Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 12 de Junio de 2014

PonenteLuis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución12 de Junio de 2014
EmisorPleno

VISTOS: II La firma forense MORGAN & MORGAN, en su condición de apoderada judicial de H.C., S.A. presentó denuncia penal contra M.F.S., P.M.A.S., Y.D.S.A. y N.M.R.T., como presuntos autores de varios delitos, entre ellos el de estafa agravada, tipificado en los artículos 220 y 221 del Código Penal (Cfr. f. 31 del cuadernillo de amparo). Las constancias procesales dan cuenta que la investigación de las sumarias seguidas en virtud de la referida denuncia se inició con la Resolución de 3 de julio de 2012, de la FISCALIA QUINTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. En la misma fecha, H.C., S.A. fue admitida como víctima(Cfr. fs. 46 y 44 del cuadernillo de amparo). El 30 de agosto de 2012, la firma MORGAN & MORGAN formalizó querella por los mismos hechos, contra M.F.S., P.M.A.S., Y.D.S.A., M.M.R.T. y quienes resulten responsables, por los delitos contemplados en los artículos 220 y 221 (estafa agravada), 366 (contra la fe pública) y 229 (usurpación) del Código Penal, la cual fue admitida mediante la Resolución de 18 de septiembre de 2012 de la FISCALIA QUINTA DE CIRCUITO DE PANAMA (Cfr. fs. 47-58 y 59-68 del cuadernillo de amparo). El 8 de enero de 2013, la FISCALIA QUINTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA presentó ante el Registro Único de Entrada la solicitud de prórroga N° 35 con fecha de 13 de diciembre de 2013, pidiendo la extensión del término para la conclusión del sumario, la cual fue repartida el mismo día al JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA (Cfr. f. 77 del cuadernillo de amparo) Mediante el Auto V.N.° 69 de 18 de marzo de 2013 el JUEZ SEXTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA denegó la solicitud de prórroga presentada por la FISCALIA QUINTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA argumentando, en lo medular, lo siguiente: (1) Que el MINISTERIO PÚBLICO, por medio de la FISCALÍA AUXILIAR, avocó conocimiento del proceso el 9 de mayo de 2012 declarando abierta la investigación (f. 383), lo que a su vez reiteró la FISCALÍA QUINTA DE CIRCUITO el 3 de julio de 32012 (f. 425), por lo que "...haciendo un recuento hasta la fecha, han transcurrido más de seis (6) meses, es decir, se ha excedido el término para la instrucción sumarial, ya que la presente solicitud de prórroga para la conclusión del sumario, debió ser presentada al momento de cumplirse los cuatro (4) meses, para que este tribunal pudiese en ese momento, otorgar el término de dos (2) meses para continuar con la instrucción, tal como lo indica el artículo 2033 del Código Judicial" (Cfr. f. 100 del cuadernillo de amparo). (2) De igual modo expresa que "...el delito aquí investigado tampoco se enmarca dentro de los señalados en el segundo párrafo de la norma en mención" y cita como respaldo de su decisión el Auto N° 189 S.I. de 1 de diciembre de 2010 del Segundo Tribunal Superior de Justicia (Idem). Por lo expuesto el JUEZ SEXTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA "...No admite la petición de prórroga presentada por la Fiscalía Quinta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, por lo que se devolverá el expediente para que nos remita la Vista Fiscal con la recomendación pertinente" (Cfr. f 101 del cuadernillo de amparo). III EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES En vista que contra la resolución antes descrita del JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA no cabe recurso alguno, la recurrente hizo uso de la acción constitucional subjetiva que nos ocupa. La amparista solicita que se conceda el amparo, se revoque lo decidido en el acto impugnado y se acoja la solicitud de prórroga hasta que se agote la investigación (Cfr. f 8 del cuadernillo de amparo). En sus hechos relata que el 3 de julio de 2012 la FISCALÍA QUINTA DE CIRCUITO declaró abierta la investigación relacionada con la denuncia presentada el 25 de abril de 2012 por H.C., S.A. por delito de estafa agravada (arts. 220 y 221 del Código Penal) (Cfr. fs. 8-9 del cuadernillo de amparo). En ese orden de ideas, la recurrente señala haber aportado pruebas y alega que se presentaron varias oposiciones, un memorial de contestación de querella y un incidente de controversia por parte de uno de los querellados y le quedan pendiente de evacuar una serie de pruebas trascendentalísimas para la investigación, por lo que la Fiscalía solicitó la prórroga N° 35 el 13 de diciembre de 2012, conforme le faculta el artículo 2033 del Código Judicial (Cfr. f. 10 del cuadernillo de amparo). Explica que en el delito investigado eran varios los imputados y varios los delitos querellados, por lo que el término con el que contaban la funcionaria para perfeccionar el sumario era de seis (6) meses y no de cuatro. Agrega que, al menos uno de los delitos querellados -el de estafa agravada-, tiene pena de prisión de más de cinco (5) años, por lo que, al no existir detenidos, se aplica el párrafo final del artículo 2033 del Código Judicial de modo que "...no podía concluirse el sumario hasta tanto se agotase la investigación, previa autorización del Juez de la causa..." (Cfr. f. 11 del cuadernillo de amparo). Por lo antes expuesto estima que se ha infringido el artículos 32 de la Constitución, en concepto de violación directa por omisión, pues la recta aplicación del artículo 2033 del Código Judicial "...hubiese llevado al funcionario demandado a la indefectible conclusión de otorgar la prórroga del sumario hasta que se culminara la investigación..." (Cfr. f 16 del cuadernillo de amparo). En igual sentido alega que al emitir el Auto Vario (Prórroga) N° 69 de 18 de marzo de 2013, del JUEZ SEXTO DE CIRCUITO DE LO PENAL infringió el debido proceso, bajo la interpretación incorrecta de que la solicitud no fue formulada antes del vencimiento de los cuatro meses establecidos en el primer párrafo del artículo 2033 del Código Judicial, omitiendo lo normado en el segundo párrafo de dicha norma y que esa decisión le ha truncado a su mandante el derecho de tramitar su querella por una supuesta demora del Ministerio Público lo que desconoce, a su vez, el artículo 17 de la Constitución, al quedar desprotegidos sus derechos por la decisión del funcionario demandado (Cfr. f. 18 del cuadernillo de amparo). IV LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Mediante la Resolución de 30 de agosto de 2013, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA resolvió no conceder el amparo, con fundamento en las siguientes consideraciones: 1) El Juez demandado es la autoridad competente para determinar si se dan los presupuesto necesarios para autorizar la prórroga para perfeccionar el sumario y su valoración de los hechos para determinar si el delito por el cual se lleva a cabo la investigación está o no dentro del catálogo del segundo párrafo del artículo 2033 del Código Judicial, y su decisión no puede ser revisada en sede de amparo (Cfr. f. 117 del cuadernillo de amparo). 2) Si bien no comparte el criterio del Juez Sexto de que la presentación extemporánea hace que se deniegue la prórroga solicitada porque no existe norma que así lo prevea, no observa que la decisión recurrida en sede de amparo haya violado el debido proceso. 3) Ya sea que el sumario se haya iniciado el 9 de mayo o el 3 de julio de 2012 por la Fiscalía Quinta, el 13 de diciembre cuando se hizo la solicitud de prórroga ya había vencido el término ordinario de cuatro meses para el perfeccionamiento del sumario (Cfr. f. 116 del cuadernillo de amparo). 4) Al constatarse que el Juez demandado podía decidir sobre la autorización negada y que éste motivó su negativa señalando que el delito investigado no se enmarca dentro de los señalados en el segundo párrafo del artículo 2033 del Código Judicial, debe concluirse igualmente que no viola el artículo 17 de la Constitución (Cfr. f. 118 del cuadernillo de amparo). V EL RECURSO DE APELACION La firma demandante promovió recurso de apelación contra la Resolución de primera instancia, por considerar que: (1) Al existir varios imputados el término para perfeccionar el sumario es de seis meses y no de cuatro. (2) La solicitud de prórroga no fue extemporánea pues fue pedida antes del vencimiento de los seis meses y, aun de existir extemporaneidad, eso no justifica negar la prórroga del sumario (Cfr. fs. 122-123 del cuadernillo de amparo). (3) Existe incongruencia entre las consideraciones que el a-quo expuso en su parte motiva y la decisión de fondo que dicho tribunal terminó dictando (Cfr. f. 121 del cuadernillo de amparo). (4) El caso investigado es un delito complejo como lo es la estafa agravada, por lo que no ha debido concluirse el sumario sin antes agotar la investigación, previa autorización del juez (Cfr. f. 131 del cuadernillo de amparo). (5) Se han infringido los artículos 32 y 17 de la Constitución por lo que pide que se revoque la decisión de primera instancia y se conceda el amparo, ordenándole al Juez de la causa proceder a autorizar a la FISCAL QUINTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL de Panamá, para que continúe con el sumario hasta tanto se agote la investigación, tal como lo dispone el artículo 2033, segundo párrafo del Código Judicial (Cfr. f. 134 del cuadernillo de amparo). V INTERVENCIÓN DE TERCERO INTERESADO Finalizando la lectura del proyecto de decisión se recibió en Secretaría poder otorgado por Y.S. a la licenciada T.B.B., para intervenir como tercero con interés en la causa dentro del amparo cuya apelación nos ocupa. En su escrito solicita que se archive el expediente del amparo de garantías presentado por H.C., S.A. VI A. COMPETENCIA. La apelación que nos ocupa se dirige contra la resolución que niega el A. promovido contra el AUTO VARIO N° 69 DE 18 DE MARZO DE 2013 del JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. El PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA conoció en primera instancia de dicho A. debido a que, de conformidad con el artículo 2616 del Código Judicial, numeral 2 del Código Judicial, el asunto es de aquellos que conocen en primera instancia los Tribunales Superiores de Distrito. Por su parte, el artículo 2625 del Código Judicial señala que cuando se presente apelación contra un fallo dictado en materia de A. de Derechos Fundamentales, "...se enviará el expediente al superior para que decida la alzada", por lo que compete al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conocer de la apelación que nos ocupa. B. INTERVENCIÓN DE TERCERO INTERESADO. Como es sabido, la Corte Suprema ha establecido por vía jurisprudencial que los terceros pueden intervenir en las demandas de amparo a fin de ser oídos, en cumplimiento del debido proceso, siempre que tengan interés legítimo en el resultado del proceso. La lectura del expediente da cuenta que la tercera interviniente Y.S., fue una de las personas querelladas dentro del proceso penal en el que se dictó la resolución impugnada mediante el presente amparo(Cfr. fs. 47-58 del cuadernillo de amparo). En tales circunstancias, resulta evidente que tiene interés en el proceso Penal en el que se origina el A. de Derechos Fundamentales que nos ocupa y, por lo tanto, está legitimada para intervenir oponiéndose a la pretensión dentro del mismo. C. DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Por conocidos el contenido del amparo de derechos fundamentales, la resolución recurrida y las consideraciones de la apelante, procede esta Superioridad a resolver lo que en derecho corresponde. La posición del a-quo se sustenta en tres argumentos principales: (1) Al ser el Juez demandado la autoridad competente para determinar si se dan los presupuesto necesarios para autorizar la prórroga del término para perfeccionar el sumario y para valorar si el delito por el cual se lleva a cabo la investigación está o no dentro del catálogo del segundo párrafo del artículo 2033 del Código Judicial, su decisión no puede ser revisada en sede de amparo. (2) La decisión impugnada no violó el debido proceso pues ya sea que el sumario se haya iniciado el 9 de mayo o el 3 de julio de 2012 por la Fiscalía Quinta, el 13 de diciembre cuando se hizo la solicitud de prórroga ya había vencido el término ordinario de cuatro meses para el perfeccionamiento del sumario. (3) El Juez Sexto podía decidir sobre la autorización negada y motivó su negativa señalando que el delito investigado no se enmarca dentro de los señalados en el segundo párrafo del artículo 2033 del Código Judicial, por lo que su decisión, tampoco viola el artículo 17 de la Constitución. Para la apelante, la resolución atacada le impide a su mandante el derecho a ser oída y presentar pruebas y responde a una indebida interpretación del artículo 2033 del Código Judicial, ya que: · Son varios los imputados y los delitos, por lo que el término para perfeccionar el sumario es de seis meses y no de cuatro; · La solicitud de prórroga no fue extemporánea pues fue solicitada antes del vencimiento de los seis meses; · El caso investigado es un delito complejo (estafa agravada) por lo que no ha debido concluirse el sumario sin antes agotar la investigación, previa autorización del juez. Con base en lo expuesto, pasa el Pleno a examinar si la decisión de no conceder el amparo contra el auto V.N.° 69 (prórroga) de 18 de marzo de 2013 dictado por el JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO, RAMO PENAL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL D EPANAMA, resulta acertada o no. Primeramente, debe el Pleno puntualizar que no comparte el criterio del Tribunal Superior al señalar de forma categórica que el proceso valorativo o interpretativo que efectúa el Juez "...no puede ser revisado en una acción de amparo" (Cfr. f 117 del cuadernillo de amparo). Sobre la posibilidad de examinar o no en sede de amparo aspectos relativos a la interpretación de la ley o las valoraciones efectuadas por la autoridad demandada en sede de amparo, la Sentencia de A. de 30 de abril de 2013 de esta Corporación de Justicia ha explicado que, de manera excepcional, el Tribunal de amparo puede examinar las valoraciones o interpretaciones llevadas a cabo por la autoridad demandada al dictar el acto que se impugna en sede constitucional subjetiva. En la referida Sentencia la Corte expresó: "...para evitar que ante cualquier acto que podría violar un derecho fundamental se acuda directamente al ejercicio de esa acción constitucional, y siendo que existe una jurisdicción ordinaria establecida para atender los conflictos sociales, el Código Judicial dispuso que el amparo no fuese la primera acción a ejercerse sino, más bien, una institución de garantía subsidiaria, existiendo por tanto la obligación de derivar ante la jurisdicción ordinaria las respectivas pretensiones, a efectos de que sean los jueces comunes los que tutelen los derechos de las personas, quedando relegado, en principio, el amparo como una acción que sólo ha de ejercitarse luego de que se haya agotado la vía ordinaria de impugnación. Que la jurisdicción ordinaria sea la que en primer lugar tenga que conocer los reclamos o pretensiones que se plantean ante ella y que el proceso que surge culmine regularmente con una sentencia, sea de primera o segunda instancia, no trae como consecuencia que no se pueda promover un amparo de derechos fundamentales contra dicha sentencia, si el interesado estima que en la misma o durante la tramitación del proceso, se ha infringido un derecho o garantía fundamental, pues precisamente el diseño del amparo permite que esa acción sea ejercitada "cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate", según claramente dispone el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial. Nada de lo que se ha expuesto significa que siempre que se hayan agotado los medios ordinarios de impugnación se puede promover, sin razón o así porque sí, un amparo. En efecto, el hecho de que el amparo esté condicionado al agotamiento de los medios ordinarios de impugnación, no trae como consecuencia que siempre que se haya agotado la vía ordinaria de impugnación sea viable, por ese sólo hecho, la admisión de un amparo. Para evitar que sean admitidos todos los amparos que cumplan con la condición de haber agotado la vía ordinaria de impugnación, se ha erigido y consolidado una jurisprudencia, conforme a la cual el amparo no es una tercera instancia ni un recurso más dentro del proceso mediante el cual se puede entrar a considerar las valoraciones probatorias o la manera en que se aplicó la ley o la forma como se realizó la interpretación por parte de los tribunales ordinarios. Por supuesto, una afirmación de esta magnitud, sin matizaciones, sería absoluta y con ella se corre el riesgo de no poderse tutelar aquellas violaciones que se dan a los derechos fundamentales cuando, por ejemplo, un juez o tribunal, arbitrariamente o con una muy pobre argumentación, dicta una sentencia contra alguno. Por ello, la jurisprudencia ha hecho una excepción a la regla conforme a la cual el amparo no está indicado para que se vuelva a efectuar una valoración probatoria o para verificar que la aplicación o interpretación de la ley por parte del juez ordinario haya sido correcta. Esa excepción tiene lugar en aquellos casos en los que se ha violado un derecho o garantía fundamental por razón de una sentencia arbitraria o por una sentencia que está falta de motivación o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación (Cfr. Sentencia de 21 de noviembre de 2011) o cuando se trate de una sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión(Cfr. Sentencia de 4 de julio de 2012) o cuando se trate de una sentencia en la que se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la ley, siempre que, se reitera, se afecte con una de dichas sentencias un derecho o garantía fundamental(Cfr. Sentencia de 5 de septiembre de 2012). Si no se hace ese tipo de salvedades, sería letra muerta tanto el amparo como la subsidiariedad del mismo, que en modo alguno implica hacer de dicha acción una institución de garantía inoperante. La jurisprudencia de la Corte revela que la gran mayoría de los amparos que se presentan contra sentencias no son admitidos, con fundamento en que se ha pretendido convertir en dichos casos al tribunal de amparo en una instancia más del proceso. Pero también es cierto que existen amparos que han prosperado contra sentencias, por haberse acreditado la infracción de algún derecho fundamental, cumpliéndose de esta forma con el mandato del artículo 54 constitucional. Y en estos últimos casos, no se atenta contra la seguridad jurídica, pues a pesar de haberse tratado de sentencias ejecutoriadas, la proximidad a la ejecutoria de la misma con que se presentó el amparo -conforme al principio de inminencia del daño-, unido a la violación de un derecho o garantía fundamental, justifica la intervención de la jurisdicción constitucional para asegurar la tutela de los derechos fundamentales y, con ello, cumplir con la obligación que el artículo 17 de la Constitución le impone a las autoridades de la República, entre las cuales se encuentran los jueces, de "asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales...(Cfr. la Sentencia de A. de 30 de abril de 2013). En lo relativo a si la decisión de no conceder el amparo contra el Auto vario N° 69 del JUEZ SEXTO DE CIRCUITO DE LO PENAL se encuentra o no fundada, la Corte observa que: -La investigación de las sumarias seguidas en virtud de la denuncia presentada por la firma MORGAN & MORGAN, se inició con la Resolución de 3 de julio de 2012, de la FISCALIA QUINTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDCIAL DE PANAMA y dicha denuncia fue presentada por el delito de estafa tipificado en el artículo 220 del Código Penal, agravado en la forma que aparece en el artículo 221 de la misma Codificación. Al formalizar la querella el 30 de agosto de 2012, se hizo por los delitos contemplados en los artículos 220 y 221 (estafa agravada), 366 (contra la fe pública) y 229 (usurpación) del Código Penal. - La Solicitud de Prórroga N° 35 de la FISCALIA QUINTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, si bien tiene fecha de 13 de diciembre de 2012, fue recibida en el Registro Único de Entrada el 8 de enero de 2013, y repartida el mismo día al JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA (Cfr. f. 77 del cuadernillo de amparo) De lo anterior se colige que del 3 de julio de 2012, fecha en la cual la FISCALIA QUINTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, declaró abierta la investigación hasta la fecha en que se presenta la Solicitud de Prórroga, recibida en el Registro Único de Entrada el 8 de enero de 2013 ya había transcurrido el término máximo de seis (6) meses que establece el artículo 2033 del Código Judicial, para perfeccionar la investigación y para que el Ministerio Público mediante la respectiva vista fiscal, se pronuncie sobre los motivos de hecho y de derecho que justifican la medida procesal recomendada para el caso concreto y la remita al Tribunal competente, término que es el máximo permisible, aún en los casos en los que hay varios imputados o son varios los hechos punibles. La referida disposición, a la letra expresa: Artículo 2033 (C.J.). "El sumario deberá estar perfeccionado dentro de los cuatro meses siguientes a su iniciación, término que podrá prorrogarse hasta por dos meses más cuando sean varios los imputados o los hechos punibles. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los delitos con pena mínima de cinco años de prisión, secuestro, extorsión, violación carnal, robo, hurto con penetración, delitos contra la administración pública, delitos contra la seguridad colectiva que impliquen peligro común, delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y demás delitos conexos, en cuyos procesos no existan detenidos, no se concluirá el sumario hasta tanto se agote la investigación, previa autorización del juez de la causa". Debe tenerse presente que los casos en los que excepcionalmente puede excederse el máximo de seis (6) meses, están listados en el segundo párrafo del artículo 2033 del Código Judicial antes citado. Sin embargo, tal cual señala el JUEZ SEXTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA en el Auto Vario (Prórroga) N° 69 de 18 de marzo de 2013, los delitos investigados en el proceso penal en el cual se origina el presente amparo, no se enmarcan dentro de los señalados en el segundo párrafo del artículo 2033 del Código Judicial. Huelga señalar que, en la circunstancias descritas, reconocer un término adicional para el perfeccionamiento del sumario, implicaría que el juez desconozca el derecho de quienes puedan resultar afectados, a que la investigación penal no permanezca abierta en detrimento de sus garantías individuales. Por lo expuesto, la Corte descarta las violaciones del debido proceso (art. 32 C.N.) y del deber de las autoridades de proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley (art. 17 C.N.), y estima que lo procedente es confirmar la decisión de primera instancia que no concede el amparo solicitado. Por las consideraciones antes expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE a Y.S. como tercero interesado dentro del amparo cuya apelación nos ocupa y CONFIRMAla Resolución de 30 de agosto de 2013 del PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, que no concede el amparo de derechos fundamentales promovido contra el AUTO VARIO N° 69 (PRORROGA) DE 18 DE MARZO DE 2013 del JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. Téngase a la licenciada T.B.B. como apoderada de Y.S.. N. y Devuélvase, LUIS MARIO CARRASCO M. HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- SECUNDINO MENDIETA G. -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)