Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 12 de Enero de 2015

Ponente:Harley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución:12 de Enero de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: Ingresa al P. de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación, promovido dentro de la ACCIÓN DE H.C., que el licenciado I.B.V., promueve a favor del señor T.R.T., contra el Juez de N. y Adolescencia de San Miguelito. Una vez asignado el presente negocio mediante reglas de reparto, procede a esta Alta Corporación de Justicia a dictar la decisión que corresponda conforme a derecho. I. DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Para consideración del P. de la Corte, se remite en concepto de alzada, la Resolución de 25 de agosto de 2014, por medio del cual, el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, DECLARA LEGAL el APREMIO CORPORAL, que en contra del señor T.R.T., ordenó el Juez de N. y Adolescencia del Segundo Circuito Judicial, con motivo de que se le DECLARÓ EN DESACATO, en cuanto al pago de la pensión alimenticia fijada, a favor de su menor hijo J.D.T.L. Esta decisión, del Tribunal primario, que se sustentó en los siguientes fundamentos y motivos: "De lo trascrito se colige, que para que prospere la Acción de H.C. preventivo, es de esencia que se haya dictado orden de detención; que ésta no se haya ejecutado y que dicha orden de detención se haya proferido fuera de los casos y de las forma que prescriben la Constitución y la ley, o sea, que devenga en arbitraria o injurídica y de igual forma se requiere que el petente haga constar con certeza, la existencia del temor inminente a que se atente contra la libertad personal. En síntesis, para que este tipo de acción proceda, se requiere pues la existencia de una orden de detención debidamente pronunciada en contra de una determinada persona y que la misma no se haya concretado al momento de promoverse la acción constitucional de H.C., lo que en efecto se da... ... Por lo que luego de realizado el análisis del expediente, llegamos a la conclusión que la detención preventiva de T.R. TORRES es legal, por cuanto existe orden de detención preventiva en su contra, expedida por el Juez de N. y Adolescencia del Segundo Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, y la misma cumple con las formalidades legales, y que conforme al artículo 7 (numeral 7) de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José); y el artículo 31 de la Ley 42 del 7 de agosto de 2013, admite este tipo de medidas de incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia; y, exceptúa de la no detención por deudas los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios; al tratarse de un derecho que consagra la vida de los niños, niñas y adolescentes, cuando los padres no cumple con los deberes que se generan en el ejercicio de la patria potestad." (cf.s 14-24). II. ESCRITO DE APELACIÓN Dentro del término que confiere el artículo 2608 del Código Judicial, el señor T.R.T., por intermedio de su apoderado legal, el licenciado I.B.V., anunció y sustentó recurso vertical de apelación, contra la decisión adoptada por el A-quo, basado en las siguientes argumentos. Destaca el censor, que el principal motivo de su disenso estriba en que es del concepto, que los pagos atrasados en concepto de alimentos, se convierten realmente en una deuda que se debe cobrar por la vía ejecutiva. Y para reforzar lo anterior, cita un extracto del fallo de 18 de abril de 1996, dictada por el P. de la Corte Suprema de Justicia, que en su parte medular indicó lo siguiente: "...No procede el desacato cuando la condena consiste en pagar una suma de dinero en concepto de pensiones alimenticias atrasadas. Lo que procede es la ejecución de la resolución que ordena el pago de dichas pensiones atrasadas..." Es pues, atendiendo a este concepto solicita a esta Superioridad que se declare ilegal la medida de apremio corporal dispuesto en contra de su representado (cf.s 27-29). CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Luego de conocer los principales fundamentos que sustentan la decisión de grado; así como los argumentos del censor, este máximo Tribunal colegiado se encuentra en condiciones de emitir una decisión. Huelga señalar que si bien, el presente recurso de apelación fue adjudicado, en el reparto del día 12 de septiembre de 2014, no obstante, al observar que los antecedentes (proceso de pensión alimenticia y el cuadernillo de desacato) que fueron utilizados en primera instancia para resolver esta acción de habeas corpus no fueron remitidos a esta Superioridad, sino que fueron devueltos a su lugar de origen, se dispuso a través del magistrado sustanciador, solicitar al Juez de N. y Adolescencia de San Miguelito, la remisión de estos cuadernillos, en concepto de préstamo, para los efectos de verificar si fue correcta o no la decisión adoptada en primera instancia. Esta solicitud, que tuvo respuesta el día 26 de septiembre de 2014, por lo cual nos disponemos a resolver la presente súplica. En esa labor, y luego de examinar con detenimiento estas constancias procesales, se constata en primer lugar, que efectivamente como concluyó el Tribunal A-quo, nos encontramos frente a una acción de habeas corpus de carácter preventivo, ya que la medida de apremio corporal dispuesta en contra del señor T.R. TORRES y, que sostiene el censor deviene en ilegal, a la fecha no se ha hecho efectiva. A propósito del hábeas corpus preventivo es importante acotar lo que nuestro ordenamiento constitucional, en el artículo 23 dispone: "ARTÍCULO 23: Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante la acción de hábeas corpus que podrá ser interpuesta inmediatamente después de la detención y sin consideración a la pena aplicable. La acción se tramitará con prelación a otros casos pendientes mediante procedimiento sumarísimo, sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de horas o días inhábiles. El hábeas corpus también procederá cuando exista una amenaza real o cierta contra la libertad corporal, o cuando la forma o las condiciones de la detención o el lugar en donde se encuentra la persona pongan en peligro su integridad física, mental o moral o infrinja su derecho de defensa". (Lo resaltado es del P.). En ese orden de pensamiento, es importante agregar que la acción de hábeas corpus, es el mecanismo constitucional que sirve de resguardo al derecho fundamental de libertad corporal, frente a cualquier gestión patrocinada por servidor público que implique la intervención, restricción o perturbación de esta prerrogativa, cuando se disponga fuera de los casos y procedimientos que establece nuestro Estatuto Fundamental; así como normas legales vigentes. Esta acción constitucional subjetiva que, conforme razona el artículo 23 antes citado, también opera cuando la privación de libertad no se ha concretado pero existe elementos objetivos que indican, que estamos frente a un peligro real e inminente, de que este derecho fundamental sea restringido o limitado. Puntualizado lo anterior, y para los efectos de la decisión a adoptar, consideramos prudente realizar un recuento de las constancias procesales de mayor entidad dictadas dentro de los antecedentes solicitados en concepto de préstamo. En ese sentido, se desprende del proceso de pensión alimenticia, que fue para el día 2 de mayo de 2012, que la señora Y.L., promueve ante el Juzgado de N. y Adolescencia del Segundo Circuito Judicial de Panamá, solicitud de pensión alimenticia, a favor de su menor hijo J.D.R.L y, en contra del señor T.R. TORRES (cf.s 1-2). Acto seguido consta que mediante Auto No. 450-12 de 3 de mayo de 2012, el juez de instancia admite la solicitud de pensión alimenticia y, programa fecha de audiencia para el día 1 de junio de 2012 (cf.s 3), no obstante, este acto procesal finalmente se pudo concretar el día 2 de octubre de 2012. Es importante indicar, que se deja constancia que en el momento que se procuraba advenir a las partes, éstas voluntariamente le propusieron al despacho judicial, fijar la pensión alimenticia en CIENTO CINCUENTA DÓLARES (B/150.00) mensuales..." tomando en cuenta que el demandado es taxista, tiene una hija, esposa con asistencia médica y adicionalmente la demandante, hasta ese momento labora, con ingreso neto aproximado de CIENTO OCHENTA Y CINCO DÓLARES (B/185.00) quincenales..." Luego de ello y, en el mismo acto de audiencia, el Tribunal de instancia emite la Sentencia No,. 232-12, cuya decisión fue la siguiente: "PRIMERO; HOMOLOGAR y ELEVAR a decisión judicial, el acuerdo suscrito por las partes en este acto de audiencia, a favor de J.D.R. L.. SEGUNDO: ESTABLECER al demandado la obligación de pensión alimenticia, por el monto de CIENTO CINCUENTA DÓLARES (B/150.00) mensuales, a razón de SETENTA Y CINCO DÓLARES (B/75.00) por quincena, depositables los días dieciséis (16) y uno (01) de cada mes, en una cuenta de ahorro del Banco Nacional de Panamá, a nombre del demandante. TERCERO: ESTABLECER como consecuencia del efecto retroactivo de la obligación alimenticia antes establecida la suma de SEISCIENTOS TREINTA CINCO DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS (B/635.50'), que deberán ser cancelados por el demandado, a razón de DIEZ DÓLARES (B/10.00) por quincena, que deberán ser depositados en la misma cuenta de la pensión alimenticia." (cf.s 18-20). Cabe destacar, que dentro del proceso de alimentos fue anexado un cuadernillo de desacato identificado bajo el número de entrada 115-1, que fue instado por la señora Y.L., el día 26 de diciembre de 2012, ya que alegaba que el obligado a pagar esta pensión alimenticia, se había atrasado en el pago del 30 de noviembre y 16 de diciembre de 2012, por la cantidad de B/85.00 (cf.s 36). Esta solicitud, fue resuelta por el Tribunal de instancia, quien través del Auto No. 034-13 de 14 de enero de 2013, declaró en DESECATO al señor T.R. TORRES y, en consecuencia de ello, se decretó en su contra el apremio corporal por el término de 30 días; se ordenó la imposición de trabajo comunitario, asimismo se dispuso la suspensión del paz y salvo municipal y, se le inhabilitó para contratar con el estado por el período igual al adeudado en concepto de pensión alimenticia (cf.s 44-47). Es importante señalar, que esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, mediante Resolución fechada 6 de mayo de 2013, basado principalmente en el hecho de que el Juez de N. y Adolescencia, dispuso las medidas de desacato, sin que el secretario judicial del despacho confeccionara un informe que especificara al Tribunal el monto exacto de lo adeudado, conforme exige nuestro ordenamiento legal. Este fallo que en lo medular señaló lo siguiente: "El primero de ellos consiste que el señor T.R. TORRES considera que ya ha pagado el mes por el cual se le sancionó (DICIEMBRE 2012), lo que nos lleva a verificar que el incidente en estudio no cuenta con el informe secretarial contentivo de los hechos justificativos de la sanción por desacato. Ello es exigido claramente en el artículo 73 de la Ley General de Alimentos, de tal suerte que deben establecerse claramente en que consiste el incumplimiento reclamado, y mal podemos considerar el informe secretarial, visible a foja 9 del presente cuadernillo, como un elemento que satisface los requerimientos que usualmente observamos en incidencias similares. A partir de que el propio apelante en su escrito reconoce intrínsicamente que ha incumplido con el pago de la pensión alimenticia en las condiciones decretadas, la falencia referida anteriormente no puede motivar una revocatoria del desacato; más si coloca en tela duda la procedibilidad de las sanciones impuestas, en cuanto el juez primario tiene acreditado el incumplimiento de la obligación alimenticia con el contenido del deficiente informe secretarial (cf.s 69-76). En ese orden de ideas, tenemos que posteriormente para el día 25 de septiembre de 2013, nuevamente la señora Y.L. acude ante el Juez de instancia, y formula otra solicitud de desacato contra el señor T.R.T., esta vez, sustentado en el hecho de que el mismo tiene pendiente el pago de la pensión alimenticia, de los meses de diciembre de 2012; junio y septiembre de 2013, por lo cual solicita que se le aplique las siguientes medidas: apremio corporal; trabajo social comunitario; suspensión de paz y salvo municipal e inhabilitación para contratar con el estado (cf.s 1). La petente aportó con ello el estado de cuenta expedido por el Banco Nacional de Panamá, el cual corre de foja 2 a 5 del cuadernillo de desacato, mientras que el secretario judicial del Tribunal, a través de informe fechado 18 de febrero de 2014, deja consignado en dicho cuadernillo lo siguiente: "Señor Juez: Informo a usted que dentro del presente proceso, en contra del señor T.R.T., se ha realizado operación matemática de los pagos de la cuota alimenticia, TOMANDO EN CUENTA el estado de cuenta aportado por el Banco Nacional de Panamá, en base a la pensión establecida en (B/150.00) por mes, a razón de (B/75.00) por quincena. Siendo así se refleja que el señor T.R.T., para los meses de diciembre de 2012, junio y septiembre de 2013, adeuda la suma de CUATROCIENTOS QUINCE DOLARES (B/415.00), en concepto de pago de la cuota de pensión alimenticia". (cf.s 16). (lo resaltado es del P.) La anterior petición es resuelta a través del Auto No. 131-14 de 18 de febrero de 2014, objeto de la presente acción de hábeas corpus, donde se dispuso lo siguiente: "DECLARACULPABLE EN DESACATO, al señor T.R. TORRES... por no suministrar las cuotas alimenticias decretadas por el Tribunal. SEGUNDO: DECRETAR el apremio corporal del señor T.R.T., con cédula de identidad No. 8-241-268 por el término de treinta (30) días, mientras dure su renuencia para cumplir con la orden emitida por este Tribunal. Tal como lo establece el artículo 31 de la ley No. 42 del 7 de agosto de 2012. TERCERO: ORDENA comunicar lo resuelto a la Dirección de Investigación Judicial (D.I.J) para que se lleve a cabo la detención inmediata del T.R. TORRES... CUARTO: COMPULSAR copia debidamente autenticadas de lo resuelto al Ministerio Público para que se inicie las investigaciones correspondientes de conformidad con el artículo 31 de la Ley 42 del 7 de agosto de 2012.". Es importante señalar, que luego de notificar el contenido de esta decisión, al señor T.R.T., a través de la asistencia de un abogado, licenciado I.B.V., solicitó al Juez de N. y Adolescencia de San Miguelito, la suspensión de esta orden de captura ya que indica que su patrocinado ha pagado la pensión alimenticia del mes de julio de 2014, aportando para ello el slip de pago del Banco Nacional de Panamá, que constata este hecho y que el mismo fue por la suma de B/150.00. No obstante, mediante Resolución calendada 21 de agosto de 2014, el Juez de instancia, desestima esta petición y mantiene la orden expedida a través del Auto No. 131-14 del 18 de febrero de 2014, esto es, la orden de arresto por 30 días por considerarlo en desacato.(cf.s 33). Es pues, luego de realizar un recuento de las principales incidencias acontecidos en este proceso de alimentos, le corresponde a este máximo Tribunal Colegiado, determinar si la resolución donde se ha dispuesto el apremio corporal del señor T.R. TORRES, satisface o no, los fundamentos y procedimientos que exige nuestro ordenamiento positivo, para que esta orden de arresto, por desacato, se pueda considera como legal. No es ocioso de nuestra parte recordar, que la libertad es uno de los derechos fundamentales que le asiste a toda persona sin distinción, de allí que toda medida que pueda representar su restricción o limitación debe estar consignada por escrito, dictada por autoridad competente, y debidamente fundamentada, conforme se preceptúa en el artículo 21 del Texto Constitucional. Ahora bien, en este caso, estamos frente a la situación que esta medida de arresto deviene con motivo de una solicitud de desacato, elevada dentro de un proceso de alimento, donde la petente aseveraba que el señor T.R.T., estaba atrasado en el pago de la pensión alimenticia, fijada vía judicial, a favor de su menor hijo J.D.T.L, en B/150.00 mensuales, es decir B/75.00 por quincena. Es pues, al no existir duda de que existe una orden de arresto, dispuesta en contra del señor T.R. TORRES, la cual, aún no se ha hecho efectiva, se procede a verificar si esta medida responde a los presupuestos que exige, la Ley No.42 de 9 de agosto de 2012, esto es, la Ley General de Pensión Alimenticia.. En ese sentido, y para los efectos de la decisión a adoptar, se reproduce a continuación, el contenido del artículo 73 de la Ley No. 42 de 9 de agosto de 2012 que regula, en el proceso de alimentos, la figura del desacato: "Artículo 73. Desacato. La autoridad competente y a petición de partepodrá sancionar de inmediato por desacato al obligado en el proceso de alimentos hasta con treinta días de arresto a partir de la notificación de la resolución respectiva. Se entenderá que el demandado está en desacato cuando no pague la cuota alimenticia en la forma y condiciones establecidas. 1. Cuando no consigne las cuotas alimenticias en la fecha y condiciones decretadas. 2. Cuando de mala fe eluda el pago de las cuotas alimenticias. Se presuma la mala fe cuando el obligado renuncie o abandone su trabajo eludiendo su obligación o cuando su conducta y los hechos así los pongan de manifiesto. 3. Cuando la parte demandada simule un juicio gravando su salario o traspase sus bienes al enterarse de la demanda de alimentos si con ese traspaso elude su obligación. Corresponderá al obligado comprobar que no se encuentra en mora presentando los recibos de pago que ha hecho a favor de alimentista cuando sea llevado ante la autoridad competente o ante el comisionado. En los CASOS EN QUE PROCEDA LA SANCIÓN POR DESACATO, corresponderá al secretario del juzgado o de la respectiva autoridad levantar el informe dentro del expediente en que se establezcan los hechos JUSTIFICATIVOS DE LA SANCIÓN. Las resoluciones que sancionen se deberán notificar personalmente al obligado o a su apoderado judicial, en caso de tenerlo. Esta notificación se hará conforme al artículo 62. En todo caso de desacato, la autoridad deberá proceder conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 31." ( lo resaltado es del P.) Al examinar con detenimiento el contenido de la norma legal en cita, nos lleva en parte a colegir con el Tribunal A-quo, en cuanto a que la orden de arresto se da dentro del marco de un proceso de alimentos, por la vía de una solicitud de desacato, formulada por una de las partes, frente a la persona que, por vía judicial y, a través de sentencia No. 232-12 de 2 de octubre de 2012, quedó obligada a pagar la suma de B/150.00 mensuales, en concepto de pensión alimenticia, a favor de su menor hijo J.D.T.L; no obstante, al verificar de forma atenta cada una de las constancias que integran el cuadernillo de desacato donde fue emitida la orden de arresto in-examine, subyace una situación que, a concepto de esta Corporación de Justicia, sugiere la revocatoria de la pieza remitida en alzada. A juicio del P., y sin que ello represente contrariar una decisión que busca la efectiva tutela del derecho de alimentos que tiene todo niño, niña y adolescentes, por parte de quienes resulten obligados a proporcionarlo, concluimos que la medida de arresto dispuesta mediante Auto No. 131-14 de 18 de febrero de 2014, deviene en ilegal, por las siguientes consideraciones. Ciertamente la norma antes mencionada, indica que el arresto por desacato no debe superar los 30 días, como efectivamente se dispuso en la resolución su-pracitada, la cual se sostiene tiene como respaldo el informe secretarial que deja consignado el incumplimiento de las cuotas que, en pensión alimenticia, debía pagar el señor T.R. TORRES. Ahora bien, al analizar la parte final del artículo 73 de la Ley General de Pensión Alimenticia, observamos que en su contexto dan notable relevancia a este informe secretarial cuando se indica lo siguiente: "corresponderá al secretario del juzgado o de la respectiva autoridad levantar el informe dentro del expediente en que se establezcan LOS HECHOS JUSTIFICATIVOS DE LA SANCIÓN." Es pues, tomando en consideración lo anterior, esta Corporación de Justicia debe señalar, que es en este aspecto donde encuentra el primer elemento que nos lleva a concluir que estamos frente a una medida de arresto que no responde a los presupuestos que la ley exige. N., que en el informe que rola a foja 16 del cuadernillo de desacato, la secretaria judicial, licenciada REINA O GUERRELL, informó al señor Juez que el señor T.R.T., se ha atrasado en el pago de los meses de diciembre de 2012, junio y septiembre de 2013, lo que arrojaba un total de B/415.00. Este cálculo aritmético que enfatiza resultó del estado de cuenta que expide el Banco Nacional, y que vale señalar fue el aportado por la señora Y.L. cuando formuló su petición, y que se encuentra visible de foja 2 a 5 del cuadernillo. Sin embargo, el P. de la Corte al verificar con detenimiento el estado de cuenta que registra y detalla los depósitos efectuados por el señor T.R. en concepto de pensión alimenticia, advierte que este informe comprende desde el 3 de octubre de 2012 hasta el 1 de junio de 2013., es decir, no registra el movimiento de los meses siguientes (julio, agosto y septiembre de 2013) Hay que advertir, que dentro del cuadernillo de desacato no consta que el Tribunal, de oficio, haya actualizado este estado de cuenta antes de que se suscribiera el informe secretarial citado y se expidiera la resolución donde se ha dispuesto el arresto corporal cuya legalidad se encuentra bajo estudio, en sede de habeas corpus. A juicio de esta S., y tomando en consideración que el informe secretarial que levanta el Tribunal, a través de su secretario, se basa en dicho estado de cuenta, nos lleva a concluir que no existe congruencia entre lo consignado en el informe fechado de 18 de febrero de 2014 y el estado de cuenta aludido. Sostenemos lo anterior, ya que el estado de cuenta sólo registra como último movimiento el día 1 de junio de 2013, cuando el señor T.R.T., depositó la suma de B/80.00; más no existe dentro del cuadernillo constancia alguna de la última quincena de junio y el mes de septiembre de 2013. Lo anterior debilita aquellos fundamentos que sirvieron de soporte a esta orden de arresto, ya que el informe secretarial que "justificará la sanción" no se encuentra apoyada en elementos que corroboren a ciencia cierta si hubo o no, un pago efectivo, en los meses de junio y septiembre de 2013, para poder entonces concluir que existe una desatención a la orden judicial dada por el Juez de N. y Adolescencia. En este punto, debemos llamar la atención que siendo la libertad uno de los derechos humanos más apreciados, le corresponde al Tribunal Constitucional atender con mucho celo, que se cumplan con los presupuestos que exige la Ley General de Pensión Alimenticia, entre ellos, que conste el informe secretarial, que según razona el artículo 73, es la que "justificará la sanción" por desacato. Lo anterior nos permite resumir, que si bien estamos frente a una orden de arresto dictada por autoridad competente, esto es, el Juez de N. y Adolescencia donde se homologó un acuerdo voluntario de fijación de pensión alimenticia, a favor del niño J.D.T.L; que la medida fue dispuesta por escrito y en el marco de una solicitud de desacato; no obstante, no podemos soslayar que el elemento que justifica esta sanción por desacato (informe del secretario judicial) no va en correspondencia o consonancia con el estado de cuenta del Banco Nacional de Panamá antes citado, para poder indicar que esta orden de arresto cumple con todas las exigencias para considerarse como legal, de allí, que la medida que impera es declarar ilegal la orden de arresto decretada en contra del accionante. Por otro lado, esta Alta Corporación de Justicia no puede pasar por alto, que aún cuando se ha ensayado dos solicitudes de desacato dentro del proceso de alimentos, subyace una situación particular, y es que antes de la primera solicitud de desacato presentada el 26 de diciembre de 2012, reposaba dentro del expediente de alimentos, una nota manuscrita por el señor T.R.T., que fue presentada ante el Tribunal el día 15 de noviembre de 2012, y que era del siguiente contenido: "La presente es para notificar el atraso de la pensión alimenticia del menor, JDRL, por motivo de que no tengo vehículo que era mi sustento...que el dinero se deposita en dos partes porque no tengo como pagar...en pagos parciales de B/42.50 para el día sábado y la otra parte para el día martes la otra B/42.50." Es importante resaltar, que en relación a este manuscrito y conforme a documento que corre a folio 50 del primer cuadernillo de desacato, también rubricado por el señor T.R.T., el mismo expresó lo siguiente: "... en el mes de noviembre de 2012 solicité rebaja de la pensión alimenticia, puesto que mis ingresos económicos se redujeron grandemente, sin embargo el Juzgado de N. y Adolescencia de san Miguelito en vez de acoger mi solicitud, me impone sanciones que agravan más mi situación económica, y por ende perjudican directamente a mi menor hijo. (Por lo que considero que se debe tomar en cuenta las circunstancias de los hechos al momento de sancionar por desacato a un padre que está haciendo todo lo posible por cumplir su obligación y considero que estando detenido en nada se beneficiaria mi menor hijo, sino que hace que las cosas se pongan más difíciles." (cf,s 50 expediente de pensión alimenticia). Esta Corporación de Justicia, si bien considera que la orden de arresto por 30 días que nos ocupa resulta ilegal, ya que el informe secretarial que justificaba esta medida no responde a los elementos de convicción que fueron aportados, consideramos oportuno detenernos en el punto sobre las circunstancias o elementos que debe ser ponderados por todo juzgador al momento de verificar: 1) si estamos o no frente a un desacato en el pago de pensiones alimenticias y, 2) determinar cuál de las medidas que, por incumplimiento de pensión alimenticia, que enlista el artículo 31 de la Ley General de Pensión Alimenticia, resulta la más proporcional, de forma que no vaya en contravención al derecho que le asiste al alimentista de recibir su medio de subsistencia (pensión) y por el otro, que no contraríe las garantías de quien debe procurar este derecho. Sostenemos lo anterior, ya que en este caso en particular llama la atención de esta Superioridad que, aún cuando desde el 15 de noviembre de 2012, el señor T.R. TORRES sin la asistencia de un abogado, le comunicó por escrito al Juzgado de N. y Adolescencia, las razones por las cuales, no podría cumplir plenamente con el monto de la pensión alimenticia fijada voluntariamente ante dicho Tribunal. No obstante, sin considerar dicha circunstancias, el Juez de instancia en dos incidentes de desacato posteriormente ensayados, aplica la medida más grave (arresto corporal), que vale señalar operaria frente a aquellas obligados a dar alimentos, que de mala fe eluden con toda intención, de forma reiterada y sin justificación alguna, el mandato judicial de cubrir los alimentos de su prole. Esta disposición legal que es del siguiente contenido literal: "Artículo 31. Medidas por incumplimiento. Cuando el obligado a dar alimentos no consigne la cuota alimenticia en la fecha y condiciones decretadas, se ordenará, a solicitud de parte, una o varias de las siguientes medidas: Una vez declarado el desacato, remitirá al sistema de verificación de la Policía Nacional para que haga efectiva la orden emanada de la autoridad. La autoridad competente compulsará copias del proceso al Ministerio Público por incumplimiento de deberes familiares o maltrato patrimonial para que se inicie de oficio una investigación." Consideramos prudente hacer mención de lo anterior, ya que dentro del contenido de la resolución que dispuso el arresto in examine no se entró a ponderar qué elementos o circunstancias objetivas, llevaron al tribunal de la causa a concluir que estábamos frente actos calificado de ocultación realizados de mala fe para eludir esta obligación, lo que resulta oportuno frente a la medida más grave que se optó aplicar, en el caso particular del señor T.R. TORRES (arresto corporal). Ello sin dejar de lado, que dentro del cuadernillo reposa el slip de pago, aportado por el señor R.T., que informa aún su interés por cumplir con esta obligación y el hecho de que él mismo desde noviembre de 2012, ha comunicado de manera formal al Juzgador las razones por las cuales ha desmejorado su situación económica. A manera de conclusión debemos señalar, que además de que la orden de arresto descansa en un informe secretarial, que pone en duda si se ha desatendido o no el pago de esta pensión alimenticia, está el hecho de que la medida no resulta proporcional frente a las constancias que reposan en el expediente principal. Es importante señalar, que con esta decisión la Corte Suprema de Justicia, no está desconociendo el interés superior del menor de contar con el aporte económico para su subsistencia, por el contrario es importante que quede claro que el señor T.R. TORRES mantiene la obligación de cumplir con la pensión alimenticia que voluntariamente ofreció aportar a favor de su hijo. Y, de persistir su precaria situación económica, deberá evacuar la solicitud pertinente ante el Juez de la causa, quien es el competente para determinar lo de lugar. Así las cosas, la medida que impera en este negocio es revocar la sentencia de 25 de agosto de 2014, emitida por el Tribunal de N. y Adolescencia de Panamá, y en consecuencia DECLARAR ILEGAL el apremio corporal, que a través de Auto No,. 131-14 de 18 de febrero de 2014, dispuso el Juez de N. y Adolescencia de San Miguelito, contra el señor T.R.T., y en ese sentido nos pronunciamos. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la resolución de 25 de agosto de 2014, dictada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia y en consecuencia DECLARA ILEGAL el apremio corporal, que el Juez de N. y Adolescencia del Segundo Circuito Judicial, decretó en contra del señor T.R.T., a través del Auto No. 131-14 de 18 de febrero de 2014. Se ORDENA dejar sin efectos las órdenes de arresto que se ha hayan librado en contra del señor R. TORRES y, posterior a ello, devolver el presente negocio a su lugar de origen, Notifíquese HARLEY J. MITCHELL D. ALEJANDRO MONCADA LUNA -- O.O.D. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS (Con Salvamento de Voto) -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)