Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 27 de Marzo de 2014

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución27 de Marzo de 2014
EmisorPleno

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación promovido contra la resolución de 10 de septiembre de 2013, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro de la acción de A. de Garantías Constitucionales incoada por la licenciada D.V., actuando en nombre y representación de ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HIJOS DE LA TIERRA, contra el auto N°492 de 13 de mayo de 2013, proferido por el J. Segundo de Circuito de Coclé, Ramo Civil. En primera instancia, la acción constitucional se presentó contra aquella resolución donde se dispuso, entre otras cosas, declarar probada la solicitud de caducidad de la instancia dentro del proceso presentado por la amparista contra J.P., dejar sin efecto el auto donde se decretada un secuestro a favor de la recurrente y se ordena a la Contraloría General de la República, devolver a J.P. los dineros que le habían sido secuestrados. Se considera que esta decisión contraviene los artículos 17, 18, 19 y 32 de la Constitución Nacional, así como también, los artículos 548 numeral 2 del Código Judicial y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego de interpuesta esta acción, le correspondió al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, resolver la admisión de la causa constitucional promovida. En razón de ello, profirió la resolución que ahora se apela, y donde dispuso inadmitir la causa promovida. Las consideraciones que se tuvieron para arribar a esta conclusión, se centran en que existe un problema de legitimación para actuar, porque el señor O.G. confiere poder en su propio nombre, no obstante, al momento de la presentación de la acción constitucional, el precitado señala que es el representante legal de la Asociación de Productores Hijos de la Tierra, sin que tal condición la haya acreditado. Aunado a ello se plantea, que la resolución amparada es un auto y no una sentencia, por tanto era apelable y podía ser notificado por edicto. Ante esta decisión se presenta el recurso de apelación que nos ocupa, y en el correspondiente libelo se señala, que no es cierto que existiera la falta de legitimación, ya que ello se probó con copia de la resolución que se amparó, el escrito de contestación de la demanda y de reconvención, notificación de la misma, entre otros documentos. Además, considera que el acto amparado no es un auto sino una sentencia, ya que la caducidad de la instancia es una excepción y no un incidente. Consideraciones y decisión del Pleno: Luego de los hechos desarrollados, corresponde decidir el recurso de apelación formulado, para lo cual es necesario revisar la decisión proferida por el a-quo. En razón de este planteamiento inicial, pasemos a exponer los criterios que sustentan nuestra decisión. Lo primero que debemos advertir, es que la determinación del tipo de resolución que se amparó y la forma de su notificación, tal y como se plantea en la acción de A. de Garantías Constitucionales, se constituye en un aspecto a determinar en la estada de fondo. Por ello, es necesario recordar que lo analizado en esta ocasión, es el tema formal de la admisión del libelo, razón por la cual el Tribunal Superior tampoco debió entrar a proferir mayores planteamientos sobre este aspecto. Aclarado lo anterior, refirámonos al tópico que sí corresponde a este momento procesal, es decir, lo relativo a la falta de legitimación para actuar. Así las cosas, y contrastando lo expuesto por el tribunal a-quo con los argumentos del apelante y las pruebas aportadas al proceso, se concluye que le asiste la razón a la autoridad requerida. Ello es así, porque en efecto se verifica que el poder que obra a foja 1 de este expediente para presentar la acción de A. de Garantías Constitucionales que da inicio a este proceso, fue otorgado por el señor O.G. a nombre propio, y no como representante legal de quien posteriormente instauró la acción constitucional, es decir, la Asociación de Productores Hijos de la Tierra. Esto, sin lugar a dudas, pone en evidencia que no existía legitimación para actuar y, por tanto, se incumplía con ese requisito que se mantiene vigente. Y es que según lo desarrollado por la jurisprudencia, esta exigencia atiende a la interpretación de normas constitucionales y legales sobre amparo, por ello, en la actualidad se encuentran fallos donde se verifica que este requerimiento es importante para la tramitación de esta acción. Para mayor sustento de lo señalado, podemos indicar lo siguiente: "En el caso que nos ocupa, consta que el señor Á.G. otorgó poder en nombre y representación de Contratistas Industriales y Civiles, S.A., en su condición de presidente y representante legal de dicha sociedad. Sin embargo, no puede verificarse que en realidad el poderdante posea dicha facultad, ya que no se inserta al dossier la debida certificación del Registro Público con la cual se prueba la condición de legitimidad del precitado. Esta deficiencia por sí sola o en conjunto con otras, ha dado lugar a que en reiteradas ocasiones la acción constitucional sea inadmitida, sin que en esas ocasiones se haya considerado que tal exigencia sea en exceso formalista. Con el fin sustentar este criterio, procedemos a citar recientes pronunciamientos unánimes en torno a este tópico: 'El acto impugnado fue dictado por la Junta de Conciliación y Decisión No. 11, Provincia de Chiriquí dentro del proceso laboral por despido injustificado promovido por la señora EMILSA GONZÁLEZ contra la sociedad BISTRO BOQUETE, S.A. El artículo 2618 del Código Judicial señala que en la acción de amparo de garantías constitucionales 'Las partes deberán nombrar abogados que las representen.' El artículo 2619 del Código Judicial establece que, debe cumplir tanto con los requisitos comunes a todas las demandas, como los específicos para la de amparo. El artículo 637 del Código Judicial establece: 'Artículo 637. Para comprobar la existencia legal de una sociedad, quién tiene su representación en proceso, o que éste no consta en el Registro, hará fe el certificado expedido por el Registro dentro de un año inmediatamente anterior a su presentación.' A efectos de comprobar la existencia legal de la sociedad y quién tiene su representación en proceso, se han analizado las pruebas aportadas por el actor con su demanda, y no se observa que éste presentará la certificación expedida por el Registro Público, a la cual se refiere la norma citada. Por tanto, el actor ha omitido acreditar la existencia de la sociedad demandante, y si el compareciente en efecto ostenta la representación legal de la misma. En este sentido, existen antecedentes sobre esta materia, siendo así, se cita la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2002: 'Seguidamente, esta Sala considera pertinente expresar algunas consideraciones sobre el concepto e importancia de LA LEGITIMACION EN LA CAUSA y su diferencia con la noción de la capacidad para ser parte o la llamada ILEGITIMIDAD DE PERSONERIA, ya que ambas figuras suelen confundirse, como lo hace el opositor al presente recurso de casación. Veamos: 1. La capacidad para ser parte se refiere a los atributos mínimos que debe tener una persona para que sus actuaciones procesales sean válidas y eficaces (por ejemplo: mayoría de edad, goce de sus facultades mentales, libre disposición de sus derechos; en el caso de los incapaces, adecuada representación legal etc.). La falta de capacidad procesal conlleva la nulidad de lo actuado. Por el contrario, la legitimación en la causa es: A la condición que debe tener una persona según la ley sustantiva para lograr que el J. se pronuncie respecto a las pretensiones formuladas en la demanda en relación con una concreta y, particular relación jurídica. Desde el momento en que una persona se identifica con la hipótesis abstracta reconocida en la ley sustantiva (demuestra que es heredera, acreedora, cesionaria, etc.) se puede indicar que tiene legitimación y, por tal razón, tiene derecho a que se dicte sentencia respecto a una concreta relación jurídica que afecta sus intereses. La falta de legitimación sustantiva es motivo de sentencia absolutoria. Por tanto, la falta de capacidad para ser parte por ser un aspecto meramente formal, puede ser saneada o convalidada; en tanto que esa posibilidad no es admisible al tratarse de legitimación en la causa, puesto que esta se tiene o no se tiene. (J.F.P., AINSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL, E.. Jurídica Panameña, 1998, p.196) (Subrayado y énfasis es de la Corte). Así, en la obra previamente citada se destacan caracteres que diferencian esta institución, denominada legitimación en la causa, de otras figuras procesales, como son por ejemplo: que no es una condición para ejercer el derecho de acción, sino que es un presupuesto que interesa a la pretensión (fs.193); que no es lo mismo que la titularidad del derecho material; que la legitimación en la causa no es suficiente para obtener sentencias favorables, ya que para ello, además de estar legitimado, es necesario tener la titularidad del derecho material y tener interés sustancial para esgrimir determinada pretensión (fs.197-198); la legitimación en causa es materia que, en términos generales, debe ser dilucidada en la sentencia que decide el proceso (fs.199); la falta de legitimación en la causa puede ser declarada de oficio, y de ser el caso se debe negar de oficio las pretensiones o excepciones (fs.199-200). Como se expresó anteriormente, para que el J. pueda dictar una sentencia favorable a las pretensiones manifestadas en la demanda, es necesario que concurran tres condiciones básicas, que son: 1- Estar legitimado en la causa; 2- Tener la titularidad del derecho material; y, 3- Gozar de un interés sustancial para obrar.' Por tanto, el compareciente carece de legitimidad de personería para promover la presente acción, lo que conlleva que la misma deba rechazarse. En virtud de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales presentada....'". (A. de Garantías Constitucionales. M.. O.O.D.. 5 de junio de 2008). A. de Garantías Constitucionales. M.. V.T.L.. 13 de mayo de 2011. Con lo planteado, no queda duda que la legitimación para actuar se constituye en un requisito de procedencia de esta acción constitucional, y más aún cuando se trata de personas jurídicas, las que por ley, deben actuar a través de quien ostente su representación, que únicamente se comprueba a través de una certificación del Registro Público. Tal planteamiento no es una exigencia arbitraria de los tribunales de justicia, muy por el contrario, atiende a lo dispuesto en los artículos 637, 2618 y 2619 del Código Judicial, todos los cuales se encuentran vigentes, por consiguiente, se requiere su exigencia. En virtud de lo indicado, y aún cuando la actora pretende plantear que la legitimación se encontraba probada con una serie de documentos, lo cierto es que la tramitación de las causas ante los tribunales, se surte a través de las reglas que establece la ley y no de lo que dispongan libremente las partes. Es la ley la que obliga a que el medio probatorio para verificar la representación legal de una sociedad, sea la certificación del Registro Público, y no los documentos que a bien tenga incorporar la parte. En razón de lo indicado, y como quiera no consta que fue esta la forma a través de la cual se comprobó la representación legal de la persona jurídica, el Tribunal Superior tenía que arribar a la decisión impugnada, es decir, la falta de legitimación para actuar. Además, debe recordarse que como quiera nos encontramos frente a una acción de A. de Garantías Constitucionales, que es un proceso de carácter sumario, se exige, con el fin de preservar esta naturaleza, que las pruebas se aporten al momento de presentarse la acción, y que en este caso, la de mayor trascendencia era la certificación del Registro Público. La anterior explicación, también sirve para rebatir cierto actuar del amparista-apelante, con el que además le otorga la razón a lo decidido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial. De fojas 38 a 39 del expediente, se inserta una corrección del poder que obra a foja 1. Es en este nuevo poder (corregido), e incorporado luego de proferida la decisión del Tribunal Superior, donde se expresa que el señor O.G., es el presidente y representante legal de la Asociación de Productores Hijos de la Tierra, y en razón de ello, otorga poder para que se presente la acción constitucional. Adicional a esto, incorpora la certificación del Registro Público, que prueba lo anterior y que era necesaria presentar al momento de promover la acción de amparo, y no ahora que se interpone el recurso de apelación. De haberse insertado dichas pruebas al momento de promoverse la acción constitucional, la decisión pudiera haber sido otra. Por tanto, no se puede pretender revocar el fallo del Tribunal Superior en base a estas nuevas pruebas, porque en el momento en que se profirió esa resolución, el mismo no contaba con esos elementos probatorios. En consecuencia, mal podía valorar o considerar algo que no conocía, con que no contaba, y que no podía suponer. Luego entonces, queda demostrado que los argumentos del actor no refutan la decisión que profirió la autoridad requerida en cuanto a la exigencia formal que dio lugar a la decisión apelada. Pero además, su actuar no sólo le otorga la razón al Tribunal Superior, sino que en virtud de ello y en un acto de poca lealtad (artículo 215 del Código Judicial), pretende que se revoque la decisión apelada en base a pruebas que aporta luego de emitida la misma, y que obedecen precisamente a lo que en ella se concluyó. Si el actor se encontraba totalmente convencido que los documentos que primeramente aportó probaban su legitimación para actuar, entonces, ¿por qué presentó un nuevo poder y la certificación del Registro Público? En razón de lo manifestado, resulta claro que no puede ser otra la decisión a adoptar, que la de confirmar el acto apelado; exhortando a la vez a la actora, a actuar con lealtad y buena fe. En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 10 de septiembre de 2013, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro de la acción de A. de Garantías Constitucionales incoada por la licenciada D.V., actuando en nombre y representación de ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HIJOS DE LA TIERRA, contra el auto N°492 de 13 de mayo de 2013, proferido por el J. Segundo de Circuito de Coclé, Ramo Civil. N.. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR