Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 29 de Agosto de 2014

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución:29 de Agosto de 2014
Emisor:Pleno
 

VISTOS: En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el Licenciado S.Q.M., en nombre y representación de A.O.A.Q., contra el Auto N°841 de 7 de noviembre de 2012, dictado por el J. Penal de A. del Segundo Distrito Judicial de Panamá (Coclé y Veraguas). I. LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. En este apartado, el Pleno entra a citar las razones expuestas por el Tribunal de Amparo de primera instancia, para denegar la acción de amparo que nos ocupa. "...Surge como supuesto hecho acotado por el accionante que, ni el fiscal ni el juez de adolescentes cumplieron sus deberes de garantes de los derechos de su prohijado procesalmente, en actos relacionados a la desatención de garantías específicas contenidas y desarrolladas en la ley sobre la privacidad y confidencialidad, y conjugando en una misma idea- la violación del estado de inocencia del adolescente. ...queda en efecto observado, que estamos ante una resolución amparable, habida cuenta de que estamos dilucidando el tema del debido proceso, entendiendo éste desde sus dos imbricancias (sic): como garantía del proceso conforme al ordenamiento legal previo, y conforme a la salvaguarda de la presunción o estado de inocencia. El primero, como garantía, desde las cimientes del RERPA quien lo plantea como principio y derecho procesal penal especial, así habla de la confidencialidad y privacidad del adolescente, y su presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley; visto desde sus dos vertiente (sic), como derecho sustantivo y adjetivo; cuando lo vemos reconocido en los artículos 16 y 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño aprobada por nuestro país en la ley 15 de 1990, haciéndose eco de las garantías mínimas judiciales que desarrolla el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también ley nacional desde 1977; que como derechos están incluido (sic) por el artículo 17 de la Constitución Política, que guarda directa corelación (sic) con las normas del procedimiento, desarrollado en la Ley 40 de 1999 en el (sic) numerales 7 y 9 artículo 16 y el numeral 6 del artículo 17, que en suma, adosa al concepto del debido proceso, que se ubica en el contexto del artículo 32 constitucional, que hace amparable la resolución que niega la declaratoria de nulidad, habida cuenta que el diputado ha dicho en el artículo 18 de dicha ley especial, que el desconocimiento de los derechos y las garantías, además del debido proceso a un adolescente, es sancionable con la nulidad absoluta del mismo, cuando se relaciona a alguno (sic) impedimento del pleno ejercicio de los derechos y garantías individuales desarrollados en los artículo (sic) 16 y 17 de dicha ley. Ello a consecuencia de que el J. Penal de A. al no decretar la nulidad, omite atender el mandato del reconocimiento del derecho fundamental del adolescente a su privacidad y confidencialidad que alega el demandante en acción de Amparo Constitucional, y a contrapelo, aquello que le estableció el diputado en el artículo 18 del RERPA, apartándose del procedimiento, por omisión, violando el debido proceso, y por tanto, estamos ante una orden de no hacer ubicable dentro del contexto de una omisión. A propósito, entendiendo el desarrollo del debido proceso, como la satisfacción del cumplimiento de los trámites y formalidades en apego a la Constitución y Ley... (numeral 31 del artículo 201 de la Ley 38 de 2000); en el contexto del derecho penal y los límites que se le imponen al ius puniendi, tiene el individuo una gama de derechos y garantías fundamentales desarrollados en Convenios y Tratados Internacionales, más allá de los contenidos en la Constitución Política de cada pueblo, pero en el caso de las personas menores de edad, se refuerzan estas garantías y derechos atendiendo a razones de vulnerabilidad social. Es en este marco normativo donde se consagra el derecho a que se mantenga la privacidad y confidencialidad del menor de edad acusado, desarrollado como "presunción de inocencia", "principio especial de la protección a la privacidad", y el "derecho a la confidencialidad" contenido como garantía procesal especial (numerales 7 y 9 del artículo 16 y numeral 6, artículo 17 del RERPA respectivamente); acuciosamente se argumenta que los actores especializados en adolescentes -F. y J.- desconocen estos pilares fundamentativos del sistema penal de adolescentes cuando omiten en las comunicaciones que le realizan al F. de Adultos, que guarde la privacidad y confidencialidad, permitiendo que en las audiencias públicas se ventilara la identidad y presunta vinculación del menor de edad en un hecho punible. Empero olvida el accionante que tales principios están contenidos en una ley especial, que ha sido publicitada en Gaceta Oficial (la más reciente en su texto único el 3 de septiembre de 2010), y por tanto conocida por todos; que en el supuesto de que un agente del Ministerio Público, que acude a un tribunal con las competencias, funciones y atribuciones exigidas para el cargo, supone el conocimiento en él de los preceptos normativos aplicables, de suerte que su atención o desatención, por conocimiento o desconocimiento, acción u omisión, no pueden escudarse en una ausente anotación del deber garante del juez de referirle que guarde la confidencialidad o privacidad del asunto penal cuando se relacione a una persona menor de edad, si la propia ley así lo establece, temática de conocimiento general y público, y las actuaciones de cada servidores (sic) públicos (sic) son independientes en el marco legal y en el ejercicio de los cargos para los cuales tomaron posesión. De ahí que no podemos asimilar violación directa o indirecta por parte del juez, sobre el cual estamos observando su proceder apegado en el marco de los derechos y las garantías del adolescente; habida cuenta de la conexidad de los procesos en diferentes jurisdicciones, y que la ley especial del mismo modo prevé y faculta en su artículo 53; menos que se haya plasmado por escrito nombre del menor de edad en un documento, si a la postre no se ha verificado elementos básicos que hagan de ese documento, en el nuevo modelo de justicia, ser considerado como plena prueba de por sí solo, y a lo sumo, que en efecto háyase publicitado o violado confidencialidad. Esa misma suerte lleva consigo el argumento del supuesto acto público cual incita se revise el demandante, de la posible lesión al estado de inocencia del adolescente que a su vez fue público y de conocimiento de todos, concatenado a los derechos y las garantías penales especiales del adolescente, al estar ausente de un material probatorio certero, efectivo, eficiente y contradictorio que lo constituya como cierto. Decimos lo anterior partiendo del hecho cierto que en el área territorial donde nace el presente caso actualmente, por disposición directa de los artículos 556 y 559 de la ley 63 que implementa el Código Procesal, el Código Judicial en su Libro Tercero no es aplicable, y tratándose el presente negocio de un asunto penal donde se vincula la posible participación de un menor de edad, es la ley 40 de 1999 la aplicable, y en aquellos vacíos sobre trámite y procedimientos, debemos acceder a las normas del Código Procesal Acusatorio, el vigente, así lo indica el artículo 14 de la Ley especial. Partiendo de esa premisa, el tema probatorio que no esté regulado en la ley especial, debe ser asimilado, completado y desarrollado conforme las normas de la Ley 63 de 2008, cual acota que los medios de prueba deben ser lícitos, oportunos, que no violenten derechos o garantías fundamentales, pero sobretodo reproducidas en juicio público, en contradicción e igualdad de armas, apreciadas al final de su evacuación, conforme a reglas de sana crítica. Ello implica que si se trae una teoría sustentada en supuestos acontecimientos sucedáneos y paralelos de violación de derechos y garantías, que supuestamente acontece un acto oral, donde se realizan afirmaciones y público, y se menciona al adolescente, para que se dé por cierto, implica que ello debe ser plenamente comprobado, no solo dentro de este modelo de justicia, sino en cualquier otro. Un disco compacto adosado a un expediente, de ningún modo por sí solo puede servir para que un observador razonable, objetivo, distante e imparcial, que no conoce el escenario donde supuestamente se desarrolla ese acto oral, que tampoco conoce a los actores, menos al adolescente procesado, quien no conocede la fecha exacta de la supuesta realización de esa cesión oral, menos si en efecto se certifique de la presencia de público alguno, tampoco si dicho elementos material ha sido obtenido por medios lícitos, donde se desconoce quien (sic) fue el autor, en fin una cadena ininterminable de cuestionamientos que deben ser resueltos para que en suma, puedan y al final de cuentas aplicando las reglas de la sana crítica, determinar como cierto o valedera lo (sic) teoría inicial, que si no ha superado todas y cada una de las etapas previas de depuración, no puede ser considerada como cierta. Por lo antes externado, somo del criterio que no se colegie (sic) violación alguna del derecho a la confidencialidad y privacidad, menos la violación del debido proceso que alega el actor, y como quiera que no se avista por excepcional revisión vulneración alguna de garantías constitucionales, conforme el artículo 2624 del Código Judicial, lo proecedente es denegar la acción interpuesta, a lo cual nos avocamos si (sic) mas (sic) trámites". II. CONSIDERACIONES DEL APELANTE . Frente a la decisión proferida por el Tribunal de Amparo de primera instancia, el amparista A.O.A.Q., a través de apoderado judicial, promovió y sustentó recurso de apelación, tal cual se aprecia de fojas 70 a 82 del infolio. Mediante dicho recurso vertical, pretende la revocatoria de la sentencia apelada y la concesión del amparo. En apoyo de tal postura, señala la representación judicial: "La identidad y presunta vinculación y responsabilidad del menor A.O.A.Q., tratada en la jurisdicción ordinaria, tanto por escrito como en una audiencia intermedia, oral y pública, contraviene el derecho a reserva de la información que a tal jurisdicción ordinaria suministró el F. de A.. Y es que si en la jurisdicción penal de adolescentes el artículo 105 de la Ley 40 de 1999 establece que la audiencia oral "SE REALIZARÁ EN PRIVADO" es precisamente para salvaguardar los derechos o garantías fundamentales de CONFIDENCIALIDAD y PRIVACIDAD sobre el adolescente y si ello es así, bajo el interés superior del menor, perdería todo sentido y carácter proteccionista o garantista si esa misma información, llevada a un proceso ordinario (de adultos), se hace pública y el F. y J. Penal de A. no hacen nada al respecto". Estima que el funcionario acusado, investido de funciones de garante de los derechos y garantías procesales de la adolescencia por el artículo 18 de la Ley 40 de 1999, modificado por la Ley 87 de 18 de noviembre de 2010, desconoció los derechos y garantías fundamentales consagrados por los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional, al emitir la resolución impugnada por esta vía constitucional; por cuanto ésta -asevera- obvió reglas procesales como las de privacidad y confidencialidad sobre la identidad, vinculación y presunta responsabilidad de un adolescente en un hecho punible, que manifiesta integran el debido proceso. Añade que la misma no asegura la efectividad de los derechos y garantías procesales reconocidos en la Constitución y la Ley para el adolescente investigado, "como lo serían la presunción de inocencia, que está reconocida como una garantía en el numeral 6 del artículo 16, a la protección de la privacidad consagrada también como una garantía en el numeral 9 del artículo 16 y el derecho a la confidencialidad igualmente reconocido en el numeral 6 del artículo 17, todos de la Ley 40 de 1999 (Texto Único)". Formula un recuento de los hechos en los que funda su pretensión, así: "PRIMERO: La F.ía de A. de Coclé y Veraguas instruyó sumaria penal al adolescente ALDAHIR O.A.Q., por encontrarlo presuntamente vinculado al Delito Contra el Patrimonio Económico, específicamente en la modalidad de robo, tipificado en el Titulo (sic) VI, Capítulo II, y por el Delito Contra la Vida y la Integridad Personal, en la modalidad de lesiones, tipificado en el Título I, Capítulo I, sección 2, del Código Penal. SEGUNDO: Como el hecho punible también es del conocimiento e investigación por parte del F. de Circuito de Coclé, Licenciado ALCIABIADES (sic) CAJAR, ya que en esa jurisdicción ordinaria se investiga por el mismo hecho al adulto O.A.Q., el F. de A. de Coclé y Veraguas, Licenciado A.J.C.E., a requerimiento de aquél, le remitió copias autenticadas de las piezas procesales de la investigación dirigidas contra el adolescente, tal y como se aprecia a folio 113 y 158 del sumario. En momento alguno, el F. de A., como GARANTE de los derechos de la adolescencia y obligado a hacer EFECTIVO los derechos y garantías fundamentales de éstos, realizó advertencia alguna al F. de Circuito de mantener reservas, en ese proceso de adultos, de la privacidad y confidencialidad en cuanto a la identidad, vinculación y presunta participación del menor de edad. TERCERO: El 28 de agosto de 2012, en audiencia oral y PUBLICA llevada a cabo en el Juzgado de Garantías de Coclé, el F. de Circuito A.C. realizó imputación y solicitó la aplicación de medida cautelar sobre el adulto O.O.A.Q. y para fundamentar y argumentar su pretensión individualizó o identificó al menor de edad A.A.Q. como vinculado y partícipe del hecho punible. CUARTO: Ante tal agravio a la GARANTIA PENAL ESPECIAL consagrada en el numeral 9 del artículo 16 de PRIVACIDAD y a la GARANTÍA PROCESAL ESPECIAL establecida en el numeral 6 del artículo 17 de CONFIDENCIALIDAD, cuando ambos se integran en la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, se presentó INCIDENTE DE NULIDAD PROCESAL conforme con el artículo 18, todas normas de la Ley 40 de 1999 (Texto Único). QUINTO: El Juzgado Penal de A., debiendo ser GARANTE de esas GARANTIAS y DERECHOS de la adolescencia, y debiendo hacerlas EFECTIVAS conforme con el artículo 17 y 32 de la Constitución Política, ya que los derechos de PRIVACIDAD y CONFIDENCIALIDAD no son excluidos del catálogo fundamental, pasó a desestimar la pretensión de la defensa y mediante el Auto N°.841 de 7 de noviembre de 2012 negó la nulidad procesal. SEXTO: El Juzgado Penal de A., también volvió a desatender su obligación constitucional contemplada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna cuando tampoco llegó a realizar acción o diligencia alguna encaminada a evitar que, en ese proceso de adultos, se siguiese mencionando la identidad, vinculación y presunta participación del adolescente en el hecho ilícito. SEPTIMO: Posterior a ello, el mismo Juzgado Penal de A. de Coclé y Veraguas remitió al F. de Circuito de Coclé, licenciado A.C., copia autenticada del proceso seguido al Adolescente ALDAHIR AGUIRRE QUIRÓS, mediante oficio N°.112 de 24 de enero de 2013 (fs.831) y sin hacer observación alguna en cuanto al respecto a las garantías de PRIVACIDAD y CONFIDENCIALIDAD sobre la identidad, vinculación y presunta participación de él en el hecho punible. OCTAVO: La resolución judicial que niega el incidente de nulidad y la omisión en gestionar o hacer efectivas la garantía de privacidad y confidencialidad, evitando así se siguieran vulnerando las mismas, permitió que el F. de Circuito de Coclé, A.C., elevara el 14 de marzo de 2013, ACUSACIÓN formal contra el adulto O.O.A. ante el Juzgado de Garantías y en la "RELACION PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO Y SU CALIFICACIÓN JURIDICA" señaló categóricamente "...los mismos fueron atacados y agredidos físicamente por los señores O.O.A.Q., su hermano A.A.Q. (menor de edad) y dos personas más y quienes los despojaron mediante violencoa de dinero en efectivo, ..." No bastando con lo anterior, otra vez en AUDIENCIA INTERMEDIA, ORAL y PÚBLICA, el F.A.C., en su correspondiente argumentación volvió a individualizar al adolescente y a reiterar su participación en el hecho punible. NOVENO: Los Agentes del Ministerio Público, el primero con su omisión en advertir la garantía de privacidad y el derecho de confidencialidad de ALDAHIR ORIEL AGUIRRE y el segundo al divulgar en AUDIENCIA PUBLICA la identidad, vinculación y presunta participación del adolescente en el hecho punible, desconocieron el artículo 49 de la Resolución N°.3 de 6 de enero de 2012 por la que se Adopta la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ministerio Público y que ampara el derecho de los menores de edad a que se preserve su intimidad, honor y la propia imagen. ...DECIMO: El Auto N°.841 de 7 de noviembre de 2012, proferido por el señor J. Penal de A. de las Provincias de Coclé y Veraguas, negando las infracciones a las garantías invocadas, fue impugnado y el recurso fue rechazado de plano, por improcedente, por parte del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia (con salvamento razonado de voto)". Trascribe el artículo 17 de la Constitución Nacional, que considera violado por la resolución amparada, y refiere cómo el contenido del mismo es recogido también por el artículo 5 del Código Penal, el artículo 14 del Código Procesal Penal y los artículos 13 y 15 de la Ley 40 de 1999, sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia. En desarrollo de su posición, prosigue indicando: "La disposición constitucional citada, reproducida en la Ley y objeto de jurisprudencia, ha sido vulnerada de forma directa por omisión, toda vez que el F. de A. de Coclé y Veraguas concedió al F. de Circuito de Coclé copias de la sumaria sin advertencia o apercibimiento de guardar y amparar la privacidad y derecho de confidencialidad del menor de edad y que su identidad y presunta participación en el hecho punible no fuese divulgado en una audiencia pública. En tal sentido, el J. Penal de Adolescente, como GARANTE de los derechos de la adolescencia en la jurisdicción penal, debió verificar tal vicio procesal, hacer EFECTIVO tal GARANTIA o DERECHO FUNDAMENTAL y reconocer la nulidad procesal por el daño ocasionado, sin perjuicio de ordenar una investigación contra los infractores de la norma. Debió, en consecuencia, si consideraba que la actuación del F.A.C. no creaba vicio que derivaran en nulidad procesal, por lo menos ordenar una investigación para que este (sic) cesara en su actuación dirigida contra un adolescente en la jurisdicción ordinaria de conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley 40 de 1999..." Asimismo, estima violado el artículo 32 de la Constitución Nacional, de forma directa por omisión, toda vez que -a su juicio- "para hacer valer los derechos tanto del imputado o acusado, así como de la víctima o querellante, o cualquier tercero vinculado al proceso, los mismos como intervinientes procesales tienen la facultad de SOLICITAR la declaración de nulidad de los actos realizados con vicios en el procedimiento y que tal nulidad sea declarada, tanto por el J. Penal de A. como por el Tribunal de Niñez y Adolescencia"; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley 40 de 1999, atinentes a las nulidades absolutas y relativas, respectivamente. Agrega que, en atención a la norma constitucional citada, el Juzgado Penal de A. debió atender que el artículo 16 de la Ley 40 de 1999, en sus numerales 7 y 9, establece, como una garantía procesal especial para el adolescente, la presunción de inocencia y, para hacer efectiva ésta, la protección a la privacidad; y que, además, la misma ley, en su artículo 17 numeral 6, incorpora el derecho a la confidencialidad. Acota que "no cabe duda alguna que en la jurisdicción especial de adolescencia, tanto el F. como el J. penal ejercen el papel de GARANTES de los derechos y garantías constituidos a favor de los adolescentes, que no son excluidos del catálogo constitucional (Art.17), y que se identifican como Presunción de Inocencia, garantía de privacidad y derecho a la confidencialidad". Añade que "el F. de A. al compartir la información del sumario que llevaba en su despacho con un fiscal de la jurisdicción ordinaria y al hacerlo sin establecer reservas o advertencias de guardar la privacidad y confidencialidad del adolescente, permitió que en audiencias orales y públicas de los adultos que también están involucrados en el mismo caso penal, se ventilara la identidad y presunta vinculación y participación del menor ALDAHIR". Agrega que "el señor J. Penal de A. al desestimar tales infracciones a los derechos y garantías establecidas a favor del adolescente y al omitir la orden de investigación y cesación de tal divulgación de identidad y participación de un menor de edad en una jurisdicción de adultos, se constituye directamente en sujeto pasivo de la acción de amparo, específicamente en su actuar constituido en la resolución de Auto N°.841 de 7 de noviembre de 2012". Señala el amparista-apelante que, a su juicio, "el papel del J. Penal como GARANTE de los derechos de los adolescentes presuntamente vinculadas (sic) a un hecho punible, no se enmarca única y exclusivamente en lo que conforma su radio de actuación en juicio ya que si los datos o información que suministró el fiscal o el mismo despacho judicial, a otros servidores públicos o particulares, son utilizados para atentar contra esos derechos de privacidad y confidencialidad, a nuestro parecer, sí deben ejercer alguna acción tendiente a proteger tales garantías o derechos. Esto, lo inferimos del contenido del segundo párrafo del artículo 18 de la Ley 40 de 1999..." Advierte que "el precepto establece de modo genérico solo la condición de servidor público y lleva añadida también la posible acción de un particular, permitiendo de este modo considerar tan solo que una de esas garantías PUEDA SER SUSCEPTIBLE DE VIOLACIÓN, no que en realidad la haya materializado o infringido, para que el J. promueva la acción pública correspondiente" y contiene un mandato imperativo, impuesto por el legislador al operador judicial. Afirma el apoderado judicial que, en su escrito de acusación, el F. de la Jurisdicción Ordinaria mencionó por nombre y apellido -junto a otros agresores y atacantes- a su representado, el amparista A.A.Q., si bien aludió a su minoría de edad. Expresa que, si bien este documento no constituye plena prueba para esa jurisdicción penal ordinaria y de adultos, es un documento público que, como tal, hace fe de su otorgamiento, de su fecha y de las certificaciones que en ellos haga el servidor que los expidió (art.836C.J.); motivo por el cual, a su juicio, puede tener pleno valor en procesos judiciales distintos al penal, como los constitucionales, regulados por el Libro IV del Código Judicial, al cual queda subordinada su materia probatoria. En cuanto a los reparos que formuló el Tribunal de Amparo primario a la prueba del disco compacto adosado al expediente, asevera que los formatos en DVD son documentos propios de la tecnología que han sido introducidos a los procesos judiciales y que guarda como antecedente el artículo 1° de la Ley 15 de 7 de febrero de 2008, que adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales. Transcribe los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal y señala que "la oralidad que trae aparejado el Sistema Penal Acusatorio obliga a la digitalización y grabación de imágenes y sonidos". Al respecto, continúa acotando: "Entiende este actor constitucional la inquietud del Tribunal constitucional de primera instancia en cuanto a la obtención de este medio, quién es el autor de la grabación y la autenticidad de su contenido. Sin embargo, estas deficiencias no son imputables a los usuarios o partes procesales ya que hasta el momento la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio en Coclé así los entrega, sin certificación del técnico que la grabó o reprodujo, sin nota o certificación de entrega y autenticidad. Si estos medios de prueba, de tipo documental (tecnológico), no son valorados por defectos como los anotados quedamos sin acceso a la justicia y sin posibilidad de probar nuestra teoría, ya que es a esa entidad administrativa judicial a quien corresponde brindar el servicio y si, por impedimentos presupuestarios, no puede satisfacer la calidad y autenticidad de la copias digitales, no podríamos acudir a reclamar judicialmente ningún reparo valiéndonos de ella como prueba. Los formatos en DVD que contienen diversas audiencias llevadas en el Segundo Distrito Judicial, según el modelo de gestión impulsado por la implementación del Sistema Penal Acusatorio, han llevado a este actor a promover algunos cuestionamientos por vía de amparo y como prueba se han adjuntado tales videos sin que se haya impedido valorar su contenido por los defectos que ahora apunta el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Estas acciones fueron registradas con las entradas 887-12; 962-12; 47-13; 152-13 y 194-13 en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia". Indica que "en cuanto a lo también cuestionado por el Tribunal Superior sobre que no conoce el escenario donde supuestamente se desarrolla este acto oral, que tampoco conoce a los actores, menos al adolescente procesado, quien no conoce la fecha excata de la supuesta realización de esa cesión (sic) oral, menos si en efecto se certifique de la prsencia de público alguno, debemos destacar que en el formato DVD presentado, tal cual nos fue concedido por la Oficina Judicial de Coclé, la J. de Garantías que presidió el acto se identificó, resaltó el lugar, la fecha y hora de audiencia, requirió a cada actor dar sus generales civiles y dirección de oficina y el motivo u objeto del acto por desarrollarse". Agrega que "con respecto a la certificación de si acudió o no algún público al acto, debo decir que es innecesario porque, uno o ninguno, aun así la misma ley de la jurisdicción ordinaria lo tiene por AUDIENCIA PUBLICA"; y, al efecto, cita los artículos 3 y 361 del Código Procesal Penal. III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL AD QUEM. Agotado el recorrido procesal correspondiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia entrará a resolver la alzada en la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales, para lo cual es preciso dejar constancia de las siguientes consideraciones: El escrito de sustentación de alzada, en principio, resulta idéntico al libelo de amparo contra lo resuelto por el J. Penal de A.; pero adiciona refutación a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional primario, plasmando en ella los comentarios y reparos que le merece tal decisión. Como viene visto, la representación judicial del amparista A.O.A.Q. estima conculcados los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional, por pretermisión del principio de presunción de inocencia y de los principios de confidencialidad, privacidad y reserva (en cuanto a identidad, vinculación y presunta participación) que deben prevalecer en los procesos penales contra adolescentes y que aparecen consagrados en los artículos 16 numerales 7 y 9 y 17 numeral 6 de la Ley 40 de 1999. Al respecto, señala que el F. de A. de Coclé y Veraguas remitió al F. de Circuito de Coclé, a requerimiento de este último, copias autenticadas de las piezas procesales de la investigación dirigidas contra el prenombrado adolescente, toda vez que en la jurisdicción ordinaria se investigaba por el mismo hecho al adulto O.A.Q.. También indica que, en audiencia oral y pública efectuada en el Juzgado de Garantías de Coclé, el F. de Circuito de Coclé, para fundamentar y argumentar la imputación del adulto O.O.A.Q., individualizó o identificó al menor A.A.Q., como vinculado y partícipe del hecho punible. Plantea que plasmó su censura contra estas actuaciones mediante Incidente de Nulidad, conforme al artículo 18 lex cit, que el Juzgado Penal de A. desestimó a través de la resolución amparada (Auto N°841 de 7 de noviembre de 2012, que negó el incidente). Expresa que, con posterioridad, el Juzgado Penal de A. de Coclé y Veraguas remitió copia autenticada del proceso seguido al adolescente A.A.Q.. Manifiesta que ninguno de los funcionarios -llamados a ser garantes- formuló a los demás advertencia alguna de mantener reservas, en el proceso de adultos, de la privacidad y confidencialidad en cuanto a la identidad, vinculación y presunta participación del menor de edad, ni con fines preventivos ni para evitar que se siguieran vulnerando tales garantías. Acota que las circunstancias expuestas permitieron que el F. de Circuito de Coclé elevara acusación formal contra el adulto O.O.A. ante el Juzgado de Garantías que, como parte del relato, mencionó al hermano A.A.Q., si bien advirtiendo su minoría de edad; siendo que -asegura- en audiencia intermedia, oral y pública, el aludido Agente del Ministerio Público volvió a individualizar al adolescente y a reiterar la participación de éste en el hecho punible, actos que considera ameritaban se ordenara una investigación contra los infractores de la norma, conforme al segundo párrafo del artículo 18 de la Ley 40 de 1999. El amparista estima violados los principios contenidos en el artículo 16 numerales 7 y 9 y 17 numeral 6 del referido cuerpo legal (este último conforme fue reformado por Ley 6 de 8 de marzo de 2010), los cuales consisten en: Artículo 16. Garantías penales especiales. ...7. Principio de la presunción de inocencia. A que se les presuma inocentes durante todo el tiempo que dure la investigación y el proceso, pues sólo la resolución que le pone fin al proceso puede establecer su responsabilidad en la comisión del hecho que se les imputa; ...9. Principio de protección a la privacidad. A que, cuando sean investigados o procesados, su identidad y su imagen, así como la de los miembros de su familia, no sean divulgadas por ningún medio oficial ni particular; Artículo 17. Garantías procesales especiales. ...6. Derecho a la confidencialidad. A que los datos del expediente relativos a su identidad y al hecho que se investiga sean tramitados con confidencialidad. Los jueces penales de adolescentes, los fiscales de adolescentes y las autoridades de cumplimiento deberán procurar que la información que brinden, sobre estadísticas judiciales y administrativas, no sea objeto de publicación con nombres de adolescentes. Considera que el J. Penal de A. debió declarar probado el Incidente de Nulidad, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 40 de 1999, conforme fue reformado por la Ley 87 de 18 de noviembre de 2010, cuyo texto es el siguiente: Artículo 18. Nulidad absoluta de las actuaciones violatorias de los derechos de adolescencia. Sin perjuicio de las causales de nulidad previstas en el artículo 2294 del Código Judicial, será causal de nulidad absoluta y conlleva el archivo de la causa el impedimento del pleno ejercicio de los derechos y garantías individuales contenidos en los artículos 16 y 17 de esta Ley. Esta nulidad será insubsanable cuando sea atribuible a la responsabilidad directa del fiscal o del juez por infracción a sus deberes como garante del debido proceso legal de adolescentes. Cuando alguna garantía establecida en esta Ley pueda ser susceptible de violación por particulares o cualquier servidor público, el juez de la causa ordenará las investigaciones para determinar las responsabilidades a que haya lugar y se impongan las sanciones correspondientes, sin que tal actuación detenga el proceso penal de adolescentes en trámite. Tal cual se desprende del contenido de la norma, constituye causal de nulidad absoluta insubsanable y de archivo de la causa, el impedimento del pleno ejercicio de los derechos y garantías individuales contenidos en los artículos 16 y 17 de la Ley 40 de 1999, cuando sea atribuible a la responsabilidad directa del fiscal o del juez, por infracción a sus deberes como garante del debido proceso legal de adolescentes. En este punto, cabe recalcar que la acción constitucional se dirigió específicamente contra el J. Penal de A. del Segundo Distrito Judicial de Panamá (Coclé y Veraguas), al proferir el Auto N°841 de 7 de noviembre de 2012, que desestimó los vicios de nulidad alegados por el adolescente A.O.A.Q.. El prenombrado amparista censuró que el Juzgador considerara no acreditados los cargos de nulidad formulados contra las actuaciones de distintas autoridades en el curso del proceso; que ninguno de los funcionarios -llamados a ser garantes- haya advertido a los demás sobre el deber de mantener reservas, en el proceso de adultos, de la privacidad y confidencialidad en cuanto a la identidad, vinculación y presunta participación del menor de edad; así como que el J. no haya ordenado una investigación contra los infractores de las garantías que estimó vulneradas. Ante todo, cabe apuntar que el F. de A. no tenía el deber de advertir al F. de Circuito sobre los principios de reserva, privacidad y confidencialidad que, en torno al adolescente, debía mantener en el proceso de adultos, toda vez que los operadores de justicia se reputan conocedores de la ley. En cuanto al reproche al J. Penal de A., por no realizar acciones encaminadas a evitar la presunta vulneración de estos principios y que, a juicio del amparista, devino en la negación del Incidente de Nulidad, se hace menester formular las siguientes consideraciones: Con el libelo de amparo, el activador constitucional aportó DVD-R Maxell 4.7 GB que, según plasma, contiene grabación de audio y video de la audiencia de garantías (de imputación o formulación de cargos) de 28 de agosto de 2012. Se advierte, no obstante, que no existen constancias en el infolio que evidencien la procedencia del dispositivo; es decir, que el mismo haya sido solicitado y proporcionado por la Oficina Judicial respectiva que, conforme al artículo 140 del Código Procesal Penal y en ejercicio de la función de custodia que le atribuye la ley, "dispondrá la conservación de copia de las decisiones, de las audiencias y otras piezas procesales de relevancia para el proceso". A diferencia de lo que ocurre con el escrito de acusación allegado (Fs.25-31), que cuenta en cada foja con el sello de la Oficina Judicial de Coclé y con sello de autenticación de dicha oficina, en la última foja del documento. El artículo 129 de la citada excerta legal dispone que "las actuaciones judiciales serán registradas utilizando los medios electrónicos en forma eficaz y segura, para conservar y reproducir su contenido..." y, en el caso concreto, se desconoce -por falta de certeza de la procedencia- si se cumplió esta condición y si, en la obtención del material, se respetó la prohibición de toda forma de edición de las imágenes o sonidos registrados, inmersa en el artículo 130. Según el artículo 130 ejúsdem, los originales de registros de imágenes y sonidos habrán de preservarse "en condiciones que garanticen su inviolabilidad hasta el juicio, sin perjuicio de la obtención de copias que se utilizarán para otros fines del proceso"; siendo que los mismos "pueden ser incorporados al debate en los mismos casos previstos para la lectura de los documentos escritos", presupuestos que son expresamente recogidos por el artículo 379 lex cit, con el apercibimiento de que "la lectura de los elementos esenciales de las pruebas enunciadas no podrá omitirse ni aun con acuerdo de partes, salvo que a ella se hayan referido con suficiencia los testigos y peritos". De ahí que el aludido DVD no podrá ser considerado como elemento de convicción fehaciente y fidedigno, dada la deficiencia formal anotada. Este dispositivo, presuntamente contenía audio y video de la audiencia de imputación o formulación de cargos. También señala el apoderado judicial del amparista que, en la audiencia intermedia, el F. de Circuito de Coclé volvió a individualizar al adolescente y a reiterar la participación de éste en el hecho punible y que estos actos ameritaban se ordenara una investigación. No obstante, no allega elemento alguno en soporte de tal aseveración, motivo por el cual habrá de descartarse la misma. El intercambio entre las autoridades pertinentes de los antecedentes de las actuaciones surtidas en la jurisdicción penal de adolescentes y en la jurisdicción penal ordinaria no constituye vulneración de los principios de presunción de inocencia, privacidad y confidencialidad, pues el artículo 53 de la misma Ley 40 de 1999, sobre responsabilidad penal de adolescentes, prevé que las autoridades compartan información, en caso de conexidad de procesos en jurisdicciones distintas; esto es, cuando en la comisión de hechos violatorios a la ley penal hayan participado tanto adolescentes como personas que ya han cumplido los dieciocho años de edad, lo que amerita la tramitación de las causas por separado, en expedientes distintos, como ocurrió en el presente caso. Cuando el numeral 9 del artículo 16 de la ley 'in comento' señala que la identidad e imagen de los adolescentes investigados o procesados no serán divulgadas por ningún medio oficial ni particular; se entiende que la norma alude a su difusión a través de medios de comunicación social de diversa índole (hablados/audio, escritos/impresos, por video y otras alternativas tecnológicas) y no a la mención del nombre del adolescente, como mera referencia anecdótica o parte del recuento, dentro de otro proceso penal de adulto relacionado con el hecho que se investiga. Una referencia de este tipo en un escrito de acusación, que además reseña la condición de menor del mencionado, no encaja en el supuesto de divulgación de la identidad e imagen del adolescente, mediante medio oficial o particular; a tenor de lo dispuesto por la citada norma. Tal alusión del F. de Circuito no debe entenderse como pronunciamiento en torno a la vinculación o participación del adolescente en el ilícito, toda vez que la competencia para investigar hechos cometidos por personas dentro de ese rango etario, recae en el F. de A., como viene visto; competencia que el F. de Circuito no ha usurpado. Para mayor claridad de conceptos y por guardar relación con el tema, se tiene que el Código Procesal Penal enumera la presunción de inocencia como uno de los principios que nutre el Sistema Penal Acusatorio y, en su artículo 8, indica que "los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable ni pueden brindar información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación social". Además, en torno al principio de publicidad en los procesos penales que se surten bajo el régimen del Sistema Penal Acusatorio -como el proceso de adultos que nos ocupa-, dada la oralidad que los caracteriza, las actuaciones no se hacen constar físicamente en expedientes conformados a la usanza del régimen tradicional, sino a través de carpetillas contentivas de la información básica, según sea el caso; siendo la Oficina Judicial respectiva, en cumplimiento de su labor de custodia, la encargada de conservar copia de las decisiones y de otras piezas procesales de relevancia para el proceso, así como de las audiencias; estas últimas grabadas a través de medios electrónicos. (art.140 CPP). El desarrollo efectuado, lleva a esta Corporación de Justicia a concluir que no hubo conculcación de derechos fundamentales, a causa de la emisión del Auto N°841 de 7 de noviembre de 2012, por parte del J. Penal de A. del Segundo Distrito Judicial de Panamá (Coclé y Veraguas); de forma que la decisión proferida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia debe ser confirmada y hacia ello se dirige. En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 8 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, dentro de la acción de amparo promovida por el Licenciado S.Q.M., en nombre y representación de ALDAHIR O.A.Q., contra el Auto N°.841 de 7 de noviembre de 2012, dictada por el Juzgado Penal de A. del Segundo Distrito Judicial de Panamá (Coclé y Veraguas), dentro del Proceso Penal seguido en su contra por el presunto Delito Contra la Vida y la Integridad Personal y Contra el Patrimonio Económico, en perjuicio de J. de D.F.B. y otros. N., JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS VICTOR L. BENAVIDES P. -- SECUNDINO MENDIETA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)