Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 19 de Noviembre de 2014

Ponente:Wilfredo Sáenz Fernández
Fecha de Resolución:19 de Noviembre de 2014
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: En grado de apelación, cursa ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales incoada por el licenciado A.E.A.G., en nombre y representación de la Asociación de Religiosos de San Agustín (congregación religiosa que dirige y administra el Colegio San Agustín de la Ciudad de D., contra la resolución N°55 de 12 de julio de 2013, emitida por la Dirección Regional de Educación de la Provincia de Chiriquí. ANTECEDENTES Un proceso disciplinario inició en el Colegio San Agustín de la Ciudad de D., luego que la profesora de las materias de literatura y gramática, M.S., en misiva dirigida a la dirección de ese plantel educativo, expresara el descubrimiento de diferencias entre las calificaciones contenidas en el sistema informático y las que mantenía en su libreta. De acuerdo a la docente, las notas de al menos 21 estudiantes de cuarto y sexto año, presentaban estas inconsistencias. Mediante las resoluciones N°001, 002 y 003, el director del Colegio San Agustín de la Ciudad de D., aplicó la sanción de expulsión a las estudiantes MARÍA ANTONIA POLO, ORQUÍDEA VICTORIA y A.C.L., por contravenir los literales "c" y "d", del artículo 98 y las circunstancias agravantes contenidas en los literales "c", "d" y "g" del artículo 99 del Reglamento Interno del colegio (v.fs.99-101). En resoluciones N°004 y N°005, la Comisión de Disciplina del Colegio San Agustín de Ciudad de D., decidió no acceder a los respectivos recursos de reconsideración promovidos por los representantes de las estudiantes A.C.L. Y ORQUÍDEA VICTORIA (v.fs.182-190 y 191-197). Al resolver los respectivos recursos de apelación promovidos por los representantes de las estudiantes A.C.L. Y ORQUÍDEA VICTORIA, la Dirección Regional de Educación de la Provincia de Chiriquí, a través de resolución N°55 de 12 de julio de 2013, decidió declarar "la nulidad absoluta de todo el proceso disciplinario seguido a las estudiantes MARÍA ANTONIA POLO, ORQUÍDEA VICTORIA y A.C.L.", ordenando además, el cierre y archivo de dicho proceso (v.fs.264-271). De acuerdo con la resolución, el trámite administrativo disciplinario fue surtido a través de sus fases, sin la notificación a las partes, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo N°142 de 1997, modificado por el artículo 23 del Decreto Ejecutivo N°162 de 1996 (régimen interno para los estudiantes en los colegios públicos y privados), cuyo texto exige entre otros aspectos, que antes de proceder a una sanción de suspensión o expulsión de un estudiante, es preciso realizar una audiencia, cuya fecha debe ser notificada de forma personal y por escrito. Según el Director Regional de Educación, tampoco se informó por escrito a las estudiantes y representantes, los cargos en su contra, ni las pruebas que sustentaban dichos cargos, tal como lo exige la norma citada anteriormente. De acuerdo con la opinión del señor Director Regional de Educación, la Comisión Disciplinaria, en lugar de tomar la decisión del caso en tres días, tal como lo había señalado luego de celebrado el acto de audiencia, procedió a solicitar las declaraciones de los estudiantes W.L., J.C.C., L.B. y A.G., y, pese a que esto fue así dispuesto en una providencia que dice en su parte final, la palabra "notifíquese", la misma no fue notificada a las demás partes. Explicó el director, correspondía notificar a todos los acudientes de las estudiantes cuyas notas fueron alteradas, tomar sus declaraciones y cumplir con el contenido del artículo 10 del Decreto Ejecutivo N°142 de 1997. Para el Director Regional también hubo irregularidades en la notificación de la resolución de 2 de julio de 2013, así como de la providencia N°008 de 2 de julio de 2013, que admitió el recurso de apelación, por cuanto el procedimiento no va en apego a los artículos 93 y 94 de la Ley N°38 de 2000. El licenciado A.E.A.G., actuando en representación de la Asociación de Religiosos de San Agustín, presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la resolución antes citada, argumentando la infracción del artículo 32 de la Constitución Política, en concepto de violación directa por omisión, basado en dos aspectos: el saneamiento en la apelación y los límites del tribunal de segunda instancia. Según el letrado, el primero de estos aspectos estriba en que la Dirección Regional de Educación de la Provincia de Chiriquí declaró, la nulidad del proceso, desconociendo el contenido de los artículos 737.1, 741 y 1151 del Código Judicial, cuerpo legal utilizado cuando exista un vacío en el procedimiento administrativo general y no se cuente con normas de procedimiento administrativo para regular materias semejantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley N°38 de 2000. A juicio del amparista, el tribunal de alzada actuó de manera arbitraria, por cuanto no existía motivo para decretar el cierre y archivo del expediente, menos aún cuando no se produjo indefensión de ninguna de las partes intervinientes, sino, una convalidación. Por otro lado, el amparista hizo mención de un supuesto desconocimiento del superior, del artículo 1131 del Código Judicial, al dictar el acto demandado, el cual señala que el objeto del recurso de apelación es que el superior examine la decisión dictada en primera instancia y la revoque o reforme. Además, a juicio del letrado, la Ley N°38 de 2000 era aplicable a partir de la llegada del proceso al despacho de la Dirección Regional de Educación de la Provincia de Chiriquí, por cuanto las partes intervinientes eran todas particulares y la remisión de la alzada a dicha Dirección Regional, estaba amparada por el artículo 105 del reglamento interno del Colegio San Agustín. A continuación, el amparista hace referencia a una violación del artículo 32 de la Constitución Política, esta vez, en concepto de indebida aplicación, reiterando que la Ley N°38 de 2000 no tenía alcance en el proceso disciplinario escolar, pues no se trataba de un procedimiento gubernativo, sino entre particulares, argumento mantenido en el texto del artículo 37 de dicha ley. Mediante sentencia de 5 de septiembre de 2013, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, concedió la acción de amparo propuesta, fundamentando su decisión en el incumplimiento de la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, del procedimiento a seguir en segunda instancia, según lo establecido en la ley N°38 de 2000 (artículos 171 y ss.) y en los artículos 1131 y 1144 del Código Judicial. En ese sentido, el Tribunal A-Quo consideró la declaración de nulidad y archivo del proceso, dispuesto por la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, restringió el derecho al libre acceso a la justicia de las partes, dejándolas sin solución a su conflicto. Por último, explica la decisión del Tribunal Superior, la autoridad demandada omitió devolver el proceso disciplinario al tribunal de primera instancia, conforme lo establece la ley N°38 de 2000. Contra esta decisión, la licenciada J.P., representante de la estudiante Orquídea Victoria, como tercero interesado, sustentó recurso de apelación, señalando en su escrito impugnativo, que el Director Regional de Educación cumplió con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política, en cuanto a la obligación de cumplir las leyes para proteger los derechos y garantías de las estudiantes. Por otro lado, aseguró la recurrente, la sentencia del Tribunal Superior vulneró el contenido del artículo 3 de la Convención del Niño, pues en lugar de velar por el interés superior de las menores, protegió a la entidad educativa. A juicio de la letrada, se produjo una nulidad absoluta del proceso, pues a la luz del numeral 2 del artículo 52 de la Ley N°38 de 2000, esta ocurre ante la prescindencia y omisión absoluta de trámites fundamentales. Además, continuó la licenciada P., el Tribunal Superior no tomó en consideración sus oposiciones previas, cuando advirtió que la resolución no era impugnable por vía de amparo de garantías, por tratarse de un acto que no acarrea un daño grave e inminente, y, no fueron agotados los recursos impugnativos de reconsideración y apelación, en la esfera administrativa. La recurrente añadió, no podían ser aplicadas normas del Código Judicial, las cuales son supletorias y la Ley N°38 de 2000 regula todo lo concerniente a recursos ordinarios y nulidades, no siendo aplicable tampoco la analogía, por tratarse de un proceso de naturaleza sancionatoria. Finalmente, señaló que de conformidad al artículo 166 de la Ley N°38 de 2000, la apelación puede ser interpuesta para aclarar, modificar, revocar o "anular" una resolución, razón por la cual asegura, el Director Regional de Educación se encontraba facultado para anular todo lo actuado y ordenar el archivo del proceso disciplinario (v.fs.332-341). El licenciado A.E.A.G., presentó escrito de oposición a la apelación incoada por la representante de la estudiante Orquídea Victoria, solicitando la confirmación de la decisión de primera instancia en todas sus partes, pues aseguró el reglamento interno del colegio era la primera norma para aplicar, siendo supletoria la aplicación de los Decretos Ejecutivos N°142 de 1997 y N°162 de 1996, según lo dictamina el artículo 1 de la última norma legal citada. Además, el letrado rechazó la infracción de la Convención del Niño argumentada por la recurrente, y de acuerdo con su opinión, la norma citada no se traduce en colocar a los menores en una situación privilegiada que les permita estar por encima de la ley, ni del intento de protección de una institución educativa. También, el amparista reiteró que la ley N°38 de 2000 no era aplicable al caso, hasta su llegada a la Dirección Regional de Educación, es decir, antes de ese momento, el procedimiento disciplinario se efectuó entre particulares. Finalmente, aseguró no hubo omisión en la notificación, manifestando la existencia de una convalidación, porque las partes asistieron al acto de audiencia oral (v.fs.342-346). DECISIÓN DEL PLENO Corresponde a esta Corporación de Justicia revisar la actuación proferida por el tribunal A-Quo, advirtiendo de antemano, la referencia realizada respecto a los diversos aspectos señalados con relación a la acción de amparo de garantías fundamentales. El amparo es una acción constitucional para la tutela de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, los cuales han sido lesionados por la emisión de un acto de autoridad pública y que en atención a su gravedad e inminencia de daño, requiere de una pronta y efectiva reparación. En primer lugar, debemos señalar que la decisión de la Dirección Regional de Educación de la Provincia de Chiriquí, se produce a resolver los recursos de apelación promovidas por la firma forense S., L. & Asociados, en nombre y representación de A.C.L.G. (v.fs.220-248), y, la licenciada J.P., apoderada judicial de Orquídea Victoria (v.fs.250-263). Según se aprecia, los recurrentes argumentaron violaciones al debido proceso de sus respectivas patrocinadas, solicitando así la revocatoria (v.f.247) y la declaratoria de nulidad (v.f.263) de las resoluciones dictados por el director del Colegio San Agustín de la Ciudad de D., que dispone la expulsión de las estudiantes. Las peticiones realizadas en los escritos impugnativos de los recurrentes, no es contrario a lo establecido por la Ley N°38 de 2000, norma aplicable de forma supletoria al procedimiento administrativo especial, de conformidad a su artículo 202. En ese orden, coincidimos con la licenciada J.P., al afirmar que la Dirección Regional de Educación, como autoridad de segunda instancia, tenía la facultad no solo de confirmar, modificar o revocar una decisión, sino también de anularla, según lo establece el artículo 166, numerales 1 y 2 de la ley citada anteriormente. Desde esta perspectiva, disentimos de lo fundamentado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al desconocer la facultad de anular las resoluciones el recurso de apelación, basándose en el contenido del artículo 1131 del Código Judicial, a pesar que lo relacionado al objeto del recurso de apelación en el procedimiento es recogido en la Ley N°38 de 2000, motivo por el cual no se advierte un vacío legal que requiere ser suplido por el Código Judicial. No obstante lo anterior, si el deseo del Director Regional de Educación era el de declarar la nulidad del proceso disciplinario realizado en el Colegio San Agustín de la Ciudad de D., lo procedente no era ordenar el cierre y archivo del expediente, sino el de remitir el mismo a la autoridad de primera instancia, según lo contempla el artículo 1151 del Código Judicial, el cual se refiere al saneamiento en el recurso de apelación y en la consulta, normativa de aplicación supletoria al libro segundo de la Ley N°38 de 2000. Artículo 1151: Una vez que el expediente llegue en apelación o en consulta ante el Tribunal Superior, éste examinará los procedimientos y si encontrare que se ha omitido alguna formalidad o trámite o se ha incurrido en alguna causal de nulidad que haya causado efectiva indefensión a las partes o se han violado normas imperativas de competencia, decretará la nulidad de las actuaciones y ordenará que se reasuma el curso normal del proceso. En caso de que sea absolutamente indispensable devolverá el expediente al juez del conocimiento, con indicación precisa de las omisiones que deban subsanarse y de la corrección disciplinaria que imponga si hubiere mérito. Se considerarán como formalidades indispensable para fallar, entre otras, la omisión del traslado de la demanda, en los procesos que requiere este trámite, la falta de notificación del auto ejecutivo, la omisión de la apretura del proceso o incidente a pruebas, en los casos en que esté indicado este requisito o el no haberse practicado estas pruebas, sin culpa del proponente. La decisión adoptada por el Director Regional de Educación resulta una omisión al trámite procesal, lo que a su vez produjo una vulneración a la garantía del debido proceso, en perjuicio del amparista. En conclusión, el Pleno comparte la decisión adoptada por el Tribunal de primera instancia, al estimar acreditada la existencia de una vulneración a la norma constitucional, específicamente del artículo 32 de la Constitución Política, la cual se refiere a la garantía fundamental del debido proceso. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 5 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el cual concedió la acción de amparo de garantías constitucionales, promovida por el licenciado A.E.A.G., en nombre y representación de la Asociación de Religiosos de San Agustín, contra la resolución N°55 de 12 de julio de 2013, emitida por la Dirección Regional de Educación de la Provincia de Chiriquí. DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS: Artículos: 32 y 54 de la Constitución Política de la República. Artículo 14, ordinal 1°, de la ley 14 de 1976 (aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Artículo 8, ordinal 1°, de la ley 15 de 28 de octubre de 1977 (aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Ley 38 de 2000. Artículo 1151 del Código Judicial. Notifíquese, WILFREDO SÁENZ FERNÁNDEZ EFRÉN C. TELLO C. -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- SECUNDINO MENDIETA YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)