Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 31 de Marzo de 2014

PonenteOydén Ortega Durán
Fecha de Resolución31 de Marzo de 2014
EmisorPleno

VISTOS: En grado de Apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la alzada del expediente correspondiente a la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por la Firma Forense B. &B., en representación de la Empresa SKECHERS U.S.A., INC. II, contra el Auto Vario No. 137 de 25 de julio de 2012, proferido por el Juzgado Segundo de Circuito de Colón, Ramo Penal, el cual fue confirmado mediante Auto de II Inst. No. 30 de 20 de marzo de 2013, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Primer Distrito Judicial de Panamá, Sala Transitoria, dentro del Proceso Penal seguido a MOSHE ATTIA y DAVIS ASSIS, por el Delito Contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos, en perjuicio de la Sociedad SKECHERS U.S.A. INC. H. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Correspondió al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial conocer en primera instancia, el presente negocio constitucional. Dicha Autoridad mediante Resolución de 11 de junio de 2013 dispuso no admitir la Acción de A. propuesta por la persona jurídica SCKECHERS U.S.A., INC. II contra el Auto N° 137 de fecha 25 de julio de 2012, dictado por el JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE COLÓN, RAMO PENAL. Dicha Resolución al referirse a la orden impugnada señaló lo siguiente: "de la lectura de los hechos de la demanda de amparo no se evidencia que realmente exista la infracción al Debido Proceso que denuncia la citada apoderada judicial de la sociedad SKECHERS U.S.A., INC II, por cuanto que, el no receptar declaración indagatoria a los señores MOSHE ATTIA y D.A., es la consecuencia directa de la decisión adoptada por el funcionario judicial acusado mediante la resolución que por vía de amparo se ataca y que fue confirmada por la Sala Transitoria del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá." Estima el Tribunal A Quo que no puede la proponente pretender que el Tribunal de A. entre a analizar la legalidad de asuntos que han sido objeto de decisión por parte del J. A Quo y confirmadas por su superior jerárquico, puesto que el A. de Garantías Constitucionales no constituye una tercera instancia revisora de resoluciones judiciales como así lo ha hecho saber reiteradamente la Jurisprudencia Constitucional, citando el A Quo una Jurisprudencia del año 2001. Agrega el A Quo que la Acción de A. de Garantías Constitucionales no es la vía procesal idónea para valorar temas propios de la legalidad de las decisiones jurisdiccionales que se cimentan en la apreciación y valoración del juzgador, por lo que decidió que lo procedente era no dar cabida a la Acción. SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN La Firma Forense B. &B., en representación de SKECHERS U.S.A., INC. II, anunció y sustentó Recurso de Apelación, contra la Resolución de 11 de junio de 2013, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante el cual no se admitió la Acción de A. de Garantías constitucionales propuesta por la persona jurídica SKECHERS U.S.A., INC II contra el Auto N° 137 de fecha 25 de julio de 2012, dictada por el J. Segundo de Circuito de Colón, Ramo Penal. Sostiene el recurrente que dentro de la demanda de A. de Garantías Constitucionales propuesta se adujeron como vulnerados los Artículos 4, 18, 32 y 53 de la Constitución Política de la República de Panamá y que en el fallo proferido por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, únicamente se entra a analizar escuetamente el Artículo 32 de la Constitución Política, en tanto que no se motiva ni se sustentan las razones lógico-formales del por qué se rechazan o no se toman en consideración las restantes disposiciones con rango constitucional aducidas como lesionadas o vulnerada en el referido Recurso de A.. Indica el Accionante, que la causal de rechazo de una Demanda de A. de Garantías Constitucionales consistente en evitar que se dé una tercera instancia procede cuando el Amparista propone el análisis de normas con grado de Ley para ser revisada por el Tribunal constitucional, asimilándola a una tercera instancia. Sigue señalando el Recurrente que la Demanda presentada está dirigida a la protección de normas con grado Constitucional, específicamente, los Artículos 4, 18, 32 y 53 de la Constitución Política de la República de Panamá, por lo que no ha pretendido que revisen normas de grado de Ley, sino preceptos constitucionales violados. Agrega el recurrente que el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Sentencia de fecha 11 de junio de 2013, comete un error al interpretar su pretensión constitucional como una tercera instancia, toda vez, que, a juicio de la Honorable Sala lo que se cuestiona es la orden originaria de dejar sin efecto la indagatoria y el correspondiente acto confirmatorio, es decir, que los Magistrados concluyeron que su pretensión estaba orientada a un tercer análisis sobre la valoración de las pruebas que hizo el J. al aplicar el Artículo 2092 del Código Judicial. Además, el Amparista señaló que discrepa con el Tribunal Superior debido a que lo que demanda como inconstitucional es la conducta del J., quien de forma arbitraria e injustificada, le imprime a un Proceso por Delito contra el Derecho de Autor trámites legales correspondientes a Procesos por Delitos contra Derechos de Propiedad Industrial, generando un daño inminente de impunidad y Sobreseimiento del Delito contra el Derecho de Autor, en perjuicio de SKECHERS U.S.A., INC. II., acto este que genera una violación directa de los Artículos 4, 18, 32, y 53 de la Constitución Política, que el señor J. debía respetar en la más estricta observancia de los derechos constitucionales, antes de dictar el Auto No. 137 de 25 de julio de 2012. DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE Habiéndose surtido el trámite correspondiente y luego de considerados los criterios vertidos por el recurrente, procede el Pleno a resolver la causa encomendada en alzada. En primera instancia, debemos señalar que el A. de Garantías Fundamentales es una Acción extraordinaria, dada la naturaleza constitucional de los derechos a proteger. Por tanto, el Legislador estableció ciertos requisitos o presupuestos de procedibilidad con el ánimo de regular su adecuado y efectivo uso. Ahora bien, en este orden de ideas, en cuanto a los otros requisitos de admisión, se observa que se encuentran previstos en el numeral 2, del artículo 2615 supra lex cit, que regula los casos en que el acto censurado esté contenido en una Resolución judicial y dispone como requisito de admisión de la Acción de A. el agotamiento de los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la Resolución judicial respectiva. Por su parte, el Artículo 2619 del Código Judicial enuncia los requisitos de forma de la Demanda de A. de Garantías Constitucionales y exige acompañar junto con el libelo prueba de la orden atacada o manifestación expresa, de no haberla podido obtener. Es importante indicar que en sede de admisibilidad, tratándose de Recursos de A., debe en primer lugar analizarse si existe un posible desconocimiento de una Garantía Constitucional, dejando para una consideración secundaria las formalidades establecidas en los numerales del 1 al 4 del artículo 2619 del Código Judicial. Como se sabe, la jurisprudencia ha precisado que el Recurso de A. de Garantías Constitucionales no puede dar cabida a que se pueda impugnar una Resolución confirmatoria y requiere que exista gravedad e inminencia, habiéndose fijado para este último requisito el plazo de 3 meses; ni se puede invocar aspectos de legalidad, es decir, que no se debe entrar en nuevo debate acerca de la aplicación de normas sustantivas y las motivaciones que utilizó el Tribunal para proferir la orden impugnada, pues tal aspecto queda circunscrito a la interpretación y aplicación de disposiciones legales, ubicando cualquier asunto jurídico en el ámbito de la legalidad, sin que ello pueda considerarse como infracción a normas de carácter constitucional. La situación antes descrita es lo que se analiza en el presente caso, pues el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, no admitió la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida, con fundamento en que el Amparista pretende que el Tribunal de A. entre a analizar la legalidad de los asuntos que han sido objeto de decisión por parte del J. A Quo. En este sentido debe esta Superioridad indicar que mediante Jurisprudencia se ha indicado que la Acción de A. no constituye un medio de impugnación más dentro de un Proceso, sino que se trata de una Acción autónoma que le da vida a un Proceso nuevo e independiente y que su uso se encuentra limitado a toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales. Pero no podemos dejar de manifestar que lo más importante es la protección o tutela del Estado de Derecho y la preservación de las garantías contenidas en la Constitución, de manera directa, rápida y eficaz. De allí, que esta Corporación de Justicia observa que el Tribunal A Quo al resolver la admisibilidad del A. de Garantías propuesto, no efectuó una correcta valoración a efectos de determinar si el Auto Vario N° 137 del 25 de julio de 2012, es susceptible de ser impugnable por esta vía Constitucional, puesto que lo que el Activador Constitucional reclama es la infracción de los Artículos 4, 18, 32 y 53 de la Constitución. En este orden de ideas es importante señalar que el Amparista explicó el concepto de la Infracción de las normas consideradas transgredidas, indicando que la Resolución impugnada infringió el Artículo 4 de la Constitución por violación directa por omisión, ya que la "orden de Hacer", dejaría sin efecto la toma de la declaración indagatoria a los representantes-directivos de la empresa CARTER INTERNACIONAL, S.A. Asimismo, el Recurrente estima infringido el Artículo 18 de la Carta Magna por violación directa por comisión, toda vez que los servidores públicos del Juzgado Segundo de Circuito de Colón, Ramo Penal al dictar y hacer cumplir la "orden de hacer" originaria, que es el Auto Vario N° 137 de 25 de junio de 2012, se han extralimitado en el ejercicio de sus funciones. De igual forma, el Amparista señaló como infringido el Artículo 32 de la Constitución en concepto de violación directa por omisión, ya que la "orden de hacer" originaria, que es el Auto Vario N° 137 de 25 de julio de 2012, dentro de un Proceso penal por supuesto Delito contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, violenta o vulnera el principio del Debido Proceso recogido en el Artículo 32 de nuestra Carta Magna, que obliga a que las autoridades competentes lleven a cabo el desarrollo de los Procesos conforme a los trámites legales. También considera el Recurrente como infringido el Artículo 53 de la Constitución Nacional, por violación directa por comisión, toda vez que la orden de hacer originaria genera impunidad por ausencia del sujeto activo de la Acción penal y por la supuesta inexistencia del delito contra el Derecho de Autor. Sin pretender realizar consideraciones de fondo, estima esta Superioridad luego de analizar el planteamiento expuesto por el Activador Constitucional, al explicar los conceptos de infracción de las normas Constitucionales supuestamente transgredidas, que lo que se alega es la posible vulneración de Derechos o Garantías Constitucionales, lo cual se aleja de lo expuesto por el Tribunal A Quo, al indicar que lo que el Amparista pretende es que se entren a analizar la legalidad de la orden impugnada, ya que el Activador Constitucional al desarrollar las Garantías Constitucionales que estima infringidas y el concepto de la violación fundamenta debidamente los Artículos Constitucionales que se consideran vulnerados. Así tenemos que a fojas 22-27 del expediente, reposa copia autenticada del Auto Vario N° 137 del 25 de julio del 2012, proferido por el Juzgado Segundo de Circuito de Colón, Ramo Penal, mediante el cual se admitió el Incidente de Controversia presentado por la Firma Forense ALMENGOR CABALLERO & ASOCIADOS y ordenó dejar sin efecto la Providencia del 7 de junio de 2012, emitida por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y la Seguridad Informática. Asimismo, consta copia del Auto de II Inst. No. 30 del 20 de marzo del 2013, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, Sala Transitoria en el que se confirmó el Auto N° 137 de 25 de julio de 2012 proferido por el Juzgado Segundo de Circuito de Colón, Ramo Penal. También a fojas 28-33, se verifica la Providencia del siete (7) de junio del 2012, proferida por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual, mediante la cual se dispuso recibir Indagatoria a MOSHE ATTIA y D.A., por presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Título VII, Capítulo VI, Primera Sección del Libro Segundo del Código Penal, de los Delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ahora bien, corresponde indicar que en el presente caso no le asiste la razón al A- Quo, puesto que en reciente Jurisprudencia esta Corporación de Justicia ha manifestado que la Acción de A. de Garantías Constitucionales prospera no solo contra órdenes de hacer o no hacer, sino contra cualquier acto que vulnere derechos constitucionales, es decir, que por esta vía Constitucional lo que se pretende es proteger posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de los individuos frente a todo tipo de actos, además de las ordenes de hacer o no hacer, siempre que tales actos puedan ser susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho previsto en la Constitución Nacional. Además, que la orden de hacer impugnada, es decir, el Auto Vario N° 137 de 25 de julio de 2012, es una Resolución de Primera Instancia que fue apelada y confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, Sala Transitoria, por lo cual en el ordenamiento procesal penal no existen otros medios de impugnación para atacar dicha Resolución. Por consiguiente, si el Activador Constitucional alega que la orden de hacer impugnada violenta varios derechos Constitucionales y explica cómo dichas normas han sido transgredidas, lo que corresponde entonces al Tribunal de A. es verificar si el acto atacado puede ser susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho previsto en la Constitución Nacional, a fin de resolver sobre la admisibilidad de la Acción de A. de Garantías Constitucionales. En virtud de lo expuesto en las líneas que anteceden, consideramos pertinente que la decisión de primera instancia debe ser revocada, en el sentido de Admitir la Acción de A. bajo estudio. En mérito a lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la Resolución de 11 de junio de 2013, dictada por el Primer Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante la cual no admitió la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por la Firma Forense B. &B., en representación de la Empresa SKECHERS U.S.A., INC. II, contra el Auto Vario No. 137 de 25 de julio de 2012, proferido por el Juzgado Segundo de Circuito de Colón, Ramo Penal. En consecuencia, ORDENA ADMITIR la Acción de A. de Garantías Constitucionales formalizado por la Firma Forense B. &B., en representación de la Empresa SKECHERS U.S.A., INC. II, contra el Auto Vario No. 137 de 25 de julio de 2012, proferido por el Juzgado Segundo de Circuito de Colón, Ramo Penal, dentro del Proceso Penal seguido a MOSHE ATTIA y DAVIS ASSIS, por el Delito Contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos, en perjuicio de la Sociedad SKECHERS U.S.A. INC. H. Notifíquese Y CUMPLASE. MGDO. G.E.F.M. M.. VÍCTOR L. BENAVIDES P. MGDO. L.R.F.S. M.. J.E.M. E. (SALVAMENTO DE VOTO) MGDO. H.J.M.D. M.. A.M. LUNA LIC. Y. Y. Y. SECRETARIA GENERAL OYDÉN ORTEGA DURÁN GABRIEL E. FERNÁNDEZ M -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- SECUNDINO MENDIETA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- A.M. LUNA CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario)

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