Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 30 de Marzo de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución30 de Marzo de 2015
EmisorPleno

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada I.G.C., actuando en nombre y representación de la Caja de Ahorros, contra el Auto No.1253 de 29 de diciembre de 2012, dictado por el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. ANTECEDENTES El Auto que se ataca a través del amparo de derechos fundamentales es el Auto No. 1253 de 29 de diciembre de 2012, corregido por Auto No.3 de 2 de enero de 2013, proferidos por la L.R.I., Juez Novena de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictado en el Incidente de Nulidad por Distinta Jurisdicción promovido por la Caja de Ahorros dentro del Proceso de Protección al Consumidor promovido por la señora D.R.M. en contra de CAJA DE AHORROS. LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial mediante Resolución de 7 de enero de 2014, DENIEGA la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por CAJA DE AHORROS contra la JUEZ NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, L.R.I. por estimar que si bien de los antecedentes que acceden a la presente acción se evidencia que la reclamación propuesta por la señora D.R.M. deviene de una referencia de crédito errada que la CAJA DE AHORROS envió a la Asociación Panameña de Crédito (APC); el envío de dicha referencia obedece al hecho principal de que la señora D.R.M. adquirió de la CAJA DE AHORROS el servicio de tarjeta de crédito, lo cual creó entre ambas una relación de consumo, que es tutelada por la Ley 45 de 2007, y cuyo conocimiento es de los Juzgados de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. EL RECURSO DE APELACIÓN Contra la decisión de primera instancia, el amparista anunció y sustentó recurso de apelación, por considerar que: 1- . La orden de no hacer impugnada vulnera los derechos fundamentales consagrados en los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Política. 2- La orden de no hacer proferida por la Jueza Novena de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, requiere de su revocación inmediata por la inminencia del daño que la misma puede ocasionar en contra de los derechos de la Institución. Señala el apelante que la omisión del Tribunal de instancia al Declarar No Probado el Incidente de Nulidad por Distinta Jurisdicción instaurado por Caja de Ahorros, desconoce las normas que rigen la materia, y la existencia de un Tribunal competente para conocer el presente proceso, afectando de esta forma la seguridad jurídica de la Caja de Ahorros, dado que por su naturaleza, al ser una entidad estatal, las indemnizaciones que sean solicitadas en su contra por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas son atribución privativa de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y no como en el caso de referencia, en el que la Juez Novena de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá ha desconocido. Continua señalando que la tutela de los derechos fundamentales a través de los procesos conduce necesariamente a que se garantice el derecho al Debido Proceso material y formal de todos los ciudadanos y que el Estado asegure que el proceso se desarrolle en la forma legalmente prevista no pudiéndose utilizar con fines distintos y en perjuicio de alguna de las partes, y, en el caso concreto, se ha obviado la naturaleza del ente económico denominado CAJA DE AHORROS y la autoridad competente para conocer de dicho proceso, siendo ésta la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y no el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Expuesto el contenido del amparo, los argumentos de la resolución apelada y las consideraciones planteadas por el recurrente, procede esta Superioridad a resolver la alzada. El recurso de apelación bajo examen persigue que se revoque la orden de no hacer así contenida en el Auto No.1253 de 29 de noviembre de 2012 corregido por Auto No.3 de enero de 2013, emitidos por la L.R.I., Juez Novena de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictado en el Incidente de Nulidad promovido por la Caja de Ahorros dentro del Proceso de Protección al Consumidor instaurado por la señora D.R.M. en contra de CAJA DE AHORROS. Una vez efectuada una revisión del expediente, la Corte aprecia que el día 04 de agosto de 2010 la Caja de Ahorros y la señora D.R.M. suscribieron acuerdo de pago por un período de 57 meses, por virtud del saldo adeudado y la morosidad de la tarjeta de crédito Visa Clásica No.4765-2801-2033-0753, por la suma de mil ciento cincuenta y nueve balboas con 31/100 (B/.1,159.31) en concepto de capital, intereses y seguros. El apoderado judicial de la señora D.R.M. a consecuencia de dicha suscripción promovió la queja N°.127-11HC ante la Autoridad de Protección al Consumidor por considerar que estaba errada la inclusión de los datos del consumidor o clientes en la base de datos de la Asociación Panameña de Crédito. Mediante Resolución DNP No.251.11HC del 6 de junio de 2011, la Autoridad de Protección al Consumidor resolvió "ordenar al agente económico CAJA DE AHORROS, y a la Asociación Panameña de Crédito (APC), eliminar la referencia de crédito No.2011138863, cuyo titular es la señora, D.R.M., portadora de la cédula de identidad personal No.4-143-949...." En virtud de lo anterior, la Caja de Ahorros promovió recurso de apelación por estar disconforme con dicha decisión, porque es obvió que la señora D.R.M. si mantiene una obligación con la CAJA DE AHORROS y que si bien se incurrió en un error al indicar los días de atraso e historial, esto no significa que la citada señora no mantuviese una obligación pendiente y vigente con la Caja de Ahorros que debía ser cancelada. Mediante Resolución A-DPC-1771 de fecha 28 de octubre de 2011, la Autoridad de Protección al Consumidor resolvió modificar la Resolución 251-11HC de fecha 06 de junio de 2011, sancionando a la CAJA DE AHORROS con multa y ordenar a la Asociación Panameña de Crédito (APC), y al agente económico CAJA DE AHORROS, modificar la referencia de crédito N°20111389863, cuyo titular es la señora D.R.M.. En base a lo anterior la señora D.R.M. promovió demanda de Protección al Consumidor contra la Caja de Ahorros por la suma de NOVENTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.90,000.00), en concepto de indemnización por los daños y perjuicios materiales y morales. La apoderada judicial de la CAJA DE AHORROS en base a lo anterior, procedió a promover Incidente de Nulidad por Distinta Jurisdicción en virtud de que considera que la "jurisdicción de comercio" no es la idónea para reclamar indemnizaciones contra el Estado; Incidente que fue declarado NO PROBADO por la Juez Novena de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, decisión ésta que fue confirmada por el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá a través de Resolución de 14 de agosto de 2013. El motivo por el cual la amparista afirma la existencia de una infracción al debido proceso, gira en torno a que a su juicio la Jurisdicción de Comercio no es la vía idónea para reclamar indemnizaciones en contra del Estado; que en todo caso la reclamación debe ser ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Precisado lo que antecede, observamos que el examen debe ceñirse a verificar si efectivamente se ha originado la infracción a los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 17, 18 y 32 , al expedirse el acto demandado, que consideró NO PROBADO el Incidente de Nulidad por Distinta Jurisdicción interpuesto por la Licenciada ISIS GARCÍA CASTILLO, apoderada judicial de la sociedad demandada CAJA DE AHORROS dentro del Proceso de Protección al Consumidor incoado por D.R.M. contra CAJA DE AHORROS. La garantía del debido proceso, consagrada en el artículo 32 de la Constitución Nacional vigente reconoce el derecho que tienen los asociados a ser juzgados por autoridad competente, conforme a los procedimientos descritos en la Ley, sin que puedan ser juzgados más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. Cabe entonces citar, el artículo 124 de la Ley 45 de 2007 que dispone lo siguiente: "Artículo 124. Competencia. Se crean tres juzgados de circuito del ramo civil en el Primer Distrito Judicial de Panamá, que se denominarán Juzgados Octavo, Noveno y Décimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, y un juzgado de circuito en Colón. Adicionalmente, se crea un juzgado de circuito del ramo civil en Coclé, en Chiriquí y en Los Santos, que se denominarán Juzgado Segundo de Coclé, Juzgado Cuarto de Chiriquí y Juzgado Segundo de Los Santos, respectivamente, para conocer de estas causas en sus respectivos distritos judiciales. Estos juzgados conocerán exclusiva y privativamente de las causas siguientes: 1. En materia de práctica monopolísticas, las controversias que surjan como consecuencia de reclamaciones individuales o colectivas y/o que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la presente Ley. 2. En materia de protección al consumidor, las controversias que surjan como consecuencia de cualquier pretensión individual o colectiva que emane de una relación de consumo nacida dentro o fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley. 3. Controversias relacionadas con la propiedad intelectual, que incluyen, entre otras, las relativas a Derechos de Autor y Derechos Conexos, marcas de productos o de servicios y patentes. 4. Controversias relativas a las relaciones de agencia, representación y distribución. 5. Controversias relativas a los actos de competencia desleal. 6. Acciones de reparación de los daños colectivos, para la reposición de las cosas al estado anterior al menoscabo, y el resarcimiento pecuniario del daño globalmente producido a la colectividad interesada. 7. Conceder autorizaciones a la Autoridad para que practique diligencias probatorias, exámenes de documentos privados de empresas, allanamientos y cualquier otra medida que esta solicite en el curso de una investigación administrativa o para el aseguramiento de pruebas. 8. Imponer sanciones por violaciones de las disposiciones de la presente Ley, y decretar la suspensión de los actos infractores. 9. Decretar las medidas cautelares que soliciten la Autoridad o los demandantes particulares. De los procesos que se instauren en el resto del territorio nacional conforme a esta Ley, conocerá el juzgado de circuito correspondiente que tenga a su cargo la atención de los negocios civiles. Las controversias que surjan en materia de propiedad industrial, Derechos de Autor y Derechos Conexos, o cuando los bienes o las relaciones sobre los que recaiga la reclamación hayan circulado, en todo o en parte, en la circunscripción del Primer Distrito Judicial de Panamá, los juzgados creados por esta Ley serán competentes a prevención, a elección del demandante, junto con el juzgado correspondiente, para conocer de cualquiera de las causas anteriores. Se exceptúan los casos exclusivamente asignados a la Autoridad." Esta Superioridad es del criterio que nos encontramos ante una relación de consumo que se da entre una persona natural o jurídica llamada consumidor-consumidora y un comerciante llamado proveedor o agente económico, es la Ley No.45 de 31 de octubre de 2007, quien en su ámbito de aplicación reglamentará a todas y cada una de las disposiciones generales que en esta relación de consumo se den. Dicha relación encuentra en las disposiciones legales contenidas en la Ley No.45 de 31 de octubre de 2007, específicamente, en el Título II, una regulación especial que tiene como norte salvaguardar el interés superior del consumidor y consumidora, atendiendo a la desventaja económica y cognoscitiva que presenta frente a su contraparte. Así se tutelan distintos aspectos de la relación de consumo tales como las obligaciones generales del proveedor, las garantías de bienes y/o servicios y el control de contenido de los contratos de adhesión. Es importante traer al debate que el artículo 83 de la misma Ley, faculta al consumidor o consumidora a recibir el resarcimiento de los daños y perjuicios, tal como se señala a continuación: "Artículo 83. Acceso. Para hacer valer sus derechos, el consumidor podrá iniciar individual o colectivamente, los procesos para reclamar la anulación de contratos de adhesión, el cumplimiento de garantías o el resarcimiento de daños y perjuicios, de conformidad con las disposiciones de este título, los cuales serán competencia del Órgano Judicial" En este orden de ideas es importante señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 52 del 13 de diciembre de 2013, la Caja de Ahorros es una institución autónoma del Estado, con personería jurídica propia y autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, tal y como lo dispone el Artículo 2 de su Ley No.52 de 13 de diciembre de 2000. Ahora bien, por su parte Ley N°45 de 2007 "QUE DICTA NORMAS SOBRE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y OTRA DISPOSICIÓN" en su artículo 33 dispone lo siguiente: "Artículo 33. Definiciones. Para efectos de este Título, los siguientes términos se entenderán así: 1.Proveedor. Industrial, comerciante, profesional o cualquier otro agente económico que, a título oneroso o con un fin comercial, proporcione a otra persona un bien o servicio de manera profesional y habitual. 2.Consumidor. Persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza. 3.Contrato de adhesión. Aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes y servicios, sin que el consumidor pueda negociar su contenido al momento de contratar. 4.Asociación de consumidores organizados. Organización constituida por personas naturales, cuyo objetivo es garantizar la protección y defensa de los intereses de los consumidores, independientemente de todo interés económico, comercial o político." De lo anteriormente expuesto se evidencia claramente una relación de consumo existente entre un "proveedor", la Caja de Ahorros y un "consumidor" D.R.M.; que inicia cuando D.R.M. adquiere de la Caja de Ahorros el servicio de tarjeta de crédito, relación de consumo a la cual le es aplicable la Ley 45 de 2007 que establece en su artículo 2 el ámbito de aplicación de la misma. "Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a todos los agentes económicos, sean personas naturales o jurídicas, empresas privadas o instituciones estatales o municipales, industriales, comerciantes o profesionales, entidades lucrativas o sin fines de lucro, o a quienes, por cualquier otro título, participen como sujetos activos en la actividad económica." En este mismo orden de ideas es importante definir a la luz de la Ley 81 de 2009 el Contrato de Tarjeta de Crédito: "Contrato de tarjeta de crédito. Aquel celebrado entre una entidad financiera y otra persona, mediante el cual se le concede a esta última el derecho de utilizar una o más tarjetas de crédito o tarjetas de financiamiento, para facilitarle la adquisición de bienes, dinero o servicios en los comercios afiliados al sistema. Este contrato también se puede llamar apertura de crédito utilizable mediante tarjeta de crédito o de cualquiera otra manera sin que por ello pierda su esencia." El artículo 9 de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002 (modificado y adicionado mediante Ley 14 de 18 de mayo de 2006), asigna competencia a los juzgados civiles creados mediante la hoy derogada Ley 29 de 1996, para conocer de las reclamaciones por daños y perjuicios causados por los agentes económicos en atención a la inobservancia de la ley reguladora del servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores. El citado artículo 9 dispone lo siguiente: "Artículo 9. Competencia de los tribunales. Los juzgados civiles creados mediante la Ley 29 de 1996, conocerán de las demandas que se presenten en contra de los agentes económicos y/o agencias de información de datos, así como de las reclamaciones por daños y perjuicios causados." Resulta evidente que la reclamación de indemnización por daños y perjuicios sustentada en el suministro de información crediticia incorrecta a la Asociación Panameña de Crédito (APC), no se subsume en lo dispuesto en el artículo 97 del Código Judicial: " Artículo 97. A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades autónomas o semiautónomas. En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente: ................. 8. De las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños y perjuicios causados por actos que esta misma Sala reforme o anule 9. De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado, y de las restantes entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado; 10. De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos; ... ... ..." Esta Superioridad estima que la responsabilidad de la Caja de Ahorros se sustenta en la comisión de una infracción, específicamente, de aquellas que califica como grave la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, Reguladora del Servicio de Información Sobre el Historial de Crédito de los Consumidores o Clientes según fuera modificada y adicionada mediante Ley 14 de 18 de mayo de 2006, "Proporcionar, mantener y transmitir datos que no sean exactos o veraces" (artículo 40 numeral 10). En mérito de lo expuesto y como quiera que la normativa arriba examinada establece el hecho de que corresponde al Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá el proceso de Protección al consumidor en estudio y de las controversias surgidas entre las partes hoy demandante y demandada que intervienen en el mismo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que no se ha producido violación alguna de la garantía fundamental del debido proceso. En consecuencia el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de siete (07) de enero de dos mil catorce (2014) dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que DENIEGA la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por CAJA DE AHORROS contra la JUEZ NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITOJUDICIAL DE PANAMÁ, L.R.I.. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO OYDÉN ORTEGA DURÁN---JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS--VICTOR L. BENAVIDES P.--HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA-- JERÓNIMO MEJÍA E. HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- HARLEY J. MITCHELL D. YANIXSA Y. YUEN C. Secretaria General