Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Julio de 2014

PonenteLuis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución10 de Julio de 2014
EmisorPleno

VISTOS: Los antecedentes dan cuenta que el 28 de diciembre de 2011, el S.E.S.V., adjuntando certificado del Registro Público donde se le adjudica definitivamente en remate la Finca 57959 de la Provincia de Chiriquí, promovió ante la Corregiduría Diurna de D., Proceso de Desalojo en contra de la hoy apelante, S.S.B.. El apoderado judicial de la señora B. contestó la demanda, argumentando que, si bien E.S. propietario de la Finca No. 57959, no tiene mejoras declaradas sobre la misma y no tiene derecho sobre las mejoras, las cuales son objeto de una demanda de EDIFICACION EN TERRENO AJENO que reposa en el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ RAMO CIVIL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL por parte de la señora F.M. y DEMANDA DE NULIDAD en el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ RAMO CIVIL, por lo que se opone a la petición ya que dentro de la demanda existe LITISPENDENCIA. Mediante Resolución No. 091-12 del 28 de mayo de 2012, la Corregiduría Diurna de D., resolvió ordenar el desalojo inmediato de la señora S.S.B.M. la Finca No. 57959 y no acceder al incidente de litispendencia. Contra esta decisión la demandada presentó recurso de Apelación, el cual fue resuelto por la Alcaldía Municipal de D., mediante Resolución No. 041-12 fechada 8 de octubre de 2012, la cual confirmó en todas sus partes la Resolución No. 091-12 del 28 de mayo de 2012 de la Corregiduría de Policía Diurna de D.. En dicha resolución el Alcalde señaló que el apoderado legal de la señora S.S.B.M. citar el fundamento legal aplicable a la figura jurídica invocada de la LITISPENDENCIAsobre la cual se sustenta el Recurso de Apelación, ya que para que proceda la excepción de litispendencia es menester que los procesos se den dentro la misma jurisdicción. Posteriormente, el apoderado especial de la Señora S.S.B., promovió RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA ante la GOBERNACIÓN DE CHIRIQUI, en contra de la Resolución No. 041-12 de 8 de octubre de 2012, emitida por la Alcaldía Municipal del Distrito de D., invocando como causal los numerales 2 y 3 del artículo 8 de la Ley 19 de 3 de agosto de 1992. Los referidas numerales expresan: Artículo 8. Se instituye el recurso extraordinario de revisión administrativa, del que conocerán los gobernadores de las provincias, para revocar decisiones expedidas en segunda instancia por autoridades municipales en materia correccional o por razón de los juicios de policía de que trata el Libro III del Código Administrativo y la Ley 112 de 30 de Diciembre de 1974. El recurso de revisión sólo procederá cuando: 1... 2. La decisión recurrida se fundamente en declaraciones falsas o en pruebas insuficientes. 3. No se hubiesen cumplido los trámites esenciales del procedimiento establecido por la ley aplicable. 4...". El mismo, fue decidido mediante la RESOLUCIÓN N° 60 DE 27 DE AGOSTO DE 2013 de la GOBERNACIÓN DE CHIRIQUÍ, impugnada en sede de amparo, declarando no probado el recurso de revisión administrativa, presentado por el licenciado ABDIEL TROYA, en representación de S.S.B., al considerar que la revisionista "...no aportó documentación válida para acreditar la titularidad del bien en disputa, y por el contrario el S.E.S., aportó como prueba copia del Auto N° 1868 fechado 7 de diciembre de 2010, emitido por el Juzgado Duodécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá en el cual se le ADJUDICÓ DEFINITIVAMENTE a título de COMPRA EN SUBASTA PÚBLICA la Finca N° 57959 por la suma de seis mil ciento veintitrés balboas con sesenta centésimos (B/.6,123.60) y certificación del Registro Público que lo acredita como legítimo propietario..." (Cfr. f. 13 del cuadernillo de amparo). III LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El amparo de derechos fundamentales fue admitido mediante Resolución de 25 de octubre de 2013 del TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL y notificado a la autoridad demandada mediante Oficio N° 2922 de la misma fecha (Cfr. fs. 16-17 del cuadernillo de amparo). La GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI, rindió el informe de rigor a través del Oficio N° DL. 099-2013 de 28 de octubre de 2013 (Cfr. fs. 19-24 del cuadernillo de amparo). Sin embargo, mediante Resolución de 29 de octubre de 2013, decide declarar no viable el amparo por los siguientes motivos: 1. Que la amparista identifica a la Gobernadora de la Provincia de Chiriquí, como la funcionaria demandada, por haber confirmado en todas sus partes la Resolución 041-12 de fecha 8 de octubre de 2012, emitida por la Alcaldía de D., lo que pone de manifiesto que se equivoca al dirigir su acción en contra de la Gobernadora de la Provincia de Chiriquí, pues ha debido hacerlo contra el Alcalde de D. que es el servidor público que ordenó el desalojo. 2. Al haberse dirigido el acto en contra de la resolución dictada por la Gobernación de la Provincia de Chiriquí, que declara no probado el recurso extraordinario de revisión administrativa propuesto en contra de la Resolución No. 091-2012. fechada 8 de octubre de 2012, de la Alcaldía de D., mal puede esta Colegiatura, entrar al examen de la acción de tutela ensayada. (Cfr. f. 88 del cuadernillo de amparo). IV EL RECURSO DE APELACION Contra la RESOLUCIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE 2013 del TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, que declara no viable el amparo promovidocontra la RESOLUCIÓN N° 060 DE 27 DE AGOSTO DE 2013, de la GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI, la activadora procesal promovió recurso de apelación. En ese sentido, expresa que el amparo debe concederse pues "...agotada la vía gubernativa, lo prudente e imperioso es atacar la resolución que agota la misma, en este caso la Resolución 060-2013 de fecha 27 de agosto de 2013 proferida por la Gobernación de la provincia de Chiriquí y no la Resolución que hace tránsito y no agota la misma, en este caso la Resolución 041-12 de fecha 8 de octubre de 2012 dictada por la Alcaldía de D., Provincia de Chiriquí, y no la que hace tránsito al agotamiento de la vía gubernativa" (Cfr. f. 32 del cuadernillo de amparo). CONSIDERACIONES Y DECISION DEL PLENO A. COMPETENCIA. El TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL conoció del presente amparo en primera instancia debido a que, de conformidad con el artículo 2616 del Código Judicial, numeral 2 del Código Judicial, el asunto es de aquellos que conocen en primera instancia los Tribunales Superiores de Distrito. Por su parte, el artículo 2625 del Código Judicial señala que, cuando se presente apelación contra un fallo dictado en materia de A. de Derechos Fundamentales, "...se enviará el expediente al superior para que decida la alzada". Así las cosas, corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como Superior Jerárquico, conocer de las apelaciones promovidas contra las decisiones dictadas por los Tribunales Superiores en materia de A., con lo que queda establecida su competencia para decidir la apelación que nos ocupa. B. DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACION. Como viene expuesto, la alzada se dirige contra la decisión del TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL que declarar no viable el amparo, con sustento en que el amparo se dirigió contra un acto confirmatorio, no contra el originario. Ahora bien, la Corte no comparte la posición del a-quo, por las siguientes razones: 1. El Recurso decidido mediante el Acto atacado en sede de amparo, no puede equipararse a las decisiones confirmatorias que dictan, en grado de apelación, los Gobernadores de las Provincias. Se trata de un recurso autónomo, que tiene por objeto anular las decisiones expedidas en segunda instancia por autoridades municipales en materia correccional o por razón de los juicios de policía de que trata el Libro III del Código Administrativo, cuyo fundamento de derecho es artículo 8 de la Ley 19 de 3 de agosto de 1992. El Pleno de esta Corporación así lo ha entendido, al conocer en otras ocasiones de apelaciones dirigidas contra decisiones de los Tribunales Superiores, que deciden sobre amparos contra Resoluciones que deciden un recurso de revisión administrativo como el que nos ocupa (Vid. Sentencia de 22 de julio de 2004 que concede el recurso de apelación dentro del amparo promovido contrael GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ y Sentencia de 25 de mayo de 2011, que concede el recurso de apelación dentro del amparo promovido contra la RESOLUCIÓN 158 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2010, del GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS). 2. Aunado a lo anterior, el criterio utilizado por el a-quo, recae sobre un aspecto que el tribunal de amparo debe analizar en la etapa de admisibilidad ya que, una vez que el amparo es admitido, el Tribunal que conoce del mismo no puede invocar motivos de forma para no pronunciarse sobre el fondo del caso, atendiendo al derecho que tiene el recurrente a obtener de los tribunales un pronunciamiento sobre el mérito o no de su pretensión. Por lo expuesto y, habida cuenta que los cargos formulados por la recurrente fueron estimados por el a-quo con la entidad suficiente para admitir el amparo, resulta procedente revocar la resolución apelada y devolver el expediente al tribunal de origen, a fin de que emita un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones antes expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley REVOCA la RESOLUCIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE 2013 y le ordena al TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL resolver el fondo del amparo incoado contra la RESOLUCIÓN N° 060 DE 27 DE AGOSTO DE 2013, de la GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI. N. y Devuélvase, LUIS MARIO CARRASCO M. HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- SECUNDINO MENDIETA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR