violentada por omisión la garantía constitucional del Interés Superior del Menor, contenida en el artículo 56 de la Constitución Política. Al respecto, estima el actor constitucional que la orden demandada conculca esta garantía a favor del hijo de la amparista, porque durante su extensa aplicación se está incumpliendo con la debida protección a la salud física y mental del menor, ya que, a su criterio, ha sido víctima de maltrato por su propio padre y no se han tomado los correctivos necesarios para ponerle fin a la vulneración de los derechos. IV. LA RESOLUCIÓN RECURRIDA La resolución del Tribunal Superior de N. y Adolescencia decidió NEGAR el A. de Derechos Fundamentales promovido en razón de los siguientes argumentos (fojas 90 a 105): " Analizadas las constancias procesales que reposan en el expediente ...., advertimos, en primer lugar, que en virtud de lo señalado en el artículo 2615 del Código Judicial, la acción extraordinaria puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representa la orden impugnada requiere de una revocación inmediata. Siendo así, entre el acto impugnado, es decir, el Auto N°176, de 14 de marzo de 2013, y el momento de su interposición, no debe haber transcurrido mucho tiempo, precisamente para que puedan configurarse las condiciones de gravedad e inminencia del daño que representa la orden impugnada, para requerir de una revocatoria inmediata, pues de no hacerlo ya dejaría de revestir de esas cualidades, se debe acudir prontamente a lograr restituir o impedir el daño que pudiera acarrearse como consecuencia de la orden de hacer o de no hacer violatoria de las garantías constitucionales fundamentales..... Esta Superioridad, considera que la Acción Constitucional está dirigida a atacar una resolución judicial que si bien es cierto contiene una orden de hacer consistente en mantener la medida provisional de colocación familiar del niño H.G.G. con su padre H.S.G.G., dándole seguimiento a la investigación y hasta tanto se realizaran las diligencias pendientes realizar, aunado a que se debía esperar la opinión del fallo de segunda instancia, en torno al recurso de apelación impetrado en contra del Auto atacado vía amparo, siendo que dicha decisión tiene un carácter temporal o transitorio, por lo que puede ser modificada en cualquier momento, de variar las circunstancias que la motivaron, razón por la cual este aspecto nos limita al momento de ser analizado... En ese mismo orden, observamos que en el Juzgado de N. y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial se ventila un proceso de protección por circunstancias especialmente difíciles, el cual al tratarse de una medida tutelar en pro de un niño, niña o adolescente esta tendrá un término de seis (6) meses tal como lo establecen las normas en esta materia, salvo excepciones en cuyos casos se plantea la prórroga o extensión de este tipo de medidas. Siendo que en este caso dicha medida estaba pendiente de reevaluación social tal como lo señaló la Juez de primera instancia. ....la presente acción de A. de Garantías Constitucionales ataca la orden de mantener provisionalmente al niño H.J.G.G. en casa del padre H.G.G., medida que ya había sido dispuesta por el Juzgado Primero de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, y que al declinar competencia al Juzgado de N. y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial de Panamá, se mantuvo, con la orden de darle seguimiento al mismo y realizar las correspondientes informes de visitas domiciliarias, a ambos hogares, lo que nos indica que la decisión en cuestión tiene carácter temporal por un lado y, por el otro, consideramos que pese a que se encontraba surtiendo la alzada, en esta instancia superior, hasta el 24 de junio de 2014, cuando se emitió la decisión en segunda instancia, dicha decisión no reviste las características que señala la norma para efectos de ser analizadas en cuanto al resarcimiento de vulneraciones a garantías constitucionales, pues no fue interpuesto oportunamente, ya que se dictó el 14 de marzo de 2013 y se resolvió el 24 de agosto de 2014, por lo que la posible gravedad e inminencia del daño no se configura. Asimismo, no presenta el resto de las exigencias que señala la norma, como el hecho que la decisión supuestamente violatoria de garantías fundamentales sea permanente y no provisional como en este caso.... ....consideramos que no se cumplen los presupuestos procesales que exige la norma para conceder el A. de Garantías Constitucionales, ya que no reviste las características para su revisión e impiden que sea impugnable mediante esta acción extraordinaria, por lo tanto, no puede ser admitida puesto que no se configura lo establecido en el artículo 2615 del Código Judicial, y en ese sentido, dentro de la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales procede su denegación, pues no se configuran las reglas que deben imperar en este tipo de acción constitucional..."(Resaltado de este Pleno) V. EL RECURSO DE APELACIÓN El recurrente, fundamenta su solicitud de revocatoria de la decisión del a-quo de Justicia de no conceder el A. en los siguientes términos: 1. Explica que, siguiendo la constante jurisprudencia que ha venido dictando la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el sentido de considerar valederas las razones para interponer una acción de tutela de derechos fundamentales, siempre y cuando la misma sea presentada dentro del término de tres (3) meses, reiteramos que el Auto N°176 del 14 de marzo de 2013 fue apelado desde el año 2013, pero la decisión de dicho recurso se adoptó recientemente en el Tribunal Superior de N. y Adolescencia mediante Auto Calendado del 24 de junio del 2014, por lo que a la fecha de interposición de presente acción el día 5 de septiembre no han transcurrido tres meses. 2. La gravedad del daño que se está causando se ha visto reflejada en el hecho de que durante el tiempo que se ha mantenido la medida de protección provisional de colocación familiar del menor en el hogar del padre, la madre pudo descubrir que su hijo ha sido objeto de maltrato por aquel, lo que la llevó a interponer una querella penal por este delito. 3. Considera además, que la resolución apelada en este escrito y que negó la acción de amparo justifica tal decisión bajo la premisa de que la decisión atacada es de carácter temporal, pero esto no se ha venido aplicando literalmente, porque aunque el Juzgador primario en su informe de conducta explica que se han desarrollado una serie de diligencias, no es menos cierto, que las mismas se han prolongado durante 23 meses, situación que ha expuesto al menor a la conducta delictiva realizada por su padre, sin que se adopten las medidas correspondientes. VI. CONSIDERACIONES DEL PLENO Analizado el libelo de A., el acto impugnado, la resolución recurrida y el recurso de apelación, procede el Pleno a resolver la alzada. Como requisito de primer orden, este Tribunal Constitucional debe hacer un análisis previo de la situación fáctica y jurídica, dentro de la cual se dicta la resolución atacada como violatoria del Debido Proceso legal a la señora A.G.M.; y lo anterior es en razón de que la resolución demandada no solamente podría afectar los derechos fundamentales de la amparista, sino también, y de manera directa, los derechos fundamentales del niño H.G.G., que por mandato Constitucional, esta Corporación de Justicia no puede desamparar. Inclusive, la prelación del interés superior del menor, sobre el principio del Debido Proceso, ya ha sido un tema desarrollado por este Tribunal Constitucional, mediante el fallo de 13 de marzo de 1998, bajo la ponencia del Magistrado E.S.; entre otras cosas, la resolución dijo lo siguiente: "Mediante este amparo se plantea el problema de un derecho que puede resultar afectado por el hecho de que se llegue a practicar una prueba. Pero es importante destacar que, en este caso, el daño que podría ocasionarse, con la ejecución de esa orden atacada (de practicar la referida prueba), trasciende la posible vulneración del debido proceso legal, pues la persona agraviada es un menor de edad, por lo que implicaría la infracción del artículo 52 de la Constitución, en relación con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, en caso de comprobarse que el funcionario demandado, al emitir la orden, no actuó otorgando prioridad al INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR que debe prevalecer en estos casos. ... La Corte ha señalado sobre la protección constitucional de los derechos de los menores que estos forman parte de los Derechos Humanos de segunda generación mencionados de manera general en el artículo 52 de nuestra Carta Política, pero sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en el ámbito procesal y, por ello, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño constituye un complemento a ese texto constitucional, al preceptuar que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor. Este concepto de interés superior del menor, implica el derecho del niño a una protección especial y a la primacía de sus intereses". (Resaltado de este Pleno) Este principio se encuentra implícitamente incorporado en el artículo 56 de la Constitución Política, que en su inciso segundo señala: "... El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menoresy garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales..." (el resaltado es del Pleno) La norma citada es de aplicación directa, pues no requiere de ningún desarrollo ulterior para tener eficacia, por lo que los derechos contenidos en la misma merecen ser tutelados por el Estado. En ese sentido, la Sentencia de 21 de agosto de 2008 proferida por esta Superioridad, ha señalado que: "...En efecto, la Constitución reconoce (no otorga) una serie de derechos fundamentales que, incluso, se encuentran ampliados y complementados en Convenciones Internacionales sobre derechos humanos. La vigencia de tales derechos, que solo tiene lugar cuando existe un sistema de protección judicial que los tutele efectivamente, es lo que permite que la normatividad de la constitución tenga vigencia, con lo cual se asegura el mantenimiento de la supremacía constitucional y se preserva el Estado de Derecho. El sistema de protección no consiste exclusivamente en la incorporación al ordenamiento jurídico de normas dirigidas a garantizar el reconocimiento y la vigencia de los derechos fundamentales. La tutela judicial efectiva se consigue cuando se logra el reconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en las leyes, de manera que los mismos puedan ser restaurados cuando han sido lesionado.(El resaltado es de este Pleno). De lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, debe advertir que, un sistema de protección judicial de derechos fundamentales que no sea capaz de tutelarlos efectivamente, hace ilusorios tales derechos y está lejos de contribuir a la consolidación y preservación de un verdadero Estado de Derecho. Al respecto, el Código de la Familia en su artículo 488, señala que el citado principio del Interés Superior del Menor, debe orientar la interpretación de las normas que atañen directa o indirectamente a las personas menores de edad. El artículo in comento a la letra dice: "Artículo 488. Las disposiciones del presente Libro deben interpretarse fundamentalmente en interés superior del menor, de acuerdo con los principios generales aquí establecidos y con los universalmente admitidos por el Derecho de Menores. (Resaltado del Pleno) En ese orden de ideas, observa el Pleno, que el presente proceso constitucional tiene su génesis en un Proceso de Protección que inicia de oficio, a favor del niño H.G.G., mediante un informe por "sospecha de maltrato" emitido por el Hospital del Niño; centro en el cual se atendió al niño por quemaduras de segundo grado, en el abdomen. Al momento de darse el incidente, el menor se encontraba bajo custodia de su madre, la señora A.G. (amparista), razón por la cual el personal médico del Hospital del Niño, le hizo entrega del menor de edad a su padre, señor H.S.G., y el caso fue referido al Juzgado Primero de N. y Adolescencia de Panamá, el cual inició un proceso de protección a favor del menor y dictó a su favor una medida de protección provisional, consistente en la colocación familiar en el hogar de su padre, por un plazo prorrogable de dos meses, mientras se desarrollen las diligencias de rigor. Sin embargo, el Juzgado Primero de N. y Adolescencia de Panamá, declinó el conocimiento del caso al Juzgado de N. y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial de Panamá, ubicado en LA CHORRERA, en razón del domicilio que tenía el niño con su madre al momento de los hechos, ubicado en Burunga, Distrito de Arraiján. Ingresado el proceso a la jurisdicción del Juzgado de N. y Adolescencia de la Chorrera; y luego de cumplirse el período contemplado en la medida de protección otorgada por el Juzgado Primero de N. y Adolescencia de Panamá (dos meses), el apoderado judicial de la madre y actual amparista, solicitó en reiteradas ocasiones, se dejara sin efecto dicha medida y que el niño fuera devuelto al hogar de la madre. Ante estas solicitudes, la Juez de N. y Adolescencia de La Chorrera se pronunció a través del Auto No.176 del día 14 de marzo de 2013, no accediendo a las peticiones del apoderado judicial y manteniendo la medida provisional de colocación familiar del niño H.G.G., en casa de su padre. La decisión de la Juez de N. y Adolescencia fue atacada vía amparo de garantías constitucionales por la madre del niño, al estimar que la citada resolución era violatoria del Debido Proceso Legal y del Interés Superior de su hijo; acción que fue resuelta por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia mediante sentencia de 2 de octubre de 2014 (foja 14) en el sentido de Negar el amparo interpuesto. Lo anterior motivó el presente recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Superior de N. y Adolescencia, la cual este Pleno procede a revisar. En primer lugar, este Tribunal Constitucional estima que la sentencia del Tribunal Superior de N. y Adolescencia deviene incongruente, puesto que las motivaciones y los fundamentos jurídicos no se corresponden con las pretensiones de la demanda ni con la decisión. En tal sentido, observa el Pleno que, a foja 101 del expediente el Tribunal Superior de N. y Adolescencia señala que la naturaleza de la resolución atacada vía amparo es de carácter temporal o transitorio, por lo que puede ser modificada en cualquier momento, de variar las circunstancias que la motivaron, "razón por la cual este aspecto nos limita al momento de ser analizado." Adicionalmente, argumenta el Tribunal, que "dicha decisión no reviste las características que señala la norma para efectos de ser analizadas en cuanto al resarcimiento de vulneraciones a garantías constitucionales, pues no fue interpuesto oportunamente, ya que se dictó el 14 de marzo de 2013 y se resolvió el 24 de agosto de 2014, por lo que la posible gravedad e inminencia del daño no se configura...Asimismo, no presenta el resto de las exigencias que señala la norma, como el hecho que la decisión supuestamente violatoria de garantías fundamentales sea permanente y no provisional como en este caso..."(foja 104) Finalmente, en la resolución apelada, el Tribunal Superior de N. y Adolescencia arriba a la siguiente conclusión: "Por todo lo antes expuesto, consideramos que no se cumplen los presupuestos procesales que exige la norma para conceder el A. de Garantías Constitucionales, ya que no reviste las características para su revisión e impiden que sea impugnable mediante esta acción extraordinaria, por lo tanto, no puede ser admitida puesto que no se configura lo establecido en el artículo 2615 del CódigoJudicial, y en ese sentido, dentro de la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales procede su denegación, pues no se configuran las reglas que deben imperar en este tipo de acción constitucional..." (Foja 104) Así entonces, se puede observar que el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, a pesar de que admitió la acción constitucional interpuesta, no se pronunciósobre los cargos de infracción del Debido Proceso y del Interés Superior del Menor alegados por el amparista contra el Auto N°176 de 14 de marzo de 2013, emitido por la Juez de N. y Adolescencia de La Chorrera, por considerar que su carácter de transitoriedad y de no definitividad la excluyen del catálogo de actos que pueden ser atacados por vía del amparo de garantías fundamentales. Es de lugar, expresar que el criterio del Tribunal Superior de N. y Adolescencia, en el presente caso, ha sido superado por esta Corporación de Justicia, puesto que los actos o decisiones emanadas de los Jueces de N. y Adolescencia, aunque sean transitorias o provisionales, pueden ser revisadas mediante la acción constitucional del amparo, siempre que de las mismas se puedan lesionar o infringir garantías fundamentales. Conforme a la jurisprudencia más reciente del Pleno de esta Corporación de Justicia, el amparo de garantías constitucionales procede contra cualquier tipo de acto capaz de "...lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Nacional sino en los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en la ley". De allí, que se encuentre superado el criterio que el acto atacado en sede de amparo debe contener una orden de hacer o de no hacer, pues la admisibilidad del amparo no depende de la forma que revista el acto recurrido, sino de la posibilidad que dicho acto vulnere o no derechos fundamentales y máxime si se trata de la vida e integridad de una persona menor de edad. (Cfr. Sentencia de 4 de diciembre de 2013) La doctrina procesal es unánime en esta materia cuando manifiesta que la acción de amparo, en sentido restringido, es un mecanismo de tutela o garantía jurisdiccional, cuya finalidad específica consiste en proteger a la persona humana o jurídica del virtual o efectivo desconocimiento de sus derechos individuales y sociales. Por ello, se sostiene doctrinalmente que la finalidad del amparo es ante todo homofiláctica, pues toma al hombre y a los derechos subjetivos que le conciernen como el objeto primordial de protección. Desde luego que, al reparar o prevenir el daño se logra, concomitantemente, salvaguardar la integridad del derecho objetivo, con lo que se alcanza un fin nomofiláctico. (Cfr. Sentencia de 31 de mayo de 1993. Magistrado Ponente. F.E.). Lo antes expuesto, nos permite entrar a corregir lo dispuesto en la sentencia apelada, respetando el derecho del amparista a recibir de este Tribunal Constitucional una respuesta a sus pretensiones, cumpliendo así con el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. En razón de lo expuesto entra este Pleno al análisis de los cargos de infracción de normas fundamentales que el amparista endilga al Auto No.176 de 14 de marzo de 2014, emitido por la Juez de N. y Adolescencia de La Chorrera. Así entonces, en primer término el actor constitucional considera vulnerada la Garantía Constitucional del Debido Proceso, en razón de que no se han aplicado estrictamente las formalidades y trámites legales prescritos durante el proceso, ya que el tiempo transcurrido desde que se aplicó la medida de protección ha sido muy extenso, tiempo éste durante el cual, a su criterio, el menor, ha sido víctima de maltrato por su propio padre. También se estima violentada por omisión la Garantía Constitucional del Interés Superior del Menor, contenida en el artículo 56 de la Constitución Política. Al respecto, estima el actor constitucional que la orden demandada conculca esta garantía a favor del hijo de la amparista, porque durante su extensa aplicación se está incumpliendo con la debida protección a la salud física y mental del menor, ya que, a su criterio, ha sido víctima de maltrato por su propio padre y no se han tomado los correctivos necesarios para ponerle fin a la vulneración de los derechos. En razón de lo expuesto, observa el Pleno que a foja 62 del expediente consta la copia autenticada del concepto emitido por la Defensora del Menor H.G.G., en el proceso de protección seguido a su favor, en el cual la letrada expone el siguiente criterio: "...sin hacer un estudio profundo al caudal probatorio, salta a la vista, las divergencias que existen entre ambos progenitores, donde cada parte, recrimina al otro, la falta de atención y cuidados hacia mi representado. Por una parte, el señor H.G.G., dice que antes que su hijo sufriera tal quemadura, se rompió la cabeza, se quebró un brazo en la escuela y luego el hombro, pero que todo ello, se dio bajo los cuidados de la madre. Según él, la señora A. es negligente en el cuidado de su hijo y prefiere que esta autoridad disponga lo concerniente, para que el niño se mantenga definitivamente con él. A contrario sensu, la señora A., aseguró que el día del incidente, ella se encontraba laborando, por eso no pudo llevar inmediatamente a su hijo al médico, además que no contaba con la ficha de seguro, ya que el señor H.G., no se la había suministrado. Observamos que el expediente de marras, contiene una serie de solicitudes e incidentes presentados por ambas partes, haciendo difícil que el Tribunal, logre tomar una determinación sobre el particular. Sentimos que en este momento, lo más viable es que la Juzgadora, con las pruebas presentadas en el proceso de Protección, arribe a una decisión definitiva y le de paso, a que ambos progenitores, aduzcan a través del proceso de Guarda y Crianza, las pruebas que a su bien tengan, en donde se garantice quien está en la mejor capacidad para ostentar legalmente la custodia del niño H.G.G." (Resaltado del Pleno) En ese sentido, y conforme con el criterio expresado por la Defensora del Menor de edad, la Juez de N. y Adolescencia de La Chorrera, dispuso en la parte motiva de la resolución atacada lo siguiente (foja 11): "...Con respecto a estas solicitudes, observamos que se basan en la consideración, por parte del abogado petente, que el término por el cual se dispuso la medida de ubicar al niño H.G.G. con su padre, ya ha vencido y por ende, corresponde el levantamiento de dicha medida de protección y la ubicación del niño bajo el techo materno; sin embargo, resulta evidente que del texto del artículo 59 de la Constitución Nacional, artículos 2, 318, 488, 816 ordinal 6 del Código de la Familia; y artículos 3 y 9 de la Convención de los Derechos del Niño, emana como un elemento imperativo, el velar, ante todo y todos, por el Interés Superior del niño H.G.G., ello involucra su protección y su derecho a que se investiguen, hasta la saciedad, los hechos que le hayan ocasionado menoscabo a su integridad física, psíquica y emocional, de manera directa o indirecta, dolosa o culposa, a fin de adoptar medidas de protección o levantar las existentes, pero con la certeza de su total seguridad y beneficio, primando todo lo referente a él por encima de los derechos que pueda alegar o argumentar cualquier adulto, sea progenitor o no..." (Resaltado del Tribunal Constitucional) En ese sentido, esta Corporación de Justicia debe advertir que, si bien es cierto que, conforme a lo dispuesto en el artículo 496 del Código de la Familia, en los casos de menores en circunstancias especialmente difíciles, el Juez de Menores podrá ubicarlos, como medida de protección, en colocación familiar, por un máximo de 6 meses, también es relevante señalar y con prelación a la norma citada que el artículo 763 del mismo cuerpo legal le impone una obligación ineludible al Juez de N. y Adolescencia en los siguientes términos: "Artículo 763. Los Jueces de la Jurisdicción de Familia y Jurisdicción Especial de Menores procurarán que la unidad en las relaciones familiares quede debidamente protegida, para lo cual dictarán las medidas que estimen convenientes con prevalencia del interés superior del menor. Así mismo, están obligados a investigar la verdad de las controversias que se les planteen, mediante práctica de la diligencias probatorias que consideren necesarias. Además de los medios de prueba establecidos en el Código Judicial, podrán utilizarse cualquiera otro medio probatorio no prohibido por la ley. Las pruebas serán apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica." Cabe añadir que, como corolario al mandato anterior, el artículo 764 del Código de la Familia, sustenta el criterio esbozado por la Juez de la causa en el auto atacado, al decidir que lo procedente en el presente caso es mantener la medida provisional de colocación familiar del niño H.G.G., en casa de su padre y dar el seguimiento a la investigación, toda vez que existen diligencias por realizar. "Artículo 764. En cualquier estado del proceso o de la actuación, los Jueces podrán ordenar las diligencias que consideren convenientes con prevalencia al interés superior del menor para mejor proveer..." (Resaltado del Tribunal Constitucional) Lo antes expuesto nos permite concluir que en el presente caso no se ha vulnerado el Debido Proceso de la amparista, puesto que la decisión de extender la medida de protección de colocación familiar, adoptada mediante el Auto No.176 de marzo de 2013, se fundamenta en el deber que tienen los Jueces de N. y Adolescencia de evacuar las diligencias probatorias necesarias para adoptar la decisión de fondo más beneficiosa al Interés Superior del Menor H.G.G.; esto en virtud de que en el expediente de marras se puede verificar que ambos progenitores se acusan mutuamente de ocasionarle maltrato al niño, situaciones que todavía no han sido suficientemente probadas dentro del proceso, razón por la cual los cargos de violación de la Garantía del Debido Proceso deben ser descartados. En cuanto al cargo de infracción de la Garantía Constitucional del Interés Superior del Menor, contenida en el artículo 56 Constitucional, en razón de la posible afectación de la integridad física del niño H.G.G., por la extensión de la medida de protección ordenada, debe el Pleno hacer las siguientes consideraciones. A foja 21 del expediente consta la evaluación médico legal realizada al niño H.G.G. por la Dra. J.J., médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del Ministerio Público, en el cual se hace constar lo siguiente: "Examen Físico: C., alerta, deambulando sin dificultad, en aparente buen estado general de salud. E. verdosa con patrón en banda en cara externa de pierna derecha asociada a excoriaciones lineales con costra que mide 12 x 2 cms. C. hipocrómica antigua en abdomen post injerto por quemadura. C. irregular rosada en cara anterior de rodilla izquierda (caída en la escuela). No presenta otras lesiones traumáticas en su anatomía... CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES: OBJETO: CONTUNDENTE NO SE PUSO EN PELIGRO LA VIDA SE LE ASIGNA UNA INCAPACIDAD MEDICO LEGAL DEFINITIVA OCHO (8) DIAS A PARTIR DEL DIA DEL INCIDENTE..." En el mismo informe médico legal consta la declaración del niño H.G.G. de 10 años de edad, en relación a la causa de sus lesiones: "... Refiere el menor que el día 24/4/2014 su papá le pegó con la correa porque lo mandaron a estudiar y él se fue a jugar con los amiguitos "tazos", refiere que no es todo el tiempo que le pegan y regañan, sólo cuando no hace caso. Me gusta estar con mi mamá porque mis hermanos juegan conmigo pero en los dos lugares, con mi papá y con mi mamá los dos me tratan bien". Del informe anterior puede este Tribunal verificar que, efectivamente existen pruebas objetivas de que el niño H.G.G. ha sufrido percances en su integridad física producto de supuestas acciones o de omisiones por parte de sus progenitores, los cuales deben ser investigados a profundidad, en el menor tiempo posible, a fin de determinar las responsabilidades correspondientes y cuál ha de ser la mejor opción para que el niño H.G.G. pueda desarrollarse en un medio que le garantice el ejercicio y respeto de sus Derechos Fundamentales. Sin embargo, y dentro del marco del análisis constitucional que debe hacer esta Corporación de Justicia, en el presente proceso, no se observa, hasta el momento, que la integridad física o psicológica del niño H.G.G. se encuentren en una situación de peligro inminente que amerite la suspensión de la medida de protección ordenada, consistente en la colocación en el hogar paterno, motivo por el cual este Pleno considera que el auto atacado, en este punto, ha respetado el Interés Superior del Menor, no sin antes mencionar al amparista lo dispuesto en el articulo 816 del Código de la Familia que expresa lo siguiente: "Artículo 816. El proceso especial de menores se rige por los siguientes principios: 1... 2... 6. Interés superior del menor; 7. Reformabilidad y revisión de las decisiones y de las medidas impuestas..." La norma transcrita está orientada a la aplicación del Principio Constitucional del Interés Superior del niño, niña o adolescente, según el cual todas las medidas tomadas dentro de un proceso por las autoridades competentes deben estar dirigidas a proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad, sin dilaciones y formalidades que puedan poner en peligro su integridad física o psicológica. Así el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Panamá, mediante la Ley N°15 de 1990, establece textualmente, lo transcrito a continuación: "...En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. ...Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas..." (Resaltado del Pleno) De las razones anotadas y de las constancias probatorias del expediente, este Tribunal Constitucional debe concluir que la acción de A. de Garantías Fundamentales incoada debe ser negada, pues no se han probado los cargos de violación al Debido Proceso y al Interés Superior del Menor. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de 2 de octubre de 2014, dictada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, en la cual "NO CONCEDE el A. de Derechos Fundamentales promovido contra el Auto Nº176 de 14 de marzo de 2013, dictado por el JUZGADO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE LA CHORRERA". N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)