Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 10 de Enero de 2014

PonenteLuis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución10 de Enero de 2014
EmisorPleno

VISTOS: El proceso penal en donde se genera el amparo tuvo su génesis en los hechos que- según se relata-, ocurrieron el sábado 19 de diciembre de 2009 aproximadamente a las 9:00 P.M., cuando D.G.D., luego de tener una discusión con F.A.S.M. en horas de la tarde por la pelea de unos perros, se dirigió a la casa de este último y, sin mediar permiso o autorización y en su ausencia, ingresó hasta la puerta principal y los predios aporrando y golpeado la puerta de la entrada principal de la residencia. Por estos hechos, F.A.S.M. interpuso denuncia penal el 22 de diciembre de 2009. El JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BOQUETE encontró penalmente responsable a D.G.D., por el delito contra la inviolabilidad de domicilio en perjuicio de F.A.S.M.. Dicha Sentencia fue apelada ante el TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ quien, mediante la Sentencia de Segunda Instancia N° 1 de 12 de julio de 2013 del TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ -atacada en sede de amparo-, decidió revocar la Sentencia N° 8 de 11de abril de 2011 del JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BOQUETE (Cfr. fs. 281-293 de los antecedentes). El TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS, consideró, luego de un análisis de los reparos del recurrente frente a las pruebas que constan en el expediente, que "...al ponderarse cada uno de los medios probatorios verificados en autos con base a esa unidad de la prueba y de conformidad a la sana crítica, preceptuada en el artículo 781 del Código Judicial, se demuestra que la prueba testimonial no ha sido eficaz y contundente para establecer categóricamente que en la causa penal que nos ocupa se configura el delito de inviolabilidad de domicilio, es decir, que se entró en morada o casa ajena, contra la voluntad expresa o presunta de quien tuviese derecho a excluirlo, y constriñendo de ésta manera la paz, tranquilidad, privacidad, ya que dentro de ese domicilio el hombre es libre para desenvolverse como él considere conveniente y por ende requiere de seguridad, necesaria para el libre desarrollo de la personalidad humana" (Cfr. f .291 de los antecedentes). Agrega que "En el caso que nos ocupa, la prueba testimonial no ha sido eficaz para establecer primero, que el procesado D.G.D., hubiese entrado en morada o casa ajena sin en consentimiento expreso de su titular....Debemos señalar que este delito se consuma una vez el sujeto activo se introduce o permanece en domicilio ajeno, contra le querer expreso o tácito de su titular y que, dicha imputabilidad es a título de dolo ya que no cabe violación culposa del domicilio" (I.. Sostiene que "...el recurrente hace alusión al hecho que su representado solamente habla el idioma inglés, para lo cual en su indagatoria se le designó un traductor público autorizado; no está probado en autos que el resto de las partes en este proceso dominen el idioma inglés, luego entonces la duda de que en efecto los testigos presenciales del hecho, hayan comprendido lo que supuestamente el procesado manifestaba afuera de la residencia del ofendido como también los actos preliminares que se dieron entre las partes previos a la inviolabilidad de domicilio endilgada al procesado, configurándose de ésta forma el reconocido principio en derecho penal del in dubio pro reo..." (Cfr. f. 292 de los antecedentes). Señala que "para dictar una sentencia condenatoria, es necesario que más allá de toda duda razonable se tenga la absoluta certeza de la culpabilidad del imputado, con relación al delito, por el cual fue llamado a juicio..."(I.. III EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES A juicio de la amparista la Sentencia de Segunda Instancia N° 1 de 12 de julio de 2013 del TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ viola los artículos 32 de la Constitución, por incurrir en falta de motivación, infringiendo el derecho a una sentencia "congruente y fundada en derecho" (Cfr. f 3 del cuadernillo de amparo). Acto seguido, transcribe parte de la sentencia y hace un examen de las pruebas que, a su parecer, llevaban a determinar la culpabilidad del imputado, contrario a lo decidido por el Tribunal de Segunda instancia. IV EL INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA Por admitido el amparo mediante auto Civil de 13 de agosto de 2013 del TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, se le corrió traslado a la autoridad demandada mediante Oficio N° 2081 de la misma fecha (Cfr. fs. 33-34 del cuadernillo de amparo). La JUEZ CUARTA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, RAMO PENAL rindió el informe de rigor, indicando que los antecedentes habían sido devueltos al Juzgado de origen, por lo cual se procedió a solicitarlos al JUEZ MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BOQUETE quien, mediante Oficio N°1108 de 14 de agosto de 2013, remitió el expediente contentivo de 304 fojas útiles. V LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL decidió no conceder el amparo por estimar que la sentencia examinada no adolece de la denunciada falta de motivación, por lo que no se produjo la violación del debido proceso que se demanda en sede constitucional subjetiva. En ese sentido expresa que: 1. La disconformidad del recurrente recae tanto en la falta de motivación de la misma, como sobre la decisión que adoptó, esto es, la absolución del procesado porque, a consideración del amparista, las pruebas examinadas acreditan que el mismo entró a la casa del ofendido F.A.S.M. (Cfr. f. 45 del cuadernillo de amparo). Al respecto, el Tribunal indica que sólo puede atender el argumento relativo a la falta de motivación pues el otro "...gravita en el ámbito de la legalidad, pues no es función del Tribunal de amparo adentrarse al examen de la valoración probatoria efectuada por el funcionario demandado, respecto a si se ajusta o no a derecho..." ya que "...el amparo no es una tercera instancia en la que se pueda debatir tales cuestiones probatorias o de interpretación de normas legales, sino únicamente cuestiones respecto a garantías con rango constitucional" (I.. 2. En cuanto a la falta de motivación, el a-quo analiza los razonamientos del acto atacado en sede de amparo, indicando que dicha Sentencia "...hace un recorrido de las pruebas incorporadas al expediente, si bien no efectúa el valor que corresponde a cada una de ellas, concluye que los testimonios no son suficientes para establecer que el imputado haya entrado en morada ajena sin el consentimiento del titular. Y ello lo extrae porque a su parecer, el imputado solo habla el idioma inglés, lo que crea dudas si en efecto los testigos presenciales, comprendieron lo que el procesado les manifestaba afuera de la residencia del ofendido; y a su consideración, ello crea en este caso, una duda favorable al reo" (Cfr. f. 47 del cuadernillo de amparo). Concluye el Tribunal de primera instancia que "...la sentencia atacada por este medio, de manera general contiene las motivaciones que llevaron a la mayoría de los jueces de segunda instancia a considerar la revocatoria de la decisión vertida en primera instancia..." (Cfr. f. 49 del cuadernillo de amparo). VI EL RECURSO DE APELACION En el libelo de apelación, la recurrente reitera que el acto impugnado adolece de falta de congruencia entre su parte motiva y resolutiva, pues absuelve al imputado pese a que "...señala lo declarado por los testigos donde admiten y reconocen la mayoría de ellos que el señor D.G.D., entró a la propiedad de nuestro poderdante" (Cfr. f. 56 del cuadernillo de amparo). La apelante pasa a analizar nuevamente las constancias procesales, para concluir que el fallo del Tribunal de Apelaciones y Consultas viola a su representado el derecho a la tutela judicial efectiva y la obligación de fundamentar la decisión, por lo que pide su revocatoria y que "se mande un mensaje alto y claro a esas personas que piensan que pueden transgredir nuestras leyes... " (Cfr. fs. 62-63 del cuadernillo de amparo). VII FUNDAMENTACION Y DECISIÓN DEL PLENO A. COMPETENCIA. La apelación que nos ocupa se dirige contra la resolución que niega el A. promovido contra la Sentencia N° 8 de 12 de julio de 2013, dictada en segunda instancia del TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL CIRCUITO DE CHIRIQUI, RAMO PENAL. El TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, conoció en primera instancia de dicho A. debido a que, de conformidad con el artículo 2616 del Código Judicial, numeral 2 del Código Judicial, el asunto es de aquellos que conocen en primera instancia los Tribunales Superiores de Distrito. Por su parte, el artículo 2625 del Código Judicial señala que cuando se presente apelación contra un fallo dictado en materia de A. de Derechos Fundamentales, "...se enviará el expediente al superior para que decida la alzada", por lo que compete al P. de la Corte Suprema de Justicia, conocer de la apelación que nos ocupa. B. DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Por conocidos los antecedentes del caso, la resolución recurrida y las consideraciones de la apelante, procede esta Superioridad a resolver lo que en derecho corresponde. Como viene expuesto, la posición del a-quo se sustenta en dos puntos: 1. Que no es posible atender el cargo de que el imputado no debió ser absuelto porque las pruebas acreditan que cometió un hecho delictivo denunciado, y sólo puede atender el relativo a la falta de motivación, pues el otro cargo "gravita en el ámbito de la legalidad" y el Tribunal no puede adentrarse al examen de la valoración probatoria efectuada por el funcionario demandado, pues el amparo no es una tercera instancia en la que se pueda debatir tales cuestiones probatorias o de interpretación de normas legales. 2. Que el acto recurrido no adolece de falta de motivación y no vulnera, por tanto, el debido proceso. Para el apelante, la resolución atacada se encuentra desprovista de sustento legal por falta de motivación razonable, ya que adolece de congruencia entre sus motivaciones y la decisión a la que arriba, pues considera que el delito está probado, por lo que no ha debido absolverse al imputado. Ahora bien, en cuanto al primer aspecto, relativo a la posibilidad de examinar o no en sede de amparo aspectos relativos a la interpretación de la ley o las valoraciones efectuadas por la autoridad demandada al dictar el acto recurrido en sede de amparo, el P. no comparte el criterio del Tribunal Superior en ese sentido, en la forma categórica en la que viene expuesto. En ese sentido, es pertinente citar la Sentencia de A. de 30 de abril de 2013, en la cual esta Corporación de Justicia ha explicado porqué y en qué casos es posible, de manera excepcional, que el Tribunal de amparo examine las valoraciones o interpretaciones llevadas a cabo por la autoridad demandada al dictar el acto que se impugna en sede constitucional subjetiva. En la referida Sentencia la Corte expresó: "...para evitar que ante cualquier acto que podría violar un derecho fundamental se acuda directamente al ejercicio de esa acción constitucional, y siendo que existe una jurisdicción ordinaria establecida para atender los conflictos sociales, el Código Judicial dispuso que el amparo no fuese la primera acción a ejercerse sino, más bien, una institución de garantía subsidiaria, existiendo por tanto la obligación de derivar ante la jurisdicción ordinaria las respectivas pretensiones, a efectos de que sean los jueces comunes los que tutelen los derechos de las personas, quedando relegado, en principio, el amparo como una acción que sólo ha de ejercitarse luego de que se haya agotado la vía ordinaria de impugnación. Que la jurisdicción ordinaria sea la que en primer lugar tenga que conocer los reclamos o pretensiones que se plantean ante ella y que el proceso que surge culmine regularmente con una sentencia, sea de primera o segunda instancia, no trae como consecuencia que no se pueda promover un amparo de derechos fundamentales contra dicha sentencia, si el interesado estima que en la misma o durante la tramitación del proceso, se ha infringido un derecho o garantía fundamental, pues precisamente el diseño del amparo permite que esa acción sea ejercitada "cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate", según claramente dispone el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial. Nada de lo que se ha expuesto significa que siempre que se hayan agotado los medios ordinarios de impugnación se puede promover, sin razón o así porque sí, un amparo. En efecto, el hecho de que el amparo esté condicionado al agotamiento de los medios ordinarios de impugnación, no trae como consecuencia que siempre que se haya agotado la vía ordinaria de impugnación sea viable, por ese sólo hecho, la admisión de un amparo. Para evitar que sean admitidos todos los amparos que cumplan con la condición de haber agotado la vía ordinaria de impugnación, se ha erigido y consolidado una jurisprudencia, conforme a la cual el amparo no es una tercera instancia ni un recurso más dentro del proceso mediante el cual se puede entrar a considerar las valoraciones probatorias o la manera en que se aplicó la ley o la forma como se realizó la interpretación por parte de los tribunales ordinarios. Por supuesto, una afirmación de esta magnitud, sin matizaciones, sería absoluta y con ella se corre el riesgo de no poderse tutelar aquellas violaciones que se dan a los derechos fundamentales cuando, por ejemplo, un juez o tribunal, arbitrariamente o con una muy pobre argumentación, dicta una sentencia contra alguno. Por ello, la jurisprudencia ha hecho una excepción a la regla conforme a la cual el amparo no está indicado para que se vuelva a efectuar una valoración probatoria o para verificar que la aplicación o interpretación de la ley por parte del juez ordinario haya sido correcta. Esa excepción tiene lugar en aquellos casos en los que se ha violado un derecho o garantía fundamental por razón de una sentencia arbitraria o por una sentencia que está falta de motivación o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación (Cfr. Sentencia de 21 de noviembre de 2011) o cuando se trate de una sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión(Cfr. Sentencia de 4 de julio de 2012) o cuando se trate de una sentencia en la que se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la ley, siempre que, se reitera, se afecte con una de dichas sentencias un derecho o garantía fundamental(Cfr. Sentencia de 5 de septiembre de 2012). Si no se hace ese tipo de salvedades, sería letra muerta tanto el amparo como la subsidiariedad del mismo, que en modo alguno implica hacer de dicha acción una institución de garantía inoperante. La jurisprudencia de la Corte revela que la gran mayoría de los amparos que se presentan contra sentencias no son admitidos, con fundamento en que se ha pretendido convertir en dichos casos al tribunal de amparo en una instancia más del proceso. Pero también es cierto que existen amparos que han prosperado contra sentencias, por haberse acreditado la infracción de algún derecho fundamental, cumpliéndose de esta forma con el mandato del artículo 54 constitucional. Y en estos últimos casos, no se atenta contra la seguridad jurídica, pues a pesar de haberse tratado de sentencias ejecutoriadas, la proximidad a la ejecutoria de la misma con que se presentó el amparo -conforme al principio de inminencia del daño-, unido a la violación de un derecho o garantía fundamental, justifica la intervención de la jurisdicción constitucional para asegurar la tutela de los derechos fundamentales y, con ello, cumplir con la obligación que el artículo 17 de la Constitución le impone a las autoridades de la República, entre las cuales se encuentran los jueces, de "asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales...(Cfr. la Sentencia de A. de 30 de abril de 2013). En cuanto al segundo aspecto, relativo a la falta de motivación del acto atacado en sede de amparo, la Corte coincide con el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL en que la Sentencia impugnada del TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL CIRCUITO DE CHIRIQUI, RAMO PENAL, cumplió con el deber de motivar de manera congruente la decisión de revocar la decisión de primera instancia y absolver al imputado, exponiendo razones lógicas y suficientes para acreditar la existencia de duda razonable y su decisión de absolver al imputado en aplicación del principio de in dubio pro reo, por lo que no incurrió en la falta de motivación que se le atribuye y, por tanto, no viola el debido proceso. Lo anterior, lleva a la Corte a decidir que lo que procede en la presente causa constitucional subjetiva es confirmar la decisión del TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL que no concede el amparo de derechos fundamentales. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la SENTENCIA CIVIL DE 22 DE AGOSTO DE 2013, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, que NO CONCEDE el amparo contra la Sentencia N° 8 de 12 de julio de 2013, dictada en segunda instancia del TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL CIRCUITO DE CHIRIQUI, RAMO PENAL. N. y Devuélvase, LUIS MARIO CARRASCO M. HARLEY J. MITCHELL D.- ALEJANDRO MONCADA LUNA--O.O.D.-J.E.A.P.C.--VICTORL.B.P.-H.A. DE LEÓN BATISTA--HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ YANIXSA Y. YUEN C. Secretaria General