Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 18 de Marzo de 2014

Ponente:Oydén Ortega Durán
Fecha de Resolución:18 de Marzo de 2014
Emisor:Pleno
 

VISTOS: En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el expediente correspondiente a la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentado por la Licenciada C.A.C., actuando en nombre y representación de FLORENCIO R. y ROSA RÍOS DE R., contra la Sentencia No. 24-2012 de 27 de julio de 2012, dictado por la Juez Quinta Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Sumario de Prescripción Adquisitiva de Dominio propuesto por C.S.A. de J.. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Correspondió al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial conocer en primera instancia, el presente negocio constitucional. Dicha Autoridad mediante Resolución de 2 de julio de 2013, no admitió la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentado por F.R.H. y Rosa de Rudas contra el Juez Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. Dicha Resolución al referirse a las órdenes impugnadas señaló lo siguiente: "La citada Sentencia N° 24 de fecha 27 de julio de 2012 dictada por la Juez Quinta de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá (Adjunta), que dio origen a la promoción de la presente acción de A. de Garantías Constitucionales no constituye una orden vigente, ello, en virtud de que tal resolución judicial fue objeto de un recurso de apelación impetrado por la parte demandada del proceso sumario antes mencionado, el cual fue concedido en el efecto suspensivo por el Juez A-Quo y se encuentra actualmente pendiente de ser resuelto por este Tribunal Colegiado. Por tanto, la sentencia en cuestión no está en firme y por consiguiente no se puede alegar como sí lo denuncian los señores F.R.H. y ROSA DE R., que en la aludida resolución judicial se contenga una orden de hacer en contra de éstos últimos; de allí entonces, que se haga imperativo no dar cabida a dicha acción de carácter extraordinaria." SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN Frente a las argumentaciones esgrimidas por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, la Licenciada C.A.C. señaló lo siguiente: "La Juez Quinta de Circuito Civil, mediante Sentencia No. 24 de 27 de julio de 2012, dispuso entre otras cosas, "...Que CRISTOBALINA SÁNCHEZ ALONSO DE J. ha adquirido por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, la propiedad sobre un lote de terreno de 1has + 4,172.581 Mts 2 (sic) que forma parte de la Finca No. 61560, inscrita a Tomo 1400, F. 172, actualizada con Código de ubicación No. 8712 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, del Registro Público. Como quiera que la mandante pidió menos de lo probado, Se ORDENA, elaborar de un nuevo plano con la cabida superficiaria pedida por la demandante y verificado lo anterior, se ORDENA al Registro Público segregar e inscribir la finca resultante a nombre de CRISTOBALINA SÁNCHEZ ALONSO DE J.,..." De igual manera, refiere que sus representados, por el derecho que les concede la Ley, es decir, como propietarios de un bien inmueble, la Finca No. 257630, Código de ubicación 8713 y que tal derecho fue lesionado, al ser esta Finca integrada a un globo de terreno del cual reclama la señora CRISTOBALINA SÁNCHEZ Prescripción adquisitiva de dominio, interpusieron la Acción de A. de Garantías Constitucionales, a fin que el Tribunal conocedor de la causa subsane, y se excluya la propiedad de sus representados. Indicó la Accionante Constitucional que una vez conocida la Acción invocada, el Primer Tribunal Superior, no admitió la misma, invocando el Artículo 2620 del Código Judicial y que la citada sentencia no constituía una orden vigente, en virtud que fue objeto de Recurso de apelación por la parte encartada y se encuentra pendiente de resolver por parte del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. Considera el Apelante que en el Proceso de Prescripción Adquisitiva de dominio incoado por la señora CRISTOBALINA SÁNCHEZ, contra la señora A.S., hay un derecho agraviado, que es el de propiedad de un bien inmueble registrado en la Sesión de Propiedad del Registro Público a nombre de sus mandantes y normas invadidas como lo son el Artículo 17 de la Carta Magna. DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE Habiéndose surtido el trámite correspondiente y luego de considerados los criterios vertidos por el recurrente, procede el Pleno a resolver la causa encomendada en alzada. En primera instancia, debemos señalar que el A. de Garantías Fundamentales es una Acción extraordinaria, dada la naturaleza constitucional de los derechos a proteger. Por tanto, el Legislador estableció ciertos requisitos o presupuestos de procedibilidad con el ánimo de regular su adecuado y efectivo uso. Por su parte, el Artículo 2619 del Código Judicial enuncia los requisitos de forma de la Demanda de A. de Garantías Constitucionales y exige acompañar junto con el libelo prueba de la orden atacada o manifestación expresa de no haber podido obtenerla Asimismo es de destacar que la jurisprudencia ha precisado que el Recurso de A. de Garantías Constitucionales no puede dar cabida a invocar aspectos de legalidad, ni que se pueda impugnar una Resolución confirmatoria; requiriéndose que exista gravedad e inminencia, habiéndose fijado para este último requisito el plazo de 3 meses, término computado a partir de la expedición del acto atacado o desde la fecha de notificación del mismo. En cuanto a los otros requisitos de admisión, se observa que se encuentran previstos en el numeral 2, del artículo 2615 supra lex cit, que regula los casos en que el acto censurado esté contenido en una Resolución judicial y dispone como requisito de admisión de la Acción de A. el agotamiento de los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la Resolución judicial respectiva. Lo expuesto en el párrafo anterior es lo que se analiza en el presente caso, pues el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, no admitió la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida, con fundamento en que la Resolución impugnada no está en firme, puesto que fue objeto de un Recurso de Apelación que se encuentra pendiente en ser resuelto. Lo anterior es lo que en la doctrina y la jurisprudencia nacional se conoce como el Principio de Definitividad, es decir, agotar los mecanismos procesales que ofrece el ordenamiento, para subsanar los posibles vicios que pueda contener el acto acusado, sobre la naturaleza del principio en cuestión. Es de destacar que esta Superioridad ha señalado en reciente Jurisprudencia, que este Principio de Definitividad no es absoluto, porque en casos excepcionales se excluye la exigencia del numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial con relación a las Resoluciones judiciales, cuando por circunstancias de relevancia en las que el Tribunal de A. estime que existen serias probabilidades que el acto recurrido restrinja, amenace o vulnere los derechos fundamentales de quien presenta el A. (Cfr. Sentencias del Pleno de 21 de agosto de 2008 y de 14 de septiembre de 2010). Sin embargo, observa esta Corporación de Justicia que la Recurrente en el libelo de A. de Garantías Constitucionales, realiza una reseña de los antecedentes que originaron la interposición de la Acción Constitucional y al explicar el concepto de la infracción de las normas constitucionales infringidas, el Accionante no comprobó cómo la Resolución impugnada infringió derechos subjetivos protegidos Constitucionalmente. Además, considera esta Superioridad que en el presente caso lo que el Accionante pretende es que el Tribunal de A. revise, aprecie y valore las pruebas que dieron lugar a que la Juez Quinta de Circuito Civil (Adjunta), ordenara elaborar un nuevo plano con la cabida superficiaria por la demandante, situación que a nuestro criterio corresponde a la estricta legalidad y no precisamente la vulneración de derechos fundamentales potencialmente afectados. Es así, que estimamos que la pretensión del Amparista, se ubica en el marco de Legalidad y no en el marco Constitucional, que es lo que le corresponde analizar a este Tribunal de A.. En este sentido vale la pena señalar que esta Corporación de Justicia ha manifestado en reiteradas ocasiones que cuando dentro de un Proceso una de las partes se sienta afectada por alguna actuación del Juez o de la Autoridad Administrativa y que considere errónea, tendrá la oportunidad de solicitar que la misma sea subsanada o enmendada dentro del mismo Proceso, mediante los Recursos previstos en la Ley, salvo casos excepcionales en que se esté ante una posible vulneración de derechos fundamentales. Por ello, la Acción de A. no constituye un medio de impugnación más dentro de un Proceso, sino que se trata de una Acción autónoma que le da vida a un Proceso nuevo e independiente. Al analizar la constancias procesales, esta Máxima Corporación de Justicia comparte la decisión del Ad Quen de no admitir la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta a favor de los señores, C.F.R. y ROSA RÍOS DE R., puesto que no existe una violación evidente de un derecho consagrado en la Constitución Nacional, ni se ha acreditado el agotamiento de los medios previstos por la Ley contra la Resolución que se impugna. En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 2 de julio de 2013, expedida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante el cual NO ADMITE la acción de A. de Derechos Constitucionales propuesto por F.R.H. y ROSA DE R., contra el Juez Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. N. y Devuélvase, OYDÉN ORTEGA DURÁN JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- SECUNDINO MENDIETA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- EFRÉN C. TELLO C -- LUIS MARIO CARRASCO M -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)