Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 25 de Marzo de 2014

PonenteJerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución25 de Marzo de 2014
EmisorPleno

VISTOS: La sentencia apelada NO CONCEDE el amparo contra el Auto N° 825 de 29 de julio de 2013 del JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUI, RAMO CIVIL que levanta el secuestro decretado mediante el Auto N° 218 de 4 de marzo de 2008 a favor de R.M. contra K.A.D., hasta la concurrencia de CIENTO CUATRO MIL CUATRCIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 80/00 (B/.104, 487.80) y ordena mantener retenida la fianza hipotecaria (Cfr. f. 1 del cuadernillo de amparo). El recurrente relata que interpuso demanda civil ordinaria exigiendo el pago de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato de honorarios profesionales contra K.A.D. ya que, según expresa, este último revocó el poder otorgado a su persona y designó a otro abogado en un proceso ya terminado para no pagarle los honorarios (Cfr. f. 2 del cuadernillo de amparo). El demandante promovió medida cautelar de secuestro, el cual fue decretado mediante el Auto N° 218 de 4 de marzo de 2008 a favor de R.M.M. y contra K.A.D., sobre una suma de dinero consignada en el antiguo JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ (hoy Juzgado Tercero), a favor del secuestrado K.A.D. por parte de la empresa aseguradora ASSICURAZIONI GENERALI, S.A., hasta la concurrencia de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CENTÉSIMOS (B/. 104, 487.07). III EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES El amparista considera que el acto impugnado viola los artículos 19 y 32 de la Constitución. En cuanto al artículo 19, estima que se infringe porque se le discrimina a causa de sus ideas permanentes "...a favor de una administración de justicia recta, transparente" (Cfr. f. 2 del cuadernillo de amparo). Con relación al artículo 32 considera que se viola de manera directa, por omisión, ya que pretende "...poner en vigor una sentencia NO EJECUTORIADA POR NO HABER SIDO DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LAS PARTES..." (Cfr. f. 3 del cuadernillo de amparo). El recurrente sostiene que el funcionario demandado cuando advirtió que la Resolución que confirma la decisión del JUEZ QUINTO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ (suplente) de levantar el secuestro, no fue notificada a las partes por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL ni personalmente ni por edicto, debió devolver el negocio al Superior a fin de cumplir con tan elemental obligación de saneamiento (Cfr. f. 2 del cuadernillo de amparo). IV EL INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA Una Vez admitido el amparo mediante Auto de 7 de agosto de 2013 del TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, se le corrió traslado a la autoridad demandada mediante Oficio N° 321 de la misma fecha (Cfr. fs. 5-6 del cuadernillo de amparo). La JUEZ QUINTA DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, RAMO CIVIL, a través del Oficio N° 1064 de 7 de agosto de 2013 rindió el informe de rigor remitiendo la copia autenticada de los expedientes del caso e indicando que: (1) Mediante Auto N° 825 de 29 de julio de 2013, dicho tribunal levantó el secuestro decretado por Auto N° 218 de 4 de marzo de 2008, a favor de R.M.M. y en contra de K.A.D. "...sobre la suma de dinero consignada en el antiguo JUZGADO QUINTO DE CIRUITO DE CHIRIQUÍ, hoy Juzgado Tercero, a favor del secuestrado a K.A.D., por parte de la empresa aseguradora ASSICURAZIONI GENERALI, S.P.A. y hasta la concurrencia de Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Siete Balboas con Ochenta y Siete Centésimos (B/. 104.487.07) (sic), y se mantuvo retenida la fianza hipotecaria" (Cfr. f. 7 del cuadernillo de amparo). (2) Contrario a lo manifestado por el amparista, las constancias procesales revelan que "...la resolución emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, por el cual se confirma la Sentencia N° 73-40-2008 de 5 de septiembre de 2011 dictada por este despacho, fue notificada mediante Edicto N° 341 de 11 de marzo de 2013 a las partes en debate, desfijándose el mismo día 18 de marzo de 2013 (véase foja 2089) y remitiéndose posteriormente a este Tribunal" [Cfr. fs. 7-8 del cuadernillo de amparo]. (3) La resolución emitida por el Tribunal del Tercer Distrito Judicial, por la cual se confirma la decisión de primera instancia y se le niega la pretensión al demandante, "...fue debidamente notificada a las partes, por tanto no se ha violentado el debido proceso contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional" (Cfr. f. 8 del cuadernillo de amparo). V LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL decidió no conceder el amparo por estimar que la decisión adoptada por el funcionario demandado está respaldada en lo decidido mediante la Sentencia N° 73-40-2008 de 5 de septiembre de 2011 que negó la pretensión de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato en el proceso ordinario promovido por R.M. contra K.A.D. y exoneró de costas a la parte demandante, la cual fue confirmada por Sentencia Civil de 16 de enero de 2013, que se encuentra en firme y ejecutoriada. Explica que, para notificar a las partes, fue fijado el Edicto N° 341 del 11 de marzo de 2013, el cual fue desfijado el día 18 de marzo de 2013 (fs. 2089). La sentencia del Tribunal Superior quedó ejecutoriada el día 22 de marzo de 2013, por lo que se remitieron los antecedentes del proceso al inferior, mediante Oficio 711 de 25 de marzo de 2013 (Cfr. f. 16 del cuadernillo de amparo). El a-quo concluye que, atendiendo a lo decidido, al existir un secuestro decretado por Auto N° 218 de 4 de marzo de 2008, a favor de R.M.M., y en contra de K.A.D., "...lo que se impone es el levantamiento del secuestro decretado"(Cfr. f. 15 del cuadernillo de amparo). Por ello dicho Tribunal "...no evidencia la transgresión constitucional aludida por el amparista, en relación a que se está poniendo en vigor una sentencia que no está ejecutoriada por no haber sido debidamente notificada a las partes" (Idem). VI EL RECURSO DE APELACION El apelante es del criterio que la decisión de primera instancia no toma en cuenta que el acto impugnado en sede de amparo fue proferido sin atender a los trámites legales, específicamente, "...la manera como deben notificarse a las partes las resoluciones que dictan los tribunales" (Cfr. f 23 del cuadernillo de amparo). Sostiene que el edicto de notificación del acto recurrido, debió fijarse al día siguiente de dictada la Resolución (16 de enero de 2013) y desfijarse el 23 de enero de 2013, pero que "...con evidente malicia, el edicto se fijó el 18 de marzo de 2013 y se desfijó el 26 de marzo de 2013" (Cfr. f. 56 del cuadernillo de amparo). FUNDAMENTACION Y DECISIÓN DEL PLENO A. COMPETENCIA. La apelación que nos ocupa se dirige contra la resolución que niega el A. promovido contra un Auto del JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUI, RAMO CIVIL. El TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, conoció en primera instancia de dicho A. debido a que, de conformidad con el artículo 2616 del Código Judicial, numeral 2 del Código Judicial, el asunto es de aquellos que conocen en primera instancia los Tribunales Superiores de Distrito. Por su parte, el artículo 2625 del Código Judicial señala que cuando se presente apelación contra un fallo dictado en materia de A. de Derechos Fundamentales, "...se enviará el expediente al superior para que decida la alzada", por lo que compete al P. de la Corte Suprema de Justicia, conocer del recurso que nos ocupa. B. DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Antes de adentrarse a la decisión del recurso de apelación, el P. estima de importancia resaltar que el Auto contra el cual se dirige el amparo de derechos fundamentales cuya apelación nos ocupa, ordena el levantamiento de una medida cautelar de secuestro, por lo que el afectado contaba con la posibilidad de ejercitar contra el mismo el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 546 del Código Judicial que dispone que la resolución que ordena el levantamiento del secuestro es apelable por la parte contraria. Lo anterior significa que el amparo fue admitido a trámite, sin exigirle al recurrente el cumplimiento del principio de definitividad, cuya aplicación implicaba que el recurrente hubiese agotado el recurso de apelación contra la resolución que ordena el levantamiento del secuestro. Este criterio, resulta cónsono con la actual jurisprudencia de la Corte que, permite, excepcionalmente, admitir un amparo sin agotar los medios y trámites ordinarios que el artículo 2615, numeral 2 del Código Judicial establece como requisito para que proceda la impugnación, cuando la lesión de un derecho fundamental a la cual se enfrenta el amparista, tenga la potencialidad de ser grave y de difícil reparación. Esta es la posición que ha sido exteriorizada en la Sentencia de 22 de junio de 2012, que revocó la Resolución de 6 de enero de 2012 del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y ordenó admitir la acción de A. de Garantías Constitucionales formalizado contra el Auto No. 1738 de 7 de diciembre de 2011, dictado dentro del expediente contentivo de Medida Cautelar de Secuestro, decretada y practicada por dicho Juez de la Jurisdicción Ordinaria. En dicho fallo la Corte señaló: "...En cuanto a los otros requisitos de admisión, se observa que se encuentran previstos en el numeral 2, del artículo 2615 supra lex cit, que regula los casos en que el acto censurado esté contenido en una Resolución judicial y dispone como requisito de admisión de la acción de A. el agotamiento de los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la Resolución judicial respectiva. La situación antes descrita es lo que se analiza en el presente caso, pues el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá no admitió la Acción Constitucional propuesta por [...], con fundamento en que el Amparista no acompañó la prueba que acredite que se utilizaron los mecanismos legales necesarios para remediar la actuación, que ocasionó el daño a su derecho constitucional; es decir que el Auto No. 1738 de 7 de diciembre de 2011, por el cual se dictó una medida cautelar de secuestro, debió ser impugnado a través de los medios ordinarios previstos en la Ley. Lo anterior, es lo que en la doctrina y la jurisprudencia nacional se conoce como el Principio de Definitividad, es decir, agotar los mecanismos procesales que ofrece el ordenamiento, para subsanar los posibles vicios que pueda contener el acto acusado, sobre la naturaleza del principio en cuestión. Este Principio de Definitividad no es absoluto, porque en casos excepcionales se excluye la exigencia del numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial con relación a las Resoluciones judiciales, sólo por circunstancias de relevancia en las que el Tribunal de A. estime que existen serias probabilidades que el acto recurrido restrinja, amenace o vulnere los derechos fundamentales de quien presenta el A. (Cfr. Sentencias del P. de 21 de agosto de 2008 y de 14 de septiembre de 2010). ...En consecuencia, lo que se impugna es la falta de competencia del Juez Décimo Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, para levantar el secuestro decretado mediante Auto N° 1738 de 7 de diciembre de 2011, a favor de [...], dentro de un Proceso de Arbitraje, siendo este hecho, por la naturaleza de la medida cautelar y tomando en consideración que ya el Tribunal Arbitral estaba constituido desde el 31 de octubre de 2011, circunstancias que tiene al menos la apariencia de vulnerar o lesionar derechos fundamentales tutelados por la Constitución que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere una revocación inmediata". (Cfr. además la Sentencia de 28 de junio de 2012, que confirmó la decisión que concedió el amparo contra el Auto N° 1454-11 de 23 de diciembre de 2011, emitido por el JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO, RAMO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, que decretó una medida cautelar). Dicho lo anterior, pasa esta Superioridad a resolver la alzada. La decisión del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial considera que no se evidencia la vulneración constitucional aludida por el amparista, debido a que: 1. La Sentencia N° 73-40-2008 de 5 de septiembre de 2011 que negó la pretensión de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato en el proceso ordinario promovido por R.M. contra K.A.D. y exoneró de costas a la parte demandante, fue confirmada por Sentencia de 16 de enero de 2013. 2. Dicha decisión de segunda instancia fue debidamente notificada mediante Edicto N° 341 del 11 de marzo de 2013, desfijado el 18 de marzo de 2013, por lo que quedó en firme y ejecutoriada el día 22 de marzo de 2013, luego de lo cual se remitieron los antecedentes del proceso al inferior, mediante Oficio N° 711 de 25 de marzo de 2013. 3. Al existir un secuestro decretado por Auto N° 218 de 4 de marzo de 2008, a favor de R.M.M., y en contra de K.A.D., lo que se impone es el levantamiento del secuestro, conforme fue decretado por el Auto N° 825 de 29 de julio de 2013 del JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE CHIRIQUI, RAMO CIVIL, recurrido en sede de amparo. Para el apelante, la resolución atacada se encuentra desprovista de sustento legal y desconoce su derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales, por haber sido dictada con fundamento en un acto que no estaba debidamente notificado. La Corte coincide con lo expuesto por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL en la Sentencia de amparo apelada en que las constancias procesales no evidencian que el Auto N° 825 de 29 de julio de 2013 del JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO CIVIL DE CHIRIQUÍ que decreta el levantamiento del secuestro a favor de R.M.M. y en contra de K.A.D., haya sido dictado con pretermisión de trámites, que impliquen vulneración del debido proceso. Y es que, como bien expresa el a-quo, la Sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión que niega la pretensión que da lugar al secuestro que se levanta mediante la Resolución recurrida, fue debidamente notificada mediante edicto visible a foja 2089 del Tomo IV de los antecedentes, con lo cual se cumplió con la notificación en el modo que dispone el artículo 1144 del Capítulo III del Código Judicial, que regula el recurso de apelación y que establece lo siguiente: Artículo 1144. "Decidido el Recurso de apelación, la resolución respectiva se notificará por edicto y transcurrido el término legal para que se considere ejecutoriada la resolución, se devolverá sin demora el expediente al tribunal inferior" (Las subrayas son del P.). De igual manera, se constata que una vez desfijado el edicto el 18 de marzo de 2013, se cumplió su término de ejecutoria y se anotó la salida del negocio bajo el Número 2416 el 25 de marzo de 2013 (Cfr. f. 2089 y vuelta del expediente de amparo). El expediente fue remitido al tribunal de origen y el 4 de abril de 2013, se fijó la Providencia correspondiente, poniendo en conocimiento de las partes el reingreso del expediente. Dicha Providencia de reingreso, fue notificada mediante Edicto de Notificación N° 305 fijado el 8 de abril de 2013 y desfijado el 13 de abril de 2013 (Cfr. fs. 2093-2094 de los antecedentes). Más de un mes después, el 10 de mayo de 2013, la parte demandada solicitó el levantamiento del secuestro decretado mediante Auto N° 229 de 6 de marzo de 2008 (Cfr. 2104-2105 de los antecedentes). Lo antes expuesto permite afirmar que la resolución impugnada en sede de amparo fue dictada atendiendo a solicitud de parte interesada, luego de terminado el proceso ordinario de daños y perjuicios derivados de incumplimiento contractual promovido por R.M. MORALES contra K.A.D., con un sentencia adversa a la pretensión del demandante a favor de quien fue decretado el secuestro. Así las cosas, correspondía levantar la medida cautelar, conforme hizo el JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE CHIRIQUI, RAMO CIVIL, mediante el Auto N° 825 de 29 de julio de 2013, recurrido en sede constitucional subjetiva. Al haberse comprobado que no se incurrió la alegada pretermisión de trámite que alega el apelante, lo procedente es confirmar la decisión del TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL que no concede el amparo de derechos fundamentales. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la SENTENCIA CIVIL DE 14 DE AGOSTO DE 2013, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL que NO CONCEDE el amparo contra el Auto N° 825 de 29 de julio de 2013 del JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUI, RAMO CIVIL. N. y Devuélvase, JERÓNIMO MEJÍA E. HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- O.O.D. --J.E.A.P.C. --V.L.B.P. --H.A.D.L.B. --H.A.D.G. -( Con Salvamento De Voto)- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR