Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 12 de Noviembre de 2014

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución:12 de Noviembre de 2014
Emisor:Pleno

VISTOS: En grado de apelación conoce esta Corporación de Justicia, del Recurso de Apelación formalizado por el Licdo. E.A.R., en nombre y representación de OH INGENIERÍA, S.A, contra la Sentencia Civil de 25 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial. RESOLUCIÓN APELADA Mediante Sentencia Civil de 25 de junio de 2013, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial DENIEGA la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta a favor de la empresa OH INGENIERÍA, S.A., al estimar sobre el acto atacado que "el SUNTRACS cumplió con las formalidades exigidas en los artículos 426, 427 y 428 del Código de Trabajo, por lo que conforme a lo preceptuado en el siguiente artículo 433 del Código de Trabajo, conforme al cual no podrá rechazarse un pliego de peticiones, la funcionaria demandada no podía rechazarlo al no encontrar defectos formales, y por ende, no podía tampoco ordenar se subsanen eventuales defectos no identificados, y en este sentido, no puede afirmarse que le dio un trámite legal distinto al señalado por la Ley." (fs. 120-124) RECURSO DE APELACIÓN El recurrente anuncia y sustenta recurso de apelación, por medio del cual solicita que sea revocada la Sentencia Civil de 25 de junio de 2013, y en su defecto sea acogida la Acción de A. de Garantías Constitucionales, debido a que la empresa OH INGENIERÍA, S.A., celebró un Convenio Colectivo de Trabajo con un grupo de trabajadores no organizados, que fue admitido mediante acta de presentación de convención colectiva negociada por la vía directa el día 13 de junio de 2013 a la 1:15 P.M., por la Dirección Regional de Trabajo de Chiriquí, en atención a lo establecido en los artículos 423, 424 y 430 del Código de Trabajo, y el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 131 de 3 de mayo de 2010, que modificó el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 18 de 20 de mayo de 2009, según el cual, "cuando no exista una organización sindical de trabajadores debidamente constituida dentro de una empresa, un grupo no organizado de trabajadores de la empresa podrá presentar para su registro ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Acuerdo Colectivo o Pliego de Peticiones para la celebración de Acuerdos Colectivos con el empleador." Según el recurrente, la Directora Regional de Trabajo y Desarrollo Laboral de Chiriquí, omitió lo establecido en el artículo previamente citado, que de haberlo atendido, se habría percatado que para el 11 de junio de 2013, según certificación del Departamento de Organizaciones Sociales, los trabajadores de la empresa OH INGENIERÍA, S.A. no estaban afiliados al SUNTRACS, y éstos en Asamblea de 10 de junio del mismo año, aprobaron un Pliego de Peticiones y llevaron a cabo la celebración de una Convención Colectiva sin tener trabajadores afiliados a la empresa OH INGENIERÍA, S.A., por lo que la resolución se encuentra viciada desde su aprobación. TERCERO INTERESADO La licda. J.D.M., apoderada judicial del señor S.M.R., quien actúa como representante legal del SUNTRACS, presentó escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto por el licdo. E.R., en representación de la empresa OH INGENIERÍA, S.A., contra la Sentencia Civil de 25 de junio de 2013. De acuerdo con la opinión de la licenciada M., la Directora Regional de Trabajo y Desarrollo Laboral no incurrió en falta alguna al proferir la providencia N° 93-13 de 18 de junio de 2013, en virtud que el pliego de peticiones presentado por el SUNTRACS cumplía con los requisitos contenidos en los artículos 426, 427 y 428 del Código de Trabajo. De igual forma advierte, que el Decreto Ejecutivo N° 18 de 20 de mayo de 2009 establece que ante la existencia de una organización social debidamente constituida en una empresa, ésta última no podrá entablar negociaciones con un grupo no organizado de trabajadores; por lo que estiman que la autoridad demandada cumplió con su labor al admitir el pliego de peticiones, puesto que en la empresa existía previamente una organización sindical, y en atención a ello, el empleador no puede entablar negociaciones con el grupo no organizado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Corresponde a esta Corporación de Justicia revisar la actuación proferida por el Tribunal A-Quo, advirtiendo de antemano, la referencia realizada respecto a los diversos puntos señalados dentro de la acción de A. de Garantías Constitucionales, previa verificación de la competencia de este pleno. La apelación que nos ocupa, se dirige contra la resolución que deniega un A. contra un acto de la Dirección Regional de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Chiriquí, entidad que tiene jurisdicción en una Provincia. El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial conoció en primera instancia de dicho A. debido a que, de conformidad con el artículo 2616 del Código Judicial, numeral 2 del Código Judicial, el asunto es de aquellos que conocen en primera instancia los Tribunales Superiores de Distrito. En ese orden de ideas, la Corte encuentra que el artículo 2616 del Código Judicial, que establece la competencia de los Tribunales en materia de A. de Derechos Fundamentales, dispone: "Artículo 2616. Son competentes para conocer de la demanda de amparo a que se refiere el artículo 50 de la Constitución Política: 1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias; 2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando se trate de actos que procedan de servidores públicos con mando y jurisdicción en una provincia; y 3. Los Jueces de Circuito, cuando se tratare de servidores públicos con mando y jurisdicción en un distrito o parte de él. El conocimiento de estos negocios será de la competencia de los tribunales que conozcan de los asuntos civiles". (El subrayado es del Pleno). Por su parte, el artículo 2625 del Código Judicial señala que, cuando se presente apelación contra un fallo dictado en materia de A. de Derechos Fundamentales "... se enviará el expediente al superior para que decida la alzada". Así las cosas, corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como Superior Jerárquico, conocer de las apelaciones promovidas contra las decisiones dictadas por los Tribunales Superiores en materia de A., con lo que queda establecida la competencia del Pleno para decidir la apelación que nos ocupa. Visto lo anterior, pasa el Pleno a resolver la alzada. Con relación a la admisión del tercero interesado, mediante la presentación del escrito de oposición al recurso de apelación formulado por la licda. J.D.M., en representación del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACAS), es importante esclarecer, que dicha figura no está regulada en nuestra legislación; sin embargo, la posibilidad de comparecer en este tipo de procesos fue admitida a través de jurisprudencia del Pleno de esta Corporación de Justicia en un Fallo de 18 de abril de 1997 con motivo de una demanda de inconstitucionalidad contra una serie de normas procesales inherentes a la tramitación tanto de ese mismo tipo de demandas como del amparo de garantías constitucionales, a la vez que se admitió la existencia de una falta de regulación respecto de la intervención de terceros; sobretodo en materia de amparos, se reconoció el derecho que les asistía a dichos terceros para intervenir procesalmente, dado que podían verse afectados con la decisión final del caso, en ese sentido expresó la Corte: "La intervención de dichos terceros es posible en los procesos de amparo porque el debido proceso, conforme ha indicado reiteradamente el Pleno de la Corte, supone el derecho de las personas a ser oídas en las causas en que se decida acerca de sus derechos y obligaciones. En concepto de la Corte, la falta de aquélla previsión legal, esto es, la existencia de un vacío normativo, hace perfectamente aplicable dicha garantía constitucional en el proceso de amparo, cuando la orden impugnada está contenida en una resolución judicial, de modo que pueda garantizarse el derecho de defensa de quien, sin ser parte en el proceso de amparo, fue contraparte en aquél proceso y puede resultar adversamente afectado por el fallo que resuelve la acción de amparo. Con ello se satisface otro de los fines del debido proceso, cual es el acceso a los tribunales de justicia, en este caso, al tribunal que conoce del amparo. También extiende el artículo 1118 (ahora 1133) del Código Judicial el derecho de apelar a todos aquellos a quienes aproveche o perjudique una sentencia o auto, antes de que estas resoluciones se ejecutoríen. Si bien en éstos y otros supuestos, la intervención del tercero está expresamente autorizada en una disposición legal, en el caso del amparo de garantías constitucionales dicha intervención, aunque limitada a que el tercero pueda apelar de la sentencia definitiva, cuando la orden esté contenida en una resolución judicial, tiene fundamento en el principio del debido proceso, consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política, tal como ha sido interpretado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ampliando su contenido e incorporando al bloque de constitucionalidad la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo relativo a las garantías judiciales. Es así como el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que, en defecto de la regulación legal ya comentada y en observancia del principio del debido proceso, consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política y en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe permitirse la intervención en el proceso de amparo a quien fue contraparte en el proceso en el que se dictó la resolución judicial que contiene la orden impugnada. Esta intervención debe estar referida única y exclusivamente a la realización de dos actos procesales. El primero es ser oído mediante la presentación de un escrito oponiéndose a la pretensión de amparo y el segundo, es recurrir la sentencia que resuelve el amparo en caso de que le sea desfavorable u oponerse al escrito de apelación, en caso contrario, todo dentro del término concedido a las partes para apelar. Este derecho a recurrir está plenamente reconocido en el literal h), numeral 2, del precitado artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que incluye dentro de las garantías judiciales de toda persona, el "derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior", entendiéndose como tal, la resolución definitiva y no las interlocutorias o intermedias ni las de procedimiento. Además, el citado artículo 1118 del Código Judicial extiende el derecho a apelar a todos aquellos a quienes aproveche o perjudique una sentencia o auto, recurso que debe interponerse antes de que estén ejecutoriadas dichas resoluciones." (subrayado es nuestro) "Sobre la legitimidad de actuación de terceros interesados, ... que el tercero interesado pueda intervenir en dicho proceso cuando la orden impugnada se encuentre en una resolución judicial, de tal manera que pueda garantizarse el derecho de defensa de quien, sin ser parte del proceso de amparo, fue contraparte de aquél proceso y pueda resultar adversamente afectado por el fallo que resuelve la acción de amparo." (subrayado es nuestro) Advertimos también, que el tercero propiamente tal debe portar un interés fundado en el hecho de que la decisión final de dicho amparo puede afectarle significativamente, y solicita participación del proceso ya sea para: 1. oponerse a la acción constitucional; 2. para recurrir contra la decisión de la misma o; 3. para oponerse al recurso de apelación interpuesto por la contraparte. De modo que desde el prisma que proyectan tanto los argumentos de quien pretende intervenir como tercero en la presente acción constitucional, como los argumentes del propio recurrente; el señor S.M.R., quien otorgó poder a la licda. M. y es representante legal del SUNTRACS tal como consta a foja 1 del expediente principal, ha demostrado un interés legítimo para que pueda ser considerado en propiedad, como tercero interviniente; por tanto, debe ser acogida la intervención del tercero interesado en la tramitación del presente amparo de garantías constitucionales. Continuando con el conocimiento del recurso de apelación, la Corte observa que en lo medular del escrito, el apelante plantea que la resolución de primera instancia desconoce la vulneración del debido proceso en la que incurre el acto atacado, al dejar de lado la existencia del Decreto Ejecutivo Nº 131 de 3 de marzo de 2010, que establece que de no existir una organización sindical de trabajadores en una empresa, el pliego de peticiones o el acuerdo colectivo puede ser presentado por un grupo no organizado de trabajadores. También señala que los trabajadores de la empresa OH INGENIERÍA, S.A., no estaban afiliados al SUNTRACS, para el 11 de junio de 2013, empero, se reunieron en Asamblea General el día 10 de junio de 2013, aprobando así el pliego de peticiones y la celebración de una convención colectiva sin tener trabajadores afiliados. Ahora bien, el problema jurídico consiste en determinar si, atendiendo al Decreto Ejecutivo Nº 131 de 3 de marzo de 2010 y los artículos 426, 427, 428 y 433 del Código de Trabajo, se viola el debido proceso al admitir un pliego de peticiones presentado por un Sindicato porque previamente se registró una convención colectiva suscrita por la vía directa con el empleador y un grupo de trabajadores no organizados. Para dar respuesta a esta interrogante es preciso examinar, en primer lugar, el referido Decreto Ejecutivo y las normas del Código de Trabajo, y, confrontar luego el acto recurrido con las circunstancias fácticas del caso, a fin de determinar si se violó o no el debido proceso y si procedía conceder o denegar el A.. El Decreto Ejecutivo Nº 131 de 3 de mayo de 2010, fue dictado por el Presidente de la República y la Ministra de Trabajo y Desarrollo Social y, de conformidad con lo dispuesto en su artículo segundo, entró a regir a partir de su promulgación, efectuada en la Gaceta Nº 26527 de 6 de mayo de 2010. Dicho cuerpo normativo reformó el párrafo segundo del artículo segundo del Decreto Ejecutivo N° 18 de 20 de mayo de 2009, que reglamenta los artículos 398, 400, 401, 403 y 431 del Código de Trabajo. El citado Decreto explica que Panamá es signataria del Convenio N° 87 de la Organización Mundial del Trabajo relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho Sindical, así como del Convenio N° 98 de la OIT relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de la Negociación Colectiva. En los aludidos Convenios "...la OIT ha resaltado el papel de las organizaciones de trabajadores como una de las partes en las Convenciones Colectivas de Trabajo, y refiere a los representantes de trabajadores no organizados sólo cuando no existan sindicatos, y que la OIT ha establecido que en dichas circunstancias, las negociaciones directas entre una compañía y sus trabajadores, pasando por alto a las organizaciones con representatividad cuando éstas existan, puede constituir un detrimento del principio que determina que la negociación entre los empleadores y las organizaciones laborales debe ser fomentada y promovida". En ese orden de ideas, el Código de Trabajo en cumplimiento de las obligaciones dimanantes de tales convenios, define en su artículo 398 la Convención Colectiva de Trabajo como "todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y por la otra, uno o varios sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales de trabajadores" y establece en su artículo 400 los procedimientos para que las organizaciones sociales de trabajadores o empleadores prueben su personería jurídica y la autorización para celebrar Convenciones Colectivas de Trabajo. El mismo Código señala en su artículo 401 que todo empleador a quien presten servicios trabajadores miembros de un sindicato, tendrá la obligación de celebrar con éste una Convención Colectiva de Trabajo cuando se lo solicite el sindicato, y en su artículo 431, dispone que "...si en la misma empresa se presentan dos o más pliegos de peticiones a la vez, se acumularán en uno solo y los trabajadores de las empresas, establecimientos o centros de trabajo afectados por el conflicto designarán una sola representación; de no hacerlo en el término de dos días le corresponderá negociar al sindicato más representativo o al grupo mayoritario de trabajadores; y que si los pliegos se refieren a la Negociación Colectiva de Trabajo, se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 402 del Código de Trabajo con respecto a la cual las organizaciones de trabajadores deben concluir con el acuerdo". Atendiendo a todo lo anterior el Decreto Ejecutivo N° 18 de 20 de mayo de 2009, reformado por el Decreto Ejecutivo N° 131 de 3 de mayo de 2010 dispone lo siguiente: "Artículo Primero. Reconocer que el derecho de negociar y constituir convenciones colectivas de trabajo, por parte de los trabajadores, corresponde a las organizaciones sociales debidamente constituidas en concordancia con los artículos 398, 400, 401 y 403 del Código de Trabajo. En consecuencia el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral no admitirá ningún Pliego de Peticiones que se presente por un grupo no organizado de trabajadores para la suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo. Artículo Segundo. Un empleador no podrá entablar negociaciones con un grupo no organizado de trabajadores para celebrar acuerdo colectivo de trabajo o por un pliego de peticiones para un acuerdo colectivo de trabajo cuando exista una organización sindical debidamente constituida en la empresa. Cuando exista una organización sindical debidamente constituida dentro de una empresa, un grupo no organizado de trabajadores podrá presentar, para su registro, ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Acuerdos Colectivos o Pliego de Peticiones para la celebración de Acuerdos Colectivos con el empleador (párrafo reformado por el Decreto Ejecutivo N° 131 de 2010). El ministerio verificará antes de proceder a su registro, que no existe un sindicato en la empresa, y que con dicho Acuerdo Colectivo no se vulneran los derechos y prestaciones de los trabajadores, conforme al artículo 8 del Código de Trabajo, ni se obstaculiza el derecho de asociación sindical. Si se dieran alguna o algunas de estas condiciones, el Acuerdo Colectivo o el Pliego de Peticiones para la celebración de Acuerdo Colectivo no se admitirá. El registro así hecho no será obstáculo para que posteriormente una organización sindical de trabajadores presente una Convención Colectiva negociada por la vía directa o Pliego de Peticiones para la suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo; o para que el empleador rehúse celebrar una Convención Colectiva de Trabajo con el sindicato, las cuales no podrán desconocer el mínimo de los derechos consignados en el Acuerdo Colectivo ya registrado. Artículo Tercero. En concordancia con lo señalado en este Decreto, no será posible la acumulación de dos pliegos de peticiones cuando uno de los solicitantes sea una organización sindical de trabajadores, y por el otro lado, un grupo no organizado de trabajadores, y las negociaciones sobre el Pliego de Peticiones deben proceder, en consecuencia, al trámite de ley en relación con el presentado por el sindicato ..." De los artículos citados se desprende que siempre que exista una organización sindical debidamente constituida en la empresa, el empleador no podrá entablar negociaciones con un grupo no organizado de trabajadores para celebrar un acuerdo colectivo de trabajo o por un pliego de peticiones para un acuerdo colectivo de trabajo; sin embargo, cuando no exista una organización sindical de trabajadores constituida, un grupo no organizado de trabajadores de la empresa podrá presentar, para su registro, ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Acuerdos Colectivos o Pliego de Peticiones para la celebración de Acuerdos Colectivos con el empleador. En este caso, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral verificará, antes de proceder a su registro, que: a.)No existe un sindicato en la empresa, b.) que el Acuerdo Colectivo no vulnera los derechos y prestaciones de los trabajadores, conforme al artículo 8 del Código de Trabajo, c.)Que dicho acuerdo no obstaculiza el derecho de asociación sindical. Sin embargo, el registro en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de un acuerdo colectivo o pliego de peticiones celebrado entre una empresa y un grupo no organizado de trabajadores no será obstáculo para que posteriormente una organización sindical de trabajadores vigentes en la empresa, presente una Convención Colectiva negociada por la vía directa o Pliego de Peticiones para la suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo (los cuales no pueden desconocer el mínimo de los derechos consignados en el Acuerdo Colectivo ya registrado), o para que el empleador rehúse celebrar una Convención Colectiva de Trabajo con el Sindicato. Finalmente, se desprende de los citados artículos, que no pueden acumularse dos pliegos de peticiones cuando uno de los solicitantes sea una organización sindical de trabajadores, y el otro un grupo no organizado de trabajadores. En este caso, debe darse el trámite de Ley al Pliego de Peticiones presentado por el sindicato. Establecido lo anterior, debemos indicar que al admitir un pliego de peticiones, éste debe atender lo dispuesto en el artículo 428 del Código de Trabajo, es decir, acompañar dicho pliego de copia autenticada de la resolución aprobada por la Asamblea General del sindicato, con el nombre y la firma de aquellos trabajadores que apoyan el pliego, y certificación expedida por el Ministerio de Trabajo donde conste la inscripción del mismo. En ese sentido, el pliego de peticiones presentado fue acompañado con los documentos correspondientes: resolución mediante la cual SUNTRACS aprueba el pliego de peticiones (fs. 2-3); nombre y firma de los trabajadores que apoyan el pliego (f. 6) y; certificación N° 893.DOS.2013 de 10 de mayo de 2013, en la que consta la inscripción del sindicato (f. 1). Sobre el tema de la presentación y traslado del pliego de peticiones, la jurisprudencia ha manifestado mediante Resolución de 6 de julio de 2005: "En reiterada jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia se ha señalado que la Dirección General de Trabajo al recibir un pliego de peticiones debe revisarlos adecuadamente e igualmente antes de admitirlo realizar las diligencias necesarias tendientes a comprobar su contenido ... Asimismo, deben efectuarse las inspecciones al lugar de trabajo, además de comprobar por medio de certificaciones del Registro Público que efectivamente la empresa se encuentra inscrita, entre otras; todo ello con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores y empleadores y no dejarlos en estado de indefensión. (Cfr. Sentencia del Pleno de 26 de marzo de 2003)." La Certificación 1237.DOS.2013 de 14 de junio de 2013 expedida por el Ministerio de Trabajo, da cuenta de los firmantes del pliego de peticiones, quienes efectivamente están afiliados al SUNTRACS (f. 9) inclusive en fecha previa a la de emisión de la resolución que aprueba dicho pliego (10 de junio de 2013); es decir, que los trabajadores A.B., A.S. y M.M., se encuentran afiliados a la organización sindical desde el día 4 de junio de 2013, mientras que W.M. desde el día 7 de junio del mismo año, distinto al señalamiento por el recurrente en el escrito de apelación a foja 128 del libelo de amparo, donde infiere que éstos no formaban parte del sindicato en cuestión. Por otro lado, figura el informe suscrito por F.G., I. de Trabajo N° 00466, relacionado a la diligencia de verificación e inspección, del que se desprende que los trabajadores firmantes del pliego de peticiones laboran en la empresa OH INGENIERÍA, S.A. (f. 98), y en virtud de ello, la Dirección Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí procedió a admitirlo y ordenar el respectivo traslado por el término de 5 días, en virtud de lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Trabajo. En conclusión, la entidad demandada actuó de conformidad al Debido Proceso al plasmar lo resuelto dentro de los parámetros propios del cumplimiento de las normas contenidas en el Código de Trabajo y la Constitución Política de la República; las cuales regulan lo concerniente al trámite correspondiente al momento de recibir un pliego de peticiones, el proceso de conciliación y las respectivas garantías constitucionales. Así las cosas, el Pleno considera que el acto recurrido no viola el debido proceso consagrado en el artículo 32, ni el artículo 17, consagrados en la Constitución Política, al señalar que no puede rechazarse el pliego de peticiones presentado por SUNTRACS ya que ha cumplido con las formalidades exigidas en los artículos 426, 427 y 428 del Código de Trabajo, en virtud de lo establecido en el artículo 433 del mismo cuerpo normativo, conforme al cual "no podrá rechazarse un pliego de peticiones". De allí que esta Superioridad proceda a confirmar la decisión del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, plasmada en la Sentencia Civil Civil de 25 de junio de 2013 y no conceder el A., en virtud que el trámite legal fue llevado a cabo con apego a las garantías de Ley. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia Civil de 25 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, y en consecuencia DENIEGA la acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la empresa OH INGENIERÍA, S.A., contra la Providencia N° 93-13 de 18 de junio de 2013, proferida por la Directora Regional de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Chiriquí. N. y Devuélvase, HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- SECUNDINO MENDIETA YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)