Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 27 de Marzo de 2014

PonenteHarley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución27 de Marzo de 2014
EmisorPleno

VISTOS: Para resolver se encuentra en esta Corporación de Justicia, el recurso de apelación, que dentro de la ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, promueve la Licenciada IDA MIRONES de GUZMÁN, F. Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, contra el Auto No. 85 de 17 de abril de 2012, proferido por el Juzgado Sexto de Circuito del Primer Circuito Judicial, ramo penal. DECISIÓN DEL TRIBUNAL A-QUO La pieza remitida en alzada, lo es, la resolución fechada 8 de mayo de 2013, a través del cual el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, NO ADMITE la acción constitucional de derechos fundamentales que, la F.ía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, a través de su titular, la Licenciada IDA MIRONES de GUZMÁN, promueve contra el Auto No. 85 de 17 de abril de 2012, emitido por el Juzgado Sexto de Circuito del Primer Circuito Judicial, ramo penal. Esta decisión que se sustenta en los siguientes motivos y fundamentos: "Corresponde al Tribunal, en primer lugar, verificar si la presente demanda cumple con los requisitos de forma y los presupuestos que determinan los artículos 2615, 2616, 2617, 2618 y 2619 del Código Judicial, a fin de determinar si está debidamente formulada y no fuere manifiestamente improcedente. En ese sentido, si bien la demanda cumple con los requisitos comunes de toda demanda, se advierte, de la copia auténtica de la resolución que confirma el auto demandado (f.24), al igual de la copia autenticada del edicto de notificación de dicha resolución (f.37), que para el día en que este amparo de garantías constitucionales, 03 de mayo de 2013, fue presentado, la orden había perdido el carácter inminente, ya que la parte proponente debió haber promovido la demanda de amparo antes de transcurrir el término de tres meses desde que quedó ejecutoriada la resolución judicial demandada, conforme al criterio jurisprudencial fijado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para permitir que la jurisdicción de amparo considere su revocatoria, al tenor del presupuesto legal del artículo 2615 del Código Judicial. El presente amparo de garantías constitucionales, en consecuencia, no puede admitirse en esta oportunidad porque la demanda fue presentada extemporáneamente, ya que la orden de devolución impugnada se encuentra ejecutoriada desde el mes de octubre, conforme a autos en referencia." ( c.fs121-123) RECURSO DE APELACIÓN En término legal y oportuno, la F.ía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, anuncia y sustenta, en un mismo libelo, recurso de apelación contra la decisión esgrimida, por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, la cual, se materializa a través de resolución calendada 8 de mayo de 2013. La recurrente parte por señalar que discrepa del criterio o concepto matemático, sobre el cual se sustenta la decisión de inadmitir la acción de tutela de derechos fundamentales, propuesta contra el auto No 85 de 17 de abril de 2012 específicamente contra la decisión de devolver al D.E.G.G. la suma de B/39,409.00, incautados dentro del sumario seguido a los señores R.E. y H.R., ya que en su concepto este acto contraviene el debido proceso, y la garantía del derecho de propiedad privada, contenidos en el artículo 32 y 47 constitucional respectivamente, en concepto de violación directa por omisión. Es así, que indica la censura que la inminencia del daño no puede ser sometida a un concepto o fórmula matemática, sino al análisis de las circunstancias concretas y objetivas de cada caso en particular, ya que de ese modo se podrá constatar si estamos o no, frente a un daño grave e inminente. En ese orden, subraya que la acción constitucional propuesta es eminentemente preventiva, ya que explica que la orden de devolución aún no se ha hecho efectiva, sustentando en ese sentido que el daño denunciado "resulta material y jurídicamente reparable." Lo anterior, en virtud de que esta orden aún está sometida al tratamiento administrativo pertinente para que sea ejecutada, ya que así lo evidencia el Oficio No. 167-13 de 10 de abril de 2013 emitido por el Centro de Custodia y Evidencia del Ministerio Público. Alega que una de las principales características del amparo preventivo es garantizar el debido proceso y resguardar el límite de la propiedad privada, ya que alega que es necesario demostrar, en estos procesos, la procedencia legítima de estos dineros, a través de pruebas idóneas, y de ese modo "evitar afectaciones al derecho de terceros y a los intereses de la colectividad que tutela el Ministerio Público". De lo dicho, argumenta la honorable F., que es imperiosa la respuesta judicial, frente a la liberación de fondos incautados a favor de una persona que no ha acreditado su legítima procedencia, toda vez que explica, que el señor E.G., aún cuando testificó que el dinero procede de sus ahorros y del salario proveniente de la clínica la Paz e Integral de Salud; no obstante, lo esbozado no se sustenta en documentación que acredite tales aseveraciones. Destaca por el contrario, que la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales sostuvo que no "ubicaron referencias financieras de la Clínica La Paz o Clínica Integral de Salud", habida cuenta que el Informe Financiero, de la Sección de Investigación Financiera de la División de Blanqueo de Capitales, sostiene que las cuentas del señor E.G. no arrojaron el manejo de sumas tan elevadas de dinero. Para finalizar, concluye la Licenciada IDA MIRONES de GUZMÁN, que la gravedad del acto radica, en que se haya ordenado la devolución del dinero incautado a alguien que no ha acreditado ser su legítimo titular, siendo inminente la lesión de derechos constitucionales, como el debido proceso ( ante el incumplimiento de las formalidades prevista en la ley ) y el límite de legalidad de la propiedad privada, donde se exige acreditar la propiedad y preexistencia de estas sumas de dinero. De allí, que solicita que previa revocatoria de la resolución 8 de mayo de 2013 se ADMITA la acción constitucional ensayada y se suspenda los efectos de esta resolución. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Una vez conocidos los motivos y fundamentos que sustentan la decisión de grado; así como las alegaciones en que se sostiene la presente réplica, esta Corporación de Justicia, como Tribunal Constitucional de apelaciones, procede a decidir la presente súplica, previo análisis de la situación jurídica planteada. Como cuestión previa esta Superioridad advierte que el asunto constitucional estriba en determinar si le asiste o no razón al A-quo, cuando sostiene que la iniciativa constitucional no supera la fase de admisibilidad, debido a que el asunto tratado en sede de amparo, no reúne la condición de ser un daño grave e inminente. Esta decisión, que advertimos se fundamenta primordialmente en el hecho de que el activador constitucional promueve la acción, rebasando en demasía el período de tres (3) meses, que profusa jurisprudencia emanada de esta Alta Corporación de Justicia, ha establecido como término razonable para que puedan ensayarse acciones constitucionales como la examinada en esta oportunidad. Así las cosas, y en aras de desentrañar el asunto que motiva la presente réplica, este máximo Tribunal advierte que el acto impugnado en sede constitucional, lo es, el Sobreseimiento Provisional No. 85 de 17 de abril de 2012, proferido por el Juzgado Sexto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial, específicamente la decisión que ordena la devolución de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE BALBOAS (B/39,409.00) al señor E.G.B.; suma de dinero que refiere las principales constancias aportadas, fue incautada a los señores R.E.C. y H.D.R., a quienes se le instruyó sumarias, por la presunta comisión de delito CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL. Esta suma de dinero, que conforme a las probanzas aportadas junto con la demanda constitucional, está depositada en la cuenta No. 0469011967 a nombre del Ministerio Público (cf.s 19-23). En ese orden de ideas, se constata dentro del presente negocio, que tanto el auto liberatorio de carácter provisional dictado a favor de los señores R.E. y H.D.R., como la orden de devolución del dinero incautado, que motiva la acción constitucional in-examine, fue una decisión confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, a través, del Auto 2da. No. 194 de 10 de septiembre de 2012 (f.s 24-35). Esta resolución que fue notificada a las partes, a través, del Edicto Ordinario No. 1078-12, el cual, fue fijado el día 26 de septiembre de 2012 y desfijado el 3 de octubre de ese mismo año, lo cual, es palmario a folio 37. Así las cosas, se tiene que la acción constitucional de amparo fue presentada formalmente ante la Secretaria del Primer Tribunal Superior de Justicia, el día 3 de mayo de 2013, esto es, pocas más de seis (6) meses, después de ejecutoriada la decisión de segunda instancia. Ahora bien, atendiendo a las alegaciones que sustentan el recurso, donde se argumenta que la acción propuesta es de carácter preventivo, ya que el dinero incautado a la fecha no se ha devuelto, toda vez que no se han agotado ciertos trámites administrativo previos, lo cual, acredita la inminencia del daño según concepto del accionante, es que esta Superioridad considera oportuno realizar ciertas acotaciones, sobre el punto central sobre el cual gravita la censura, esto es, los parámetros que permiten calibrar si un acto reúne o no la condición de inminencia y gravedad, requisito este que no está demás señalar se debe satisfacer al momento de que el Tribunal de Amparo constata la concurrencia o no de los requisitos formales que nuestra Carta Fundamental, criterios jurisprudenciales y disposiciones legales vigentes exigen para que una acción constitucional prospere en cuanto a su admisibilidad. Es pues, que debemos partir por señalar que la acción de amparo es un instrumento de defensa constitucional que procura que las gestiones patrocinadas por servidores públicos se encuentren sincronizadas con el contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional. De allí, que esta herramienta constitucional prospera frente a actos que puedan representar la vulneración y restricción de derechos y garantías fundamentales, que exige su reparación inmediata. Ahora bien, es preciso señalar que como quiera que esta acción constitucional se caracteriza por ser autónoma, extraordinaria y subsidiaria, la demanda debe satisfacer ciertos requisitos formales mínimos que respondan a los presupuestos normativos, a saber: redacción acorde al protocolo que se debe utilizar para presentar una demanda, expresión del cuadro fáctico, identificación del acto objeto de la censura constitucional, sin soslayar que se exhiba el derecho fundamental que se alega vulnerado y el concepto en que lo han sido, aunado a la presentación oportuna de la acción. Y, es respeto a este último aspecto que debemos partir por señalar que, aún cuando nuestra norma adjetiva no establece, en materia de amparo, un término o plazo en el cual se entienda precluida la oportunidad para ensayar esta acción de tutela; no obstante, como bien señalara el A-quo, es a través de distintos pronunciamientos emitidos por esta Corporación de Justicia, donde se ha sentado ciertos criterios jurisprudenciales sobre el término razonable para presentar esta acción extraordinaria. Es así, que el requisito de gravedad del daño e inminencia, que debe representar el acto impugnado, está previsto en primer orden en el artículo 2615 tercer párrafo del Código Judicial, cuando sostiene: "ARTÍCULO 2615: ... Esta acción de Amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución, que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño requieren de una renovación inmediata.". Esta condición que ha sido complementada vía jurisprudencia, en el sentido de establecer el período de tres meses, contados desde el momento de la ejecutoría del acto o desde el instante que el amparista tiene conocimiento formal de lo decidido, como el tiempo prudencial o racional para interponer esta acción constitucional, ya que se ha considerado que este plazo es consono y coherente frente a la premura o urgencia de restituir la gravedad del daño causado o que inminentemente se puede causar en un futuro próximo. En ese sentido, se observa que efectivamente la acción que nos ocupa fue ensayada el 3 de mayo de 2013, esto es, como señalamos en párrafos anteriores, poca más de seis (6) meses después de ejecutoriada la resolución que motiva esta acción de amparo, significando con ello que se presenta fuera del término previsto en nuestra jurisprudencia. Ahora bien, es importante señalar que también ha sido criterio sentado por esta Corporación de Justicia, que aún cuando se haya rebasado este término, de forma excepcional, se admitirán aquellas demandas presentadas con posterioridad al plazo de 3 meses, sí del contexto de la acción se advierte que irrefutablemente estamos frente a un acto que evidencia la vulneración de derechos fundamentales que requieran reparación inmediata. De allí que le asiste razón al amparista cuando sostiene que cada negocio debe ser atendido con suma escrupulosidad, para determinar si estamos o no frente a estos casos excepcionales, y es respeto a lo anterior, que esta Superioridad en fallo de 14 de mayo de 2012 se pronunció de la siguiente manera: "Respecto al tema de que la inminencia y gravedad del daño no es un tópico matemático o medible, es importante manifestar que tomando en consideración esta preocupación, la jurisprudencia ha permitido que en casos "excepcionales" y de evidente y flagrante vulneración constitucional, se pueda prescindir del mismo. Sin embargo, esta situación excepcional no se vislumbra o evidencia en esta causa, ya que el actor cuenta con un trámite (tal y como señala la norma) específico, directo y especial para hacer valer su derecho. No es que se le haya negado o limitado la interposición del mismo, el debido proceso, su derecho de defensa u otra garantía constitucional, sino que ha sido el querer del actor no utilizarlo y en su lugar acceder de forma directa a la acción de amparo de garantías constitucionales. No es esta la esencia, fin u objeto de esta acción contemplada en el artículo 54 de la Constitución Nacional." ( Lo resaltado es del Pleno) Así las cosas, y aún cuando esta Superioridad advierte que el argumento del gestor constitucional se centra, en que estamos frente a la inminencia del acto, ya que no se ha ejecutado aún la orden de entrega de estos dinero, lo cual, efectivamente se evidencia a través del Oficio No. 167-13 de 10 de abril de 2013, donde el Tribunal de instancia le solicita a la Agencia de Instrucción que proceda a la confección de la resolución donde se ordene la desaprensión de estos dineros; no obstante, este máximo Tribunal es del concepto que el análisis prolijo de los fundamentos que sustentan la infracción constitucional contrastado con el tiempo transcurrido desde la ejecutoria del acto impugnado y la formalización de la demanda, donde se evidencia que no ha mediado ninguna situación o circunstancias que impidiera la interposición oportuna de esta acción, es lo que no permite al Pleno comprender por qué la acción es ensayada luego de transcurrir 6 meses máxime si se alega que este acto es el resultado de la infracción de derechos fundamentales. Esta actitud que a nuestro juicio le resta sentido de prioridad, urgencia o relevancia constitucional al acto hoy impugnado vía amparo. Sostenemos lo anterior, ya que como bien señalara la accionante el Auto No. 85 de 17 de abril de 2012, no era susceptible de otro tipo de recurso; y su confirmación fue notificada meses atrás, sin que ello motivara, por parte del Ministerio F., el ensayo de esta acción extraordinaria, más aún si estamos frente al convencimiento de que a través de esta resolución, la autoridad jurisdiccional, vulneró el debido proceso que exige que todo acto se dicte conforme a los trámites previstos en nuestro ordenamiento y que se acredite la propiedad y preexistencia de estos dineros, por parte del D.E.G.B.. Para esta Superioridad, el requisito de gravedad que debe revestir esta acción no encuentra soporte por el tiempo transcurrido para invocar su revocatoria vía amparo, más aún cuando era previsible que el próximo trámite procesal que se surtiría, luego de la ejecutoría de la decisión, era la ejecución de este acto, ya que estamos frente a un sobreseimiento provisional, frente al cual no prosperan recursos extraordinarios, siendo lo más óptimo que esta iniciativa constitucional se ensayara en el término prudencial previsto en nuestra jurisprudencia. Para este máximo Tribunal el transcurso de poco más de seis meses pareciera denotar la falta de urgencia e inminencia en la protección de los derechos constitucionales invocados, siendo entonces que la Corte no puede reconocer la existencia del daño o inminencia al derecho fundamental argüido. Respecto a la inminencia y gravedad del daño esta Corporación de Justicia se ha pronunciado en los siguientes términos: "De conformidad con lo expuesto, esta Superioridad coincide con el planteamiento expuesto por el Primer Tribunal Superior de Justicia, ya que el sólo hecho de que la resolución contra la cual se interpone la acción de amparo de garantías constitucionales no cumpla con el requisito de inminencia y gravedad del daño, es motivo suficiente para no admitir la acción propuesta. Al respecto, esta Corporación de Justicia en diversos pronunciamientos ha indicado que la acción de amparo de garantías constitucionales persigue ofrecerle a quien sufra la amenaza de un daño o perjuicio grave por una orden arbitraria expedida por un funcionario público, una vía rápida para la revocatoria del acto violatorio de garantías constitucionales. "No obstante lo anterior, la Corte observa que la presente acción de amparo pretende enervar una resolución dictada hace más de 8 meses. En ese sentido, ha dicho la Corte en diversas ocasiones que la acción de amparo, según el artículo 2606 del Código Judicial (sic), persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata. Esto quiere decir que el elemento fundamental del amparo es la urgencia en la protección del derecho constitucional que se ha conculcado. La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual, no ha pasado ni ha ocurrido hace mucho tiempo. Inminente quiere decir que la amenaza o está para suceder prontamente, y lo antónimo de inminente es remoto, lejano, como ocurre en el presente caso, en que la orden carece de actualidad, de inminencia y, por tanto, falta el elemento de urgencia que requiere una revocación inmediata." (Sentencia de 30 de septiembre de 1993, citada por el D.E.M.M. en La Jurisdicción Constitucional en Panamá, Segunda Edición 2000, Pág. 481). En el caso que nos ocupa, la amparista ha dejado transcurrir más de un (1) año desde la ejecución del acto demandado en amparo para instaurar la presente acción. Si bien es cierto, que no existe un término preestablecido en la Ley para interponer la acción de amparo de garantías, de la propia naturaleza de la acción se infiere que si el propósito de la misma es evitar un daño grave e inminente, no tiene porque esperarse un tiempo prolongado para interponer dicha acción." (Lo resaltado es del Pleno) Como corolario a lo anterior en fallo de 25 de abril de 2006, el pronunciamiento de esta Corporación de Justicia, respecto a este tópico, fue el siguiente: "En primer lugar, esta Corporación debe indicar que comparte la opinión del Primer Tribunal Superior de Justicia, en cuanto a que en el negocio in examineno se ha cumplido con el denominado principio de oportunidad al que se refiere el tercer inciso del artículo 2615 del Código Judicial y que jurisprudencialmente se define como el requerimiento o necesidad de revocar en forma inmediata, a través del amparo de garantías constitucionales, algún hecho que cause un daño grave e inminente a determinada persona. La inminencia del daño lleva implícito dos supuestos bajo los cuales puede accederse a la vía de amparo. Que el agravio sea contemporáneo o coetáneo (nota de actualidad), debe existir al momento en que se interpone la demanda (amparo reparador), o ser inminente, es decir, es lo que amenaza o está por suceder o ejecutarse prontamente, en un futuro cercano, inmediato (amparo preventivo). Expuestos estos conceptos, se colige que únicamente son susceptibles de atacarse mediante la vía procesal del amparo de garantías aquellas órdenes, que además de cumplir con otros requisitos, representan un daño grave (de importancia extrema) actual o inminente, y no un daño remoto o acontecido o que ya hubiese surtido sus efectos. Ahora bien, debe advertirse que el presupuesto de la inminencia con que debe presentarse la demanda de amparo, no es absoluto, ni debe ser exigido en los siguientes casos: cuando el actor interpone la acción de amparo, luego de haber impugnado la orden, a través de los medios ordinarios que la ley establece para ello, siendo entonces evidente que ha transcurrido un lapso de tiempo desde que se emite la orden atacada y cuando no exista constancia que el actor tenga conocimiento de la emisión de una orden violatoria de garantías constitucionales, hecho que deberá ser acreditado fehacientemente por el demandante, al interponer la acción de amparo." ( Lo resaltado es del Pleno). Es importante señalar, que aún cuando una demanda reúna todos los requerimientos formales, es importante que exista una correspondencia entre la aseveración de inminencia y daño, y los argumentos esbozados en el libelo, que permitan al Tribunal de Amparo determinar, a prima facie, que estamos frente a un acto que evidencia de forma irrefutable la vulneración de derechos fundamentales, y no frente a alegaciones de mera legalidad que adviertan la discrepancia del activador frente a lo decidido en la instancia jurisdiccional. Es así, que esta Corporación de Justicia es del concepto, que aunque este aspecto no fue considerado por el A-quo; no obstante, se estima que aún cuando el amparo propuesto, seis meses después de ejecutoriada la resolución, alega la violación del debido proceso y el limite de libertad del derecho de propiedad privada de terceros, en el fondo las argumentaciones brindadas tienden más bien a esbozar consideraciones disidentes respecto a los razonamientos jurídicos y el valor probatorio que el Juez de primera instancia y el Segundo Tribunal Superior de Justicia, le ofreció al caudal probatorio para concluir, que era factible, en este caso, la devolución de estos dineros al D.E.G.G.. Es importante recordar, que la acción de amparo no es una instancia más donde se entre a ponderar, nuevamente, los elementos de convicción, que llevaron al Juez de instancia a tomar determinada decisión, que vale señalar ya fue del escrutinio de otra instancia con motivo de un recurso de apelación. Sostenemos lo anterior, ya que la réplica de la accionante gira en torno a sostener que el señor E.G.G. no acreditó la procedencia lícita de este dinero o, dicho en otras palabras, la propiedad y preexistencia; un asunto que fuerza el análisis del caudal probatorio, allegado al expediente penal y cuya decisión es producto de la actividad jurisdiccional que desarrolla el Juez natural de la causa. Es propicio mencionar que esta Superioridad respecto a lo anterior, se ha pronunciado de la siguiente manera: "Justamente, este máximo Tribunal de Justicia ha señalado de manera reiterada, que la acción de amparo de garantías constitucionales no es un mecanismo cognoscitivo ni ponderador, de los criterios de valorización jurídica que utilizan las autoridades jurisdiccionales para proferir una decisión judicial, y por tanto sólo encontrará viabilidad, en aquellos casos en que se vislumbre de manera ostensible, que la actuación censurada se encuentra desprovista de sustento, y constituye una violación clara y directa, a las garantías constitucionales de un presunto afectado". (Resolución de 9 de octubre de 2009) En síntesis, a juicio del Pleno no concurre la condición de inminencia y gravedad que debe revestir el acto impugnado en sede de constitucional, aunado a que no le corresponde a esta Corporación de Justicia, entrar analizar, por vía extraordinaria de amparo, el juicio crítico externado por un tribunal jurisdiccional en lo relativo a la evaluación y valoración probatoria, o a la interpretación de normas legales, y es pues, en atención a todo lo expuesto, que esta Superioridad es del concepto que la resolución remitida en alzada debe ser confirmada en cuanto a inadmitir la acción de amparo ensayada y en ese sentido nos pronunciamos. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución fechada 8 de mayo de 2013, a través del cual, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, NO ADMITE la ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, propuesta por la Licenciada IDA E. MIRONES de GUZMÁN, F. Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, contra el Auto No. 85 de 17 de abril de 2012 proferido por el Juzgado Sexto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial. N.. HARLEY J. MITCHELL D. A.M. LUNA O.O.D. JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS VÍCTOR L. BENAVIDES P. (Con Salvamento de Voto) N.C. DE PAREDES HARRY A. DÍAZ LUIS R. FÁBREGA S. J.M. (Con Voto Razonado) YANIXSA Y. YUEN SECRETARIA GENERAL (fdo.) HARLEY J. MITCHELL D. (fdo.) A.M. LUNA (fdo.) O.O.D. (fdo.) J.E.A.P.C. (fdo.) V.L.B. P. (fdo.) N.C. DE PAREDES (fdo.) H.A.D. G. (fdo.) L.R.F.S. (fdo.) J.M. E. (fdo.) YANIXSA Y. YUEN C. Secretaria General